La
investigación de CIPER identificó 18 predios afectados a la Reforma
Agraria y que terminaron en poder del Ejército entre 1975 y 1993. Suman
234.596 hectáreas, de las cuales aún conservan 145.667. Uno de esos
asentamientos fue el de Río Colorado en San José de Maipo. Una parte fue
vendida a Cementos Bio Bio y otra a Gener para su Central Alfalfal
(1988). Los asentados de Río Colorado y sus hijos siguen luchando por
recuperar sus tierras. Todo estaba listo para que el gobierno de
Michelle Bachelet hiciera la restitución a fines del año pasado. No fue
así. El despojo continúa.
Vea también: Historia de un despojo: las tierras de la Reforma Agraria que el Ejército arrebató a campesinos
El despojo de sus tierras del que fueron víctimas los asentados de la
Hacienda Río Colorado, no fue excepcional. Así lo develan dos estudios
sobre el destino que se le dio bajo dictadura a las tierras de la
Reforma Agraria, realizados por equipos del Departamento de Derechos
Humanos y Estudios Indígenas de la Universidad Arcis (en 2000 y 2004),
por encargo del gobierno de Ricardo Lagos.
En base a esos informes y a respuestas obtenidas por Ley de Transparencia, la investigación de CIPER logró identificar
18 predios afectados a la Reforma Agraria y que terminaron en manos del Ejército entre 1975 y 1993 (
revisar el listado aquí). Entre ellos, los fundos
Río Colorado y
San Antonio de Ancoa.
En total, esos 18 predios llegaron a sumar
234.596 hectáreas, de las cuales el 68% corresponden a la Hacienda Río Colorado. De este total, la institución castrense conserva aún
145.667 hectáreas. Y
ello, porque después de recuperada la democracia el Ejército ha ido
devolviendo al Ministerio de Bienes Nacionales parte de esos terrenos.
Una de estas “devoluciones” afectó precisamente a otras 66 hectáreas
del ex Asentamiento Río Colorado, la que se ejecutó en diciembre de
1987. Pero la operación que hizo el Ejército con esas tierras, no
buscaba palear el despojo inicial. Porque solo meses más tarde, en
agosto de 1988, las mismas 66 hectáreas fueron vendidas a
Chilectra Generación, empresa que apenas siete meses antes (enero de 1988) había culminado su proceso de privatización, iniciado en 1981.
Central El Alfalfal, en el Cajón del Maipo.
La investigación de CIPER no logró precisar el precio de venta de
esas 66 hectáreas, pero sí el decreto que contiene el objetivo principal
de la “devolución” que hizo el Ejército. Está fechado el 30 de
diciembre de 1988 y también lleva la firma del general Pinochet: es el
decreto por el cual se le otorga a la empresa eléctrica ya privatizada
la concesión definitiva para establecer precisamente en esos mismos
terrenos la
Central Alfalfal.
En su artículo 1° se lee:
“Otórgase a la Compañía Chilena de
Generación Eléctrica S.A. concesión definitiva para establecer en la
Región Metropolitana, provincia de Cordillera, comuna de San José de
Maipo, una central hidráulica productora de energía eléctrica denominada
Alfalfal, de una potencia instalada de 140 MW, destinada a optimizar el
uso de los recursos hidroeléctricos de la Región Metropolitana. El
presupuesto del costo de las obras asciende a US$ 194.863.000”.
Y en su artículo 5:
“La totalidad de las obras se ubicarán en terrenos fiscales, pertenecientes
a la Hacienda Río Colorado, respecto de los cuales el Ministerio de
Bienes Nacionales autorizó su venta, en una parte, y la
constitución de servidumbres, en otra, mediante los Decretos Ns. 666
(1987), y 365 (1988), de la citada Secretaría de Estado” (
ver decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de febrero 1989).
Los derechos de agua para esa central ya habían sido entregados a la
empresa sin costo alguno en 1984 y 1985. Así, la compañía eléctrica que
fue estatizada en 1970, y entregada a Endesa en dictadura, obtuvo un
enorme beneficio para su negocio. Luego de algunas restructuraciones
societarias, finalmente esa empresa se transformó en
Gener, compañía que hoy impulsa en la misma zona de la Hacienda Río Colorado el polémico proyecto hidroeléctrico
Alto Maipo.
