Éric Toussaint – CADTEM
Gracias a la campaña internacional lanzada por el CADTM, se
conoce muy bien la acción nefasta de los fondos buitre con respecto a
las deudas soberanas: compran títulos de la deuda soberana a precio de
saldo (de un 5 a un 20% del valor inicial) antes de recurrir a los
tribunales para recuperar el máximo del valor de la deuda.
El mismo tipo de actividad está en plena expansión en el ámbito de
las deudas familiares. Hay que señalar que las posibilidades son
enormes, ya que en Europa el volumen de créditos privados en suspensión
de pagos llega a un billón de euros (1.000.000.000.000 €).[1]
Debido al empobrecimiento de las clases populares, el volumen de estos
impagos de deudas familiares y de microempresas aumentará
inevitablemente.
El modus operandi de los fondos buitre en el ámbito de las
deudas privadas es simple. Compran paquetes de deudas impagadas,
principalmente, a bancos,[2]
a sociedades de telefonía móvil, a sociedades de crédito inmobiliario o
empresas de suministro de energía a particulares. En general, esos
fondos buitre adquieren esos impagos al 10 % de su valor, y luego
mediante el acoso a las personas endeudadas, y también por
procedimientos legales, tratan de recuperar del 20 al 30 % del valor
inicial de la deuda.
Parece que en Europa, las sociedades financieras especializadas en
ese tipo de actividades carroñeras se desarrollaron activamente, en
primer lugar, en Escandinavia, debido a la crisis bancaria de los años
1980-1990. Hablamos de la firma sueca Intrum y de Aktiv Kapital (una
filial del grupo estadounidense PRA).
Según un estudio publicado por el banco Morgan Stanley, el volumen
total de paquetes de deudas impagadas, en posesión de las siete
principales sociedades financieras especializadas en la recuperación de
la deuda familiar en Europa, se duplicó entre 2014 y 2017, pasando de
cerca de 4.000 millones de libras esterlinas a algo más de 8.000
millones (Financial Times, 23 de noviembre de 2017). En 2016,
Intrum obtuvo unos beneficios de 197 millones de euros. Cabot, una
sociedad británica, 155 millones de euros; Arrow, británica, 118
millones de euros; Hoist, británica, 93 millones de euros; Kruk, una
sociedad polaca, ganó 91 millones de euros. En la página web de Arrow
podemos leer que 4 millones de familias se encuentran en suspensión de
pagos en Gran Bretaña.
En octubre de 2017, Intrum compró en Grecia un paquete de deudas
impagadas por un monto de 40 millones de euros. Pero, probablemente,
haya pagado solamente 1,2 millones de euros por esa adquisición, o sea,
el 3 % de su valor nominal. Según el director de Intrum, Mikael
Ericsson, el mercado griego de deudas impagadas de familias ofrece un
extraordinario potencial de expansión, ya que en 2017 cerca del 50 % de
las deudas están en suspensión de pagos.[3] Es el equivalente, dice, del mercado formado por Europa central y del este.
Con una competencia en aumento entre los fondos buitre, el
rendimiento desciende. Mientras que hace 5 años, una «inversión» de un
millón de euros en la compra de deudas impagadas podía permitir obtener 3
millones, en 2017 los fondos buitre sacan entre 1,8 y 2 millones.
Hay otros fondos buitre activos en la compra de esas deudas, como el
tristemente célebre fondo Elliot, cuyo dueño es Paul Singer. Elliot
compró a dos bancos españoles, Bankia y Santander (que adquirió el
Popular en junio de 2017), paquetes de deudas impagadas.
Recientemente, tras la ‘resolución’ del Popular, Elliot sondeó el
mercado para comprar antiguos bonos de Popular a precio de saldo (véase
Fátima Martín, «Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo,
pan y luz», http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitre-carronean-con-lo).
El grupo estadounidense Blackstone se volvió también muy activo en
España (véase en castellano: Fátima Martín, «Blackstone, el casero
buitre global: De los alquileres protegidos de Madrid a los narcopisos
de Barcelona», http://www.cadtm.org/Blackstone-el-casero-buitre-global).
