miércoles, 16 de mayo de 2018
Cortometraje: Man (Animated Short Film by Steve Cutts)
I did not create this, I'm just passing on art to you I feel should be recognized. Another Cutts great showing the ways of man. Artist links below https://www.youtube.com/channel/UCpQL... http://www.stevecutts.com/ https://vimeo.com/user4630714
Brasil: ¿Qué tan exitoso fue el golpe de Estado? Immanuel Wallerstein
El 7 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado en Brasil y llevado a la prisión en Curitiba para comenzar una sentencia por dos años. Fue presidente de Brasil de enero de 2003 a enero de 2011. Era tan popular que cuando dejó el cargo en 2011, tenía una tasa de aprobación de 90 por ciento.
Casi de inmediato fue acusado de incurrir en corrupción mientras estaba en su puesto. Él negó los cargos. Sin embargo, fue condenado, y la condena la sostuvo la corte de apelaciones. Ahora sigue apelando su sentencia ante la Suprema Corte.
No obstante, de acuerdo con una interpretación de la ley brasileña, él puede ser encarcelado una vez que la corte de apelaciones afirme su sentencia sin esperar al juicio ante la Suprema Corte. Pero él exigió un habeas corpus, que lo habría podido mantener fuera de la cárcel hasta agotar todas las posibles apelaciones. La demanda fue rechazada en una votación de 6-5. De ahí en adelante, el juez que lo acusó desde el inicio y que ha sido particularmente hostil hacia Lula, Sergio Moro, se movió con rapidez para ponerlo tras de las rejas.
¿Cuál fue la razón para este rudo trato que no se le ha aplicado a otros que enfrentan cargos más graves? Para entender eso, debemos revisar la historia reciente de Brasil y el papel de Lula.
Lula era un líder sindical que fundó un partido obrero, el Partido dos Trabajadores (PT). Éste era el partido de los desclasados y uno que representaba un cambio fundamental en Brasil y en América Latina como un todo.
Lula contendió para presidente en varias elecciones sucesivas. Tal vez le robaron la elección en por lo menos una ocasión. Finalmente ganó en octubre de 2002.
El sistema electoral brasileño conduce a una profusión de partidos, ninguno de los cuales ha sido nunca capaz de ganar una pluralidad mayor que 20 por ciento de los escaños en la legislatura, mucho menos la mayoría. Por tanto, para gobernar, el partido con una pluralidad debe hacer arreglos con otros partidos de inclinaciones bastante diferentes en lo ideológico.
Pese a esta limitación, Lula fue capaz de formar un gobierno y obtener respaldo legislativo para realizar significativas transferencias de recursos al tercio más pobre de la población, lo que explica su popularidad. Fue también capaz de conducir a los estados americanos a forjar nuevas estructuras interestatales que no incluyeran ni a Estados Unidos ni a Canadá.
Las redistribuciones internas y los realineamientos geopolíticos desagradaron muchísimo tanto a EU como a las fuerzas de la derecha brasileña. Una cuestión que hizo difícil para ellos contrarrestar a Lula fue el hecho de que el estado de la economía-mundo en la primera década del siglo XXI era muy favorable a las llamadas nuevas economías emergentes, también conocidas como BRICS (la B siendo de Brasil).
Pero los vientos de la economía-mundo dieron un viraje y, repentinamente, los ingresos para el Estado brasileño (y por supuesto el de muchos países) se hicieron más escasos.
La derecha encontró una renovada abertura en el apretón financiero que siguió. Culparon a la corrupción de las dificultades económicas y alimentaron un impulso judicial al que llamaron lava jato (o autolavado, literalmente lavado a presión en portugués), que evocaba el lavado de dinero, algo que de hecho era algo generalizado.
En 2011, Lula fue sucedido en la presidencia por Dilma Rousseff, una líder más conservadora en el PT brasileño. Cuando algunos miembros del PTB dentro del gabinete fueron condenados por corrupción, la derecha lanzó una jugada para enjuiciar a Dilma. No se le acusó de corrupción a ella pero sí de una inadecuada supervisión de sus subordinados en posiciones de liderazgo.
Ésta era una excusa muy frágil. Como Boaventura de Sousa Santos lo puso: la única política impecablemente honesta en Brasil era acusada de corrupción por los votos de los más corruptos funcionarios de la tierra.
La razón para que la derecha se involucrara en esta farsa fue que el vicepresidente –que sucedería a Dilma tras su enjuiciamiento– era Michel Temer, quien había puesto a Dilma en la plataforma que era parte de una coalición electoral.
Temer asumió el cargo de inmediato y rechazó la idea de unas prontas elecciones que casi con toda seguridad habría perdido. En cambio, una de las primeras cosas que emprendió fue arreglar que los cargos sustanciales contra sí mismo por corrupción fueran retirados.
El motivo para enjuiciar a Dilma parece claro. Se trataba de evitar que Lula contendiera en la próxima elección para presidente. El punto de vista de consenso es que Lula habría vuelto a ganar. La única manera de pararlo era acusarlo a él de corrupción. La fuerza del PT estaba vinculada cercanamente al carisma de Lula. Cualquier otro candidato hubiera sido incapaz de obtener el respaldo en todas partes que Lula habría obtenido.
Una vez que Lula fue amenazado con el inmediato encarcelamiento, las dos principales fuerzas populares expresaron su fuerte oposición a lo que afirmaron era un golpe de Estado. Una de tales fuerzas fue la Central Única de Trabajadores (CUT), que alguna vez encabezó Lula, y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la organización rural más grande de Brasil.
El dirigente del MST, João Pedro Stedile, explicó las razones de su respaldo. El MST había tenido muchos desacuerdos con Lula y se había desencantado con su rechazo a romper con las políticas neoliberales. Pero aquellos que intentaban evitar que Lula contendiera eran en verdad antagonistas de todas las cosas positivas que Lula había logrado e instaurarían severas medidas retrógradas.
El MST y la CUT organizaron significativas movilizaciones contra el encarcelamiento, pero enfrentados con la amenaza de la intervención de las fuerzas armadas (y la posible restauración de un régimen militar), Lula decidió presentarse a su arresto. Él está ahora encarcelado.
La cuestión ahora es si este golpe de Estado de la derecha puede tener éxito. Esto ya no depende de Lula personalmente. La historia puede absolverlo pero la lucha actual en Brasil y en América Latina como un todo depende de la organización política en la base.
El gobierno de Temer proseguirá con fiereza sus políticas neoliberales. Y sin duda Temer se presentará como candidato para las elecciones. Temer no tiene vergüenza ni conoce límites por lo que arriesga ir demasiado lejos muy aprisa.
Una de las principales características estructurales del moderno sistema-mundo en el que nos encontramos es la gran volatilidad de la economía-mundo. Si llegara a hundirse más de lo que está al presente, puede muy bien haber un repunte del sentimiento popular hacia el régimen. Si comenzara a incluir a grandes segmentos de los estratos profesionales, sería bastante posible una alianza con los desclasados.
Aun entonces no será fácil cambiar las realidades políticas de Brasil. Es probable que el ejército esté pronto a evitar que un gobierno de izquierda llegue al poder. Sin embargo, no debemos desesperar. El ejército ya fue derrotado una vez antes y fue expulsado del poder. Puede ocurrir de nuevo.
En resumen, el panorama para Brasil y América Latina como un todo es altamente incierto. Dado su tamaño y su historia, Brasil es una zona clave en la lucha a mediano plazo, en favor de un resultado progresista en la contienda entre la izquierda y la derecha globales que resuelva en su favor la crisis estructural.
Brasil amerita nuestra cercana atención colectiva y nuestra activa participación solidaria.
Traducción: Ramón Vera-Herrera
© immanuel Wallerstein
vía:http://www.jornada.unam.mx/2018/05/11/opinion/017a1pol
Argentina: La impotencia de la clase dominante argentina ...Raúl Zibechi
Raúl Zibechi
Tras dos años y medio de gobierno, Mauricio Macri fracasó dos veces en una semana para contener una brutal escalada del dólar que amenaza con colapsar la economía y derribar su gobierno. La moneda estadunidense comenzó el año en 18.65 pesos y esta semana superó 23.50. Millones de argentinos se enfrentan al drama de la sobrevivencia, ya que la devaluación impacta directamente en los precios de los alimentos.
Para evitar una depreciación aún mayor de la moneda, el gobierno aumentó las tasas de interés de 28 a 40 por ciento y obligó a los bancos a desprenderse de dólares. En el mismo lapso, sacrificó más de 7 mil millones de dólares de las reservas para intentar frenar la subida del dólar.
El martes de esta semana el dólar volvió a trepar luego de una leve caída el lunes. La corrida en curso arrancó en marzo y todo indica que los fondos de inversión están alentando la fuga hacia activos en dólares. “ Forbes y el Financial Times ya dijeron que es tiempo de salir de la riesgosa Argentina, calificada como uno de los tres países más vulnerables a shocks externos por las evaluadoras del establishment internacional” (Página 12, 5/05/18).
Macri fracasó cuando intentó atraer inversiones y ahora está fracasando con su propia base social, la que lo llevó al gobierno, que está especulando porque no confía en su política económica. Una espiral de desconfianza está en la base de la crisis del mercado de cambios: crece la fuga de capitales, aumenta el déficit comercial por el crecimiento exponencial de las importaciones y el pago de intereses de la deuda en moneda extranjera. En resumen, un estrangulamiento del sector externo.
Un demacrado Macri apareció en televisión para informar que el país retorna al regazo del FMI, mediante la negociación de un crédito de 30 mil millones de dólares para estabilizar la crisis de confianza. Es la segunda vez en dos décadas que sucede algo similar. En 2001, en medio de una grave recesión, el gobierno de Fernando de la Rúa pidió 40 mil millones de dólares al FMI para defender al peso porque los argentinos estaban retirando sus depósitos masivamente para convertirlos en dólares o llevarlos fuera del país.
En 2006, el presidente Néstor Kirchner canceló la deuda y finalizó la dependencia del FMI, en una decisión política trascendente. Con la llegada de Macri, Argentina emitió títulos por 59 mil millones de dólares, casi el doble que Arabia Saudita, el segundo en el ranking, y el triple que el tercero, Indonesia ( El País, 8/05/18). De ese modo, el país vuelve a tener una deuda con una gran exposición en dólares, lo que acrecienta su vulnerabilidad.
Para los sectores populares, la devaluación es sinónimo de inflación (20 por ciento previsto para este año), o de hiperinflación, como sucedió varias veces en la historia reciente. Para aliviar el déficit fiscal, el gobierno viene aumentando las tarifas de los servicios, con la excusa de que el gobierno de Cristina Fernández las tenía subsidiadas, pero lo hace de un modo brutal. Desde fines de 2015, el gas aumentó 1,013 por ciento, el metro 178 por ciento y los autobuses 233 por ciento, en tanto las tarifas eléctricas subieron 1,615 por ciento y el agua 550 por ciento.
La política argentina es oscilante, cambiante e imprevisible. En apenas dos años, Macri consumió los apoyos sociales con los que llegó al gobierno y ahora el rechazo a su gestión duplica los aprobados. ¿Cómo explicar estos cambios y la velocidad del desgaste de Macri?
