Honduras, la historia siempre se repite dos veces.... Katu Arkonada*

Katu Arkonada*




Hegel decía que todos los grandes hechos (y personajes) de la historia universal, aparecen dos veces. Marx le complementó añadiendo que una vez como tragedia, y otra como farsa.

Lo sucedido en Honduras nos confirma la tesis de los viejos filósofos de que la historia siempre se repite dos veces: el golpe de Estado a Mel Zelaya en 2009 como tragedia, y el fraude electoral de 2017 como farsa.

El 28 de junio de 2009 militares encapuchados sacan en pijama al presidente Zelaya y lo deportan ilegalmente, tras paso por una base militar conjunta entre Honduras y Estados Unidos1, a Costa Rica. Mel Zelaya era acusado de intentar realizar un plebiscito para consultar la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente, aunque su verdadero delito fue un viraje desde los postulados que le habían llevado al gobierno como representante del Partido Liberal en 2006, para girar en 2008 y promover el ingreso de Honduras primero en Petrocaribe y después en el ALBA, lo cual le permitió ese mismo año elevar 60 por ciento el salario mínimo.

El ataque no era sólo contra un gobierno progresista, sino contra el eslabón más débil del ALBA, después de una década de ascenso de los gobiernos de izquierda en la región. Honduras además tiene una posición geopolítica clave en Centroamérica, siendo utilizada por la CIA en la década de los años 80 como plataforma para entrenar a la contra nicaragüense, y convirtiéndose en 2009 en un laboratorio del smart power que defendía Hillary Clinton, en aquel entonces secretaria de Estado; la combinación de hard power (golpe de estilo clásico, uso de las fuerzas armadas) con el soft power (impulso político desde el Poder Judicial junto a manipulación mediática y apagón informativo).

Ocho años después, el Partido Libertad y Refundación (Libre) se presentaba a las elecciones en una Alianza de Oposición junto al Partido Innovación y Unidad (PINU) y el Partido Anticorrupción (PAC), llevando al líder de este último partido, el conocido presentador de televisión Salvador Nasralla, como candidato a presidente. Enfrente, Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional y presidente desde 2013, que se presentaba a una reelección que prohíbe la Constitución de Honduras en su artículo 2392. Por mucho menos que eso Mel Zelaya fue objeto de un golpe de Estado.

EL 27 de noviembre, un día después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral hace público un informe de resultados donde a 57 por ciento del recuento realizado, Nasralla y la Alianza de Oposición obtienen una ventaja de más de 5 puntos sobre JOH. En la mayor parte de sistemas electorales del mundo, una ventaja de 5 puntos con más de 50 por ciento del recuento realizado se considera tendencia irreversible. Pero no en Honduras, donde tras una más que sospechosa caída del sistema informático, donde se dejan de retransmitir 5 mil actas, se ofrece un nuevo recuento donde JOH supera por 1.6 puntos a Nasralla. El fraude se consolida el 18 de diciembre cuando el TSE ofrece los resultados finales otorgando la victoria a JOH por 42.95 por ciento frente a 41.5 de Nasralla. Todo ello en medio de un toque de queda decretado el 1º de diciembre que ha dejado hasta el momento más de 30 personas muertas por disparos de las fuerzas de seguridad.

El fraude fue tan descarado que incluso la propia OEA, nada sospechosa de simpatías por los gobiernos progresistas, cuyo jefe de Misión Electoral era el boliviano Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Banzer (menos sospechoso aún), se ve obligada a emitir un informe el 17 de diciembre, respaldado por un comunicado de prensa de su Secretaría General que señala: Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar, con la necesaria certeza, al ganador.

Un golpe de Estado que fue una tragedia para el pueblo hondureño y latinoamericano, y un golpe electoral que ha sido una farsa para toda la comunidad internacional. Aprendamos de la historia para no volver a repetirla.

1 Honduras tiene un acuerdo con Estados Unidos desde la década de los años 50 por el que este último país puede utilizar libremente cualquier base militar o aeropuerto hondureño. Tan sólo en la base militar de Palmerola se calcula que hay alrededor de 500 marines.

2 El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública.

3 http://www.oas.org/fpdb/press/segundo
-informe-preliminar-moe-honduras-
18dic-final.pdf

4 http://www.oas.org/es/centro_noticias
/comunicado_prensa.asp?sCodigo
=C-092/17

*Politólogo vasco boliviano especialista en América Latina

Twitter: @katuarkonada
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/27/opinion/016a2pol

Indignado: La nueva reforma. Un nuevo manifiesto anarquista - Paul Goodman...(Libro)

La obra de madurez de Goodman, en la que ofrece la sorprendente posibilidad de una nueva sociedad anarquista, que disuelva los vicios de la tecnocracia y se apoye en un nuevo sistema de creencias moldeado por la educación incidental.


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Fuente: https://anarquismoenpdf.tumblr.com/post/164758473783/paul-goodman-la-nueva-reforma
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vía:Portal Libertario OACA.

Brasil: autoritarismo judicial, nuevo régimen de excepción... Luis Vitagliano *

Luis Vitagliano *




El 24 de enero fue a juicio el recurso contra la condena del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de prisión por el juez Sergio Moro dentro de la operación Lava jato. La confirmación de la sentencia se dio por unanimidad de los tres jueces de segunda instancia, quienes ampliaron la pena a 12 años y un mes. Con ese resultado, la derecha espera que Lula no tenga condiciones legales para ser candidato a presidente en octubre próximo.

La votación consensual mostró unidad y coherencia entre las diferentes instancias del Poder Judicial. Pero eso no es sinónimo de justicia. Al contrario, lo que se vio fue una defensa corporativa de un poder judicial autoritario.

Nadie está por encima de la ley, era la frase más repetida en la sentencia de Moro. Pero a los ojos de cualquiera es muy extraño que el proceso contra Lula haya tenido tamaña celeridad y parcialidad por los jueces que no apuntaron ninguna prueba, mientras procesos contra políticos de derecha con pruebas contundentes no prosperan. El mismo día de la condena a Lula, José Serra, quien lo enfrentó en la disputa presidencial de 2002, recibió la agradable noticia de que uno de los procesos por corrupción en los que está implicado había prescrito. La fiscalía y la justicia había perdido los plazos.