Blackstone tiene actividades muy diversificadas: en principio, se
especializa en la concesión de créditos de riesgo a microempresas y a
PYMES. Para eso, Blackstone se dotó de una división especial de
desarrollo de ese tipo de actividades: GSO. Esa división propone
contratos de deudas simplificados, mucho más arriesgados y con mayor
remuneración, lo que le permite atraer a pequeñas y medianas empresas
(PYMES) que ya no tienen acceso a los créditos bancarios normales. Por
otro lado, GSO atrae igualmente a los inversores en búsqueda del máximo
rendimiento, en particular, a los fondos de pensiones. A éstos les
propone que den un anticipo de fondos para prestarlos a las
microempresas privadas y a las PYMES. En cierto modo, el Financial Times,
en su edición del 17 de noviembre de 2017, hace sonar la alarma al
anunciar que los fondos de pensiones hacen correr grandes riesgos al
ahorro de sus miembros, debido a su inversión en los productos creados
por GSO.[4]
Por lo tanto, en principio, Blackstone es un prestamista —que atrae los
fondos de pensiones a la búsqueda de altos rendimientos— y finaliza el
ciclo comprando las carteras de deudas impagadas.
Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en Japón (años 1990), en
Estados Unidos (2006-2007), en Irlanda e Islandia (2008), en España
(2009), decenas de millones de familias de clases populares fueron
abocadas a la suspensión de pagos, y comenzaron a ser víctimas de
desalojos masivos. En Estados Unidos, desde 2016, 14 millones de
familias fueron desposeídas de sus viviendas por los bancos. En España,
son más de 300.000 familias. En un contexto en el que el salario real
está bajando, el desempleo es masivo y las condiciones de préstamos son
abusivas, esas deudas provocan efectos catastróficos para una parte
creciente de las clases populares. A veces, esa población tiene que
financiar a crédito su consumo corriente, puesto que sus ingresos
normales no alcanzan para pagar los gastos de alimentación, vivienda,
vestimenta, calefacción, electricidad, salud, educación… Hay firmas que
se especializan en las ventas a crédito a sectores frágiles de la
población. A menudo, esos préstamos comienzan con un interés cero, con
el fin de atraer a los clientes, pero los tipos de interés aumentan
rápidamente si aparecen retrasos en el pago, y comienza el acoso. Otra
vez más, nos enfrentamos en los países del Norte a un fenómeno masivo de
brutal desposesión. Las deudas privadas tienen un papel clave. En
Estados Unidos, la justicia contabilizó no menos de 500.000 casos de
contratos inmobiliarios abusivos y fraudulentos, pero la cifra real es,
indudablemente, mucho más elevada. En España, la legislación utilizada
por los banqueros para desalojar a las familias de sus viviendas data de
la época del dictador Franco. En Grecia, en el marco del tercer
memorando aceptado por el Gobierno de Tsipras en 2015, los bancos
comienzan a tener las manos libres para desalojar a las familias
incapaces de pagar sus deudas hipotecarias.
La nueva crisis internacional, que comenzó en 2007, reveló el
comportamiento fraudulento de los bancos. Como consecuencia de las
expulsiones masivas de las viviendas que se sucedieron en Estados
Unidos, España y otros países, cada vez hay más personas que cuestionan
esas deudas. Y esto pasa incluso en países donde la obligación de pagar
un crédito era, en general, incuestionable. Ada Colau, alcaldesa de
Barcelona desde 2015, reunió alrededor de su persona un importante apoyo
popular por haber participado activamente en la plataforma contra los
desalojos, realizados por los bancos, de familias incapaces de continuar
pagando sus hipotecas. Algunos años antes, hubiera sido inimaginable
que una mujer o un hombre fuera elegido para ejercer altos cargos
después de haber organizado ocupaciones ilegales de bancos, para
defender a las familias que no podían seguir pagando sus deudas.
Por todo el mundo, los movimientos sociales y el CADTM cuestionan el
pago de deudas privadas ilegítimas, ya sean hipotecarias o de
estudiantes, ya sean reclamadas por grandes bancos privados, por
agencias de cobro de deudas, por fondos buitre o por agencias de
microcrédito.
NOTAS
[1] Un billón € de deudas en suspensión de pagos (conocido también por la sigla inglesa NPL, Non performing loans).
Eso representa, según la Autoridad bancaria europea, el 5 % del total
de los créditos concedidos por los bancos de la Unión Europea.
[2] Los
bancos son presionados por las autoridades de control y por el BCE para
deshacerse de las deudas impagadas (NPLs) revendiéndolas a precios de
saldo a terceros, como los fondos buitre.
[3]
Sobre las causas de esa elevadísima cantidad en Grecia, véase Éric
Toussaint «Grecia: los bancos en el origen de la crisis», publicado el
11 de enero de 2917, http://www.cadtm.org/Grecia-los-bancos-en-el-origen-de
[4] Financial Times, «Blackstone offers “cove-lite” business loans», 17 de noviembre de 2017.
Autor del libro ‘Le système dette. Histoire des dettes
souveraines et de leur répudiation’, Les liens qui libèrent, 2017. El
libro será publicado por Icaria en Enero 2018.
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