La clave hay que buscarla en diciembre pasado, cuando cientos de miles de argentinos desafiaron la reforma previsional, en la calle, afrontando una feroz represión. Ese fue el punto de inflexión, como indican las encuestas. Un punto de quiebre que conecta con la tradición del movimiento popular argentino, el más potente y combativo durante el siglo XX, como indican las fechas más destacadas del calendario de luchas.
En 1909, la Semana Roja, la primera gran huelga general en cuya represión cayeron 14 obreros. En 1919, la Semana Trágica, una oleada de huelgas reprimidas por la policía con alrededor de 700 muertos. En 1935, la seminsurrección de los obreros de la construcción en la capital. El 17 de octubre de 1945 –la insurrección obrera victoriosa exigiendo la liberación del coronel Juan Perón– quiebra el poder político de la oligarquía. Años después, la resistencia armada al golpe de Estado de 1955, protagonizada por miles de obreros fabriles.
El levantamiento obrero conocido como Cordobazo, en marzo de 1969, desarticuló la dictadura del general Juan Carlos Onganía, derrotó a la policía y sólo retrocedió, en un intenso combate de calles, ante la presencia del ejército y la marina. Entre 1969 y 1972 hubo 15 insurrecciones, puebladas o motines populares: dos en Córdoba, dos Rosario, tres en Tucumán, además de Rawson, Corrientes, Salta, Mendoza y Casilda, entre las más destacadas.
En todas hubo combates callejeros y se tomaron e incendiaron dependencias estatales. Fue el mayor ciclo de luchas obreras del mundo, en la segunda mitad del siglo XX. Este es el temor de la clase dominante, que la llevó a convocar a los militares cuando los obreros del Gran Buenos Aires (9 millones de habitantes en 1975), desbordaron a sus sindicatos, paralizaron la industria y neutralizaron el ajuste económico del gobierno de Isabel Perón.
En las movilizaciones de diciembre pasado confluyeron los sindicatos con los movimientos sociales, mostrando que la capacidad de lucha está tan intacta como la autoestima de los de abajo. El 8 de marzo se produjo la movilización más masiva a lo largo y ancho del planeta, por un movimiento de mujeres que no tiene parangón. La calle es el límite que encuentran los de arriba, y ese límite no cedió siquiera ante el genocidio perpetrado por los militares.
La pregunta es cómo será el final del experimento de Macri. No es seguro que retorne el estallido social. Los de arriba están pergeñando un plan. Debemos auscultarlo, para prevenir males mayores y seguir construyendo nuestros mundos.
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/11/opinion/016a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/11/opinion/016a2pol
México-La Dictadura: Amenzas contra el derecho a comunicar... Miguel Concha
Miguel Concha
El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos.
A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial.
Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones.
Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones.
No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis.
Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto.
Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad.
Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr).
Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión.
Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes.
Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes.
El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse.
Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma.
Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores.
Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra.
vía:http://www.jornada.unam.mx/2018/05/12/opinion/019a1pol
El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos.
A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial.
Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones.
Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones.
No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis.
Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto.
Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad.
Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr).
Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión.
Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes.
Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes.
El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse.
Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma.
Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores.
Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra.
vía:http://www.jornada.unam.mx/2018/05/12/opinion/019a1pol
Sociedad: Impactos invisibles de la era digital ....Silvia Ribeiro*
Silvia Ribeiro*
Cuando pensamos en la era digital, probablemente lo primero que acude a la mente son computadoras, teléfonos móviles y otros elementos obvios de lo que se ha dado en llamar TIC: tecnologías de información y comunicación. Parece algo etéreo, pero en realidad conlleva enormes impactos ambientales y energéticos.
Además, la industria digital va mucho más allá de esas primeras imágenes. Es una de las bases fundamentales del tsunami tecnológico que ya está sobre nosotros, pero que difícilmente percibimos en todas sus dimensiones. Entre ellas, por ejemplo, el rápido avance del Internet de las cosas, que se propone sustituir al comercio convencional –incluyendo hasta la compra semanal de los hogares–; la tecnología digital que mueve los mercados financieros; las transacciones y monedas digitales; la digitalización de la agricultura, con el uso de autómatas, drones, satélites, sensores y big data; la optogenética que propone manipular seres vivos a distancia; la omnipresencia de cámaras y sensores que se comunican con gigantescas bases de datos, que pueden incluir hasta nuestros datos genómicos; el Internet de los cuerpos, con la digitalización de la medicina y las nuevas biotecnologías, y el avance de la inteligencia artificial que subyace a todo ello. Todas son áreas de fuertes impactos –escasamente comprendidos por la sociedad– y la lista apenas comienza.
Uno de los aspectos más pesados y a la vez invisibles de la era digital, es que contrariamente a lo que se podría pensar, los impactos materiales, en el medio ambiente, en recursos y demanda de energía son enormes. Jim Thomas, codirector del Grupo ETC, ejemplifica esto en tres sectores: el iceberg de la infraestructura digital, la demanda de almacenamiento de datos y la voraz demanda energética del uso de las plataformas digitales.
La infraestructura digital y de telecomunicaciones ya instalada es muy desigual. Mientras en la mayoría de países de África y otros países del Sur global no llega a 20 por ciento de acceso de la población, en América del Norte supera 90 por ciento. En conjunto, constituye lo que Benjamin Bratton llama la mayor construcción accidental de infraestructura que la humanidad haya hecho jamás. Es decir, la infraestructura está conectada –o pretende estarlo– a todos los rincones del planeta, pero nunca se han tomado decisiones de conjunto sobre ésta, sus múltiples implicaciones e impactos. La mayor parte de la discusión global al respecto, a menudo promovida por empresas de telecomunicación y big data, es sobre supuestos aspectos de equidad (todos deben tener derecho de acceder a la red), y por tanto lo que plantean es que los gobiernos o agencias de apoyo al desarrollo deben construir y pagar por la infraestructura donde no la hay, y en muchos casos le dan prioridad frente a otras necesidades. Lo que en general no se nombra es que la expansión de la infraestructura digital implica, entre otras cosas, aumentar la red de radiación electromagnética a todas partes, que tiene efectos negativos graves, pero poco estudiados, sobre la salud y la biodiversidad. Es, además, un motor de conflictos para extraer los materiales necesarios para construir teléfonos celulares y otros aparatos de trasmisión y recepción.
Paralelamente, el almacenamiento de toda la información digital generada en el planeta se estimó para 2016 en 16.1 zettabytes (un zettabyte es un billón de gigabytes). Para 2025, se calcula que se requerirán 163 zettabytes, 10 veces más (IDC).
Para hacer la cifra un poco más tangible, serían unos 16 mil millones de dispositivos de almacenamiento, aproximadamente dos discos duros de alta capacidad por cada persona en el planeta. Esto requiere una cantidad gigante de materiales, que incluyen minería de muchos elementos, incluyendo raros y escasos, la producción masiva de químicos sintéticos (y basura tóxica) y una enorme cantidad de energía para extracción, fabricación, distribución y uso, incluyendo la operación y ventilación de los dispositivos, etcétera.
Los requerimientos energéticos son a menudo invisibilizados, porque se supone que la digitalización demandaría menos energía que otras actividades, lo cual podría suceder en algunos casos. No obstante, uno de los ejemplos más contundentes de lo contrario es el uso de monedas digitales como el bitcoin. Según datos recientes, una simple transacción en bitcoin, requiere la misma cantidad de energía que usa una casa promedio en Estados Unidos ¡durante dos semanas! (Digiconomist.net)
Estos son algunos ejemplos de los impactos que en general no se consideran. Todos ellos implican además efectos devastadores sobre las comunidades y poblaciones de donde se extraen los recursos, además de las consecuencias sobre la salud de usuarios y quienes están cerca de las líneas y torres de trasmisión, así como sobre fauna, vegetación y biodiversidad.
La tremenda demanda de energía de la infraestructura y operación digital se suma a los factores principales causantes del cambio climático. Por todo ello es necesario que desde las bases de la sociedad asumamos el análisis y evaluación múltiple de los desarrollos tecnológicos, incorporando todos sus aspectos, no solamente los que las industrias quieren vendernos.
*investigadora del Grupo ETC
vía: http://www.jornada.unam.mx/2018/05/12/opinion/021a1eco
Cuando pensamos en la era digital, probablemente lo primero que acude a la mente son computadoras, teléfonos móviles y otros elementos obvios de lo que se ha dado en llamar TIC: tecnologías de información y comunicación. Parece algo etéreo, pero en realidad conlleva enormes impactos ambientales y energéticos.
Además, la industria digital va mucho más allá de esas primeras imágenes. Es una de las bases fundamentales del tsunami tecnológico que ya está sobre nosotros, pero que difícilmente percibimos en todas sus dimensiones. Entre ellas, por ejemplo, el rápido avance del Internet de las cosas, que se propone sustituir al comercio convencional –incluyendo hasta la compra semanal de los hogares–; la tecnología digital que mueve los mercados financieros; las transacciones y monedas digitales; la digitalización de la agricultura, con el uso de autómatas, drones, satélites, sensores y big data; la optogenética que propone manipular seres vivos a distancia; la omnipresencia de cámaras y sensores que se comunican con gigantescas bases de datos, que pueden incluir hasta nuestros datos genómicos; el Internet de los cuerpos, con la digitalización de la medicina y las nuevas biotecnologías, y el avance de la inteligencia artificial que subyace a todo ello. Todas son áreas de fuertes impactos –escasamente comprendidos por la sociedad– y la lista apenas comienza.
Uno de los aspectos más pesados y a la vez invisibles de la era digital, es que contrariamente a lo que se podría pensar, los impactos materiales, en el medio ambiente, en recursos y demanda de energía son enormes. Jim Thomas, codirector del Grupo ETC, ejemplifica esto en tres sectores: el iceberg de la infraestructura digital, la demanda de almacenamiento de datos y la voraz demanda energética del uso de las plataformas digitales.
La infraestructura digital y de telecomunicaciones ya instalada es muy desigual. Mientras en la mayoría de países de África y otros países del Sur global no llega a 20 por ciento de acceso de la población, en América del Norte supera 90 por ciento. En conjunto, constituye lo que Benjamin Bratton llama la mayor construcción accidental de infraestructura que la humanidad haya hecho jamás. Es decir, la infraestructura está conectada –o pretende estarlo– a todos los rincones del planeta, pero nunca se han tomado decisiones de conjunto sobre ésta, sus múltiples implicaciones e impactos. La mayor parte de la discusión global al respecto, a menudo promovida por empresas de telecomunicación y big data, es sobre supuestos aspectos de equidad (todos deben tener derecho de acceder a la red), y por tanto lo que plantean es que los gobiernos o agencias de apoyo al desarrollo deben construir y pagar por la infraestructura donde no la hay, y en muchos casos le dan prioridad frente a otras necesidades. Lo que en general no se nombra es que la expansión de la infraestructura digital implica, entre otras cosas, aumentar la red de radiación electromagnética a todas partes, que tiene efectos negativos graves, pero poco estudiados, sobre la salud y la biodiversidad. Es, además, un motor de conflictos para extraer los materiales necesarios para construir teléfonos celulares y otros aparatos de trasmisión y recepción.
Paralelamente, el almacenamiento de toda la información digital generada en el planeta se estimó para 2016 en 16.1 zettabytes (un zettabyte es un billón de gigabytes). Para 2025, se calcula que se requerirán 163 zettabytes, 10 veces más (IDC).
