La prensa nos anoticia que el juez Griesa de Nueva York ordenó el
embargo (o bloqueo) de los fondos del Banco Nación en el extranjero,
además de otros que había dispuesto previamente.
Pese que supuestamente somos una nación soberana, desde la
década del `70 quedamos bajo la jurisdicción del juez Griesa, por obra y
gracia de Videla y Martínez de Hoz. Ambos están hoy presos, por haber
sido condenados o enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Habiendo
cometido esos horribles crímenes, a la par de que ponían a la Argentina
-y a todos los argentinos y a lo argentino- bajo la férula del juez de
Nueva York.
Ellos posteriormente fueron sentados en el banquillo
de los acusados, pero previamente se encargaron de poner a Argentina en
el banquillo de los demandados por parte de los jueces de Nueva York. Un
absurdo total, que viola flagrantemente el concepto de soberanía, para
una nación que en algún momento postulaba en su Constitución, que
aspiraba a ser socialmente justa, económicamente libre, y políticamente
soberana.
Pero como en los últimos treinta años no fuimos
económicamente libres, tampoco pudimos ser una nación políticamente
soberana (como se puede ver hoy con los embargos de Griesa. Al respecto
hay un sencillo dicho africano que resume la cuestión: "el que da es el
que dirige"). Y menos aun socialmente justa. Como se puede corroborar
con las estadísticas sociales. Según las cuales pasamos de un índice de
pobreza e indigencia del 6 % del total de la población en la década del
'70, a un índice actualmente superior al 30 %. Con todas las secuelas
que esto ha generado, comenzando por la seguridad ciudadana.
(Un
reconocido economista de la deplorable Fundación Mediterránea, en la
década de los '90 publicó un sesudo estudio afirmando que el auge de la
delincuencia era la forma de redistribución de un ingreso, que
previamente se había distribuido regresivamente o inequitativamente.
Cualquier persona medianamente inteligente redistribuiría socialmente el
ingreso, en una forma mucho menos traumática, y mucho mas armónica, que
la consentida por la Fundación Mediterránea).
Sin embargo el
Congreso, desde el inicio de la democracia, nunca corrigió esa
aberración de someter a la nación a la jurisdicción de un juez comercial
extranjero, que lesiona directamente nuestra soberanía, de la que
acabamos de festejar sus primeros doscientos años.
Y menos lo
hizo el Poder Ejecutivo Nacional. Ni Alfonsín (con la colaboración de
Sorrouille y Machinea). Y menos aun Menem (con la estrecha colaboración
de Cavallo y Roque Fernández). Ni tampoco De la Rúa (con la estrecha
colaboración de Machinea y Cavallo). Ni KIRCHNER (con la colaboración de
Lavagna). Ni Fernández de Kirchner (con la actual colaboración Boudou)
se animaron a cuestionar dicha absurda medida otorgada por los
criminales Videla y Martínez de Hoz. Por contrario la ratificaron
plenamente. Como lo hizo a fines del año pasado nuestra actual
Presidenta con el decreto 1.953/09. Con el que dispuso emitir bonos por
15.000 millones de dólares para destinarlos al actual canje de deuda,
poniéndolos bajo la jurisdicción de Nueva York.
Por un lado el
actual gobierno acusa al juez Griesa de "embargador serial". Y por el
otro lado infantilmente parecería decirle "vení embargame". Al cumplir
los doscientos años ya deberíamos haber aprendido que la soberanía,
igual que el movimiento, no se demuestra declamando ni quejándose, sino
andando.
La primera vez que la Cámara de Diputados de la Nación
esbozó un cuestionamiento a dicha "prorroga de jurisdicción" (como se la
denomina leguleyamente para disimular sus verdaderos efectos, en vez de
decir "cesión de soberanía") fue a principios de este mes, cuando
rechazó el mencionado decreto 1.953/09 de Fernández de Kirchner y
Boudou. (Asunto que la gran prensa, pese a ser una ferviente opositora
del actual gobierno, se encargó de disimular enteramente. La prensa
opositora puede ser feroz, pero esa ferocidad no llega a determinados
asuntos de alta sensibilidad económica o financiera.)
Sin embargo
la Cámara de Diputados no se pronunció respecto la cuestión de fondo:
la absoluta anticonstitucionalidad de ese mecanismo aberrante. Y menos
aun los legisladores han recuperado el control efectivo del
endeudamiento público, al punto que se han enterado de las condiciones
de la propuesta del actual canje de deuda, leyéndola en los diarios.
Por
su parte los ahorristas, simultáneamente que promovieron dicho embargo
contra el Banco Nación, expresaron sus cuestionamientos, tanto respecto
el actual canje de deuda, que ha sido orquestado solamente en beneficio
de determinados fondos buitres allegados al gobierno; como la falta de
control constitucional de ese canje por parte del Congreso.