EL EJÉRCITO DUEÑO DE TIERRAS
Del destino que se le ha dado a las
145.667 hectáreas de
predios afectados a la Reforma Agraria y que el Ejército aún conserva
bajo su dominio, la información no es precisa. Tras una serie de
preguntas por Transparencia, desde el Ejército detallan que esas
hectáreas son utilizadas con distintos fines: instrucción y
entrenamiento del personal de la institución, uso agropecuario, crianza
de ganado equino, cultivo de forraje para el autoabastecimiento de la
alimentación del ganado y uso agrícola.
En algunos casos parte de estos predios fueron licitados a privados
para su uso. Otros, fueron o están en proceso de devolución al Estado.
Según la información entregada por el Ejército para esta
investigación, el único terreno de los que se apropió y que luego fue
vendido a privados, fue Río Colorado: las 16.700 hectáreas que el
Ejército vendió en $430 millones a Cementos Bio Bio y las 66 hectáreas
que terminaron en manos de Gener.
Cementos Bío Bío
Hoy, en las tierras en las que se creó el pujante Asentamiento Río
Colorado en 1969 aún viven y trabajan varios de los asentados originales
y sus hijos. Pero no saben hasta cuándo.La incertidumbre los vuelve a
rondar ya que todos esos terrenos, que suman 70.333 hectáreas, están en
la recta final del proceso de devolución al Ministerio de Bienes
Nacionales en virtud del
“Acuerdo de las Actas de Chena IV”.
-Esta devolución es resultado de un proceso de conversaciones entre
el Ejército y los ministerios de Bienes Nacionales y de Defensa, con el
objeto de avanzar en la entrega de bienes de interés del Fisco, que el
Ejército está dispuesto a entregar para una serie de usos de gran
importancia para el país y la ciudadanía –explicó a CIPER la entonces
ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma.
LOS ESTUDIOS DEL GOBIERNO DE LAGOS
El primer estudio realizado por el equipo de la Universidad Arcis,
fue encargado por el Ministerio de Agricultura cuyo titular era
Jaime Campos
(quien fue ministro de Justicia hasta el pasado 11 de marzo). Después
de nueve meses de trabajo, el 17 de noviembre de 2000 los abogados
Roberto Celedón, Sergio Fuenzalida, José María Bulnes y Matías Coll
entregaron su primer informe.
Allí se condensó el análisis de documentos y 650 testimonios de
campesinos de siete regiones del país, sobre cómo y cuándo perdieron las
tierras que habían obtenido gracias a la Reforma Agraria. De estos, 221
relatos fueron chequeados con la documentación de la CORA que mantenía
el SAG y los registros oficiales de conservadores de Bienes Raíces de
regiones. El resultado fue una base estadística sobre los distintos
procedimientos utilizados durante la dictadura para apropiarse de las
tierras repartidas por la Reforma Agraria.
En ese primer informe se dejó constancia de la necesidad de una nueva
investigación que hiciera posible diseñar políticas de reparación. Así
nació un segundo convenio del Ministerio de Agricultura de la
administración Lagos con la Universidad Arcis: debían dimensionar el
universo y situación de los campesinos beneficiados por la Reforma
Agraria para tener una idea del número de posibles destinatarios de
medidas de reparación y el costo asociado.
Jaime Campos, ex ministro de Justicia
Este segundo estudio fue realizado por los abogados José María
Bulnes, Sergio Fuenzalida y el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, y
contó con el apoyo de los profesionales Juan Vergara, Pelagia Bulnes,
Ema Salomé y María José Middleton.
El informe fue entregado al gobierno en ‘2003 (“
Catastro Nacional
de Tierras derivadas de la Reforma Agraria que no se adjudicaron a los
beneficiarios de este proceso o que las perdieron y estudio de la
situación socioeconómica de dichos originales beneficiarios”).
Sus conclusiones son lapidarias:
50.277 familias campesinas asignadas con tierras de la Reforma Agraria fueron impedidas de ejercer su derecho de propiedad, tal como establecía la Ley 16.640. Además,
57% de las 41.445 familias que sí fueron asignatarias de tierras terminaron vendiendo sus parcelas: en su mayoría fueron sometidas a situaciones de venta forzada, endeudamientos, fraudes notariales y otras ilegalidades.
