La sentencia es una gran victoria para la libertad de expresión y una flagrante derrota para el Fiscal Servando Pérez y su equipo ligado a la Agencia Nacional de Inteligencia ANI que a lo largo del proceso cometieron enormes irregularidades no corregidas hasta ahora por la justicia chilena.
También fueron absueltos de los cargos de asociación ilícita y robo con violencia los co-imputados Kenny Sánchez, ex preso político mirista retornado de Suecia, y Sergio Reyes, técnico forestal y ex empleado de forestal Mininco. Sánchez y Reyes pasaron dos años en la cárcel de alta seguridad de Rancagua y luego en Santiago, en durísimas condiciones de reclusión.
Elena Varela estuvo tres meses detenida y fue luego liberada con reclusión nocturna, gracias a una intensa campaña de apoyo nacional e internacional desarrollada por intelectuales y defensores de los derechos humanos. Un montaje mediático y policial calificó de terroristas a los tres imputados, involucrándolos en el asalto al BancoEstado de Loncoche el año 2004, y en el robo con homicidio en una plaza de pagos del INP en Machalí ocurrido el año 2005.
Los magistrados consideraron que la fiscalía no habían acreditado las pruebas y dejaron en libertad a los tres acusados, para quienes se habían pedido penas de 15 y 20 años de cárcel respectivamente. Según la Fiscalía, Varela había planificado el delito, mientras que Kenny Sánchez y Sergio Reyes habrían facilitado los medios de escape.
Kenny Sánchez fue condenado lateralmente a medidas cautelares (firma quincenal en su domicilio de la localidad de Ercilla) por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Se trata de armas antiguas, de colección, sin inscripción que se hallaban en su domicilio, donde él fue detenido.
El juicio tuvo lugar en Villarrica a unos 780 km al sur de Santiago, aproximadamente a una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía, luego de haber sido aplazado en cinco oportunidades.
Al borde de las lágrimas
En el juicio, Elena Varela pudo comprobar que en los últimos seis años, cada detalle de su vida profesional y sentimental estuvo bajo la mira policial, ya que estuvo sometida a vigilancia permanente. Sufrió robos de equipos en su domicilio, que había atribuido a delincuencia pero tenían relación con esa vigilancia que había comenzado antes de la fecha de los asaltos, cuando ella ya se había trasladado a la zona sur del país, investigando temas relacionados con las recuperaciones de tierras por líderes sociales mapuche. El pasado miércoles, con la sala colmada de público formado por emocionados familiares, cineastas, periodistas y cercanos a los co-imputados, la documentalista ejerció su derecho a hacer una última intervención en el juicio, expresando con la voz desgarrada: “Tengo mucho dolor. Es terrible todo lo escuchado en este juicio. Yo hago películas. Esto es horrible para mí y para esta sociedad. Lo que se está exponiendo aquí no tiene nada que ver con eso. Estos dos años de proceso judicial han destrozado una parte muy importante de mí, de mi vida, de mi familia. No solamente eso. Esto ha un impactado dentro de toda la comunidad que me rodea, artistas, amigos de siempre. A tal grado ha llegado esto que en un momento determinado cuando quedé libre (condicional), tuve que viajar a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, para exponer este atropello grande que se hizo ante mí y por extensión a todos los documentalistas chilenos. Como ser humano y como mujer siento que he sido violentada en mis derechos. Se ha expuesto mi vida íntima como persona y sobre eso se ha construido una historia, una ficción. Con todo el dolor que tengo dentro lo único que espero es que se haga justicia como corresponde y se imponga la verdad en todo lo que ha pasado aquí.”
Como el fiscal no pudo probar que el documental “Newen Mapu” era parte de las tareas de esta supuesta estructura guerrillera encabezada por Elena, debió apelar a la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien Servando Pérez identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Elena Varela tuvo que relatar en el juicio todas las características de su relación con “Civitarese” que incluyó un doloroso testimonio relativo a la atención médica que tuvo cuando sufrió una pérdida. En esa circunstancia, “Civitarese” le presentó a Andrea Muñoz, la testigo protegida de la fiscalía, que trabajaba en un laboratorio médico.
Para la defensa es claro que el tribunal se sorprendió por la escasa calidad de las pruebas aportadas por la fiscalía representada por Servando Pérez, el perseguidor de Elena Varela, luego de seis años de investigación contra la artista y los otros dos coimputados. En contraparte, el documentalista Ignacio Agüero (“El Diario de Agustín”) fue uno de los testigos más destacados de la defensa de Elena Varela, así como un destacado músico de la Filarmónica que había sido también involucrado inicialmente en la causa y otros entrevistados por la documentalista, como Víctor Ancalaf y otras personalidades.
La testigo protegida
En cambio no se presentó a declarar ante el tribunal la testigo protegida Andrea Muñoz Gaete, viuda de uno de los verdaderos integrantes del grupo armado que cometió los asaltos imputados a estos tres acusados. El fiscal Servando Pérez le pidió al tribunal que la obligaran a comparecer, pero la petición fue denegada. Andrea Muñoz era pieza clave de la acusación pues fue ella quien inicialmente acusó a Elena y el resto de integrar la organización junto a su marido, que murió en el asalto. Su testimonio sólo consistía en decir que había escuchado a su marido comentarios acerca de los tres imputados pero ello constituyó la base del montaje y la justificación del operativo simultáneo de detención por fuerzas conjuntas de los tres acusados y otras personas dos años atrás, en mayo de 2008. La defensa sostuvo que ese testimonio calificado por el inspector de Investigaciones Juan Reyes como “de escuchas”, se hizo aun más indirecto ahora cuando esos dichos de oídas fueron narrados al tribunal.