Basta un caso para mostrar que la acción de los jueces es parte de una trama política. El 16 de marzo de 2016 (cuando Lula era sujeto a proceso penal), la presidenta Dilma Rousseff, tratando de recomponer la base política de su gobierno, iba a nombrar a Lula ministro jefe de la Casa Civil. Para impedir su nombramiento, Moro divulgó una grabación ilegal de una conversación entre Lula y Dilma, que él y los medios manipularon para dar a entender que lo que Lula buscaba con el cargo de ministro era no ser investigado por Lava jato –tendría que serlo por el Supremo Tribunal Federal (STF) en nuevo proceso–. Pero tal grabación había sido realizada cuando ya no estaba vigente el pedido realizado por el juez a la Policía Federal; era ilegal. En un estado democrático de derecho, violar ilegalmente el sigilo telefónico de un ciudadano común es un crimen grave, pero violar el sigilo de una presidenta es crimen de seguridad nacional. Nada ocurrió con Moro. Ni el STF ni ningún organismo de control del poder judicial lo sancionó. Pero, atendiendo el escándalo de la acusación lanzada por Moro y los medios, un juez del Supremo, vinculado con la oposición de derecha, suspendió el nombramiento de Lula. Con el gobierno debilitado, el camino para el golpe de Estado contra Rousseff estaba despejado.

¿Cómo Lula se volvió blanco de esa feroz persecución? En la multitudinaria manifestación que hubo en Sao Paulo la noche de su condena, Lula afirmó que no era él quien estaba en el banco de los acusados, sino los pobres y excluidos que habían mejorado su vida y habían subido en la estructura social. Es decir, condenar a Lula es condenar las políticas públicas que generaron la mayor inclusión social en la historia del país.

Lo que se busca con su condena es que no pueda ser nuevamente candidato a presidente este año y que, como tal, cuestione las políticas neoliberales que desde el golpe de Estado de 2016 vienen siendo aplicadas con un acelerado resultado de nueva exclusión (vía nueva pobreza, aumento del desempleo y la precariedad laboral, recortes en las políticas sociales, etcétera). Y, peor, que gane las elecciones y revierta las políticas. Las encuestas lo dan de lejos, disparado, en primer lugar.

Pero para tener una explicación completa de esta coyuntura hay que tener en cuenta la brutal desigualdad económica y social que impera en Brasil, la condición elitista de los jueces y sus privilegios de casta, las conexiones internacionales y los intereses geopolíticos que están por detrás del golpe en Brasil.

La victoria de Lula en 2002 no fue, principalmente, con votos de los sectores más pobres. Fueron las políticas de inclusión social y regional de su gobierno las que lo hicieron el político más popular entre las camadas de la base de la muy desigual estructura social brasileña. Eso le dio no sólo un poder electoral inmenso, sino también capacidad de comunicación con esos sectores que supera a los medios de comunicación de masas.

Pero la inclusión en el consumo de amplios sectores antes excluidos provocó fisuras en el tejido social. El aumento de consumo y del crédito para los más pobres, el incremento del empleo formal y del valor real de los salarios, tuvo impacto no sólo económico, sino también sicosocial. Gente anteriormente pobre pasó a frecuentar bancos, restaurantes, tiendas de marcas famosas y aeropuertos internacionales, antes reservados para la clase media y rica. La inclusión de los antes miserables al universo del consumo fue veneno para el estilo de vida de la burguesía brasileña.

Pero el paso del PT por el gobierno federal también se caracterizó por no enfrentar directamente prácticas y ritos de la gobernabilidad política tradicional, el toma y daca de los partidos tradicionales, que se ofrecen para apoyar al gobierno en turno y cuyos votos en el Congreso son necesarios para aprobar proyectos de interés del gobierno.

Al tiempo que hacían acuerdos políticos con esos partidos, los gobiernos del PT, para inhibir prácticas corruptas, apostaron por los cambios institucionales y el fortalecimiento de los mecanismos de control judicial. Jueces, fiscales y policías federales no sólo ganaron autonomía, sino también jugosos aumentos salariales. Una autonomía que no está limitada por ninguna institución de control.

Jueces como Moro, que ganan entre 80 y 100 veces el salario mínimo vigente en el país, son y se consideran parte de la casta privilegiada del país. Justamente aquella que se vio amenazada por el ascenso social de los miserables. Ese juez defiende sus privilegios para mantenerse como parte de la élite, codeándose con la burguesía económica y financiera en fiestas y eventos sociales.

Pero no se trata sólo de una disputa de clases sociales dentro del país. Desde 2003, Lula buscó, aunque con prudencia, evitar el alineamiento con Estados Unidos, tanto en temas como la no adhesión al Área de Libre Comercio de las Américas como en otros netamente empresariales. Su gobierno buscó proyectar empresas brasileñas con fuerte apoyo del Estado; por ejemplo, con fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el segundo mayor banco de fomento del mundo, sólo detrás del Banco Mundial.

Es decir, la política estadunidense estaba siendo desafiada en toda la línea. Cuando Edward Snowden hizo sus revelaciones en 2013, llamó la atención que entre los teléfonos pinchados por el espionaje de Estados Unidos estaban los de Rousseff y sus principales asesores y los de la alta dirección de Petrobras.

Para retomar su agenda hegemónica, los principales think tanks estadunidenses financiaron y prepararon cuadros. Contaminaron los medios políticos con programas como Estudiantes por la Libertad. Entrenaron a Sergio Moro para que sea el gestor de un proceso del tamaño de Lava jato. Y organizaron la oposición al PT a partir del PSDB. ¿Cómo es posible hacer afirmaciones tan fuertes como esas? Basta analizar el comportamiento de la derecha brasileña antes y después de 2013, o sea, antes de la embajadora Liliana Ayalde y después de que fue nombrada para el cargo en Brasil (2013-2017). La misma embajadora que estuvo en la preparación del golpe blando en Paraguay en 2012.

Empresarios, jueces, capital internacional, medios dominantes, diplomacia y agencias de inteligencia de EU, todos, sumados, cambiaron los términos de la disputa. El PT venció cuatro elecciones seguidas a escala nacional (2002, 2006, 2010, 2014), se le presentaba a ese bloque como una fuerza imbatible. Al llevar al terreno judicial la disputa, la derecha cambió las reglas de juego para suprimir a Lula e inviabilizar al PT.

* Cientista político y profesor universitario
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/27/opinion/022a1mun

Chile: El nuevo periodo del capitalismo chileno...Punto final cl.

