Por Catalina Albert y Alberto Arellano
PARTE I: LOS TENTÁCULOS DEL CRIMEN ORGANIZADO
La violenta disputa territorial entre traficantes de drogas en poblaciones tiene en la cúspide de la pirámide a narco mayoristas: sofisticadas organizaciones criminales que, apoyadas en el tráfico internacional de armas y en la corrupción de funcionarios, expanden un negocio fuera de control. CIPER entrevistó a policías, fiscales y analizó expedientes. Armamento de guerra, teléfonos satelitales, laboratorios y lavado de dinero vía empresas de transporte y constructoras, todo le sirve al narco. Parte de la droga que llega a Chile abastece a mafias en Australia, Holanda, Jordania y otros países. Pero gran parte se queda aquí: crece el consumo al tiempo que los narco mayoristas asientan su poder.
En solo cuatro años, los Jiménez Meza llegaron a controlar el 65% del mercado de la cocaína en la Región de Valparaíso. Su líder, Manuel Jiménez –el “Care’ Chala”–, se fugó en 2004 de la cárcel de la Ligua (Quinta Región) y se instaló en Bolivia. Al menos desde 2014, y de la mano de productores y burreros locales, esta organización criminal gestionó envíos a Chile de cientos de kilos de clorhidrato y pasta base por pasos fronterizos no habilitados del norte. Desde allí, y durante años, la droga circuló a alta velocidad hacia Valparaíso, oculta en ambulancias y carros bomba dados de baja.
Por cada uno de los tres envíos que logró arrebatarles la policía, los Jiménez Meza metieron con éxito a Chile a lo menos dos o tres cargamentos de cocaína. Hoy enfrentan por tercera vez a la justicia. Se les acusa de tráfico de drogas, asociación ilícita y blanqueo de cientos de millones con sociedades de fachada. Parte del botín se invertía en propiedades, vehículos y caballos de carrera; otra se enviaba por tierra a Bolivia para que Manuel –quien sigue prófugo–, siguiera desarrollando el negocio. Así funcionó el circuito.
La internación por vía terrestre y marítima de cocaína –también de marihuana creepy y drogas sintéticas– está fuera de control. Cálculos de CIPER –en base a estadísticas del Ministerio del Interior– indican que entre 2016 y 2017 se han incautado más de 3,6 toneladas de clorhidrato y pasta base de cocaína en cuatro de los principales pasos fronterizos que conectan la Región de Tarapacá con Perú y Bolivia: Quillagua, Loa, Chacalluta y Colchane. Pero las “zonas rojas” de internación se extienden también a varios puntos de los más de 160 pasos fronterizos no habilitados identificados en el norte, donde policías y Aduanas no tienen ningún control. Los mismos cruces aprovechados por años –y sin mayor dificultad– por los Jiménez Meza y varios otros narco mayoristas.
Ninguna autoridad puede calcular hoy cuánta droga ingresa a Chile por cada kilo interceptado. Tampoco, cuántas toneladas se quedan y cuántas se van al extranjero. Es cierto: cientos de kilos son reexportados desde puertos chilenos al extranjero, aprovechando la “buena reputación” del país, para “limpiar la ruta” de los cargamentos. La indagación de CIPER indica que con esta fórmula, se abastece a organizaciones criminales en Australia, Canadá, España, Holanda, Jordania y a un clan mafioso romano.
La evidencia recabada para esta investigación constata, además, una realidad: más que lugar de paso, Chile es hoy un emergente mercado de destino. De hecho, el Reporte Mundial de Drogas de Naciones Unidas nos sitúa desde hace algunos años como uno de los mayores consumidores de cocaína del continente.
CIPER examinó los expedientes judiciales de nueve de las mayores incautaciones de clorhidrato y pasta base de cocaína entre 2016 y lo que va de 2018. De ellas, solo tres iban al extranjero. Las otras seis a puntos de acopio y distribución en la zona central del país. Un cerro de más de 3,9 toneladas de cocaína cuyo destino final eran distribuidores minoristas en poblaciones de las zonas sur, centro y norte de la Región Metropolitana y de Valparaíso. El grueso de ellas, enclavadas en lugares sin tejido social y en las que el Estado ha retrocedido ante el acelerado y violento dominio del narco.