Según detalla el informe, entre 1962 y el 11 de septiembre de 1973, el 43% de las tierras agrícolas de Chile (
9,3 millones de hectáreas)
habían sido incorporadas a la Reforma Agraria a través de
expropiaciones llevadas a cabo por la CORA. Solo 1.057.250 hectáreas
estaban definitivamente asignadas para campesinos, mientras que el 88%
de la superficie reformada se encontraba en proceso transitorio de
asentamiento: una situación jurídica inestable. Ese fue el caso del
Asentamiento Río Colorado.
La Ley N° 16.640 del presidente Frei Montalva, determinaba que el
gobierno tendría de tres a cinco años para asignar el título definitivo
de propiedad a los campesinos, plazo que muchas veces se dilató.
Mientras tanto, se formarían asentamientos y comités campesinos, donde
el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) actuaba a través de
cursos de capacitación técnica y alfabetización.
Este carácter transitorio de los asentamientos fue aprovechado por la
dictadura para revocar el 27% de las expropiaciones realizadas por los
gobiernos de Frei y Allende, devolviendo estas tierras a sus antiguos
dueños, bajo la consigna
“normalización agraria”.
Otra cantidad importante de tierras reformadas (llamadas “Reservas
CORA”), no fueron entregadas a sus antiguos dueños y permanecieron bajo
control del Estado, siendo paulatinamente transferidas a organismos
públicos y privados. Al Ministerio de Defensa, entre ellos.
La investigación que hizo CIPER en base a los dos estudios encargados
por el gobierno de Lagos, permitió profundizar en un acápite que
aparecía citado en ellos: la apropiación de grandes predios expropiados
por la Ley de Reforma Agraria por el Ministerio de Defensa. Esa
apropiación se hizo
“haciendo una interpretación abusiva de normas dictadas por ellos mismos”, se lee en uno de los informes.
Para ello se utilizó el artículo 67 de la Ley de Reforma Agraria, que
disponía que las tierras adquiridas por la CORA podían ser transferidas
cuando se tratara de
“terrenos inaptos para el cumplimiento de los fines de la corporación”. En 1975 a esa normativa se le agregó una frase clave:
“el Consejo de la CORA calificará qué se entenderá por inaptos”. Fue a través de ese artilugio que vastos terrenos expropiados terminaron en manos del Ejército.
Presidente Eduardo Frei Montalva en Lontué, en junio de 1970 (Fuente: Casa Museo Eduardo Frei Montalva)
La arbitrariedad con que se utilizó la calificación de “inaptos” se
hizo evidente en el caso de la Hacienda Río Colorado. Algo similar
ocurrió con el
Fundo San Antonio de Ancoa, en Linares (Región del Maule).
Ese predio de 13.774 hectáreas, fue transferido al Ejército el 14 de
abril de 1987. En el primer informe realizado por el equipo liderado por
José María Bulnes el año 2000, se relata:
“Hasta hoy los militares
les imponen a los campesinos que viven allí una serie de obligaciones
inicuas. Estos se ven obligados al pago de un tercio de la producción
del carbón que producen, de una décima parte de la producción de ganado y
se les impone la obligación de trabajar seis días mensuales de
trabajo-hombre por puebla (conjunto de casas donde habitan una o dos familias)
en faenas en un bosque de pinos que explota el Ejército en la zona.
Como se comprende, los campesinos están en una situación de auténticos
siervos de la gleba”.
La situación se tornó aún peor en 2012.
Según relata The Clinic,
ese año apareció un maderero de la zona que les anunció que había
firmado un contrato con el Ejército para explotar forestalmente el
predio. Las ya malas condiciones empeoraron. Nuevamente se instaló la
incertidumbre sobre la permanencia de las familias en el predio al no
existir ningún contrato ni documento que regulara su situación.
Para el Ejército, en cambio, la situación era muy clara. Así
respondieron a CIPER cuando se les preguntó a través de la Ley de
Transparencia sobre lo que ocurría en el ex asentamiento de Linares:
“En el predio San Antonio de Ancoa, históricamente se ha
realizado una tala indiscriminada de bosque nativo por personas que
habitan de manera irregular en el lugar, y para normalizarlo, y de
acuerdo al marco legal vigente (DFL N° 130 y RL N° 1506), se
establecieron contratos de mediería con estos pobladores hasta el año
2009, los cuales no fueron renovados por la negativa de las diferentes
familias”.