Las últimas elecciones presidenciales son las más importantes de la administración civil del capitalismo chileno desde el plebiscito de 1988 y dejaron un significativo reordenamiento de las distintas fuerzas políticas burguesas, poniendo fin a la larga “transición democrática”.
Con ellas se ha inaugurado un nuevo periodo en la dominación del gran capital, fruto de un reacomodo del bloque en el poder. Se reconfigura la forma en que se ejerce dicha dominación, expresándose en cambios en el funcionamiento de los procesos políticos y en la institucionalidad estatal.
Los elementos que configuran este cambio de periodo son: un recambio en la clase política administradora de la dominación burguesa; un cambio del marco institucional en el cual se mueven las fuerzas políticas burguesas; y la irrupción de las clases medias en la escena nacional como actor con agenda propia.
Así, el actual patrón de acumulación fundado por la contrarrevolución burguesa estaría cruzado por tres periodos: el dictatorial militar, el transicional democrático y el actual, aún en proceso de establecimiento; siendo lo transversal y definitorio de la fase “neoliberal” del capitalismo chileno la dominación prácticamente sin contrapeso que el gran capital ejerce sobre la sociedad, cuya expresión práctica son los niveles extremos de explotación que enfrentan las clases trabajadoras.
EL FIN DE LA TRANSICION          
El esquema de dominación burguesa del periodo transicional ha cumplido su rol histórico, se agotó. Entre las razones de su caducidad están:
• La pérdida de vigor de la base primario-exportadora de la economía. Además de un salto de la burguesía chilena hacia la exportación de capitales a la región.
• La paulatina desaparición física de los generales militares y civiles de la contrarrevolución burguesa, permitiéndole a la derecha desmarcarse del pinochetismo más duro.
• La bancarrota de la CUT que debilita su rol de garante “por abajo” de la gobernabilidad neoliberal, lo que redunda en su continuo desbordamiento por la reactivación del movimiento de trabajadores(1) y en el desplazamiento de la burocracia sindical al interior del bloque en el poder.
• Y, finalmente, la pérdida de legitimidad de la institucionalidad burguesa y el descrédito generalizado de sus partidos políticos tradicionales.
Fruto de la ausencia de proyecto de las clases sociales fundamentales, la dominación burguesa se entrampó en una situación pantanosa. El dominio sin contrapeso del gran capital hace que la burguesía chilena carezca de una salida “no neoliberal” a los problemas de la acumulación y del agotamiento del sistema político. Por otra parte, la ausencia de las clases trabajadoras como actor independiente, priva a la escena nacional de una alternativa realmente transformadora.
El agotamiento del proyecto concertacionista -cuyo éxito se sustentaba en haber sido quien mejor encarnaba el “espíritu” de la administración civil del capitalismo chileno, garantizando éxito económico y gobernabilidad- ya se evidenciaba en procesos eleccionarios previos. Su fin había sido circunstancialmente pospuesto por el alineamiento espurio de sus partidos tradicionales, más el PC, bajo la figura de Bachelet como carta segura de la elección presidencial de 2013.
La Nueva Mayoría intentó salvar dicho proyecto, adoptando parte de las demandas levantadas por los llamados movimientos sociales y tratando de “airear” el sistema político mediante la incorporación de otros referentes, ya sea incluyéndolos en la misma coalición (PC) o dando espacio dentro de la ingeniería electoral a “nuevos rostros” (Jackson). El programa reformista contó en un comienzo con el beneplácito del empresariado, del cual se desmarcó a poco andar al constatar el real alcance de la desaceleración económica. El remate vino dado por el torpedeo interno que sufrió la administración Bachelet, especialmente desde la DC.
El Frente Amplio capitalizó el descontento acumulado en el electorado concertacionista, dándole expresión orgánica y político-programática. Logró cristalizar en su seno a amplios sectores de las clases medias ya no solo como electorado, sino también como actor colectivo con conciencia de sí.
EL NUEVO PERIODO
Primero, se trata de un cambio de periodo en un contexto de administración civil del capitalismo chileno. Siguen vigentes el Estado de derecho burgués y la institucionalidad democrático-representativa. Dicho esto, ¿cuáles son los elementos de las recientes elecciones que marcan la consumación del cambio de periodo?
“Por arriba” el fin del sistema binominal acaba con uno de los pilares institucionales que fundaron los pactos transicionales. Su reemplazo es un cambio significativo que le imprimirá una nueva dinámica política a las fuerzas que se mueven en el marco de la institucionalidad burguesa.
Si bien está por verse cuál será específicamente esta nueva dinámica, en lo inmediato se puede prever una mayor inestabilidad e impredictivilidad del sistema político producto de la fragmentación de las coaliciones de la transición y una mayor facilidad para la aparición de fuerzas outsiders en la institucionalidad. En este mismo ámbito, la irrupción del Frente Amplio marca una renovación de la clase política que administró el Estado durante la transición.
Sus resultados vienen a coronar la irrupción de las clases medias en la escena política nacional. El gran capital puede contar con un actor político-social constituido con el cual entrar en transacción con vistas a mantener la gobernabilidad burguesa. El éxito dependerá, sin embargo, de la capacidad que tenga el gran capital de metabolizar las demandas de este sector social y de cooptar a su dirigencia, y de la capacidad de maniobra de este nuevo actor.
¿Qué contradicción intenta resolver? Su aparición es al mismo tiempo expresión e intento de solución del desgaste “por abajo” de la gobernabilidad neoliberal. El vacío dejado por la bancarrota de la CUT necesita ser llenado; así como también la gigantesca desafección de la población para con el sistema político-institucional, fenómeno especialmente extendido entre los sectores populares.
Que se logre o no la recomposición “por abajo” de la dominación burguesa es algo que aún está por verse.
EL FRENTE AMPLIO