Para hacer la cifra un poco más tangible, serían unos 16 mil millones de dispositivos de almacenamiento, aproximadamente dos discos duros de alta capacidad por cada persona en el planeta. Esto requiere una cantidad gigante de materiales, que incluyen minería de muchos elementos, incluyendo raros y escasos, la producción masiva de químicos sintéticos (y basura tóxica) y una enorme cantidad de energía para extracción, fabricación, distribución y uso, incluyendo la operación y ventilación de los dispositivos, etcétera.
Los requerimientos energéticos son a menudo invisibilizados, porque se supone que la digitalización demandaría menos energía que otras actividades, lo cual podría suceder en algunos casos. No obstante, uno de los ejemplos más contundentes de lo contrario es el uso de monedas digitales como el bitcoin. Según datos recientes, una simple transacción en bitcoin, requiere la misma cantidad de energía que usa una casa promedio en Estados Unidos ¡durante dos semanas! (Digiconomist.net)
Estos son algunos ejemplos de los impactos que en general no se consideran. Todos ellos implican además efectos devastadores sobre las comunidades y poblaciones de donde se extraen los recursos, además de las consecuencias sobre la salud de usuarios y quienes están cerca de las líneas y torres de trasmisión, así como sobre fauna, vegetación y biodiversidad.
La tremenda demanda de energía de la infraestructura y operación digital se suma a los factores principales causantes del cambio climático. Por todo ello es necesario que desde las bases de la sociedad asumamos el análisis y evaluación múltiple de los desarrollos tecnológicos, incorporando todos sus aspectos, no solamente los que las industrias quieren vendernos.
*investigadora del Grupo ETC
vía: http://www.jornada.unam.mx/2018/05/12/opinion/021a1eco
Chile: Créditos para educación: 616 mil estudiantes deben US$4.500 millones y 27% está en mora...PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES SE HAN TRIPLICADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS...Por: Fernando Vega
¿Cuánto dinero deben los estudiantes de educación superior? Si solo se contabilizan los que ya están pagando: US$4.500 millones repartidos en 13 bancos. Si se suman todos los que han recibido el Crédito con Aval del Estado, incluyendo a los que aún estudian o han pedido prórroga, la cifra salta a US$9.300 millones. En una década la deuda se triplicó y ya hay 168 mil morosos. Los estudiantes que desertaron de sus carreras deben US$579 millones. El presupuesto de Educación Superior destinado a solventar el CAE pasó del 3% en 2006 al 35% en 2017, pero en 2018 caerá al 25% por el avance de la gratuidad.
Por Fernando Vega
La educación superior es una de las puertas de entrada a la movilidad social. Pero en Chile estudiar puede ser también una condena financiera para miles de estudiantes y sus familias. Al cierre del año pasado, más de 616 mil personas mantenían con algún banco una deuda para financiar una formación que probablemente tardarán décadas en pagar. De ellas, 168 mil (27% del total) están en mora –desde un día hasta más de un año–, según indica un reciente informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). El mismo documento señala que en el sistema financiero los préstamos estudiantiles se han triplicado en los últimos diez años, hasta alcanzar los US$4.500 millones a diciembre de 2017.
El año pasado la cifra de créditos otorgados para el financiamiento de estudios superiores fue la más alta desde 2006. En junio alcanzó un peak de US$ 4.700 millones, pero con el inicio de la política de gratuidad comenzó a retroceder hasta los US$ 4.500 millones con que cerró el 2017.
Según reporta el mismo informe de la SBIF, en tan solo una década el número de estudiantes endeudados pasó de 291.776 a 722.035. La mirada optimista eso sí y que coincide con la de los últimos gobiernos, es que esta fórmula ha sido “la” manera de poder incluir a los más vulnerables en el proceso de desarrollo. Nunca antes, la población chilena pudo alcanzar niveles de educación y cobertura tan altos: de 748.405 alumnos en 2007 a 1,2 millones en 2017. El problema ha sido su precio.
Entre distintos tipos de créditos para costear pregrados y postgrados, los estudiantes chilenos o sus familias deben a los 13 mayores bancos del país el equivalente a construir dos nuevas líneas de metro; levantar nueve hospitales de alta complejidad o todas las inversiones que este año tiene previsto realizar Codelco: US$ 4.500 millones.
LA “COMISIÓN CAE”
El tamaño que ha adquirido la deuda global estudiantil es uno de los ejes de la comisión parlamentaria que investigará los “actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior”. También conocida como “Comisión CAE”, en alusión al controversial Crédito con Aval del Estado, fue creada el 18 de abril pasado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Su objetivo es recopilar información respecto a la situación en que se encuentran los deudores de todos los préstamos destinados a financiar estudios superiores y, en segundo término, ofrecer un plan al gobierno para entregar una solución al problema de la alta morosidad.
La comisión, que fue impulsada por el Frente Amplio (FA) y contó con el apoyo de todas las bancadas, se conformará oficialmente el próximo lunes 7 de mayo. Entre los invitados a comparecer figuran desde ya el ex presidente Ricardo Lagos, en cuyo gobierno se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE), y casi todos los ministros de Educación de los gobiernos posteriores.
–Esta comisión no sólo investigará el Crédito con Aval del Estado, que hoy representa el mayor monto de la deuda estudiantil, sino que a todos los sistemas de financiamiento universitario instaurados en las últimas décadas. Todos contienen cláusulas abusivas que han generado situaciones muy difíciles para la vida de más de un millón de personas que siguen pagando varias veces lo que pidieron para poder estudiar, trabajan en otra cosa o han debido enfrentar largos períodos de desempleo o situaciones adversas en su vida familiar– dijo a CIPER la diputada de Izquierda Autónoma, Camila Rojas.
LAS CIFRAS DEL CAE
De los cinco tipo de créditos estudiantiles que administra la banca, la mayor parte corresponde al CAE. Según los datos de la SBIF, el CAE se otorgó por primera vez en 2006 a cerca de 21 mil estudiantes y desde entonces su historia sólo habla de crecimientos. Cada año, el número de deudores CAE subió 13% en promedio hasta alcanzar el máximo de 659.132 en septiembre de 2017. Ese mes y gracias a la implementación de la política de gratuidad en la educación superior, 65 mil jóvenes dejaron el sistema. De todos modos, al cierre de 2017 había 616.037 personas endeudadas con este crédito.
Las cifras que aporta la Comisión Ingresa –entidad pública que administra el CAE– difieren de las que entrega la SBIF. Según la comisión, han recibido este crédito más de 870 mil personas, cerca de 250 mil más que las registradas por la Superintendencia de Bancos. Esto se debe a que la SBIF contabiliza solo los créditos que se están pagando –estén al día o en mora–, mientras que la comisión incluye a todos los que han recibido el CAE (los que están periodo de gracia porque todavía siguen estudiando, aquellos que pidieron prórroga y los que ya están en etapa de cobro). Del total de receptores del CAE, el 55% aún no está obligado a iniciar el pago.
En virtud de estas diferencias, mientras la SBIF calcula el monto global de los créditos concedidos en US$4.500 millones, la Comisión Ingresa registra un total de US$9.300 millones: 49% financiado por la banca y 51% por el Fisco.
Si a la cuenta se añaden los demás créditos estudiantiles, la cifra sube levemente. En ese ítem se consideran los 38 mil préstamos tomados de manera particular por estudiantes ante los bancos (similares a un crédito de consumo de largo plazo) y los 37 mil deudores que todavía están pagando sus estudios realizados en los 90 y financiados por programas que incluían las garantías o préstamos directos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Ambos ítems suman en conjunto una deuda cercana a los US$300 millones.
25% DEL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
De los US$9.300 millones que suma el total de créditos CAE concedidos desde 2006 a la fecha, surge la duda de si al país le habría convenido más financiar la educación superior con recursos fiscales. Esa alternativa fue desestimada por todos los gobiernos, que optaron por destinar recursos a satisfacer otras necesidades. Este es otro de los ejes que se planteó la “Comisión CAE”: determinar si el Estado gastó de más –y cuánto– por su decisión de no haber abierto la billetera.
Respecto del gasto en que ha incurrido el Estado, las cifras de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) son claras. Desde la implementación del CAE el gasto fiscal para financiar ese crédito ha crecido exponencialmente. Mientras en 2006 el CAE se “comía” el 3% del presupuesto de Educación Superior; en 2017 ya iba por el 35% y para este 2018 se espera que sea de “apenas” el 25%, pero solo por el avance de la gratuidad.
Ese fuerte gasto se explica por el incentivo que se puso para asegurar la participación de los bancos en el sistema. El Estado ofreció a la banca, desde un principio, recomprar las carteras del CAE, pagándole un sobreprecio –de al menos 6%– para compensar los riesgos de otorgar un préstamo a estudiantes provenientes de familias vulnerables o que cursen carreras de baja empleabilidad. Este sobreprecio se conoce, en la jerga del CAE, como “recarga”. Con este mecanismo, se buscaba también convencer a la banca de que el peligro de no pago de los futuros egresados estaba controlado, gracias a la garantía fiscal.
Ya en 2011 CIPER calculó que mediante la “recarga” el Estado había entregado a los bancos cerca de $150 mil millones solo por actuar como intermediarios (vea ese reportaje). La misma investigación de CIPER estableció que el monto de recursos públicos que se usó en 2009 para recomprar créditos a los bancos, habría permitido financiar educación gratis a los 72 mil jóvenes que ese año pidieron el crédito.
Entre distintos tipos de créditos para costear pregrados y postgrados, los estudiantes chilenos o sus familias deben a los 13 mayores bancos del país el equivalente a construir dos nuevas líneas de metro; levantar nueve hospitales de alta complejidad o todas las inversiones que este año tiene previsto realizar Codelco: US$ 4.500 millones”.
Desde 2006 a 2011, según un estudio de académicos de la Universidad de Santiago, el Estado recompró a los bancos créditos por US$ 914 millones, con una “recarga” ascendente a US$298 millones.
En septiembre de 2012, el Gobierno tramitaba la rebaja de la tasa de interés del CAE en el Congreso. Entonces, el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, decía: “Cuando en la Ley de Presupuestos se mira el monto total del desembolso por concepto de CAE y se dice que sería más barato para el Fisco otorgar becas, se incurre en un error, pues lo que allí se consigna es el monto de los préstamos que el Estado deberá recuperar más el subsidio a la tasa de interés. No refleja el monto de recursos necesarios para financiar a todos los estudiantes de educación superior que lo requieren. De ahí la importancia que adquiere también lograr que la tasa de recuperación de estos créditos sea suficientemente alta…”.
Pero a cinco años de esas declaraciones, el presupuesto solo para Educación Superior (2018) ya alcanza a los $2.073.138 millones, de los cuales un cuarto está destinado a la partida “Compra de Títulos y Valores” que refleja la operación de recompra del CAE: nada menos que $518.756 millones.
La recompra de cartera partió el mismo 2006 con la readquisición del 18% de los préstamos entregados ese año; porcentaje que en 2014 subió al 43%, y bajó al 42% en 2015.
Además de la recompra, el Estado hace un segundo gasto: la garantía estatal para estos créditos. El fisco “se pone” con un porcentaje del arancel para que las instituciones de educación superior reciban a los alumnos. Para este año, la ley de Presupuestos fijó en $281.187 millones el monto máximo a destinar a este ítem. En 2017 fue de $ 394.698 millones. La caída también se explica por la gratuidad.