INFORMES QUE FUERON A UN CAJÓN
Tal como fue solicitado por el gobierno de Lagos, los datos recogidos
por los equipos de la Universidad Arcis en 2000 y 2003 fueron
utilizados para elaborar una propuesta de reparación a los campesinos
afectados.
Dos fueron las medidas principales recomendadas. Recuperar las
tierras que estén en manos del Fisco para los destinatarios originales
de la Reforma Agraria y garantizar –a través de INDAP– inversiones para
crédito y formación técnica, asegurando la productividad de los
asignatarios. Se recomendó una inversión total de US$23 mil por jefe de
hogar durante cuatro años, estimando que 17 mil familias campesinas
estarían
“dispuestas a un endeudamiento razonable en el marco de una política de reparación”.
La propuesta no tuvo eco en el gobierno. Uno de los autores del
informe, el abogado Sergio Fuenzalida, quien hoy coordina el equipo de
Derechos Humanos de la Universidad Central, recordó lo que pasó luego de
entregado el informe al entonces ministro de Agricultura, Jaime Campos:
-Hicimos una presentación del informe en
data show al
ministro Campos. Él no reaccionó, no dijo nada (…). Y yo recordaba
perfectamente que antes de esa presentación tuvimos mucho contacto con
organizaciones campesinas y en una de esas reuniones estaba el ministro
Campos y ellos plantearon el problema de las tierras perdidas de la
Reforma Agraria. Recuerdo perfectamente que el ministro les dijo:
“pero si encargamos este estudio justamente para buscar una solución” –relató a CIPER Fuenzalida.
Sergio Fuenzalida (Fuente: Universidad Central)
CIPER consultó a Jaime Campos qué pasó con ese informe y por qué no
hubo ninguna solución para los campesinos afectados. Campos declinó
referirse al tema.
Los abogados Sergio Fuenzalida y Roberto Celedón, recuerdan que la
situación respecto a las tierras de Río Colorado transferidas al
Ejército fue objeto de una reunión especial con la entonces ministra de
Defensa, Michelle Bachelet.
En esa reunión, a la que también asistió el abogado José María Bulnes
(ya fallecido), se le planteó a la ministra el problema de los
campesinos del ex Asentamiento Río Colorado. Y se le pidió, recuerda
Celedón, “que se devolvieran las tierras al Fisco o que una parte
pudiese recuperarse para indemnizar a los campesinos. La reunión era
para eso: cómo indemnizar a gente que sufrió en los procesos políticos
sociales de la época”.
-Le representamos que parte de esas tierras fueron entregadas al
señor Hernán Briones, presidente de la Fundación Pinochet. No hubo
resultados positivos. No hubo voluntad de las autoridades o del Ejército
de devolver las tierras o resolver los problemas concretos que se
denunciaron. Las autoridades políticas no tuvieron la capacidad o la
fortaleza de imponer un mínimo criterio de justicia –afirma Roberto
Celedón.
Y concluye: “En todo aquello que tenía incidencia en las arcas
fiscales, nunca hubo una disposición positiva, clara. Y los campesinos
de la Reforma Agraria estaban en la mayor marginalidad. Los exonerados
políticos estaban organizados, no así los campesinos de la Reforma
Agraria, los que fueron atomizados, humillados y quedaron en completo
desamparo”.
Hasta hoy miles de campesinos beneficiados por la Reforma Agraria siguen sin derecho a tierras propias.
EL DESTINO DE LOS ASENTADOS DE RÍO COLORADO
Cuando CIPER llegó hasta los terrenos del ex Asentamiento Río
Colorado, constató que los campesinos que aún se mantienen allí no
tenían idea de que había un acuerdo entre el Ministerio de Bienes
Nacionales y el Ejército para que esas tierras se devolvieran al Estado.
Se enteraron por las autoras de esta investigación.
La entonces ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, reconoció:
“En ese territorio que va a ser devuelto a la brevedad a nuestro
ministerio, efectivamente hay ocupaciones. Según la información
disponible, 26 familias son ocupantes históricas y beneficiarias de lo
que fue la Reforma Agraria”.