Sorpresiva fue la votación obtenida por el Frente Amplio. Con esto el mapa de la política chilena en lo institucional quedó constituido por tres grandes fuerzas burguesas: Chile Vamos, los restos de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, cada una de las cuales sirve de polo de atracción para las respectivas expresiones de derecha, centro e Izquierda del sistema de dominación clasista.
La fuerza relativa de cada uno de los conglomerados varía dependiendo desde dónde se evalúe, siendo la fuerza del Frente Amplio mucho menos consistente que la de los otros dos. El apoyo que obtuvo en las elecciones presidenciales (20,3%) se disipa considerablemente al pasar a la votación de diputados (16,5%), y aún más cuando se trata de la representación parlamentaria efectivamente obtenida (12,9%).
Existe una desalineación entre el apoyo que concita a nivel parlamentario y a nivel presidencial, este último en gran parte basado en la figura de Beatriz Sánchez. Ella sola aportó el 26% de la votación total frenteamplista.
Hay aún una debilidad orgánica de este referente, fruto seguramente de estructuras partidarias poco consolidadas que no logran establecer una conexión coherente en su electorado. En este sentido, el Frente Amplio tiene un trecho importante por recorrer para constituirse en una fuerza consistente que aspire a la conducción política del capitalismo chileno.
En lo interno se distingue si hay una clara “división política del trabajo” entre sus miembros. La conducción la detenta Revolución Democrática, siendo el referente que más aporta en términos de representantes y cuadros en el aparato estatal. A cargo de la producción ideológico-intelectual aparece la Izquierda Autónoma, a través de la Fundación Nodo XXI. El activismo universitario, en tanto, lo llevan a cabo el Movimiento Autonomista y Nueva Democracia (UNE). El resto es una fauna variopinta que actúa como base de apoyo y caja de resonancia.
EL TRIUNFO DE LA DERECHA
El otro elemento de estas elecciones fue la victoria que obtuvo la derecha, especialmente el contundente triunfo del 17 de diciembre en la segunda vuelta presidencial. Este derribó una serie de mitos, como el del techo electoral de este sector, o que el aumento de la participación electoral favorecería indefectiblemente a las opciones progresistas. El caso es que ni la suma aritmética de todos los votos de la llamada centroizquierda hubiese alcanzado para superar a Piñera en segunda vuelta. En varios círculos de Izquierda cundió la histeria por el resultado; sin embargo, sus implicancias deben ser analizadas fríamente.
En primer lugar, se trata de una derecha que se mueve y actúa en el marco de la institucionalidad democrático-representativa. En este sentido, por más provocadoras que resulten las bravuconadas de J.A. Kast, lo cierto es que el estado de la lucha de clases no plantea hoy la posibilidad de una salida fascista. Por el contrario, la recomposición de la dominación burguesa toma hasta ahora una forma amigable, es una salida provisoria relativamente benigna de las contradicciones del capitalismo chileno. Por otra parte, tampoco se ajusta a la realidad la caricatura que presenta a la derecha empecinada en desmantelar programas sociales.
PROYECCIONES
Es difícil aventurar el rumbo exacto que tomará el nuevo periodo, pero hay ciertos elementos que entregan luces.
Se trata de una recomposición precaria del bloque en el poder. En el corto y mediano plazo debiesen pactarse cambios político-institucionales que busquen formalizar y afianzar este reacomodo, por ejemplo, una nueva Constitución o una reforma significativa de la misma.
Sin embargo, lo anterior no crea una base suficientemente sólida que dé estabilidad duradera. Por el momento ni siquiera asoman proyectos ni fuerzas que encaren los problemas de fondo que se evidencian en la base del proceso de acumulación. Con un dinamismo económico mermado, el capitalismo chileno cuenta con un menor margen de maniobra que el de años atrás.
La recomposición “por abajo” de la legitimidad es incierta. El ciudadanismo de las clases medias no alcanza. Las últimas elecciones así lo demostraron. La irrupción del Frente Amplio no trajo ningún caudal de nuevos votantes que pudiera llevar a ilusionarse con un rejuvenecimiento de la democracia chilena y una recuperación de la confianza en sus instituciones.
La acción de las clases medias se muestra impotente para recomponer duradera y consistentemente la dominación burguesa. La razón de ello radica en su incapacidad para generar instancias permanentes y estructuradas con arraigo de masas, tal como las que levantaron los trabajadores a lo largo del pasado siglo.
Su comportamiento es inconsistente. Por ejemplo, los gobiernos comunales de los lugares que constituyen las fuentes por excelencia de los cuadros dirigentes y militantes del Frente Amplio, y precisamente donde su discurso tiene especial recepción, se encuentran mayoritariamente en manos de la derecha (Providencia, Ñuñoa, La Reina, Santiago). Habría así un campo social en disputa, el cual puede ser potencialmente hegemonizado por la derecha a través de figuras como Felipe Kast y Manuel José Ossandón.
Se abren dos posibles vías por las cuales el gran capital podría interlocutar con las clases medias, y así constituir la “base ciudadana” y de legitimidad democrática de su dominación en el actual periodo. Una, es el progresismo ilustrado encarnado en un referente político externo a la derecha (Frente Amplio). El otro, es un cóctel de liberalismo (Kast) y populismo conservador (Ossandón) que incorpore dentro de la derecha a este sector social. Esto último implicaría una modernización programática en la derecha, que si es hábil en materializarla podría dejar sin banderas a la primera opción -desnudando su carácter elitista e inconsistente-, echarse al bolsillo a sectores populares y asegurar la conducción política del capitalismo chileno al menos por un par de periodos presidenciales.
MAX RODRIGUEZ
(1) Francisca Gutiérrez et al.: Informe de Huelgas Laborales 2016, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), junio 2017.
Elección Presidencial 2017
Votación Candidatos
43.048 mesas escrutadas de un total de 43.051, correspondiente al 99,99%.