Cálculos informales estiman en 1,5 millón las personas que en distintas zonas del país están a merced de bandas criminales que señorean en el negocio de la droga. La instalación en Chile de esas organizaciones de narcotráfico ha traído consigo el aumento de muertes violentas. Datos obtenidos por CIPER arrojan que en los últimos seis años se han perpetrado 620 homicidios con armas de fuego, con un aumento de 65% entre 2012 y 2018.
Entre 2001 y 2018, el Estado ha desembolsado más de $199 mil millones en una decena de programas de intervención. Errores de diagnóstico, falta de continuidad, corrupción y burocracia, han hecho estrellarse uno a uno esos planes contra el suelo.
Los puntos de venta de microtráfico crecen año a año y los niveles de consumo siguen al alza. En paralelo, la pasta base sigue arreciando en adolescentes y jóvenes de sectores de menores ingresos.
CIPER examinó casos judiciales recientes que involucran complejas operaciones de internación y distribución de droga; revisó datos oficiales obtenidos de fuentes abiertas y por Ley de Transparencia, y entrevistó a policías, fiscales y autoridades de gobierno. La conclusión: el crimen organizado avanza sin contrapeso, con su poder acrecentado por el mercado negro de armamento de alto calibre. Desde fusiles, miras láser y silenciadores, hasta granadas.
Arsenales que provienen de armerías y del tráfico internacional de armas y municiones, pasando por los depósitos de las propias Fuerzas Armadas.
–El crimen organizado avanza más rápido que nuestras capacidades como país para perseguirlo. Por falta de coordinación estamos permitiendo que Chile sea una plataforma para la entrada de droga. Lo digo responsablemente: estamos atrasados –alerta el director de la Unidad de Drogas del Ministerio Público, el fiscal Luis Toledo.
No solo la descoordinación entre policías, fiscales y autoridades abre flancos para la penetración y expansión del crimen organizado. Desactivar su operativa –cada vez más sofisticada–, requiere de tiempo y recursos que policías y fiscales no están siempre dispuestos a arriesgar, ya que el peso de las evidencias no asegura un buen resultado en tribunales.
Acusaciones contra narcotraficantes por asociación ilícita no son comunes en la justicia y varias de las que se presentan quedan sin condena. Datos oficiales obtenidos por CIPER indican que entre 2012 y 2017 se han dictado solo 18 fallos por asociación ilícita vinculada al narcotráfico en todo Chile. Hubo 13 condenas y cinco absoluciones.
La permeabilidad de las fronteras también se replica en las instituciones públicas que combaten al narco. Un agente de Aduanas que instruyó a narcotraficantes en técnicas de comunicación segura aprendidas en una capacitación de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos; detectives infiltrados en organizaciones criminales que terminan enrolados en ellas; carabineros participando de quitadas de droga o “mejicanas” entre bandas rivales; gendarmes facilitando operaciones de tráfico desde la cárcel y un suboficial que sustrajo armamento de guerra del Ejército para una banda que distribuye cocaína en Lo Espejo, son parte del cúmulo de funcionarios públicos cooptados por el narco en los últimos años.
Focos de corrupción que son solo destellos de una realidad mayor y de magnitud desconocida.
Información adicional
Parte II: Las estrategias que usan los narco mayoristas para lavar dinero y corromper funcionariosVer link
CHILE: DESTINO FINAL
Para Héctor Barros y Alex Cortés, fiscales de la zona Metropolitana Sur, el 2014 marcó un punto de inflexión. Llevan más de una década persiguiendo a organizaciones de narcotraficantes. Los “Care’ Pelota”, los “Care’ Jarro” y los “Gaete” son parte de las organizaciones a las que han logrado condenar.
En julio de 2014 se incautaron más de tres toneladas de droga (1.843 kilos de cocaína base, 1.214 kilos de marihuana y algunos kilos de clorhidrato), transportadas desde Antofagasta a la Región Metropolitana en un camión tolva escoltado por tres camionetas. La operación, liderada por los hermanos Peña Torres, simulaba un convoy minero. Para reducir el riesgo, la organización criminal utilizó teléfonos satelitales.