Hay un tercer pago que también va para la banca: el diferencial de cuatro puntos porcentuales de la tasa de interés que el propio gobierno de Piñera estableció en 2012 al rebajar del 6% al 2% la tasa de interés de estos créditos. Cuando las multitudinarias marchas estudiantiles de 2011-2012 tenían en jaque al primer gobierno de Piñera, La Moneda anunció este recorte para aliviar a las familias de los deudores. El costo de esta medida implicó un gasto fiscal de otros $38 mil millones que fueron a parar a los bancos. La cifra va bajando a medida que envejecen los préstamos CAE entregados entre 2006 y 2012, cuando la tasa era de 6%. Desde septiembre de ese año, todos estos nuevos préstamos vienen con el interés fijo de 2%.
ENDEUDADOS POR TÍTULOS
El resultado ha sido un país endeudado por títulos de educación superior. De manera tan dramática que el problema se tomó la agenda electoral 2017. Primero, Beatriz Sánchez (FA), después Alejandro Guillier (NM) y por último Sebastián Piñera (Chile Vamos) hicieron de esta demanda una de sus banderas programáticas.
Hasta 2015, el aporte estatal al financiamiento educacional se realizaba principalmente a través de becas de matrícula o aranceles, bajo la ortodoxia liberal de los beneficios focalizados. Pero en 2016 Bachelet introdujo la gratuidad como un derecho social universal. No obstante su instalación se programó de manera progresiva y amarrada al crecimiento de la economía y su capacidad para generar recursos vía impuestos.
El año pasado, cuando la gratuidad abarcaba al 50% de los jóvenes más vulnerables, el Estado destinó a esa política $460 mil millones que beneficiaron a 168 mil universitarios y otros $165 mil millones para 93 mil estudiantes técnicos. Para este año, el Ministerio de Educación (Mineduc) asignó a 327.726 jóvenes la gratuidad en la enseñanza superior.
En noviembre del año pasado, tras el mal resultado de la primera vuelta electoral, Sebastián Piñera se comprometió ante el senador Manuel José Ossandón (RN) a ampliar la gratuidad hasta el 90% de los alumnos más vulnerables de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Días después de su triunfo varios analistas explicaron en esa oferta, una de las razones de su éxito.
El 16 de abril pasado, el Gobierno envió el proyecto de ley que cumple con esa promesa, pero por ahora para el 70% más vulnerable de la población estudiantil que asiste a planteles técnicos sin lucro y con más de cuatro años de acreditación. “La gratuidad en la educación superior ha llegado para quedarse y no habrá lucro en la educación universitaria”, dijo el Presidente al firmar ese proyecto de ley. Y se comprometió a alcanzar el 90% de los estudiantes técnicos más vulnerables en los próximos cuatro años.
Pero no será fácil cumplir con esa promesa, el gobierno sabe que dentro de su propio conglomerado hay sectores –como Evópoli y de la UDI– que no están de acuerdo con la gratuidad como política social e intentarán bloquear los intentos para financiarla. Por si fuera poco, en la oposición hay sectores que creen que la apuesta es muy corta y que una educación superior no solo debe ser libre de deudas, sino también de otros pagos.
25 MIL MOROSOS MÁS
Aunque no existen alertas públicas de una posible burbuja en los créditos estudiantiles, las cifras de la SBIF muestran que entre pregrados y postgrados nacionales y extranjeros el 27% de los deudores educacionales, está moroso. Son más de de 167 mil personas, que deben el equivalente a unos US$120 millones.
Y van en aumento. “Si se compara con la anterior medición de 2016, son más de 25 mil los nuevos morosos educacionales que se sumaron solamente en un año. Ello significa un crecimiento de 18%, mientras que los montos implicados subieron en más de U$S20 millones, expandiéndose por sobre el 21%”, explicó a CIPER el director de Chiledeudas, Guillermo Figueroa.
De acuerdo con ese informe, hay 38 mil personas que registran impagos superiores a 1 año por US$56 millones.
Si se compara con la anterior medición de 2016, son más de 25 mil los nuevos morosos educacionales que se sumaron solamente en un año. Ello significa un crecimiento de 18%, mientras que los montos implicados subieron en más de U$S20 millones, expandiéndose por sobre el 21%”. Guillermo Figueroa, director de Chiledeudas.
Cuando el 6 de marzo de 2018, a cinco días de dejar el poder, el gobierno de Michelle Bachelet presentó ante el Congreso el proyecto de ley que creaba el Crédito Estatal para la Educación Superior (Cepes) en reemplazo del CAE, la Dipres reconocía en el informe financiero las dificultades que habrá para cobrar esos préstamos, estimando que al menos el 32% no será pagado. Es decir, habrá unos US$2.460 millones que deberán ser pasados a gasto fiscal.
De acuerdo con ese informe, la cartera de los créditos post CAE llegaría a US$8.000 millones, de los cuales una parte tendría que ser sí o sí subsidiada por el Fisco. Los cálculos indicaban que entre 2018 y 2027 el Estado necesitaría otros US$ 6.065 millones para comprar todos los créditos a la banca y dejarla amistosamente fuera del negocio.
En abril, el nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela, anunció el retiro de ese proyecto de ley, y su próximo reemplazo por otro que aún se trabaja con los ministerios de Hacienda y Segpres.
Las últimas cifras de la Comisión Ingresa indican que el 72% de los egresados se encuentra al día con su deuda, pagando una cuota mensual promedio de 0,85 UF (unos $23.000). El saldo promedio de la deuda es en torno a las 129 UF ($3,5 millones aproximadamente)
ALTO COSTO EN IMAGEN
En la banca ven con tranquilidad la decisión del gobierno de marginarlos del negocio. Aunque reconocen que se trata de créditos rentables y garantizados, directores de algunas entidades sostienen que hoy el principal problema de estas operaciones es su riesgo reputacional. “Al final, esta ha sido una política pública que ha tenido un enorme costo en imagen para todo el sistema”, grafican en el sector.
Además, se trata de créditos cada vez menos “interesantes”: la tasa de interés de UF +2%, fijada por el Estado para el CAE, no es de mercado: hoy, para un crédito educacional a largo plazo el interés que se cobra es aproximadamente el doble.
A diciembre, los créditos entregados por la banca para financiar la educación superior sin ningún tipo de apoyo estatal equivalían al 6,2% de toda la “cartera estudiantil”: $196.407 millones y los bancos Estado, Santander y Chile eran los principales actores. Este tipo de crédito ha ido perdiendo peso: pasó de financiar al 22% de los jóvenes en 2012 al 5,41% en septiembre pasado, pero las cifras de diciembre mostraron un leve repunte, que estaría dado por quienes no pudieron conseguir la gratuidad en una primera instancia.
Es un tipo de financiamiento plenamente vigente y el que más le interesa a la banca, ya que ésta puede elegir a quien entregarle el préstamo, lo que implica filtrar por ingresos del aval o sostenedor, carrera, universidad y, sobre todo, asegurar su cobranza. A eso, hay que añadir que un crédito de este tipo permite establecer una relación de largo plazo con el joven que después de titulado se hace cliente, abre cuenta corriente, compra seguros, pide otro crédito e invierte en la misma institución financiera. Es lo que en jerga bancaria se llama “rentabilizar” un cliente.
También con recursos propios del sistema financiero, pero con la garantía de Corfo, hay otros 19.807 créditos vigentes que totalizan $42.241 millones. En 2009 este tipo de financiamiento llegó a representar el 21% de toda la cartera. Hoy sólo se están cobrando las últimas cuotas, pero sus condiciones son aún consideradas excesivas: pagos en UF a tasas de entre 7% y 9%. Son préstamos universitarios más caros que los hipotecarios.
Las cifras de la SBIF también muestran a otros 7.927 deudores Corfo, cuyas obligaciones suman $27.503 millones, el 1% de toda la deuda estudiantil informada por la banca al 31 de diciembre de 2017. Debido a que sus requisitos eran mayores, estos préstamos fueron tomados principalmente por familias de clase media. Desde 2009, esta modalidad nunca llegó a representar más del 8,6% de toda la cartera.
Precisamente, para reemplazar al crédito Corfo fue que nació el CAE. Con este nuevo sistema, el Estado se convertía en aval del deudor, lo que convertía a alumnos de todas las instituciones de educación superior –incluso provenientes de familias vulnerables– en un negocio seguro para la banca.
Hasta la fecha, el CAE ha beneficiado principalmente a estudiantes de universidades privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica: entre 2006 y 2017 cinco instituciones –Duoc, U. Andrés Bello, U. Santo Tomás, Aiep y U. San Sebastián– concentraron el 34,7% de la demanda: 572 mil alumnos.
Al 31 de diciembre de 2017, según los registros de la Comisión Ingresa, había un total de US$579 millones correspondientes a deuda de estudiantes que desertaron de sus carreras, por lo que existe una alta probabilidad de que esos fondos deban ser cubiertos por el Estado.
EL IMPACTO DE LA GRATUIDAD
La puesta en marcha de la gratuidad permitió que entre 2016 y 2017, unos 65 mil estudiantes dejaran de utilizar el CAE para financiar su educación superior. Se trata mayoritariamente de alumnos de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Mientras en 2016 fueron 34.111 los jóvenes que se endeudaron con CAE para ingresar a un IP, el año pasado apenas usaron esta forma de financiamiento 18.925 personas. En los CFT, la baja fue desde 12.469 a 6.175 en igual período. “En 2017 se produce una significativa baja en el número de nuevos beneficiarios CAE y en el monto de aranceles financiados, ya que a la gratuidad se sumaron nuevas instituciones que, hasta entonces, tenían una alta participación en el Sistema de Crédito, como Inacap y Duoc”, indica la Cuenta Pública 2017 de la entidad.
De acuerdo con ese informe, la gratuidad ha permitido que los primeros dos quintiles de la población disminuyan su participación en el CAE. “Lo anterior daría cuenta de que la implementación gradual del programa de gratuidad ha comenzado a beneficiar a aquellos quintiles de menores ingresos, reemplazando al CAE (y también a las becas y al Fondo Solidario de Crédito Universitario) como mecanismo de financiamiento de sus carreras”.
El balance de la comisión añade que, en este contexto, “el CAE ha operado como un mecanismo complementario al programa de gratuidad, financiando los aranceles de aquellos estudiantes provenientes de quintiles de mayores ingresos que aún no pueden acceder a gratuidad, dada la gradualidad de su implementación”.
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El Imperio: El nuevo Hitler... Guillermo Almeyra
Guillermo Almeyra
Donald Trump nació en una familia de nazis, miembros del Ku Klux Klan y se educó en el racismo, el culto del imperialismo y del dinero obtenido como fuere, el rechazo a la ciencia y el humanismo, la obtención de los fines por cualquier medio y la fe ciega en que un Dios capitalista y salvaje eligió a Estados Unidos para gobernar a los pueblos inferiores. Representa con su primitivismo y su ignorancia el atraso cultural y político de la mitad de la población de su país, que ni siquiera se da cuenta de que poner a Dios en su moneda es una blasfemia, cree a pie juntillas en la Creación del mundo en siete días, rechaza las teorías evolucionistas y se guía por el libro de unas tribus bárbaras que habían inventado un Dios –Jehová– tan salvaje como ellas, capaz de pedirle a Abraham que le sacrificase su hijo primogénito. Esas son las bases del fascismo de masas y con armas nucleares que amenaza hoy a la humanidad entera. Hace muchos años, por la década de los años 60, escribí que todo indicaba que el nuevo Hitler sería estadunidense: desgraciadamente, así es.