En el
Bicentenario de nuestro primer intento de autodeterminación y soberanía
como Nación.
Al respecto reproducimos la carta que el 12 de mayo
pasado enviamos personalmente a cada uno de los legisladores, con
motivo del fraudulento canje en cuestión.
Sres Legisladores Nacionales:
Asunto: promoción de acción penal por el
canje de deuda dispuesto por decreto 563/10, en abierta violación a lo
dispuesto en la ley de suspensión del “cerrojo”
De nuestra mayor consideración:
La gravedad que para el patrimonio nacional
implica lo dispuesto por el decreto 563/10 y lo decidido por el
Ministro de Economía Amado Boudou, y la inercia por parte de la mayoría
los Srs. legisladores en advertir los inusitados ribetes de esa
operación, nos ha obligado a los firmantes de la presente, el ex
Diputado Nacional MARIO CAFIERO; el autor de numerosos trabajos
económicos JAVIER LLORENS, y el Presidente de la Asociación Civil
Anticorrupción RICARDO MONNER SANS, a radicar una acción penal ante el
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo del Dr.
Oyarbide, con intervención de la Fiscalía Nº 2, a cargo del Dr. Rívolo
(CAUSA Nro.6197/2010).
Promovimos
la misma en base al informe que se adjunta: “Los fraudes y
defraudaciones en la reapertura del canje de la deuda en default” de
Mario Cafiero y Javier Llorens, donde se demuestra la existencia de
gravísimas irregularidades de clara connotación penal en esa operación
en curso. Desde el posible delito de violación de deberes de
funcionarios públicos, hasta el ilícito de negociaciones incompatibles
por parte de funcionarios del gobierno nacional.
Aprovechando la laxitud con que se sancionó
-por parte de la anterior composición parlamentaria- el texto de la
norma mediante la cual se devolvió al Poder Ejecutivo la facultad de
renegociar los bonos en default (Ley 26.547), sin imponer límites
precisos a la oferta, ni exigir ninguna comprobación respecto de los
tenedores de bonos; el Sr. ministro de Economía Amado Boudou, burlándose
de la ley, ha lanzado un canje con una sideral mejora en relación al
canje del año 2005, respecto una determinada categoría de tenedores de
bonos: concretamente los especuladores que compraron bonos después del
default. Ha posibilitado así que determinados fondos buitres consumen
una maniobra que les permitirá una diferencia por arbitraje de bonos,
estimada en el orden de los 3.500 millones dólares.
Los Sres legisladores pueden encontrar en el
informe las pruebas de quiénes son concretamente algunos de los fondos
vinculados y beneficiados con la maniobra (principalmente Fintech,
Fidelity y Gramercy). Como así también la de estudios de abogados donde
participan ex funcionarios como Horacio T. Liendo. O sea los mismos
personeros del escandaloso endeudamiento externo que el Congreso nunca
se animo a investigar; cuyas maniobras llegaron a su climax con el
megacanje del 2001, que tuvo como uno de sus autores intelectuales al
mencionado Liendo.
Ahora
bajo las barbas del Congreso, nuevamente está sucediendo lo mismo. Y el
ciudadano común se pregunta si la cuestión del matrimonio gay, que
afecta según las estadísticas mundiales, a menos de una cada cincuenta
mil personas, no ha sido una maniobra de divertimento del oficialismo
para distraer la atención del Congreso respecto temas mucho mas
trascendentes. Como el de la deuda y el canje de ésta, cuestiones que
afectan de una u otra manera al 100 % de la población y a la calidad de
vida de ella. Resulta incluso notable la importancia dada al tema del
matrimonio gay, en momentos en que la mayoría de las parejas
heterosexuales nuevas optan por juntarse y evitar el matrimonio. Muchas
de ellas por las dificultades y el incierto horizonte económico que
afrontan. (De esta manera en un futuro es probable que se defina al
matrimonio, como la unión de dos personas del mismo sexo, y al
concubinato la unión de dos personas de sexo distinto…).
Si los Srs. Legisladores representantes del
pueblo hubiesen prestado atención a los problemas que en realidad
interesan y repercuten en todos los argentinos (y que por ausencia de
esto nos estamos convirtiendo en un país insignificante, que no se anima
ni siquiera a afrontar el conflicto de Malvinas, ni aún ahora que ha
aparecido las verdaderas causas de él) habrían advertido en los 19
anexos y más de mil páginas que acompañan al Decreto 563 y la Resolución
230 del Ministerio de Economía, que además del canje de los bonos en
default, se ha instrumentado de manera subrepticia un RECANJE de los
bonos emitidos en el canje del 2005, de inusitados alcances.
