Costa Rica: Un asunto político más que jurídico Por: Luis Paulino Vargas Solís

El despliegue de brutalidad policial en el campus de la Universidad de Costa Rica el lunes 12 de abril, ha sido justificado por la prensa comercial, algunos leguleyos de la derecha y ciertas autoridades del Poder Judicial, mediante un alegato jurídico que prescinde de cualquier sutileza intelectual.

El argumento se resume en lo siguiente: la autonomía universitaria no implica extraterritorialidad (¡genios!); por lo tanto la policía está legitimada para ingresar a la ciudad universitaria; por lo tanto los universitarios que se le opusieron actuaban contra la ley al obstaculizar su trabajo. Todo ello aderezado por la injuriosa y malévola acusación según la cual los universitarios brindamos refugio y protección a los malhechores.

No entro en el debate jurídico ya que es terreno que desconozco. Advierto, sin embargo, que personas altamente calificadas en esta materia como Alicia Pifarré Pan, Jorque Enrique Romero y Walter Antillón han aportado argumentaciones sustanciales, a todas luces mucho más sólidas y elaboradas que las que se han pronunciado desde la acera de quienes festejan la acción policial de marras.

Por mi parte, quisiera enfatizar el aspecto político-ideológico y ético de la cuestión.

Supongamos –contra las rigurosas argumentaciones de Pifarré, Romero y Antillón- que, en efecto, la norma constitucional que concede autonomía a las universidades públicas, no impide que la policía actuara de la forma como lo hizo.

Esto, sin embargo, realza y agiganta una pregunta clave: de ser así las cosas, ¿Cómo entender que a lo largo de 70 años –incluyendo dieciséis administraciones gubernamentales completas- se haya mantenido y respetado la norma de que la policía no entraba a los campus universitarios sin para ello dialogar y coordinar de previo con las autoridades universitarias?

En breve: dieciséis gobiernos, así como los magistrados y demás autoridades judiciales a lo largo de ese tiempo, quisieron mantener, aún sin que la ley las obligara a tal cosa, una cierta razonable distancia, un espacio mínimo de respeto, respecto de la institución universitaria.

Si no existía ninguna obligación legal detrás de esa actitud ¿por qué entonces se mantuvo durante tan considerable período? La única explicación razonable que encuentro es de orden político, moral e ideológico: existió la convicción de que la plena y efectiva vigencia del principio de autonomía universitaria requería una actitud de respeto y distancia, de forma que, en lo posible, no se ejerciera ninguna coacción –mucho menos una coacción física violenta- que pudiera implicar presión o intimidación y, por lo tanto, menoscabo de la autonomía.

Es inútil negar que durante ese tiempo, y de múltiples formas, los grupos poderosos han tratado de influir sobre las universidades. Eso no es ni deseable ni conveniente, pero también debemos entender que es parte de una dinámica social compleja, respecto de la cual es imposible que las universidades se mantengan aisladas.

Y, sin embargo, siempre rigió un mínimo de decoro y prudencia, como al modo de un criterio político de respeto y un principio moral de contención, sustentados ambos en una convicción democrática profunda.

Lo acontecido el 12 abril enterró esta norma. Es secundario el estatus legal o constitucional del asunto. Lo realmente crucial es el radical cambio de perspectiva que esto introduce: por primera vez en nuestra historia hemos visto violencia policial en el campus universitario, así como a autoridades públicas importantes justificando esa acción. Una nueva y perversa concepción moral y política emerge de todo esto.

Ni se diga de la desfachatez con que la prensa comercial celebra la sepultura de ese principio. Han manipulado los hechos con el afán, nada disimulado, de desprestigiar a las universidades y, en especial, a la que ha sido más crítica y es la más prestigiosa. No ha informado acerca del grado de brutalidad y la desproporción de la movilización realizada por la policía judicial. En cambio, han representado los hechos como un “zafarrancho”, mientras se deslizan insinuaciones –cuando no acusaciones directas- en el sentido de que las universidades son cómplices de la delincuencia. Este manejo de la información refuerza los argumentos del Fiscal y del Director del OIJ, así como los leguleyos que los apoyan. Se construye la imagen de instituciones universitarias que, lejos de estar protegidas por un fuero de autonomía constitucional, actúan más bien al margen de la ley.

En su conjunto esto saca a flote algunas de las características centrales del clima político y sicológico que la prensa comercial, los estamentos políticos neoliberales y algunas figurillas de siniestro talante fascista, han venido creando, en parte mediante el pretexto del combate a la criminalidad. Es un clima propicio a la represión, la militarización y el ultraje a la democracia y los derechos humanos.

Lo acontecido el 12 de abril, y la forma como ha sido justificado, implica la cancelación –literalmente un entierro bañando en sangre- de un principio de respeto asentado en una convicción democrática fundamental: la de que la vigencia de la autonomía universitaria –es decir, la capacidad para educar, hacer ciencia y cultura y generar pensamiento y reflexión con plena libertad e independencia- requería, y de hecho ameritaba, que las fuerzas policiales se mantuvieran a una razonable distancia de los predios universitarios.

Estos principios estuvieron vigentes por casi 70 años. Ahora han quedado gravemente mancillados, cuando no definitivamente enterrados. Este es tan solo el más reciente eslabón –antecedido en lo inmediato por la violación del principio de autonomía sindical- en un proceso complejo y sumamente siniestro, que inició con la violencia ejercida sobre la norma constitucional de no reelección presidencial. Se va así clarificando el perfil de una Costa Rica autoritaria y antidemocrática. Como va siendo cada vez más claro que el progresismo se hace cómplice de esta catástrofe, en el tanto no es capaz de prescindir de vanidades y dogmatismos, para abrirse a un proceso de diálogo que le permita unificar fuerzas y construir alternativas políticas viables y renovadoras.
fuente, vìa:
http://www.argenpress.info/2010/04/costa-rica-un-asunto-politico-mas-que.html