Como Hitler o Mussolini, que invadió Etiopía y lanzó gases asfixiantes sobre guerreros armados con lanzas pisoteando las resoluciones de la Sociedad de las Naciones (la ONU de entonces), Trump se opone al multilateralismo y le opone las decisiones de la Casa Blanca convertida en juez, gendarme y verdugo a escala mundial por decisión divina. Como Hitler, desconoce las leyes internacionales y los tratados firmados por su país y es capaz, como su antecesor, de bombardear nuevas Guernicas.
Ahora adoptó todas las posiciones del gobierno clerical y de extrema derecha de Netanyahu, el cual es tan racista, colonialista, adorador de la fuerza bruta y terrorista como él y se lanza contra Irán que tiene 80 millones de habitantes, es un aliado de Rusia y de China y está situado tanto en Medio Oriente como en la frontera con el Extremo Oriente (Afganistán, India, Pakistán, China y Vietnam).
Israel es un país de 21 mil kilómetros cuadrados poblado por unos nueve millones de habitantes, un millón de los cuales son árabes. Irán está 10 veces más poblado y tiene un territorio 40 veces más grande en el que podría esconder fácilmente laboratorios y silos nucleares. Siria, además, controla el territorio situado a 50 km de Israel y es aliado de Irán y Rusia, que podrían armarla con armas letales para atacar ciudades israelíes. Un ataque de Netanyahu-Trump contra Irán desataría por consiguiente una guerra con armas de máxima destrucción o, incluso, con armas nucleares tácticas o a distancia media. Todos los países de la región, empezando por Israel, Irán, el Líbano y Siria, podrían verse envueltos en ella. En efecto, el Líbano ha sido señalado varias veces por el fascista Netanyahu como un objetivo inmediato por la fuerza en ese país y particularmente en el sur del mismo del partidoHezbollah, aliado de Siria, que acaba de triunfar en la elección general. Irak también es aliado del gobierno de Bachir al Assad en su lucha contra los restos del Daech, al igual que Rusia. Quien ataque seriamente a uno podría tener que enfrentar a todos a la vez e incluso retorsiones de Beijing, que hasta ahora permanece en silencio, pero apoya a Irán.
Netanyahu, en su ataque brutal y pirateril contra instalaciones militares sirias cercanas a Damasco, tuvo este miércoles el tino de avisar previamente a los soldados rusos (que, por supuesto, transmitieron el aviso a los sirios), pero cualquier futuro mal paso podría provocar una respuesta de Vladimir Putin, a pesar de las excelentes relaciones que existen entre éste y el colonialista y fascista Netanyahu.
Hasta Jordania y Egipto, que tratan desesperadamente de distanciarse de Siria, podrían verse involucrados en el conflicto y, en la primera fase del mismo, deberán alojar a cientos de miles de refugiados sirios y palestinos que serían expulsados de sus hogares por el recrudecimiento y la potenciación de la guerra actual.
Trump y Netanyahu, en las Naciones Unidas y en el mundo están solos, si se exceptúa a Arabia Saudita, sostenedora de Daech. Pero un par de dementes apoyados masivamente por otros locos e ignorantes pueden provocar desastres inmensos.
La Unión Europea –es decir, Alemania, Francia y el Reino Unido, que está con un pie fuera de la misma– mantiene el tratado con Irán. Este país rico y poblado es, por cierto, un buen mercado para alemanes, franceses y británicos, y Francia sola ha firmado acuerdos con Irán por decenas de miles de millones de euros para la fabricación de miles de automóviles, para la construcción de aviones y para el gas.
Es probable, por consiguiente, que los gobiernos de esas naciones compensen a las empresas las sanciones de Estados Unidos a quienes sigan comerciando con Irán, pero habrá que ver si la economía de los países europeos soporta una sangría para mantener relaciones económicas con Irán que podrían ser interrumpidas en cualquier momento por un ataque imperialista.
Habría que ver si el monto de los subsidios estatales compensa las pérdidas eventuales y si las empresas prefieren mantener sus contratos iraníes poniendo en peligro su acceso a Estados Unidos y otros negocios a nivel mundial. Habría que ver, por último, si el gobierno iraní considera suficientes las garantías de que los países de la Unión Europea seguirán colaborando para el desarrollo del país. Son demasiadas interrogantes.
Es necesario parar al nuevo Hitler, para empezar boicoteando todos los productos israelíes y estadunidenses y exigir a los gobiernos latinoamericanos que se diferencien de Trump, porque si el orate furioso avasallase a los países europeos y a Irán, avanzando un paso más hacia la guerra con China y Rusia, se reforzaría el yugo que pesa hoy sobre todos.
almeyraguillermo@gmail.com
vía:http://www.jornada.unam.mx/2018/05/13/opinion/015a2pol
Donald Trump nació en una familia de nazis, miembros del Ku Klux Klan y se educó en el racismo, el culto del imperialismo y del dinero obtenido como fuere, el rechazo a la ciencia y el humanismo, la obtención de los fines por cualquier medio y la fe ciega en que un Dios capitalista y salvaje eligió a Estados Unidos para gobernar a los pueblos inferiores. Representa con su primitivismo y su ignorancia el atraso cultural y político de la mitad de la población de su país, que ni siquiera se da cuenta de que poner a Dios en su moneda es una blasfemia, cree a pie juntillas en la Creación del mundo en siete días, rechaza las teorías evolucionistas y se guía por el libro de unas tribus bárbaras que habían inventado un Dios –Jehová– tan salvaje como ellas, capaz de pedirle a Abraham que le sacrificase su hijo primogénito. Esas son las bases del fascismo de masas y con armas nucleares que amenaza hoy a la humanidad entera. Hace muchos años, por la década de los años 60, escribí que todo indicaba que el nuevo Hitler sería estadunidense: desgraciadamente, así es.
Como Hitler o Mussolini, que invadió Etiopía y lanzó gases asfixiantes sobre guerreros armados con lanzas pisoteando las resoluciones de la Sociedad de las Naciones (la ONU de entonces), Trump se opone al multilateralismo y le opone las decisiones de la Casa Blanca convertida en juez, gendarme y verdugo a escala mundial por decisión divina. Como Hitler, desconoce las leyes internacionales y los tratados firmados por su país y es capaz, como su antecesor, de bombardear nuevas Guernicas.
Ahora adoptó todas las posiciones del gobierno clerical y de extrema derecha de Netanyahu, el cual es tan racista, colonialista, adorador de la fuerza bruta y terrorista como él y se lanza contra Irán que tiene 80 millones de habitantes, es un aliado de Rusia y de China y está situado tanto en Medio Oriente como en la frontera con el Extremo Oriente (Afganistán, India, Pakistán, China y Vietnam).
Israel es un país de 21 mil kilómetros cuadrados poblado por unos nueve millones de habitantes, un millón de los cuales son árabes. Irán está 10 veces más poblado y tiene un territorio 40 veces más grande en el que podría esconder fácilmente laboratorios y silos nucleares. Siria, además, controla el territorio situado a 50 km de Israel y es aliado de Irán y Rusia, que podrían armarla con armas letales para atacar ciudades israelíes. Un ataque de Netanyahu-Trump contra Irán desataría por consiguiente una guerra con armas de máxima destrucción o, incluso, con armas nucleares tácticas o a distancia media. Todos los países de la región, empezando por Israel, Irán, el Líbano y Siria, podrían verse envueltos en ella. En efecto, el Líbano ha sido señalado varias veces por el fascista Netanyahu como un objetivo inmediato por la fuerza en ese país y particularmente en el sur del mismo del partidoHezbollah, aliado de Siria, que acaba de triunfar en la elección general. Irak también es aliado del gobierno de Bachir al Assad en su lucha contra los restos del Daech, al igual que Rusia. Quien ataque seriamente a uno podría tener que enfrentar a todos a la vez e incluso retorsiones de Beijing, que hasta ahora permanece en silencio, pero apoya a Irán.
Netanyahu, en su ataque brutal y pirateril contra instalaciones militares sirias cercanas a Damasco, tuvo este miércoles el tino de avisar previamente a los soldados rusos (que, por supuesto, transmitieron el aviso a los sirios), pero cualquier futuro mal paso podría provocar una respuesta de Vladimir Putin, a pesar de las excelentes relaciones que existen entre éste y el colonialista y fascista Netanyahu.
Hasta Jordania y Egipto, que tratan desesperadamente de distanciarse de Siria, podrían verse involucrados en el conflicto y, en la primera fase del mismo, deberán alojar a cientos de miles de refugiados sirios y palestinos que serían expulsados de sus hogares por el recrudecimiento y la potenciación de la guerra actual.
Trump y Netanyahu, en las Naciones Unidas y en el mundo están solos, si se exceptúa a Arabia Saudita, sostenedora de Daech. Pero un par de dementes apoyados masivamente por otros locos e ignorantes pueden provocar desastres inmensos.
La Unión Europea –es decir, Alemania, Francia y el Reino Unido, que está con un pie fuera de la misma– mantiene el tratado con Irán. Este país rico y poblado es, por cierto, un buen mercado para alemanes, franceses y británicos, y Francia sola ha firmado acuerdos con Irán por decenas de miles de millones de euros para la fabricación de miles de automóviles, para la construcción de aviones y para el gas.
Es probable, por consiguiente, que los gobiernos de esas naciones compensen a las empresas las sanciones de Estados Unidos a quienes sigan comerciando con Irán, pero habrá que ver si la economía de los países europeos soporta una sangría para mantener relaciones económicas con Irán que podrían ser interrumpidas en cualquier momento por un ataque imperialista.
Habría que ver si el monto de los subsidios estatales compensa las pérdidas eventuales y si las empresas prefieren mantener sus contratos iraníes poniendo en peligro su acceso a Estados Unidos y otros negocios a nivel mundial. Habría que ver, por último, si el gobierno iraní considera suficientes las garantías de que los países de la Unión Europea seguirán colaborando para el desarrollo del país. Son demasiadas interrogantes.
Es necesario parar al nuevo Hitler, para empezar boicoteando todos los productos israelíes y estadunidenses y exigir a los gobiernos latinoamericanos que se diferencien de Trump, porque si el orate furioso avasallase a los países europeos y a Irán, avanzando un paso más hacia la guerra con China y Rusia, se reforzaría el yugo que pesa hoy sobre todos.
almeyraguillermo@gmail.com
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Argentina: Día clave para la economía argentina: ¿Por qué son tan importantes las Lebacs?
Este martes vencen 640.000 millones de pesos (26.000 millones de dólares) depositados en Letras del Banco Central, más conocidas como Lebacs. En medio de una corrida cambiaria que ha llevado a una considerable devaluación de la moneda local, desde el Gobierno de Mauricio Macri buscan que la mayoría de los inversores renueven su apuesta a estos títulos. El objetivo es que esa gran masa de dinero se mantenga en pesos y no se traslade a la compra de dólares, ya que eso volvería a presionar al alza la moneda estadounidense. Para esto se han tomado distintas medidas.
