El sistema inmunológico en un cuerpo vivo es el conjunto de medios que posee el organismo para defenderse de las enfermedades que puedan atacarlo. Si el sistema inmunológico se enferma, es decir, si es atacado él mismo por una enfermedad (como el sida en el organismo viviente humano), dicho organismo queda desvalido, ya que ha perdido la capacidad de autodefenderse. Se ha corrompido el sistema que impide la corrupción: es la corrupción suprema.
La corrupción económica, entre otros aspectos, es apropiarse de bienes ajenos por engaño, violencia u otra causa que sea ilegal o injusta. La corrupción política es el arrogarse de un funcionario (es decir, el responsable del ejercicio de una institución de la sociedad política) ser sede de la soberanía, que en último término sólo reside en el pueblo. Por su parte, en el campo político es el sistema del derecho el analogado al sistema inmunológico del organismo vivo; defiende al sistema político de la corrupción de todo tipo. Si el sistema del derecho se corrompe deja al sistema político desvalido ante todo tipo de corrupción. En el sistema del derecho cuando se corrompe el juez, es decir, cuando no opera conforme a la justicia y a la ley que debe defender, la corrupción del juez es la corrupción suprema, porque es al juez al que se le encomienda el ejercicio de la ley con justicia (siendo una corrupción mayor que toda otra corrupción, tales como la del sistema económico, educativo, de género, etcétera). Tal es el caso del juez Sergio Moro hoy en el caso de Brasil.
La cuestión que ocupa nuestra atención ya fue contemplada por Hammurabi (1730-1688 aC), hace unos 3 mil 700 años en el llamado Código de Hammurabi, cuando decretó que para acusar a alguien hay que tener pruebas (§ 2), de no tenerlas el acusador se transformaría en acusado, y hasta podría recibir la pena de muerte (§ 2 y § 7), y “si un juez ha juzgado una causa [… y] a continuación cambia su decisión […] se lo hará levantar de su asiento de justicia y no lo volverá a ocupar jamás” (§ 6).
Por ello, lo que me mueve a realizar estas reflexiones no es sólo la tradición milenaria del derecho, sino la oportuna exhortación de Cuauhtémoc Cárdenas (quien fue despojado injustamente, y la historia así lo recordará, de la Presidencia mexicana habiéndola ganado de buena ley ante el fraude de Carlos Salinas de Gortari) que lanza un llamado a la conciencia de todo luchador por la justicia (La Jornada, 8/4/18).
El tema es la corrupción del ejercicio del sistema del derecho y de los jueces en América Latina.
Está hoy claro que la motivación de la destitución de la presidenta del Brasil Dilma Rousseff tenía como objetivo político (y no jurídico) impedir la posibilidad de que Lula da Silva fuera electo nuevamente Presidente de la República. Y esto se prueba por la premura en que se perpetró y no cumpliendo muchas exigencias jurídicas del proceso debido en el caso de la condenación de Lula. De manera que lo dictado por el juez Sergio Moro, condenando al acusado sin pruebas (proponiendo como fundamento del juicio suposiciones subjetivas del juez), lo transforman a él mismo de acusador en acusado (según lo contenido en el milenario Código de Hammurabi, en los fundamentos del derecho vigente y en el sentido común cotidiano). Pero lo más grave no es solamente la injusticia e ilegalidad del mismo juez, sino el que se manifieste la corrupción de todo el sistema del derecho, ya que queda involucrado el mismo Tribunal Supremo de Justicia, con miembros que cambian su opinión debido a presiones externas a dicho tribunal.
Todo esto nos recuerda el tema tan actual en la filosofía del derecho tratado de manera tan autorizada por Giorgio Agamben, especialista del derecho romano y filósofo actual del derecho.
Cuando el juez es injusto se levanta la crítica de Sócrates que acepta la ley, pero condena a los jueces injustos que decretan su muerte. Pero cuando se corrompe la totalidad del sistema de la ley, la crítica se endereza contra el fundamento de la legalidad misma, ya que se descubre de pronto la ilegitimidad de la legalidad y de los jueces mismos. Es el pueblo, como sede última de la soberanía que exclama en el estado de rebelión (más allá del estado de excepción schmittiano): ¡Que se vayan todos! los representantes y las instituciones corrompidas que se han tornado autorreferentes o que creen ser la sede del poder, de la soberanía, de la potencia. Es el pueblo brasileño el que se levanta clamando: ¡Han juzgado como culpable sin pruebas al líder de un pueblo oprimido! ¡A ese Estado, a esa institución del sistema del derecho, a ese juez corrupto llamado Sergio Moro, le exigimos que se vayan! Es el clamor del consenso del pueblo (el consensu populi de Bartolomé de las Casas en el siglo XVI) fundamento de la legitimidad, que es por su parte el fundamento de la legalidad justa y no corrupta, la última instancia de la justicia (que funda la legitimidad y la legalidad no corrompidas).
El pueblo brasileño tendría toda razón (fundamento) en no cumplir el juicio de Sergio Moro, juez corrupto que opera desde una legalidad ya no legítima (legítima sería si estuviera fundada en la voluntad del pueblo que Moro teme, y por ello encamina sus juicios políticos, no jurídicos, contra la posibilidad de que Lula da Silva sea elegido presidente). Por ello mismo, la lucha del pueblo brasileño, el resto, indicado por Agamben, para liberar a Lula es de derecho; de derecho fundado en la legitimidad (en el consenso del mismo pueblo) de liberar al que le ha servido con honestidad y justicia, y por ello el pueblo lo necesita.
La situación involucra a toda América Latina, porque en Argentina, en México y en otros países hermanos, no sólo en Brasil, el sistema del derecho y los jueces corrompidos se han transformado y usado como dispositivos de dominación, juzgando procesos políticos fraudulentos como de derecho y condenando a los pocos políticos honestos, como en el caso del desafuero, lo que permite golpes de Estado efectuados con camisas y guantes blancos, no ya manchados de sangre como cuando actuaban los militares en nombre del Departamento de Estado en tiempos de Henry Kissinger. Por ello Cuauhtémoc Cárdenas levantó con todo derecho la voz, porque fue también objeto de un golpe de Estado con guantes blancos. La corrupción del derecho es parte de la dictadura perfecta que se nos pretende seguir imponiendo con nuevos dispositivos, diría M. Foucault.
¡Es necesario que Lula da Silva no sea víctima (encarcelada) ni mártir (muerto) sino vivo y presidente!
*Filosofo
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/13/opinion/021a1pol
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