El mismo, a la luz del decreto 1.953/09
rechazado recientemente por la Cámara de Diputados, involucraría nada
menos que la cifra de 6.000 millones de dólares. Y estaría destinado a
beneficiar inusitadamente a determinados tenedores de bonos que en
aquella oportunidad eligieron títulos en pesos ajustados por inflación,
bajo legislación argentina, y luego se vieron perjudicados por el índice
CER, como consecuencia de la intervención en el INDEC. Y ahora el
ministro Boudou solapadamente les ha abierto la posibilidad de
canjearlos por bonos en dólares, bajo legislación de Nueva York.
Los autores del referido informe, tras
décadas de haber analizado este tipo de operaciones y sus instrumentos,
manifestamos que nunca hemos visto una documentación tan enrevesada,
opaca, y abstrusa casi hasta lo ininteligible, como la documentación en
cuestión. Supera en falta de transparencia a las emitidas en el período
más aciago de predominio de los intereses financieros, como fue la
década de los ‘90.
La
falta de transparencia abarca también a todo el proceso de canje, que
está contaminado de inconfesables entendimientos y arreglos entre altos
funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional e interesados directos, como
bancos internacionales, fondos buitres, y consultoras. Le cabe –según ha
quedado públicamente difundido y nunca desmentido- al Coordinador de
Asuntos Políticos de Presidencia, Juan Carlos Mazzón, la responsabilidad
de haberle abierto la puerta a la participación del Barclays Capital
Inc, entidad inglesa que ilícitamente eludió inscribirse en los
registros petroleros relacionados con la cuestión Malvinas, para poder
encabezar sin cuestionamientos la operación. Pese a que esta situación
fue denunciada ante la Justicia y por algunos legisladores nacionales.
La opacidad prosigue con la inusitada
aparición en los prospectos de Arcadia Advisors, una consultora
insignificante en relación a la magnitud de la operación y de los bancos
internacionales intervinientes, pero cuyos honorarios (que son parte de
un paquete de 120 millones de dólares) se mantienen sin embargo velados
al conocimiento público. No sería la primera ni la única vez en la
larga historia de la corrupción argentina, que una consultora es el
vehículo para el pago de sobornos. O peor aun, que haya sido Arcadia
Advirsors quién redactó la letra artera de las bases del canje en
cuestión. Habiendo terminado así la crónica delegación de funciones por
parte de ese Congreso en lo referido a la deuda publica, no en el Poder
Ejecutivo, sino en una consultora de cuarto orden. Concretándose así una
inaudita privatización de la administración de ella.
Para terminar de perpetrar este enorme
negociado y maximizar sus ganancias (consistente en comprar bonos en
default a precios irrisorios, para canjearlos al Tesoro a mas de tres o
cuatro veces su precio de compra) los fondos especuladores buitres
necesitaban que el Poder Ejecutivo no solo suspendiese la ley cerrojo,
sino que mostrara una firme voluntad de pago de la deuda, poniéndola en
sus prioridades absolutas (como en su momento fue la ley de déficit cero
en el año 2001). Con esa finalidad se habría instrumentado la
utilización de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda, a
través de los ya famosos DNU 210 y 298. A los efectos de bajar la tasa
de riesgo país y subir concomitantemente el valor de los bonos a
canjear. Dejaron así la mesa servida para que los fondos buitres
consumaran un enorme negociado basado en la valorización de “bonos
tirados a la basura” (por el art.4 de la ley 26.017 debían ser retirado
de los mercados; lo que no por casualidad nunca ocurrió) posibilitando
que los mencionados fondos especulativos compraran los bonos a canjear a
precios de ganga.
Lamentablemente
para los argentinos, el gobierno parece haber concretado en beneficio
ajeno, la picardía del viejo Vizcacha del Martín Fierro, de escupir el
asado (los bonos en default) para que luego los fondos buitres se lo
comieran. Alzándose con una ganancia del orden de los 3.500 millones de
dólares. Y como si ese banquete no fuera suficiente para los bancos y
fondos buitres agasajados en él, el menú viene aderezado con un recanje
de los bonos emitidos en el 2005, para pasar deuda interna en pesos
ajustada por CER, a deuda externa en dólares con altos intereses, por un
monto de 6.000 millones de dólares.
Luego de radicar la denuncia penal ya
individualizada, con esta presentación cumplimos en advertir a los Sres.
legisladores nacionales representantes del pueblo, respecto los
alcances inauditos de la operación de canje en curso; ya que por mandato
del art 75 inc 7 de la Constitución, son los Srs. Legisladores quienes
están funcionalmente obligados a poner límites a esta situación, e
impedir que se consume esta escandalosa maniobra.
Ing.Mario Cafiero y Javier Llorens
fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/05/el-bicentenario-los-embargos-del-juez.html
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