Venezuela-El Imperio: El “Golpe Maestro” de Estados Unidos contra Venezuela (Documento del Comando Sur) por Stella Calloni
- Almirante Kurt W. Tidd, comandante en jefe del Comando Sur estadounidense (SouthCom)
Panamá, Colombia, Brasil, Guyana son puntos claves de la operación militar, con el apoyo de Argentina y de «otros amigos», bajo control del Pentágono. Ya tienen preparadas desde las bases que ocuparán, los países de apoyo directo (fronterizos) hasta hospitales y centros de acopio de víveres para sus soldados.
Todo esto aparece especificado en un documento real, de 11 páginas, que lleva la firma del almirante Kurt Walter Tidd, actual comandante en jefe del Comando Sur [SouthCom] estadounidense, documento aún no divulgado.
El documento analiza la situación actual ratificando la Guerra que se libra contra Venezuela, pero también el perverso esquema de la guerra psicológica que permite entender la persecución, el acoso, el desprestigio, la mentira criminal que se utilizan para acabar no sólo con las dirigencias populares sino contra los pueblos de la región.
Al referirse a la situación actual de Venezuela, el Plan menciona que se tambalea la «dictadura venezolana chavista como resultado de sus problemas internos, la gran escasez de alimentos, el agotamiento de ingreso de fuentes de dinero externo y una corrupción desenfrenada, que ha mermado el apoyo internacional, ganado con petrodólares, y que el poder de la moneda nacional llega con escaso tiempo y el poder adquisitivo de la moneda nacional está en constante picada».
Asumen que este escenario, que admiten haber creado ellos mismos, con una impunidad que aterra, no cambiará. En este caso justifican sus acciones afirmando que el gobierno venezolano acudirá a nuevas medidas «populistas» para conservar el poder.
Asombra en qué lugar colocan a la oposición que el mismo Estados Unidos maneja, asesora y paga, al entender que «el corrupto régimen de Maduro colapsará, pero lamentablemente las fuerzas opositoras defensoras de la democracia y del bienestar a su pueblo, no tienen poder suficiente para poner fin a la pesadilla de Venezuela» por las disputas internas e incluso por «la corrupción similar a la de sus rivales, así como la escasez de raíces» que no les permite sacar «el máximo provecho de esta situación y dar el paso necesario para poner fin al estado de penuria y precariedad en los que el grupo de presión que ejerce la dictadura de izquierda ha sumergido al país».
Lo que resulta aterrador es que mientras consideran que se está ante «una acción criminal sin precedentes en América Latina», refiriéndose al gobierno de Venezuela –un gobierno que nunca ha actuado contra ninguno de sus vecinos y que ha sido de una intensa solidaridad regional y mundial–, el Plan estadounidense sostiene que la «democracia se extiende en América, continente en el cual el populismo radical estaba destinado a tomar el control». Argentina, Ecuador y Brasil son ejemplo de ello. «Este renacimiento de la democracia (así le llaman) está soportado sobre las determinaciones más valiosas y las condiciones de la región corren a su favor. Este es el momento para que Estados Unidos pruebe, con acciones concretas que está implicado en ese proceso en el que derrocar a la dictadura venezolana seguramente representará un punto de inflexión continental».
Por otra parte alientan al presidente estadounidense Donald Trump a actuar considerando que «esta es la primera oportunidad de la administración Trump para demostrar y llevar adelante su visión sobre democracia y seguridad», y convencerlo de que «su participación activa es crucial, no sólo para la administración sino para el continente y el mundo. El momento ha llegado».
Esto significa «intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de su representante, socavar el apoyo popular«» al gobierno y
“alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y el desabastecimiento” [para] “asegurar el deterioro irreversible de su actual dictador”.Si uno quiere entender a fondo el arte de la perversión contrainsurgente basta leer la parte en que el documento se refiere al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alentando a «sitiarlo, ridiculizarlo y mostrarlo como un símbolo de torpeza e incompetencia, exponerlo como una marioneta de Cuba».
Pero también sugieren:
“exacerbar la división entre los miembros del grupo de gobierno, revelando las diferencias de sus condiciones de vida y las de sus seguidores y al mismo tiempo incitándolos a mantener en aumento esas divergencias”.El plan está destinado a ejecutarse en forma rápida y furiosa, como las medidas tomadas por los mayordomos de Washington, Mauricio Macri (Argentina) y Michel Temer (Brasil), ambos con una escandalosa historia de corrupción pero transformados por el Imperio en «líderes de la transparencia» que tomaron medidas en horas para la destrucción de los Estados nacionales con la certeza del disparo de un misil.
El documento firmado por el jefe del Comando Sur estadounidense demanda hacer insostenible el gobierno de Maduro forzándolo a claudicar, negociar o escapar. Este Plan para acabar en plazos muy cortos con la llamada «dictadura» de Venezuela llama a:
“Incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro.”Otro objetivo es
“obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo desmotivar a los posibles inversores foráneos”para –y vean ustedes la bondad del Imperio–
“contribuir a hacer más crítica la situación de la población”.También abarca el Plan en sus 11 páginas
“apelar a aliados domésticos como a otras personas insertadas en el escenario nacional con el objetivo de generar protestas, disturbios e inseguridad, pillaje, saqueos, robos, asaltos y secuestros de buques y de otros medios de transportes, con la intención de desabastecer el país, a través de todas las fronteras y otras posibles maneras, poniendo en peligro la seguridad nacional de sus vecinos”.
La propuesta va subiendo de tono como cuando llama a
“estructurar un plan para lograr la deserción de los profesionales más calificados del país, para dejarlos sin profesionales en absoluto, lo que agravará más la situación interna y en este sentido culpar al gobierno”.
Parte 2. La mano militar
Como en una novela de suspenso, este Plan llama a «utilizar a los oficiales del ejército como una alternativa de solución definitiva» y“continuar endureciendo la condición dentro de las Fuerzas armadas para llevar a cabo un golpe de Estado, antes de que concluya el 2018, si esta crisis no hace que la dictadura colapse o el dictador no se decide a hacerse a un lado”.Entendiendo que todo lo anterior puede fallar, y con evidente desprecio por la oposición venezolana, el Plan llama a «continuar el fuego continuo en la frontera con Colombia, multiplicar el tráfico de combustible y otros bienes, el movimiento de los paramilitares, incursiones armadas y tráfico de drogas, provocando incidentes armados con las fuerzas de Seguridad de la Frontera» venezolana y además a
“reclutar paramilitares mayormente de los campos de refugiados en Cúcuta, la Guajira y del Norte de Santander, áreas ampliamente pobladas por ciudadanos colombianos que emigraron a Venezuela y que ahora retornaron, huyendo del régimen que intensificó la desestabilización entre las fronteras entre los dos países, usando el espacio vacío que dejó la FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], la beligerancia del ELN [Ejército de Liberación Nacional (Colombia)] y las actividades en el área del cártel del Golfo (paramilitares)”.Aquí viene la estructuración del golpe final cuando se planea
“preparar el involucramiento de fuerzas aliadas en apoyo a los oficiales del ejército venezolano o para controlar la crisis interna en caso de que se demore mucho la iniciativa (…) establecer en una línea de tiempo rápido que prevenga que el dictador continúe ganando el control del escenario interno. Si fuera necesario actuar antes de las elecciones estipuladas para el próximo mes de abril”.En realidad, esas elecciones serán el 20 de mayo y desde ya Estados Unidos y sus comparsas han hecho saber que no las reconocen.
El nudo de la cuestión es
“obtener el apoyo de cooperación de las autoridades aliadas de países amigos (Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Guyana). Organizar las provisiones de las tropas, apoyo logístico y médico desde Panamá. Hacer buen uso de las facilidades de la vigilancia electrónica y las señales inteligentes; de hospitales y dotaciones desplegadas en Darién (selva panameña), el equipamiento de drones del Plan Colombia, como también las tierras de las antiguas bases militares de Howard y Albroock (Panamá) así como las pertenecientes a Río Hato. Además en el Centro regional Humanitario de Naciones Unidas, diseñado para situaciones de catástrofe y emergencia humanitarias, que cuenta con un campo de aterrizaje aéreo y sus propios almacenes”.Como vemos, ya se trata de un escenario de intervención donde se propone
“avanzar en la basificación (estacionarse) de aviones de combate y helicópteros, vehículos blindados, posiciones de inteligencia y unidades militares de logística especiales (policías, oficiales militares y prisiones) (…)Y más aún
“Desarrollar la operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático, del secretario general [de la OEA] Luis Almagro.
“Declarando la necesidad de que el Comando Continental fortalezca la acción, usando del instrumento del Capítulo Democrático Interamericano, con el objetivo de evitar la ruptura democrática”.
“Uniendo a Brasil, Argentina, Colombia y Panamá para contribuir al mejor número de tropas, hacer uso de su proximidad geográfica y experiencia en operaciones en regiones boscosas o selváticas. Fortaleciendo su condición internacional con la presencia de unidades de combate de Estados Unidos y de las naciones mencionadas; bajo el mando general del Estado Mayor Conjunto lidereado por Estados Unidos”.Asombra la impunidad con que todo se está preparando a espaldas de los pueblos, en la ilegalidad absoluta, y esto hace comprensibles las recientes maniobras militares de Estados Unidos en esta región en la frontera de Brasil con Venezuela (Brasil, Perú Colombia), en el Atlántico Sur (Estados Unidos, Chile, Gran Bretaña, Argentina), en el caso argentino sin autorización del Congreso nacional, en octubre-noviembre pasado.
“Usando las facilidades del territorio panameño para la retaguardia y las capacidades de Argentina para la seguridad de sus puertos y de las posiciones marítimas (…)Pero además, se prevé
Proponer a Brasil y Guyana para hacer uso de su situación migratoria a la cual tenemos intención de alentar en la frontera con Guyana.
“promover la participación internacional en este esfuerzo como parte de la Operación Multilateral con contribución de Estados, organismos no estatales y cuerpos internacionales y abastecer de adecuada logística, inteligencia, apoyos, anticipando especialmente los puntos más valiosos en Aruba, Puerto Carreño, Inirida, Maicao, Barranquilla y Sincelejo en Colombia, y Roraima, Manaos y Boavista en Brasil”.Increíble mapa de una guerra de intervención anunciada.
Información estratégica
Es asombroso el plan de silenciar «el simbolismo de la presencia de la representatividad de Chávez y el apoyo popular» y mantener el acoso «al dictador como único responsable de la crisis en la cual él ha sumergido a la nación» y a sus más cercanos seguidores, a los que se acusará de la crisis y la imposibilidad de salir de ésta.En otro párrafo se llama a
“intensificar el descontento contra el régimen de Maduro (…) señalar la incompetencia de los mecanismos de integración creados por los regímenes de Cuba y Venezuela, especialmente el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América) y Petrocaribe”.En cuanto al tema mediático, el plan diseñado por Estados Unidos llama a incrementar dentro del país, a través de los medios de comunicación locales y extranjeros, la diseminación de mensajes diseñados y basados en testimonios y publicaciones originados en el país mismo, haciendo uso de todas las capacidades posibles, incluidas las redes sociales, y por otra parte «llamar a través de los medios de comunicación a la necesidad de poner fin a esa situación porque es en esencia insostenible».