Nombre de los candidatos	Votos	Porcentaje
SebastiAn Piñera EcheNique	3.795.896	54,57%
alejandRo guillier alvarez	3.160.225	45,43%
Válidamente Emitidos	6.956.121	98,91%
Votos Nulos	56.415	0,80%
Votos en Blanco	20.049	0,29%
Total Votación	7.032.585	100,00%

Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Fuente: Servicio Electoral (Servel).
Nota de PF: Abstención: 50,98%.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 892, 12 de enero 2018).
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Nuestra América: ¿Más imposiciones presidenciales disfrazadas? Antonio Gershenson

El miércoles pasado se ratificó en Brasil, en medio de protestas masivas, la condena de Lula da Silva, ex presidente y posible candidato a la presidencia de ese país, por delitos inventados. La verdadera motivación del gobierno reaccionario y derechista, era evitar la seguridad que tendría Lula de ganar la elección.

No es un hecho aislado. En Honduras, cuando la oposición iba ganando las elecciones presidenciales al mandatario derechista que quería reelegirse, y cuando la oposición llevaba ventaja de más de 100 mil votos, “se dio la caída del sistema por cuatro horas (era el 29 de noviembre de 2017)… ese día se reinició el conteo a partir de cero” y ya el presidente saliente, Juan Hernández, ganó aunque los votos anulados eran ya 70 por ciento del total. La información es del periódico El Libertador, de ese mismo país, del 4 de diciembre. Ilustra las publicaciones al respecto con fotos e, incluso, en su edición de Internet, con película con el ejército en movimiento, con todos los soldados enmascarados. Por supuesto, el gobierno estadunidense y sus seguidores reconocieron al presidente de inmediato.

Con este ejemplo reciente no podemos dejar de recordar la similitud con uno de los fraudes más descarados registrados aquí, en 1988. Al entonces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, que ya había ganado en las primeras cuatro entidades donde se habían contado las boletas, incluida la capital, también le pasó; se cayó el sistema por evidente decisión gubernamental, y a partir de eso todas las demás entidades se volvieron a favor del PRI y del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, que resultó presidente, como ahora el de Honduras.

En otros países hay otros problemas. En Chile ganó la derecha, pero ahí guardaron más las apariencias. En Argentina, la represión es evidente y masiva. Y en México hay una situación anormal con la nueva Ley de Seguridad Interior. Las protestas han sido enormes, una de las más recientes es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ante la evidente impopularidad del actual gobierno y de su partido, las encuestas, de las que algo ya hemos mencionado, dejan al PRI en tercer lugar a nivel nacional. En Ciudad de México les ha ido peor, llegando hasta al quinto. Y están viendo cómo seguir en el poder como se pueda. Por supuesto, con las mentiras que durante mucho tiempo han dicho. Pero la represión y la violencia también aumentan en la cantidad de asesinatos, incluyendo periodistas y, en general, sin que se localice o detenga a los culpables.


El miércoles 6 de diciembre de 2017 se publicó en la página 4 de La Jornada que: La minuta de Ley de Seguridad Interior (LSI) que envió la Cámara de Diputados al Senado es un proyecto muy preocupante, pues está demostrado que una década después de que las fuerzas armadas fueron desplegadas en labores de seguridad pública, la violencia no ha disminuido y tanto los agentes estatales como los federales siguen perpetrando violaciones a derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein.” Esto mismo lo reprodujimos en este periódico el 10 de diciembre.

Desde más arriba, los que deciden tienen dos opciones comprobadas: cuando el PRI ya no puede sostenerse, ha entrado su otra opción, el PAN, que ha entrado a la Presidencia en los años 2000 y 2006. Y cuando el PAN, después de sus múltiples entregas a los multimillonarios y a los vecinos del norte, ya se agotó y no pudo ganar otra elección, regresó el PRI al gobierno, pero con una política mucho más derechista y entreguista, incluso que las presidencias panistas. Si el PAN se agotó en dos sexenios, al PRI le bastó con uno.

La Ley de Seguridad Interior es una muestra de que los gobernantes quieren seguir en el poder, incluso con el Ejército, al que le dan más poderes de los que ha tenido. Y, claro, seguirá obedeciendo al gobernante, y éste, a los más poderosos.

La violencia del presidente de Honduras contra las multitudes, después de su fraude electoral, es una clara muestra.

antonio.gershenson@gmail.com

vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/28/opinion/015a2pol

Argentina-La Dictadura-Pueblos Originarios: ¿Por qué contra los Mapuches?..La Vaca

"A dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de un “comando unificado”, mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el territorio en disputa. Una nota de Darío Aranda para lavaca."

Es el blanco elegido por el gobierno nacional y los medios oficialistas. Todos los pueblos indígenas de Argentina exigen lo mismo: territorio. Tienen distintas metodologías de lucha, pero ninguna provoca tanto recelo (político, judicial, mediático, social) como el accionar del Pueblo Mapuche. “Terroristas”, “chilenos”, “mataron a los tehuelches”, son algunas de las definiciones que la voz oficial instaló en distintos momentos de la historia y se repiten hasta la actualidad. A dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de un “comando unificado”, mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el territorio en disputa. Una nota de Darío Aranda para lavaca.
Enero, agosto y noviembre de 2017. Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), desaparición de Santiago Maldonado y asesinato de Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los medios de comunicación hicieron foco en “los mapuches”. La situación mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el Pueblo Mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las comunidades mapuches tienen los mismos reclamos que el Pueblo Qom, pero expresan su mensaje de manera diferente, “de igual a igual” frente al no mapuche. “La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de igual a igual”, afirma.
Lenton destaca que muchas personas suelen decir que nos son racistas porque “ayudan” a un grupo determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo cambia. “Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran que ese otro lo trate de igual a igual”.
Integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe una generación de dirigentes mapuches muy preparada, con formación política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos líderes mapuches tienen buen manejo de oratoria y de los medios de comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros pueblos.

Territorios y corporaciones

 
Existe una coincidencia en que un elemento central es la disputa por el territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas (petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con sectores políticos y judiciales). “Hay que tener presente qué empresas y qué actividades económicos quieren desarrollarse en los territorios donde viven las comunidades mapuches”, alerta Lenton.
Lefxaru Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta), a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios ancestrales. Y destaca otro factor particular del Pueblo Mapuche, las “recuperaciones territoriales”, cuando las comunidades identifican un lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho más propio del Pueblo Mapuche. “Hace más de 25 años que las comunidades decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los territorios que nos pertenecen”, aclara Nawel.


Colonización tardía

 
Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias de la Patagonia. “Recién han pasado 130 años de la finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 o 400 años, en manos de los españoles”, recuerda. Y, por otro lado, puntualiza que el Pueblo Mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad de una nación, no en términos secesionista, sino de soberanía en territorios, autonomías, con autoridades propias. “Es un planteo que lleva a un debate profundo sobre el estado plurinacional, quizá otros pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores reaccionarios tomen posturas represivas”, afirma.


