TEL AVIV, 26 de abril (Proceso).- El Estado judío amordaza a su prensa, arresta en secreto a una periodista y manipula la información para ocultar un escándalo de corrupción, invasión de tierra palestina y asesinatos de militantes árabes en contravención de una orden de la Suprema Corte. Con la “seguridad nacional” como argumento, los conservadores israelíes han desatado una campaña contra el periodismo de investigación, acosan a reporteros y hasta piden el cierre del diario que reveló una historia ahora conocida en todo el mundo, menos en Tel Aviv.
Anat Kam, una periodista israelí de 23 años, podría pasar los próximos 14 en la cárcel –o incluso el resto de su vida– por filtrar documentos confidenciales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al reportero Uri Blau, del diario Ha’aretz, quien actualmente se encuentra refugiado en Londres.
El escándalo se ha convertido en debate. Para los liberales se trata de un caso de abuso de poder y de censura que atenta contra principios democráticos fundamentales. Los conservadores, en cambio, consideran que es una grave amenaza contra la seguridad nacional que los países enemigos de Israel tratarán de aprovechar, y piden desde el cierre de Ha’aretz, el diario donde aparecieron publicados los reportajes de Blau, hasta privar de la ciudadanía israelí a Kam.
Lo que ha quedado al margen, sin embargo, son los aparentes delitos graves que fueron expuestos por el dúo Kam-Blau: corrupción, invasión de tierra palestina y, sobre todo, el desacato deliberado a una resolución judicial, ordenado por oficiales militares de alto rango, y los asesinatos innecesarios de un militante árabe y otra persona. El asunto ha sido ignorado por la mayor parte de los medios y se encuentra prácticamente fuera del debate público.
“Es una victoria del Shin Bet”, el órgano israelí de seguridad interior que está a cargo de la investigación, afirma Gideon Levy, periodista de Ha’aretz. “No toca los actos escandalosos que realizó el ejército, no busca a los responsables para llevarlos a juicio, y todo el mundo se dedica ahora a perseguir a quienes dieron a conocer los abusos”.
En noviembre de 2008, un reportaje de Uri Blau en Ha’aretz reveló discusiones entre varios generales que decidieron ignorar una resolución de la Suprema Corte, emitida seis meses antes, que declaraba ilegal la frecuente práctica de asesinar líderes palestinos si existía la posibilidad de arrestarlos pacíficamente. El periodista respaldó sus afirmaciones con memorandos y correos electrónicos, y sobre todo con una orden firmada por el general Yair Naveh, quien en marzo de 2007 era el principal jefe militar israelí en Cisjordania.
Naveh ordenó a las FDI eliminar a tres miembros del grupo fundamentalista Yijad Islámica cuando alguno de ellos viajara en coche, a pesar de que no representaban un peligro claro y actual. Los soldados estaban autorizados a atacar si no había “más de un pasajero desconocido”. Es decir, que era aceptable la muerte de hasta un inocente. Cuando el ejército asesinó al islamista palestino Ziad Subahi Mahmad Malaisha y a un compañero suyo, lo maquillaron: la versión oficial de las FDI aseguró que los palestinos habían disparado primero.
La prensa israelí especula que otros reportajes de Blau sobre abusos y actos de corrupción de altos oficiales de las FDI podrían basarse en información confidencial del ejército filtrada por Kam.
En enero de 2009, por ejemplo, Blau dio a conocer que una base de datos secreta del Ministerio de Defensa mostraba que 75% de las construcciones realizadas por colonos judíos en sus asentamientos en territorio palestino eran ilegales, “sin los permisos apropiados o en forma contraria a los permisos emitidos”. También muchas de las obras que llevó a cabo la administración pública israelí en las colonias en Cisjordania (como carreteras, escuelas, sinagogas, escuelas religiosas judías e incluso estaciones de policía) estaban en tierras privadas pertenecientes a árabes.
En octubre de 2009, Blau expuso que, aunque el ministro de Defensa (y exprimer ministro) Ehud Barak se comprometió al asumir su puesto a no realizar negocios a través de su empresa Ehud Barak Ltd., esa firma y una subsidiaria habían recibido casi 2 millones de dólares mientras él estaba en el cargo.
Pacto violado
Tras los reportajes de Uri Blau, las alarmas saltaron en las FDI, pero no por el desacato a una orden de la Corte Suprema y los actos de corrupción, sino porque alguien había filtrado los datos. El Shin Bet presionó a Blau y a Ha’aretz para que entregara los demás documentos confidenciales que pudieran poseer. Llegaron a un acuerdo: Blau cedió los papeles a cambio de no ser acusado ni citado a declarar como testigo, y de que no se buscara a su fuente. Los agentes recibieron medio centenar de folios. No obstante, siguieron la investigación e identificaron a Anat Kam como la persona que filtró la información.
Anat Kam, la joven responsable de las filtraciones, tuvo acceso a documentos secretos mientras realizaba su servicio militar, como el resto de los ciudadanos judíos (excepto los árabes-israelíes). Los hombres cumplen tres años en el ejército; las mujeres, dos.