Los celulares
La otra pieza esencial de la fiscalía estaba constituida por los peritajes hechos por las compañías a celulares de alguna manera ligados a los tres imputados, con los que se quería mostrar que los tres imputados se habían comunicado y apoyado los días en que había ocurrido el asalto.
Compareció como testigo un perito en telecomunicaciones, de apellido Bustamante, que leyó una extensa acusación al respecto. Pero ante el asombro del juez y de la sala, al ser contrainterrogado y no poder responder sobre detalles técnicos, el testigo debió reconocer que el informe que estaba leyendo había sido redactado por un equipo de inteligencia y que él se limitaba a leerlo para el juicio.
El chantaje a Sergio Reyes
Uno de los momentos más intensos del juicio fue la declaración del ex empleado de forestal Mininco Sergio Reyes Matus, quien aseguró que en 2008 firmó bajo presión una confesión luego de su detención, que desconoció totalmente en el juicio. La policía y funcionarios de inteligencia lo amenazaron con detener a su mujer -recién salida de un hospital por depresión endógena- al igual como habían detenido a la esposa de Kenny Sánchez. Reyes Matus agregó que no tiene cómo probar los apremios sufridos para su detención que lo forzaron a firmar la confesión redactada por sus aprehensores, pero sí puede probar, a través de Gendarmería de la Cárcel de Alta Seguridad, que el fiscal Servando Pérez en dos oportunidades lo visitó el año 2009 junto a su propio defensor público Cristián Godoy, para ofrecerle que inculpara a Elena Varela y a Kenny Sánchez a cambio de su propia libertad. En el libro de ingreso de Gendarmería está registrada la visita de Servando Pérez, quien allí se presentó como abogado y no como fiscal. La última oferta rechazada por el técnico forestal y ex empleado de Mininco, consistía en quedar libre tan sólo con firma semanal por cinco años a cambio de inculpar a Varela y Sánchez. En ese momento Sergio Reyes desahució a su defensor público y desde entonces su defensa la asumió el abogado de derechos humanos Nelson Miranda.
Las armas del montaje y el secuestro de materiales
Elena Varela fue interrogada por el juez acerca de si las armas de juguete y las banderas del MIR con que la policía la presentó en los medios después de la detención eran las mismas que aparecen en su documental. La artista respondió afirmativamente, y en el mismo juicio los magistrados pudieron ver los trailers de los dos documentales en que trabajaba ella cuando fue detenida: “Sueños del comandante” y Newen Mapu Che. El presidente del tribunal también se interesó en indagar si los materiales fílmicos habían sido devueltos, respondiendo la documentalista que sólo una ínfima parte había sido restituida y que con ello había perdido cinco valiosos años de investigación sobre temas vinculados a la historia de la guerrilla de Neltume (1980), el paso de la Caravana de la Muerte por el sur (1973) y el acoso policial a los mapuche que luchan por la recuperación de tierras ancestrales (1990 en adelante).
Irregularidades de la policía
Uno de los testigos de la fiscalía era el inspector Juan Reyes Gutiérrez, quien junto a su colega Luis Albornoz Urrutia, (ambos de Rancagua) dirigió oficialmente la investigación. Para sorpresa de los jueces, Reyes reconoció haber interrogado a Elena Varela a las dos de la madrugada siguiente a su detención sin la presencia del Fiscal Pérez, que se encontraba en el recinto. Sostuvo que no consideraba trascendental llamar al fiscal para que se hiciera presente en el interrogatorio, lo que llamó poderosamente la atención de los presentes, dada la gravedad de los delitos de terrorismo por los que se estaba imputando a la documentalista. La policía de Investigaciones sostuvo siempre que estuvo a cargo de la detención. En cambio para los tres imputados y su defensa, la detención se hizo por parte de personal no identificado de inteligencia, al viejo estilo de la Central Nacional de Inteligencia CNI de tiempos de dictadura. Esto quedó en evidencia cuando el abogado Jaime Madariaga, defensor de Elena Varela contrainterrogó al inspector Reyes solicitándole que dijera quién firmó el acta de materiales requisados en el domicilio de Elena Varela, domicilio que era a la vez la sede de su productora fílmica. Reyes sostuvo que lo hizo la hija de Elena Varela, lo que era falso pues la niña estaba en clases cuando ocurrieron los hechos y no estaba presente en el domicilio.
El abogado Jaime Madariaga, que encabezó la defensa de la documentalista, sostuvo ante el tribunal: “No cuestionamos que el Ministerio público haga la investigación penal. Lo que cuestionamos es que la investigación se haga sin apego a la ley, faltando a la verdad, ocultando la verdad, sabiendo que se está persiguiendo a una persona inocente.” El tribunal tuvo en esta oportunidad oído receptivo a esos argumentos.
fuente, vìa:
http://www.kaosenlared.net/noticia/chile-documentalista-elena-varela-declarada-inocente-cargos-imputaban
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