Indómitos y transfronterizos

 
Eduardo Hualpa es abogado especializado en derecho indígena, con más de veinte años de trabajo junto a las comunidades mapuche-tehuelche de Chubut. Cree que el recelo contra el Pueblo Mapuche tiene múltiples causas, entre ellas que se trata de “uno de los pueblos más aguerrido, más indómito, con sus líderes de alto perfil en espacios regionales, nacionales e internacionales”. Afirma que la política del gobierno nacional es “apuntar a la cabeza de los líderes mapuches y acallar reclamos”.
También señala la particularidad de la gran extensión territorial que abarcan las comunidades mapuches, con presencia en cinco provincias, lo que “le ha dado una gran dinámica, diversa en su lucha” y destaca que se trata del único pueblo que alza la bandera de las recuperaciones territoriales.
Destaca que también es muy notoria la presencia mapuche en los ámbitos judiciales. Hualpa es autor del libro “Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas”, donde descubrió que la mitad de las sentencias en causas indígenas obedecen a comunidades mapuches. Es el pueblo indígena que más litiga en los tribunales.
“Un factor a pensar es que se trata de un pueblo transfronterizo (Argentina y Chile), al que le calzan muy bien las teorías de seguridad continental que promueve el Departamento de Estado de Estados Unidos”, alerta Hualpa, integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).



Extractivismo y clase social

 

Adrián Moyano es licenciado en Ciencias Políticas y periodista, escribió tres libros sobre el Pueblo Mapuche y vive desde 27 años en Bariloche. Afirma que “la ofensiva y represiones” contra el Pueblo Mapuche tiene relación con la anunciada “lluvia de inversiones” que el gobierno nacional promete para la Patagonia. Y precisa que un actor de peso es el Eximbank, organismo financiero público de Estados Unidos que financia inversiones de compañías estadounidense en el exterior. “Varios de esos proyectos transcurren en Neuquén, Río Negro y Chubut, y tiene relación con la explotación de hidrocarburos no convencionales y proyectos hidroeléctricos”, explica Moyano.
Precisa como ejemplo la intención de una represa sobre el río Corcovado, resistido por la población de la ciudad del mismo nombre y por la comunidad mapuche Pillán Mahuiza. Si bien el proyecto tiene casi dos décadas, busca proveer de energía a la compañía Aluar, anuncios oficiales señalan un intento de relanzamiento.
Moyano recuerda que el presidente Macri suele descansar en el country Cumelén de Villa la Angostura, que a poco de asumir mantuvo un encuentro con Joe Lewis, “señor feudal de la zona y, como Benetton, con control de naciente de aguas y proyectos hidroeléctricos”.
Un factor histórico que destaca es que el Gobierno “llegó al poder con el especial apoyo del sector social que se benefició con la Campaña del Desierto”. El caso más emblemático es el nombramiento del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, al frente del Ministerio de Agroindustria. “La pertenencia a esa clase social de funcionarios importantes es un factor que explica el particular encono contra los mapuches, en el marco de un Gobierno que profundiza la estigmatización de los pueblos indígenas”, afirma Moyano.


El Comando de Bullrich

 
“Comando unificado”, fue el nombre elegido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para bautizar un espacio impulsado por el gobierno nacional y articulado con los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut.
“Tras ocho años de una escalada de violencia creciente, la Ministra de Seguridad junto con los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad de Neuquén, Jorge Lara; y el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, crearon un comando unificado para el abordaje de la problemática. Con 96 causas judiciales en su contra, este grupo violento ha intensificado sus ataques, atemorizando a toda los ciudadanos”, anuncia el comunicado del gobierno nacional, fechado el 27 de diciembre de 2017.
Según el Gobierno, se registra “un incremento del accionar violento y delictivo de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el brazo armado de un movimiento de liberación etnonacionalista denominado Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP). La RAM y el MAP, y su organización madre localizada en Chile, la Coordinadora Arauco Malleo (CAM) promueven una lucha insurreccional contra los estados argentino y chileno que persigue el fin último de escindir los llamados ‘territorios ancestrales’ de ambos países, y confirmar un estado nuevo regido por un gobierno propio”.
También las denomina “organizaciones extremistas” y las acusa de recibir apoyo de “grupos anarquistas y de izquierda radicalizada que utilizan su nombre y sus símbolos para cometer actos violentos en las grandes ciudades”.
“RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut”, es el nombre de la “investigación” que presentó Patricia Bullrich. Se trata de 180 páginas repleto de imprecisiones, datos falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno, peligroso, terrorista. “La RAM estaría vinculada a comunidades aborígenes radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén (…) Desconoce el Estado Argentino, su organización, sus leyes, e instituciones tratando de imponer sus ideas de no pertenencia a la Nación Argentina por la fuerza y el temor (…) Actúan en la clandestinidad, con rostros cubiertos y portando armas de fuego, facas, hondas, bombas molotov, palos y piedras. Incendian propiedades, dañan instalaciones, roban ganado, cortan rutas y el suministro servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan”.
La segunda semana de enero, el presidente Macri recibió a los gobernadores de Chubut (Mariano Arcioni) y de Río Negro (Alberto Weretilneck), en sus vacaciones en el country Cumelén de Villa la Angostura. “La cuestión mapuche” (como la llaman desde el poder) estuvo en la agenda política.
“Una vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, configurando un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas”, alertó la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Roberto Gargarella, Diana Lenton, Maristella Svampa y Alcira Argumedo, entre otros.
Del espacio también participan la Confederación, el Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Parlamento Plurinacional. “La creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir a este ‘enemigo mapuche’ recuerda la terrible historia del terrorismo de Estado en Argentina”, advirtieron las organizaciones indígena.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), junto a medio centenar de organizaciones, también repudió la creación del comando unificado: “El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante”.



Haciendo el juego

 
El 10 de enero, el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP) emitió un comunicado en el que denunció la política represiva del gobierno nacional. Y también reivindicó el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), justamente el espacio que más cuestiona el Gobierno y eje de la campaña mediática de los grandes diarios.
“La Resistencia Ancestral Mapuche ha existido, existe y existirá mientras el Pueblo Mapuche siga siendo oprimido por el estado argentino (…) Ante estas amenazas, la violencia y el avasallamiento ejercidos por el estado y el capitalismo trasnacional es que se han organizado grupos de resistencia en comunidades y zonas rurales para defender el territorio mediante acciones de sabotaje”, explica el comunicado.
Señala que el MAP es “una propuesta política y filosófica” y sostiene que “las comunidades alineadas a la propuesta política del MAP reconocen la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche”.
Ninguna comunidad mapuche firma el comunicado. Ninguna comunidad mapuche se identifica como parte de la RAM en público.
El comunicado del 10 de enero es funcional a la estrategia represiva del gobierno nacional.
En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches había emitido un inusual y duro comunicado: “Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche”.
“No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político institucional serio. El Pueblo Mapuche reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos”, destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Sata Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.
Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de conflictos. “Como es posible que panfletos absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propio de personas que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una política represora”.