–Con esa operación, sumada a otra del año anterior en que se incautaron 2.500 kilos de cocaína y marihuana, pudimos finalmente constatar que Chile ya no era un país solo de paso. Llegamos a la conclusión de que si había un consumo interno capaz de absorber más de cinco toneladas de sustancias ilícitas en muy poco tiempo, el mercado nacional era muchísimo más grande de lo que pensábamos –dijo a CIPER el fiscal Héctor Barros.
Fue tal el volumen de droga que internaron a Chile los Peña Torres, que su bodegaje se hizo bajo tierra en el desierto. Para ello, se utilizaron pasos fronterizos no habilitados de la Segunda Región, convertidos en la vía de tránsito más frecuente para internaciones masivas de estupefacientes.
Hace algunas semanas, la subsecretaría del Interior –entre los anuncios del nuevo plan Frontera Segura– informó la detección de 166 pasos no habilitados en el norte del país. Pero hay muchos más: 850 kilómetros de frontera separan a Chile de Bolivia y 169 son los kilómetros que marcan el límite terrestre con Perú, dos de los tres mayores productores de cocaína en el mundo.
Fue uno de esos cruces clandestinos a la altura de Diego de Almagro (Atacama) el que utilizó el 5 de enero pasado la organización criminal liderada por Cenel Jofré Maluenda para internar 2.111 kilos de cocaína proveniente de Bolivia, cuyo destino final era la comuna de La Pintana. Además de la cocaína, en la operación la policía incautó tres camionetas, una pistola Smith&Wesson con cartuchos 9 milímetros y un teléfono satelital.
Fue también un paso no habilitado en la comuna de Colchane (Tarapacá) el que en septiembre del año pasado le abrió las puertas a la banda de Franklin Amaro González para el ingreso de 655 kilos de pasta base y 169 kilos de clorhidrato, cuyo destino se presume era Lampa, el sur de Santiago y la Quinta Región. También por Colchane pasaron a fines de 2016 los camiones del narco mayorista Luis Olmos Tebes. En sociedad con el boliviano Ramiro Flores Zurita, internó al menos 600 kilos de cocaína líquida, diluida en los estanques de combustible de los mismos vehículos. El destino: la zona central del país.
La alta permeabilidad de Chile no está solo en sus fronteras terrestres. En mayo de este año la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), interceptó una embarcación albacorera a punto de naufragar a la altura del puerto de Coquimbo, con 600 kilos de marihuana creepy que iba a ser recepcionada en la comuna de Lo Espejo. Ahí también la organización criminal utilizó teléfonos satelitales. El año pasado, la misma entidad de la Armada incautó 80 kilos de clorhidrato de cocaína.
El explosivo aumento de incautaciones de droga en los últimos años –principalmente clorhidrato de cocaína, marihuana creepy y prensada–, no ha tenido un correlato en la disminución de los indicadores de consumo. El cruce de datos sugiere que si se incauta más es porque está entrando mayor volumen de droga que antes.
–La incautación es un indicador parcial y engañoso. Parcial porque algo te dice. Engañoso, porque si no lo fuera se podría establecer una relación perfecta entre el incremento de la incautación y la disminución del consumo. Y definitivamente, eso no es así –afirmó a CIPER el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Ubilla agregó que no hay cifras estimativas de cuánta droga logra ser comercializada en el país: “Hace cuatro años le hice la misma pregunta a organismos internacionales que se dedican a este tema y me hablaban de que en Chile, por la vulnerabilidad de las fronteras, se incautaba no más del 30% de lo que pasaba o se consumía”.
El total de decomisos a nivel nacional –incautaciones en frontera, domicilios y calle– alcanzó a 18.920 kilos de clorhidrato y pasta base de cocaína en 2017 (datos del Ministerio del Interior). Si la estimación que recibió el subsecretario Ubilla es correcta, el cálculo de CIPER indica que el año pasado pudieron haber ingresado cerca de 62 toneladas (62.436 kilos) al país.
MERCADO AL ALZA
Dos variables hacen de Chile un mercado atractivo para la industria del narcotráfico: precio y consumo. En Chile, el valor del gramo de cocaína es más alto que en la mayoría de los países sudamericanos. Si el kilo de clorhidrato puesto en un paso fronterizo tiene un valor promedio de $500 mil, ese mismo kilo puesto en la calle –donde el consumidor final paga una media de $10 mil por gramo– crece 20 veces.
