Argentina se encuentra en una de las peores coyunturas de su historia: en lo que va del año el peso acumula una depreciación frente al dólar de 53 por ciento; en un desesperado intento de frenar la fuga de capitales, la tasa de interés ya es de 60 por ciento, la más alta del mundo; se registran más de 2 mil 300 despidos diarios y una inflación fuera de control, que sólo este año se espera que sea superior a 30 por ciento, todo lo cual ha desatado protestas masivas y conjura cada día con más fuerza los fantasmas de la crisis de 2001. Ese año, la economía colapsó y la exasperación social llevó a la caída de cuatro presidentes en dos semanas, en unas jornadas que se saldaron con 27 muertos debido a la brutalidad de las fuerzas policiales. Aquel año también dejó uno de los episodios más traumáticos para la memoria colectiva argentina, el corralito, es decir, la retención en el sistema bancario del efectivo depositado por los ahorradores.
Debe recordarse que, desde su llegada al gobierno de Argentina, en diciembre de 2015, Mauricio Macri tuvo como eje de su proyecto el desmantelamiento absoluto del –imperfecto y, en muchos casos, contradictorio– Estado social construido por su antecesora, con el manido argumento de que la intervención estatal para garantizar las necesidades humanas básicas de la población genera distorsiones en el normal y eficiente funcionamiento de los mercados, lo cual impide el pleno despliegue del potencial económico a la vez que impone cargas financieras insostenibles para el Estado.
Bajo estos supuestos, el gobierno proempresarial emprendió brutales recortes salariales y despidos de personal en el sector público, aceptó las condiciones humillantes y lesivas para la economía nacional impuestas por los fondos buitre que reclamaban el pago de deuda ilegítima, autorizó tarifazos en el precio de servicios básicos que llevaron a un encarecimiento de mil 500 por ciento en el caso de la energía eléctrica y de mil 83 por ciento en el del gas, recompuso y acrecentó el monopolio del Grupo Clarín sobre el sector de las comunicaciones, desahució a la salud y la educación públicas, amnistió a quienes desfalcaron al fisco mediante paraísos fiscales y eliminó impuestos a grandes corporaciones, éstas dos últimas medidas están cargadas de cínica corrupción, puesto que entre los beneficiados se encuentra su propia familia.
Pero seguir a rajatabla el manual de gobierno neoliberal no corrigió las distorsiones de las que el régimen macrista culpó a todos los problemas durante sus dos primeros años y, por el contrario, acabó con todos los avances logrados durante 12 años de kirchnerismo. Precisamente, para impedir la formación de una oposición fuerte en torno a la figura de la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, el macrismo ha emprendido desde el primer día una persecución judicial contra ella y múltiples personajes de su gobierno. Esta auténtica cacería ha tenido como signos el uso abiertamente faccioso del poder judicial, la inexistencia o el carácter francamente risible de las pruebas presentadas por la parte acusadora, y el ensañamiento de los medios de comunicación, en abierta renuncia a cualquier pretensión de objetividad.
Esta conjunción de insensibilidad ante la desesperación popular y autoritarismo persecutorio para cancelar las alternativas políticas configuran una pesadilla para millones de argentinos y suponen también una lección acerca de las catástrofes que entraña el fundamentalismo neoliberal.
vía:
https://www.jornada.com.mx/2018/09/01/edito
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