Violencia e impunidad

 
El 17 de enero la comunidad mapuche Las Huaytekas denunció un ataque incendiario en sus viviendas. La policía no dio con los atacantes. Y el Poder Judicial tiene sus tiempos (largos) para investigar los hechos de violencia contra mapuches.
El jueves 25 de enero se cumplen dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, en manos de la Prefectura. A pesar de que la bala mortal es del mismo calibre de las utilizadas por la fuerza estatal, ningún efectivo fue procesado por el juez Gustavo Villanueva ni apartado de su cargo por Patricia Bullrich.
Habrá manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la capital neuquina y en Bariloche. “Fue el Estado, fue prefectura. Ni un muerto más por la defensa del territorio”, invita la convocatoria en Bariloche, impulsada por organizaciones sociales, comunidades mapuches, familiares y amigos de Rafael Nahuel.
El afiche de invitación muestra una foto de Rafael Nahuel en una marcha, tocando un ñolkiñ (instrumento mapuche). En letras rojas, dos palabras, resumen lo que exige la familia Nahuel y también una deuda histórica con los pueblos indígenas: “Justicia ya”.



Fuente: La Vaca

vía:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Por_que_contra_los_Mapuches
 

México-La Dictadura-Corrupción: ¡También hay un GIGANTESCO FRAUDE en las AFORES!

En medio de la polémica nacional por la privatización del IMSS, han empezado a surgir denuncias que en las AFORES también están siendo defraudadas, al negarle a los trabajadores del Seguro Social el pago de aportaciones. En otras palabras, el gobierno federal, a través del IMSS retiene las aprotaciones de los propios trabajadores y literalmente los desaparece. SI QUIEREN DONAR A ESTE CANAL En efectivo, a través DE SALDAZO DE OXXO, con el número de tarjeta 4766-8408-0568-0894 A TRAVES DE PAYPAL con cualquier tarjeta de crédito o débito, les dejo el enlace: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr... COMPRA EL NUEVO LIBRO DE AMLO, OYE TRUMP: http://amzn.to/2uCJwps Si te gusta este video, dale LIKE Y SUSCRÍBETE, para que más personas lo vean. Te recuerdo mi cuenta de Twitter: https://twitter.com/nachorgz Te dejo mi página de Facebook: https://www.facebook.com/elchapuceroTV Visita mi blog en: http://www.elchapucero.com

Brasil: La farsa y el golpe perfecto..Eric Nepomuceno

Eric Nepomuceno

Cuando faltaba poco para las seis de la tarde del 24 de enero, los tres magistrados que integran el Tribunal Federal Regional con sede en Porto Alegre no sólo confirmaron la condena al ex presidente Lula da Silva, sino aumentaron su pena de nueve años y medio a doce años y un mes de cárcel; redondeaban algo más que una farsa grotesca y abyecta: cerraban el golpe perfecto.

Con la condena, Lula quedó inhabilitado –las posibilidades de lograr alguna autorización judicial son ínfimas– para disputar las elecciones presidenciales de octubre, en que era (¿es?) favorito absoluto.

Con eso, el trío abrió anchas, nefastas y oscuras alamedas por donde tratarán de transitar los candidatos del actual gobierno, corrupto e ilegítimo, nacido a raíz de ese mismo golpe que empezó el 12 de diciembre de 2015 y cerró su primera fase a fines de agosto de 2016.

El único objetivo del golpe que defenestró a la presidenta Dilma Rousseff –y sus más de 54 millones de electores– en un largo y arduo proceso, cuyo final estaba cantado desde el inicio, nunca ha sido otro que impedir que Lula da Silva volviese a ser presidente.

Y, a la vez, permitir que el legado de 13 años de gobierno de su partido de los trabajadores, el PT, pudiese ser destrozado por una pandilla de corruptos que, una vez limpiado el terreno, dejasen en su lugar a alguien de total confianza de los dueños del país.

Brasil tiene varios y tenebrosos antecedentes. Basta con recordar uno, del fallecido líder de la derecha, Carlos Lacerda, que en una elección presidencial (en la que su partido perdió…) cuñó, al referirse al adversario, una frase aclaradora: ‘No debe ser candidato. Si lo es, no debe ganar. Si gana, no puede asumir. Y si asume, debemos impedirle gobernar’.

Los tres magistrados de Porto Alegre optaron por acortar distancias e ir directo al grano: sin una única y miserable prueba, sin siquiera un indicio claro, condenaron a Lula da Silva. Ni siquiera tuvieron la preocupación de disfrazar: los tres votos se complementaban, como en un juego de encajes, iniciado por el juez de primera instancia, Sergio Moro.

Desde el primer momento, las instancias superiores de la justicia brasileña se omitieron frente a un sinfín de manipulaciones arbitrarias, acciones autoritarias y hasta ilegales de Moro, el paladino justiciero de Curitiba. Y peor, también se omitieron frente a denuncias claras y contundentes de manipulaciones llevadas a cabo por los fiscales que actúan en el mismo caso, indicando que presionaron por todos los medios a los investigados. Si no incriminaban a Lula da Silva, ni pensar en alcanzar los beneficios de la ‘delación premiada’, o sea, de reducción de las sentencias a cambio de denuncias.

Y más, fueron insinuadas serias evidencias contra la esposa del juez, la abogada Rosángela Moro, socia de otro causídico, Carlos Zucolotto, a su vez acusado de intentar intermediar denuncias al ex presidente a cambio de drásticas reducciones en las multas que serían aplicadas a empresas acusadas de corrupción. El autor de los disparos contra la cónyugue del señor juez y su socio fue Rodrigo Tacla Durán, uno de los operadores de soborno de la constructora Odebrecht.

Tacla Durán dispone de recibos, comprobantes de depósitos, transcripciones de conversaciones. Puede, desde luego, que nada sea cierto. Pero sigue vigente una pregunta: ¿por qué no se investigó? ¿Por qué la palabra de un delator contra Lula da Silva se transforma en prueba irrefutable, y la de Tacla no es siquiera oída?

En resumen: la farsa es tediosa, ofensiva, indignante. Y no hubo ni hay cómo enfrentarla y deshacerla.