En uno de los últimos párrafos del documento se trata de «asegurar» o mostrar el uso de medios violentos por parte de la “dictadura” para obtener el apoyo internacional, utilizando
“todas las capacidades de la Guerra Psicológica del Ejército de Estados Unidos”.En otras palabras, repitiendo los mismos escenarios de mentiras, armados de noticias, fotografías y videos falsos, y todo lo ya utilizado en las guerras coloniales del siglo XXI.
El documento señala igualmente que «Estados Unidos deberá apoyar internamente a los Estados americanos que lo apoyan», levantar la imagen de estos y del «orden multilateral de instituciones del sistema interamericano, como instrumentos para la solución de los problemas regionales. Promover la necesidad de envío de la Fuerza Militar de la ONU para la imposición de la paz, una vez que la dictadura corrupta de Nicolás Maduro sea derrocada».
vía:
http://www.voltairenet.org/article201091.html
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modificados ni utilizados con fines comerciales (licencia CC BY-NC-ND).
Fuente
:
«El “Golpe Maestro” de Estados Unidos contra Venezuela (Documento del Comando Sur)», por Stella Calloni, Red Voltaire , 9 de mayo de 2018, www.voltairenet.org/article201091.html
Israel-Palestina: ¿Cuántos muertos palestinos puede aceptar el mundo sin inmutarse? Por German Gorraiz López
Por German Gorraiz López
“El miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a
su voluntad crítica pero es importante no perder de vista que en ese
acto el sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia”
(Maximiliano Korstanje).
El ex-Presidente Jimmy
Carter que pasó a la Historia al lograr el histórico acuerdo de Camp
David entre Israel y Egipto en 1979, se habría distanciado de la
política de los sucesivos Gobiernos de Netanyahu y en su libro
‘Palestina, Paz no Apartheid’, Carter denuncia el “sistema de apartheid
que Israel aplica sobre los palestinos”. Asimismo,
en el citado libro denuncia “el incumplimiento por parte de Israel de
los compromisos adquiridos en el 2003 bajo los auspicios de George W.
Bush”, que incluían las exigencias de la congelación total y permanente
de los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania así como el
Derecho al retorno de los cerca de 800.00 palestinos que se vieron
forzados a abandonar Israel tras su constitución como Estado en 1.948
(nakba). Dicha hoja de ruta fue aceptada inicialmente por Israel y
ratificada posteriormente por Olmert y Abbas en la Cumbre de Annapolis(
2007) con la exigencia de “finiquitar la política de construcción de
asentamientos en Cisjordania y flexibilizar los controles militares que
constriñen hasta el paroxismo la vida diaria de los palestinos”.
Netanyahu y la manipulación del miedo
El estadounidense Harold Lasswell (uno de los pioneros de la “mass comunicación research”), estudió después de la Primera Guerra Mundial las técnicas de propaganda e identificó una forma de manipular a las masas ( teoría de “la aguja hipodérmica o bala mágica”), teoría plasmada en su libro “Técnicas de propaganda en la guerra mundial (1.927) y basada en “inyectar en la población una idea concreta con ayuda de los medios de comunicación de masas para dirigir la opinión pública en beneficio propio y que permite conseguir la adhesión de los individuos a su ideario político sin tener que recurrir a la violencia”.(defensa de la sacrosanta seguridad de Israel).
Por su parte,Edward L. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y uno de pioneros en el estudio de la psicología de masas, en su libro “Cristalizando la opinión pública”, desentraña los mecanismos cerebrales del grupo y la influencia de la propaganda como método para unificar su pensamiento. Así,según sus palabras “la mente del grupo no piensa, en el sentido estricto de la palabra. En lugar de pensamientos tiene impulsos, hábitos y emociones. A la hora de decidir su primer impulso es normalmente seguir el ejemplo de un líder en quien confía ”, por lo que la propaganda del Gobierno de Netanyahu será dirigida no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustentan, sirviéndose de la dictadura invisible del temor al Tercer Holocausto, proceda de Hamás, de Hezbolá o de Irán.
Según el “Informe anual de los abusos contra los Derechos Humanos” realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el Gobierno de Netanyahu se habría iniciado una peligrosa vulneración de los DD.HH. por parte del Tzáhal o Ejército israelí “ fruto del uso excesivo de la fuerza contra los palestinos en los territorios ocupados. Así, 149 palestinos habrían muerto a manos de las fuerzas israelíes en el 2015 de los cuales sólo 77 de los fallecidos fueron muertos en ataques lanzados y el resto habría sido injustamente asesinados en manifestaciones o por daños colaterales durante las operaciones de rutina” al tiempo que critica “la política de detención arbitraria, la tortura y el abuso asociado a menudo con la impunidad para los militares israelíes”.
Dicho extremo estaría refrendado por las declaraciones del subcomandante de las Fuerzas Armadas israelíes, Yair Golan , quien en un discurso pronunciado el Día del Recuerdo del Holocausto afirmó que “hay vestigios de las espeluznantes tendencias de la Alemania nazi en el Israel actual” y que “no todo lo que hacemos es correcto” haciendo referencia al incidente ocurrido en Hebrón en el que un soldado israelí remató a un palestino herido y tumbado en el suelo, siendo posteriormente condenado a 18 meses de prisión y puesto en libertad. Sin embargo,la teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro “Eichmann en Jerusalén”, subtitulado “Un informe sobre la banalidad del mal”, nos ayudó a comprender las razones de la renuncia del individuo a su capacidad crítica (libertad) al tiempo que nos alerta de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible repetición de la “banalización de la maldad” por parte de los gobernantes de cualquier sistema político, incluida la sui-genéris democracia judía, pues según Maximiliano Korstanje “el miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad crítica pero es importante no perder de vista que en ese acto el sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia” (más de 1.500 niños palestinos muertos por las fuerzas israelíes desde la Intifada del 2.000).
Jerusalem y la nueva masacre de Gaza
Theodor Herzl es considerado el Padre del actual Estado de Israel y fundador del sionismo y en su libro “El Estado judío: ensayo de una solución moderna de la cuestión judía”, propuso la creación de un Estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo al tiempo que promovió la creación de la OSM (Organización Sionista Mundial) y en su obra “La vieja Nueva Tierra”(1902), sienta las bases del actual Estado judío como una utopía de nación moderna, democrática y próspera en la que se proyectaba al pueblo judío dentro del contexto de la búsqueda de derechos para las minorías nacionales de la época que carecían de estado, como los armenios y los árabes.
El Gobierno de Netanyahu aspira a resucitar el endemismo del Gran Israel (Eretz Israel), ente que intentaría aunar los conceptos antitéticos del atavismo del Gran Israel (Eretz Israel), que bebería de las fuentes de Génesis 15:18, que señala que “ hace 4.000 años, el título de propiedad de toda la tierra existente entre el Río Nilo de Egipto y el Río Eúfrates fue legado al patriarca hebreo Abraham y trasferida posteriormente a sus descendientes”, doctrina que tendría como principal adalid a Isaac Shamir al defender que “Judea y Samaria (términos bíblicos de la actual Cisjordania) son parte integral de la tierra de Israel. No han sido capturadas ni van a ser devueltas a nadie”. En dicha doctrina se basarían los postulados actuales del partido Likud liderado por Netanyahu quien aspira a convertir a Jerusalén en la “capital indivisible del nuevo Israel”, tras la invasión de su parte oriental tras la Guerra de los Seis Días (1.967) por lo que la Administración Trump va a trasladar en breve la Embajada Estadounidense a Jerusalem, lo que se ha traducido en una nueva masacre en Gaza (más de 50 muertos en la celebración del 70º Aniversario de la Nakba) y el repudio hipócrita de la comunidad internacional.
GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista
vía:http://kaosenlared.net/cuantos-muertos-palestinos-puede-aceptar-el-mundo-sin-inmutarse/
Netanyahu y la manipulación del miedo
El estadounidense Harold Lasswell (uno de los pioneros de la “mass comunicación research”), estudió después de la Primera Guerra Mundial las técnicas de propaganda e identificó una forma de manipular a las masas ( teoría de “la aguja hipodérmica o bala mágica”), teoría plasmada en su libro “Técnicas de propaganda en la guerra mundial (1.927) y basada en “inyectar en la población una idea concreta con ayuda de los medios de comunicación de masas para dirigir la opinión pública en beneficio propio y que permite conseguir la adhesión de los individuos a su ideario político sin tener que recurrir a la violencia”.(defensa de la sacrosanta seguridad de Israel).
Por su parte,Edward L. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y uno de pioneros en el estudio de la psicología de masas, en su libro “Cristalizando la opinión pública”, desentraña los mecanismos cerebrales del grupo y la influencia de la propaganda como método para unificar su pensamiento. Así,según sus palabras “la mente del grupo no piensa, en el sentido estricto de la palabra. En lugar de pensamientos tiene impulsos, hábitos y emociones. A la hora de decidir su primer impulso es normalmente seguir el ejemplo de un líder en quien confía ”, por lo que la propaganda del Gobierno de Netanyahu será dirigida no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustentan, sirviéndose de la dictadura invisible del temor al Tercer Holocausto, proceda de Hamás, de Hezbolá o de Irán.
Según el “Informe anual de los abusos contra los Derechos Humanos” realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el Gobierno de Netanyahu se habría iniciado una peligrosa vulneración de los DD.HH. por parte del Tzáhal o Ejército israelí “ fruto del uso excesivo de la fuerza contra los palestinos en los territorios ocupados. Así, 149 palestinos habrían muerto a manos de las fuerzas israelíes en el 2015 de los cuales sólo 77 de los fallecidos fueron muertos en ataques lanzados y el resto habría sido injustamente asesinados en manifestaciones o por daños colaterales durante las operaciones de rutina” al tiempo que critica “la política de detención arbitraria, la tortura y el abuso asociado a menudo con la impunidad para los militares israelíes”.
Dicho extremo estaría refrendado por las declaraciones del subcomandante de las Fuerzas Armadas israelíes, Yair Golan , quien en un discurso pronunciado el Día del Recuerdo del Holocausto afirmó que “hay vestigios de las espeluznantes tendencias de la Alemania nazi en el Israel actual” y que “no todo lo que hacemos es correcto” haciendo referencia al incidente ocurrido en Hebrón en el que un soldado israelí remató a un palestino herido y tumbado en el suelo, siendo posteriormente condenado a 18 meses de prisión y puesto en libertad. Sin embargo,la teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro “Eichmann en Jerusalén”, subtitulado “Un informe sobre la banalidad del mal”, nos ayudó a comprender las razones de la renuncia del individuo a su capacidad crítica (libertad) al tiempo que nos alerta de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible repetición de la “banalización de la maldad” por parte de los gobernantes de cualquier sistema político, incluida la sui-genéris democracia judía, pues según Maximiliano Korstanje “el miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad crítica pero es importante no perder de vista que en ese acto el sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia” (más de 1.500 niños palestinos muertos por las fuerzas israelíes desde la Intifada del 2.000).
Jerusalem y la nueva masacre de Gaza
Theodor Herzl es considerado el Padre del actual Estado de Israel y fundador del sionismo y en su libro “El Estado judío: ensayo de una solución moderna de la cuestión judía”, propuso la creación de un Estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo al tiempo que promovió la creación de la OSM (Organización Sionista Mundial) y en su obra “La vieja Nueva Tierra”(1902), sienta las bases del actual Estado judío como una utopía de nación moderna, democrática y próspera en la que se proyectaba al pueblo judío dentro del contexto de la búsqueda de derechos para las minorías nacionales de la época que carecían de estado, como los armenios y los árabes.