Palma aseguró a CIPER en agosto pasado que iniciaría “un trabajo en
el que solicitaremos la colaboración del Ministerio de Agricultura y de
todos los organismos que dependen de ese ministerio, para poder
establecer con precisión cuáles son las familias que fueron directamente
beneficiarias de la Reforma Agraria o bien son herederos de sus padres
asentados, para estudiar la factibilidad de otorgar títulos gratuitos de
dominio y así, de alguna manera, reparar la injusticia que ocurrió
durante la dictadura con aquellas familias”.
Nivia Palma, ex ministra de Bienes Nacionales
La ministra Palma también aseguró que había pedido que en su
ministerio se hiciera un estudio que decida la procedencia de declarar
Bien Nacional Protegido (BNP) “a la zona de Río Colorado para proteger
el patrimonio natural que allí existe. Ello complementaría el terreno de
26.074 hectáreas fiscales ya protegidas como BNP en esa zona”.
Los ex asentados y sus hijos llevan décadas intentando obtener de vuelta las tierras de las que fueron despojados.
Hasta ahora, la única reparación que algunos obtuvieron hace un par
de años, fue la entrega de los títulos de dominio de las casas que los
propios campesinos habían construido durante el asentamiento.
En marzo de 2017, la Agrupación Asentados y Ganaderos de la Hacienda
Río Colorado entregó un legajo de documentos al Ministerio de Bienes
Nacionales que acreditaban que el fundo había sido expropiado para fines
de la Reforma Agraria y que sus padres habían sido los beneficiados.
Un año después, el martes 27 de febrero pasado, fueron recibidos por
primera vez por la aún ministra Nivia Palma. A la cita no llegó el
antiguo campesino del asentamiento,
Emilio Martínez, a
quien los militares dejaron fuera de los contratados cuando se
apropiaron del fundo y aun así se quedó en Río Colorado. A sus 76 años
Martínez falleció en enero de este año sin haber cumplido su más ansiado
sueño: recuperar “su tierra”. En esa cita, Palma les explicó que
mediante un decreto que estaba en su última etapa de tramitación, el
Ejército había devuelto los terrenos de Río Colorado a su ministerio.
Pero el Ejército aún no ha hecho la entrega material del fundo, ya
que los ex asentados todavía deben pedirle autorización para entrar a
ciertos sectores y se topan con vigilantes de la institución recorriendo
los terrenos.
En esa reunión, la entonces ministra se comprometió a buscar una
solución a lo que ellos consideran una deuda histórica con los ex
asentados de Río Colorado.
Gerardo Ortega y su familia
-No fue un portazo, escuchó nuestra petición y sentimos que va a
hacer algo. Es imposible que lo solucione antes del cambio de mando (11
de marzo), pero entendemos que no es un tema de izquierda ni de derecha,
sino de derechos humanos y sociales de personas que fueron despojadas
de sus tierras y de todo lo que buscaba la Reforma Agraria- aseguró a
CIPER, Sudy Ortega, secretaria de la agrupación.
Pero la incertidumbre es grande, porque recién concretado el cambio
de gobierno las promesas y buenas intenciones pueden quedar en nada. Y
una vez más terminar sin soluciones.
-El sueño siempre ha sido poder recuperar el fundo, que sea de nuevo
nuestro. ¿Por qué el Ejército y Bienes Nacionales no nos devuelven las
tierras? ¿O las destina a las agrupaciones que hay aquí? ¿Y si el
Ejército entrega el fundo a Bienes Nacionales y lo venden? ¿Adónde vamos
a quedar los campesinos? Van a llegar los nuevos dueños y vamos a
volver a lo mismo o a algo peor. A lo mejor el nuevo dueño dice “no
quiero animales”. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? -se pregunta Gerardo
Ortega.
Los temores de Gerardo Ortega son los mismos que se anidan en las
casas de los campesinos que aún viven y trabajan en Río Colorado. Porque
existe la posibilidad latente de que en este nuevo proceso una vez más
terminen dejados de lado y sin derecho a las tierras que el mismo Estado
una vez les entregó.
vía:http://ciperchile.cl/2018/03/20/historia-de-un-despojo-ii-las-tierras-de-la-reforma-agraria-de-las-que-no-se-habla/