Amauri Chamorro *
El gobierno de Lenín Moreno cometió dos asesinatos esta semana. Uno fue el de un joven desarmado, acribillado por la espalda por un policía. El otro fue contra la Constitución, al destituir ilegalmente a los miembros de la Corte Constitucional. Ambos fueron transmitidos en tiempo real por las redes sociales y su impacto social fue disminuido por las empresas de comunicación que, de una manera u otra, blindan al gobierno del presidente Moreno de cualquier intemperie política.
Moreno acribilló el artículo 431 de la Constitución, que directamente indica que los miembros de la Corte no pueden ser enjuiciados políticamente, mucho menos ser destituidos de sus funciones. Así como lo hicieron todos los dictadores de América Latina y el Caribe, Moreno cesó a los jueces que fungen de guardianes de la carta magna para poder instalar una agenda económica y social que beneficia a pocas familias. Destituir a la Corte Constitucional y nombrar a dedo a los nuevos jueces es un paso indispensable para la arremetida neoliberal, que en este momento camina fuertemente en dirección a la privatización de todo lo que la revolución ciudadana pudo construir: carreteras, empresas públicas e inclusive las hidroeléctricas que permitieron a Ecuador transformarse en un competitivo exportador de energía eléctrica en América del Sur.
Moreno ya ha anunciado la posibilidad de la privatización del seguro social público para implementar las desastrosas AFP. Todo lo citado anteriormente es inconstitucional.
En la contabilidad del gobierno conservador de Moreno ya están la ilegal condena del vicepresidente Jorge Glas, los inconstitucionales nombramientos del fiscal general, los consejeros de Control Social, la vicepresidenta de la República y la presidenta de la Asamblea, entre otros. Moreno no gobierna el país dentro del marco jurídico establecido en la Constitución. Para que Moreno pudiera avanzar en estos terribles atropellos al estado de derecho, primero se protegió con la instalación de la FBI, la fuerza aérea y la inteligencia estadunidense, que desde hace pocos meses operan oficialmente en el país. Ecuador se transformó en un país sin Dios ni ley.
Eso se refleja en el actuar de la Policía Nacional, que asesinó a sangre fría a un joven afro en el norte del país. Fue durante un incidente en una carretera que el policía le disparó por la espalda, directamente a la cabeza, sin motivo alguno. El joven cayó frente a los celulares que registraban un desentendimiento entre policías y ciudadanos.
Desde hace una década Ecuador vivía una ejecución sumaria de la policía a un ciudadano. Esto sólo ocurría durante los gobiernos neoliberales, que inclusive premiaban a los agentes de la ley que usaran sus armas.
Los medios de comunicación no informaron sobre el asesinato del joven, pese a los innumerables videos en las redes sociales. Apenas publicaron un suceso con la policía.
El funcionario responsable del crimen en este momento se encuentra detenido, a disposición de la fiscalía. La comandancia de la Policía Nacional apenas informa que se están investigando los hechos.
Días después de destituir a la Corte Constitucional, Moreno anunció el aumento del precio de la gasolina, el despido de más de 20 mil servidores públicos, la optimización del funcionamiento del Estado que representa la implementación de las etapas del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Las calles comenzaron a calentarse, se anuncian paros de agricultores y la inflación vuelve a dar la cara.
Moreno sabe que la respuesta será social, masiva y de resistencia. Matar a un inocente por la espalda y destituir a la máxima corte del país fueron mensajes claros a todos aquellos que de alguna forma reclamaran.
* Comunicólogo
vía:
https://www.jornada.com.mx/2018/09/01/opinion/022a1mun
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