Kam estuvo enlistada de julio de 2005 a junio de 2007, y fue asignada a la oficina del general Yair Naveh, de quien llegó a convertirse en su asistente principal. Por sus manos pasaron infinidad de documentos clasificados que ella guardó en un archivo especial de su computadora. En su declaración ante el juez, el pasado 12 de abril, explicó que quería asegurarse de que “cuando los crímenes de guerra que las FDI estaban cometiendo en Cisjordania fueran investigados, yo tendría la evidencia para demostrarlos”. Antes de concluir su estancia en el lugar, le pidió a un compañero que grabara todo en dos discos: uno contenía textos; el otro, presentaciones de PowerPoint. Una vez fuera del ejército, entró a trabajar como reportera en Walla, un sitio web de noticias. Fue entonces cuando decidió entregar los documentos a Uri Blau.
El Shin Bet declaró roto el pacto con Blau y Ha’aretz porque, tras interrogar a la joven Kam, descubrió que los documentos sustraídos no eran sólo los 50 que entregó Blau, sino alrededor de 2 mil. Blau y Ha’aretz alegan por su parte que fueron los agentes quienes rompieron el acuerdo al buscar, identificar, interrogar y detener a Kam, y que por eso decidieron conservar el resto de los papeles.
A principios de diciembre, Blau estaba con su novia de vacaciones en China cuando se enteró de que su departamento había sido destruido en un registro policiaco, que su teléfono y su cuenta de correo electrónico habían estado intervenidos durante semanas, y que Kam estaba bajo arresto domiciliario. El periódico le pidió que viajara a Londres y que se quedara allí mientras se aclaraba la situación. Para ellos, era importante que Blau no fuera obligado a testificar, porque podría incriminar a Anat Kam, quien en ese momento aún negaba los cargos.
Por meses, el conflicto se desarrolló a espaldas de la opinión pública: una corte emitió una orden de censura total, nadie en Israel podía hablar del tema. Los periodistas locales seguían el asunto sin poder darlo a conocer. Sin embargo, el 15 de marzo, Richard Silverstein, un bloguero judío de Seattle, en Estados Unidos, desveló lo que ocurría en su página Tikun Olam (Reparar el mundo), y cuestionó la actitud de los jueces: “¿Qué clase de país permite que su servicio doméstico de inteligencia arreste a una periodista y la mantenga detenida secretamente? ¿En qué clase de país una periodista simplemente desaparece, mientras que los otros periodistas y los medios de prensa carecen de recursos para poder publicarlo? ¿China? ¿Cuba? ¿Vietnam? ¿Irán? ¿Corea del Norte? ¿Es eso lo que quiere Israel? ¿No ser mejor que países regidos por déspotas?”.
Otros medios extranjeros siguieron la pista y difundieron el asunto desde finales de marzo: la Agencia Telegráfica Judía (JTA, por sus siglas en inglés), el diario británico The Independent, la periodista estadunidense Judith Miller en la página web The Beast, el londinense The Guardian...
La prensa israelí estaba molesta por casi cuatro meses de mordaza y porque su público tenía que recurrir a medios del exterior para informarse. El primero en expresarse fue el tabloide Yediot Ahronot, que el pasado 1 de abril reprodujo el reportaje de Judith Miller, repleto de tachones negros de censura. Así eliminó el nombre de Kam, la causa de su detención y cualquier otro dato que indicara de qué se trataba. En portada, presentó el texto así: “¿Qué es lo que el Shin Bet no quiere que sepas?”. Un par de días después, proporcionó a sus lectores las direcciones de internet donde podían enterarse de la historia completa.
Otros diarios, como The Jerusalem Post, en lengua inglesa, reportaron que todo el mundo conocía ya cierta historia prohibida para el público israelí, que no podían describir. Ha’aretz y el Canal 10 de televisión anunciaron que el 12 de abril impugnarían la orden de censura. No hubo necesidad: la Corte la levantó el 8 de abril.
Manipulación
El debate público cambió a partir de ese momento. Antes se hablaba sobre todo de la libertad de prensa, pero el foco principal pasó a ser la vulneración de la seguridad nacional israelí. El Shin Bet dio a conocer la enorme cantidad de papeles filtrados. Su director, Yuval Diskin, advirtió: “El sueño de todo país enemigo es poner sus manos en estos documentos”. Varios columnistas conservadores señalaron que, mientras siguiera en Londres, Uri Blau estaba en peligro de ser secuestrado por espías enemigos en busca de la valiosa información. The Jerusalem Post citó a un alto oficial de inteligencia (a quien no identifica) que preguntó a los periodistas: “¿Alguien aquí conoce a una rubia?”. El diario explicó que era una referencia a una agente israelí llamada Cindy, que en 1986 fue a Roma para seducir, drogar y secuestrar a Mordechai Vanunu, un disidente que reveló que Israel poseía bombas nucleares. Como castigo, pasó 18 años encarcelado en confinamiento en solitario, y desde 2004 está impedido de salir del país, sujeto a acoso constante desde el gobierno.