De las casi 19 toneladas de cocaína decomisadas en 2017 en Chile, 6 mil kilos correspondieron a clorhidrato. La venta de esas seis toneladas –proyectada en base al valor promedio que alcanza un gramo en la calle–, puede alcanzar fácilmente los $60 mil millones. Como referencia, fueron solo $2 mil millones menos que las utilidades que obtuvieron durante el mismo año las Isapres ($62 mil millones).
Pero las ganancias del negocio de venta de clorhidrato de cocaína pudieron haber sido mucho más altas. Una porción de esos 6 mil kilos era cocaína de alta pureza. Como la droga es “pateada” en laboratorios clandestinos, los montos pueden ser mucho mayores.
Datos de Carabineros y la PDI obtenidos por Transparencia indican que entre 2013 y lo que va de este año, se han allanado 61 laboratorios clandestinos solo en la Región Metropolitana.
El negocio narco mayorista ha alcanzado altos niveles de sofisticación. Proveedores internacionales están ofreciendo –junto al envío del cargamento– el servicio de “cocina” para preparar la droga.
En enero de 2017 la policía detuvo por segunda vez al narcotraficante Juan Carlos Palma Fuentes con 25 kilos de pasta base. Los obtuvo procesando en su laboratorio de Laguna Verde (Valparaíso) 10 kilos de cocaína que había sido internada en los estómagos de tres burreros bolivianos. Cuando se recuperaron los ovoides, la droga fue “cocinada” por otro boliviano que viajó a Chile solo con ese propósito. Aunque según fiscales esta es una práctica que comienza a extenderse, Palma es conocido en el hampa por sus excentricidades: en 2016 llegó en helicóptero a su matrimonio; su novia lo hizo en limusina.
Chile es suelo apto para la proliferación de narco laboratorios que cuentan con un inmejorable aliado: amplia oferta de precursores, sustancias químicas que son utilizadas intensivamente en las industrias minera, química y farmacéutica. También en la del narcotráfico. El registro de usuarios de esas sustancias químicas –que están bajo control– tiene más de 500 inscritos. Amplia oferta y escasa fiscalización permiten que éstas lleguen sin dificultad a manos del narco.
Ácido sulfúrico, muriático y clorhídrico, soda cáustica, parafina y acetona aparecen entre los precursores más utilizados en la preparación de la cocaína base. Y el sulfato de calcio (tiza), el carbonato de sodio, la lidocaína (anestésico usado por dentistas), la cafeína y el levamisol, entre los abultadores. Este último potencia los efectos de la cocaína y en países como Estados Unidos y Canadá su uso solo se permite para desparasitar al ganado.
Fueron casi 84 kilos de carbonato y bicarbonato de sodio los incautados por la policía en abril de 2017. La sustancia se iba a utilizar para “cocinar” 98 kilos de cocaína base en un laboratorio instalado en una casa de seguridad de una organización narco en Melipilla.
Un estudio del Instituto de Salud Pública (ISP) que analizó 198 muestras de clorhidrato decomisadas en 2014, concluyó que los rangos de pureza de la droga iban de 83% a solo 2%. El promedio: 33%. Así llega la cocaína al cliente final y su pureza desciende a niveles ínfimos en consumidores de bajos ingresos.
Cifras de Naciones Unidas ubican a Chile en la tabla alta de consumidores de cocaína de América. Por debajo de Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Argentina, pero con un consumo muy superior al de Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México (datos de 2016).
Las cifras del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) son más conservadoras: en 2016 el consumo de clorhidrato alcanzó al 1,1% de la población y el de pasta base al 0,4%. En ambos casos, éste se concentró en sectores vulnerables, los mismos que están bajo el control territorial de pandillas sin ley que intermedian entre los narco mayoristas y la distribución minorista. Allí la pasta base –lejos la droga de mayor consumo entre adolescentes y jóvenes– alcanza a un 0,7% de la población.
vía:https://ciperchile.cl/2018/08/16/la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/
No hay comentarios:
Publicar un comentario