El Gobierno de Netanyahu aspira a resucitar el endemismo del Gran Israel (Eretz Israel), ente que intentaría aunar los conceptos antitéticos del atavismo del Gran Israel (Eretz Israel), que bebería de las fuentes de Génesis 15:18, que señala que “ hace 4.000 años, el título de propiedad de toda la tierra existente entre el Río Nilo de Egipto y el Río Eúfrates fue legado al patriarca hebreo Abraham y trasferida posteriormente a sus descendientes”, doctrina que tendría como principal adalid a Isaac Shamir al defender que “Judea y Samaria (términos bíblicos de la actual Cisjordania) son parte integral de la tierra de Israel. No han sido capturadas ni van a ser devueltas a nadie”. En dicha doctrina se basarían los postulados actuales del partido Likud liderado por Netanyahu quien aspira a convertir a Jerusalén en la “capital indivisible del nuevo Israel”, tras la invasión de su parte oriental tras la Guerra de los Seis Días (1.967) por lo que la Administración Trump va a trasladar en breve la Embajada Estadounidense a Jerusalem, lo que se ha traducido en una nueva masacre en Gaza (más de 50 muertos en la celebración del 70º Aniversario de la Nakba) y el repudio hipócrita de la comunidad internacional.
GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista
vía:http://kaosenlared.net/cuantos-muertos-palestinos-puede-aceptar-el-mundo-sin-inmutarse/
..Israel: 52 personas asesinadas y más de 2000 heridas deja la masacre sionista de ayer en Gaza Por Kaos.
“Uso desproporcionado de la fuerza” dice la ONU pero como siempre no va más allá de palabras vacías, papel mojado. Países retiran embajadores de Israel por agresión en Gaza. No son “enfrentamientos” son asesinatos. Crímenes cometidos por el Estado de Israel. Han muerto niños, niñas y bebés en esos ataques sionistas. Gaza vive este martes otra jornada de protestas, después de la masacre causada ayer lunes por Israel, el día más mortífero en cuatro años.
Al menos 52 palestinos y palestinas, -entre ellas niños, niñas y bebés- han sido asesinados y más de 2.400 han resultado heridos en las protestas en la frontera de Gaza contra el traslado de la Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, que tuvo lugar en el día de ayer, y con motivo de la Marcha del Retorno, que reclama el derecho de las personas refugiadas a regresar a sus hogares.
Hay convocada una huelga general en Cisjordania y en Jerusalén Este, en el Día de la Nakba (desastre en árabe), en el que los palestinos recuerdan siete décadas de exilio y de pérdida de territorios tras el nacimiento de Israel. En Jerusalén Este está siendo ampliamente secundada. Gaza vive este martes otra jornada de protestas, después de la masacre causada ayer lunes por Israel, el día más mortífero en cuatro años.
Los palestinos están enterrando hoy a las víctimas, tras la masacre emprendida ayer por el Ejército israelí.
No son “enfrentamientos” son asesinatos, crímenes cometidos por el estado de Israel
El ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó ayer a primera hora de la tarde que 52 palestinos y palestinas habían muerto y más de 2.000 habían resultado heridas, por disparos efectuados por soldados israelíes en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza donde 40.000 palestinos se concentraron ayer lunes para protestar contra la inauguración de la embajada de EEUU en Jerusalén y también para manifestarse por la llamada “Marcha del Retorno”.
Según confirmó el portavoz del Ministerio de Salud palestino en Gaza, Ashraf al Qedra, el primer muerto fue Anas Qudieh, de 21 años, por impacto de bala en el este de Jan Yunis, en el sur del enclave. Poco después moría otro joven, identificado como Musab Abu Leila, de 28 años, en las manifestaciones en el este de Yabalia, en el norte de la Franja, confirmó el mismo portavoz.
Más tarde se informó de la muerte de otros cinco palestinos, entre ellos un menor, Izaldin Musa Al Samak, de 14 años; Obaidan Salem Farhan, de 30 años; Mohamed Ashraf Abu Stah, de 26; Izaldin Nahid al Aweiti, de 23; y Bilal Ahmed Abu Daqa, de 26. Del resto, aún no hay identidades confirmadas.
El Ministerio cifró en un millar los heridos atendidos de diversa gravedad. El servicio de emergencias Media Luna Roja (equivalente local a la Cruz Roja) confirmó que la mayoría de ellos resultaron heridos de bala y el resto por metralla procedente de disparos, inhalación de gases, golpes y contusiones. Testigos en la zona señalaron a la Agencia Efe que los manifestantes lograron romper la valla divisoria en uno de sus puntos y que decenas o cientos de ellos estaban cruzando al territorio israelí, y el Ejército declaró a Efe no les costa “la infiltración”.
Un portavoz de Hamás indicó en un comunicado que “los palestinos no aceptarán vivir bajo el bloqueo que se ha impuesto en la Franja de Gaza y están determinados a escribir su documento de autodeterminación”.
Manipulación y mentiras: Fue una “Operación terrorista”, según la versión de Israel
El Ejército israelí acusó en un comunicado a los islamistas de “dirigir una operación terrorista bajo cubierta de masas de gente en diez localidades de Gaza”. “De acuerdo a las propias declaraciones de Hamás y a la información que poseemos, Hamás intenta realizar una serie de ataques terroristas, incluida la infiltración masiva en Israel desde varios puntos que pretende dañar a los ciudadanos de Israel y las fuerzas de seguridad”, señala.
Las operaciones palestinas para intentar ataques “han tenido lugar en las últimas semanas y probablemente van a escalar hoy”, añadió la nota castrense. Ese texto aseguró que en estos momentos hay “unos 10.000 manifestantes violentos en varias localidades a lo largo de la frontera, y miles más se están congregando en tiendas situadas a un medio kilómetro de la valla de seguridad”.
Las fuerzas israelíes, agregó, están respondiendo con métodos de dispersión de masas y con fuego real y están “operando de acuerdo a los procedimientos de actuación estándar”.
El Ejército israelí ha reforzado su presencia en la zona con varios batallones y comandantes militares están en el terreno para conducir las operaciones. Se ha declarado la región adyacente área militar cerrada y también se ha prohibido sobrevolar el espacio aéreo de Gaza.
Justificar lo injustificable
Esta mañana, en un gesto que ya se empleó en el pasado, en operaciones militares de gran magnitud, Israel ha lanzado pasquines desde el cielo de Gaza, atacando a Hamás y justificando sus cargas, que equivale a decir las decenas de asesinatos y las miles de graves de heridas infligidas a 2 mil personas.
Hace unos minutos, aeronaves de las FDI volvieron a distribuir folletos advirtiendo sobre el acercamiento a la valla de seguridad, intentando sabotearla o llevar a cabo ataques terroristas.
Además, la aviación israelí ha bombardeado objetivos de Hamás en “respuesta” a disparos contra las tropas en la frontera. “Los aviones atacaron los puestos militares de Hamás cerca de la zona de Yabalia después de que las tropas recibieran disparos desde el norte de la Franja. Ningún soldado resultó herido”, (N. de R.: Obviamente, los muertos y muertas los pone Palestina) indicó en un comunicado el ejército. Además, la nota militar aseguró que se ha “frustrado un ataque terrorista” al disparar contra tres palestinos que “intentaron colocar un artefacto explosivo junto a la valla de seguridad en el área de Rafah”, y confirmó su muerte.
La agencia Reuters recuerda que hasta hoy ya iban 45 palestinos muertos por disparos israelíes desde que comenzaron las protestas, el 30 de marzo pasado. Israel sostiene que sus tropas han usado munición real para evitar que se dañe o se rompa la cerca fronteriza, parte del bloqueo por tierra, mar y aire que tiene impuesto en Gaza desde hace 11 años.
“Uso desproporcionado de la fuerza” dice la ONU pero como siempre no va más allá de palabras vacías, papel mojado.
El Comité de la ONU para la Prevención de la Discriminación Racial ha emitido justamente hoy una declaración urgente en la que pide al Gobierno de Israel que haga cesar “el uso desproporcionado de la fuerza” contra los palestinos que participan en la Gran Marcha de Retorno. Como parte de un mecanismo de “alerta y acción urgente” con el que cuenta para casos que requieren un pronunciamiento urgente por ser de vida o muerte, el Comité exhortó a Israel a abstenerse de “cualquier acto que provoque más víctimas” y que permita que los palestinos heridos reciban atención médica.
El Comité indicó que las informaciones que maneja indican que “varias de las personas que han muerto o resultado heridas no constituían una amenaza inminente cuando se les disparó”. Además, denunció que hay indicaciones de que las autoridades israelíes han obstaculizado que los heridos reciban un tratamiento adecuado.
Asimismo, el Comité reclamó a Israel que garantice el respeto de los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal de los palestinos que están bajo su control efectivo, como es el caso de los que se encuentran en Gaza. Desde que el grupo islamista Hamás ganó en 2006 las elecciones en ese territorio, Israel le impuso un bloqueo sobre todo lo que entra y sale de la zona, incluidos bienes y personas.
El Comité de la ONU también reclamó que las autoridades tomen medidas contra el aumento de los mensajes y discursos racistas y que incitan a la violencia contra los palestinos.
Finalmente, lamentó que se niegue a los palestinos el acceso a mecanismos para que obtengan justicia ante los abusos sufridos, por lo que pide a Israel que se investigue de manera independiente tales hechos y que se juzgue a los responsables.
“Estados Unidos comparte la responsabilidad de esta matanza”
“La administración estadounidense es tan responsable como Israel de esta matanza”, ha escrito en Twitter el portavoz del gobierno turco, Bekir Bozdag.
“Con el traslado de su embajada a Jerusalén, la administración estadounidense socavó las opciones de una solución pacífica y provocó un incendio que causará aún más pérdidas humanas, destrucciones y catástrofes en la región”, ha agregado.
Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, ha asegurado este lunes en una conferencia que, con la decisión de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos ha perdido su poder para mediar en Oriente Medio.
“Con su último paso, Estados Unidos ha elegido ser parte del problema, no de la solución, y ha perdido su papel como mediador en el proceso de paz”, ha lamentado Erdogan en una conferencia en la organización de política internacional Chatham House.
Piden “contención” y “proporcionalidad” a Israel
La Alta Representante de Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, ha pedido a Israel que respete el derecho a la protesta pacífica y “el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza”.
En un comunicado, se ha dirigido también al grupo islamista Hamás y a los líderes de las manifestaciones para recordarles que “deben asegurar que se mantienen en términos estrictamente no violentos y que no se deben utilizar para otros objetivos”.
“Estos días, palestinos e israelíes conmemoran momentos definitorios para sus naciones”, ha afirmado Mogherini, que ha añadido que “cada lado del conflicto tiene reclamaciones legítimas y aspiraciones que necesitan ser reconocidas mutuamente”. Por ello, ha hecho una llamada a “la sabiduría y el coraje” que permitan a devolver a las partes a la mesa de negociación para buscar una solución política.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha instado por su parte a las autoridades israelíes a actuar con “contención” y a hacer un uso “estrictamente proporcionado” de la fuerza para reprimir a los manifestantes palestinos, después de que decenas de personas hayan sido abatidas en la frontera con la Franja de Gaza.
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