Blau y Ha’aretz rechazan que pongan en peligro la seguridad nacional. En Israel, los límites a la libertad de prensa están marcados por un censor militar que tiene que aprobar toda información sobre seguridad antes de ser publicada, y las que manejó Blau superaron el filtro, con excepción de una, que por lo mismo no salió a la luz.
En un artículo editorial, el diario advirtió que es posible que los enemigos de Israel quisieran apoderarse de los documentos clasificados, pero que esos mismos países “estarían encantados de ver que Israel se comporta como ellos lo hacen, suspendiendo los principios democráticos que dependen de una prensa libre”. Ante las demandas de que Blau regrese, el editor en jefe de Ha’aretz, Dov Alfon, dijo a The Independent que su periódico “tiene una tradición de 90 años de proteger a sus reporteros de las presiones del gobierno”.
Muchas otras voces quieren castigos ejemplares. Varios parlamentarios pidieron el cierre de Ha’aretz, y el presidente del Comité de Ley y Justicia del Knesset (parlamento), David Rotem (de Yisrael Beitenu, el partido del ministro de Exteriores Avigdor Lieberman), exigió despojar de la nacionalidad israelí a Blau y Kam, quienes son objeto de agresivos ataques de comentaristas conservadores que buscan además el descrédito de un sector del espectro político.
Desde un sitio web marginal, Arutz Sheva, el académico extremista Steven Plaut aseguró que “muchos miembros de la izquierda israelí tienen una inclinación congénita a la traición y el espionaje”, e hizo un recuento de casos, que pronto fue reproducido en varios medios, incluyendo a The Jerusalem Post que preguntó, el 15 de abril: “¿Por qué ocurre que la izquierda israelí produce tanta traición contra el Estado?”.
El periodista Gideon Levy advierte que ahora todo depende de Yuval Diskin, el director del Shin Bet, quien oscila entre usar “guantes de seda” o “quitarse los guantes” –según sus propias palabras–, dependiendo de su humor en el momento. “Y nadie lo cuestiona, ¿quiere hacer que secuestren a Blau, que lo asesinen? El jefe del Shin Bet amenaza a un periodista y nadie dice una palabra”. Antes que eso, reclama Levy, “la verdadera traición es la de periodistas que traicionan su profesión, que se ponen del lado del aparato de seguridad contra colegas que hacen su trabajo de traer luz a la oscuridad”.
Diskin finalmente optó por quitarse los guantes y anunció a la fiscalía que acusará a la joven periodista de espionaje agravado, afirma Levy, “lo que implica la posibilidad de cadena perpetua”. El 12 de abril, la defensa de Anat Kam cambió de estrategia para buscar un trato más benevolente. Así, la joven declinó acogerse a la inmunidad periodística de Blau (quien tiene derecho a negarse a identificar a su fuente) y reconoció que ella le entregó los documentos, le pidió devolverlos y retornar de Londres. Los abogados del reportero consideraron que esto era “un desarrollo positivo” y anunciaron que evaluarían la propuesta.
Mientras tanto, varios periodistas connotados firmaron una petición en la que llaman a que no se someta a Blau a juicio por posesión de documentos secretos, a cambio de que los entregue. Uno de ellos, citado por Ha’aretz en anonimato, reconoció que “este asunto puede crear un peligroso precedente contra la libertad de expresión”.
B’Tselem, el grupo israelí de defensa de los derechos humanos más activo, publicó un informe en el que criticó que, a pesar de que Blau documentó cómo se violentó una clara resolución de la Corte Suprema, “ninguna de las personas involucradas ha sido cuestionada y los altos oficiales que dieron las órdenes ilegales siguen en sus puestos”, y además, “el ejército ha continuado con su política de asesinatos disfrazados de operaciones de arresto”.
Según Daniella Peled, periodista y editora del Institute for World and Peace Reporting, “la decepcionante verdad es que el furor sobre el intento de censura es una distracción que les ha permitido a los medios israelíes marginar la verdadera historia que emerge de los documentos: cómo fueron ignoradas las decisiones de la Suprema Corte sobre los asesinatos de palestinos. Sólo una minoría de israelíes se va a alterar por las muertes de supuestos militantes palestinos, pero cuando tiene que ver con una restricción teórica de su propia libertad de información, eso es algo que está garantizado que los va a indignar”.
En Israel, el argumento de la seguridad está por encima de cualquier otra consideración. Quienes lo usan, suelen conseguir un gran eco. “Si dependiera de la opinión pública, Kam y Blau serían ejecutados y cerrarían Ha’aretz. El general que dio las órdenes de asesinato ha salido del paso sin problemas, mientras el periodista y su fuente son enemigos del pueblo”, lamenta Levy.
fuente, vìa:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78764
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