El golpe urdido por un hampón provinciano, un ladronzuelo habitual, el senador Aécio Neves, derrotado por Dilma en 2014, fue muy bien trazado. Contó con pleno y muy eficaz apoyo de un Congreso que abriga la legislatura de peor estatura ética y moral desde la retomada de la democracia, en 1985; con el total y eufórico respaldo de los grandes medios hegemónicos de comunicación; con la contribución decisiva de Sergio Moro, un juez que actúa como acusador, y de fiscales que se creen emisarios de divinidades misteriosas, y también con la omisión de los instrumentos de control de la justicia, de entrada por el Supremo Tribunal Federal, corte suprema de un país sometido a su inacción o cobardía.

Buen ejemplo ocurrió cuando un juez, también de primera instancia, despreciable en sus ganas de lucimiento, llamado Ricardo Leite, y que actúa en Brasilia, mandó aprehender el pasaporte de Lula da Silva. Quedó claro, con eso, que la dictadura togada instalada en Brasil desconoce límites.

La sentencia final emitida por los tres verdugos que actuaron en plena armonía con el provinciano juez acusador da lugar a que Lula sea llevado a la cárcel cuando se rechace su recurso.

Difícilmente lo detendrán. Primero, porque podrían explotar brotes de convulsión social en varias partes del país.

Y, segundo: ¿para qué?

Al fin y al cabo, el golpe se dio para expulsar al PT del poder e impedir que Lula da Silva fuese electo una vez más. Misión cumplida, ¿para qué buscar más confusión?

En relación con los jueces, la historia quizá no se acordará de ellos, de sus nombres ni de sus trayectorias insignificantes.

De su farsa, sí. Porque esos seres moralmente ínfimos cometieron algo grandioso. Tenebrosamente grandioso. Asquerosamente grandioso.

Y eso no será olvidado.

 

 

Vía:  http://www.jornada.unam.mx/2018/01/28/opinion/016a2pol

México-Corrupción-La Dictadura: ¡URGENTE¡ ¡NO TE JUBILES! hasta después que veas ESTE VIDEO...Ante la REALIDAD que el IMSS se está ROBANDO una parte de las pensiones, en especial las aportaciones de cesantía y vejez

Ante la REALIDAD que el IMSS se está ROBANDO una parte de las pensiones, en especial las aportaciones de cesantía y vejez, en este video les daré uno de los consejos MAS importantes para que, si te vas a jubilar, puedas COBRAR completo tu jubilación. SI QUIERES DONAR A ESTE CANAL En efectivo, a través DE SALDAZO DE OXXO, con el número de tarjeta 4766-8408-0568-0894 A TRAVES DE PAYPAL con cualquier tarjeta de crédito o débito, les dejo el enlace: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr... ¡SE PATROCINADOR DEL CANAL Y DESCUBRE RECOMPENSAS EXCLUSIVAS!: https://www.patreon.com/ElChapucero COMPRA EL NUEVO LIBRO DE AMLO, OYE TRUMP: http://amzn.to/2uCJwps Si te gusta este video, dale LIKE Y SUSCRÍBETE, para que más personas lo vean. Te recuerdo mi cuenta de Twitter: https://twitter.com/nachorgz Te dejo mi página de Facebook: https://www.facebook.com/elchapuceroTV Visita mi blog en: http://www.elchapucero.com

Argentina: Preocupantes datos del empleo público y privado

Ecuador: de la descorreización a la consulta popular Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

¿Qué es lo que sucede en Ecuador? Es la pregunta recurrente que circula en el exterior, entre profesores, académicos, editorialistas o personas de reconocida influencia en la opinión crítica de sus países.

Tratando de responder a esa inquietud, habría que señalar que los 10 años del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) formaron parte del ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. Ellos despertaron poderosas fuerzas enemigas: el imperialismo, las élites empresariales, los medios de comunicación privados ligados a esos intereses, los partidos políticos tradicionales. En Ecuador, a estos sectores se unieron, con el paso del tiempo, dirigentes de movimientos sociales que perdieron antiguas prebendas y posiciones, así como partidos y sectores de la antigua izquierda, que fueron incapaces de comprender la época histórica que se vivía.

Para las elecciones de 2017, Alianza País (AP), el partido-movimiento que dio origen al gobierno de Correa, postuló al binomio Lenín Moreno y Jorge Glas. En la primera vuelta (19 de febrero) confrontaron a siete binomios, pero para la segunda (2 de abril) se enfrentaron al exbanquero y millonario Guillermo Lasso (binomio con Andrés Páez), auspiciado por Creo y SUMA, y apoyado por la derecha política. Ganó Moreno con 51.16 por ciento de votos (Lasso obtuvo 48.84 por ciento). Ese triunfo fue calificado de fraude por el candidato perdedor, de modo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), cediendo a las presiones, tuvo que realizar otro conteo de sufragios.

Durante la campaña, Moreno expresó lealtad a Correa, a quien destacó como el mejor presidente en la historia nacional. Señaló que la Revolución Ciudadana continuaría. Eso destapó los ataques de la oposición, que lo miró como el futuro continuista de un gobierno tildado de antidemocrático, autoritario, caudillista o populista.

Con la toma de posesión (24 de mayo), Moreno nombró un gabinete con algunas personas identificadas con el anterior gobierno y otros nuevos empresarios, lo cual parecía una renovación necesaria. Pero en pocas semanas la situación cambió. Sirvió de estrategia el diálogo nacional que inauguró el mandatario y que derivó en el resurgir de las derechas políticas y, sobre todo, de las élites empresariales, auspiciadas por los más influyentes medios de comunicación privados, que aplaudieron el nuevo ambiente de libertad que según Moreno ahora sí se respiraba.

Bajo ese inédito ambiente, no visto en una década, estalló el tema de la corrupción, que involucró a Odebrecht, PetroEcuador y altos funcionarios del gobierno de Correa. Sin duda, los escandalosos casos descubiertos, magnificados por los políticos de la antigua oposición y los medios de comunicación que los secundan, golpearon seriamente la imagen de Revolución Ciudadana. El juicio al vicepresidente Glas concluyó con sentencia condenatoria. De modo que el tema acicateó las justificaciones de la ruptura definitiva del gobierno morenista con su antecesor, al tiempo que siguieron amenazas judiciales y de la Contraloría contra antiguos funcionarios del correísmo.

En apenas ocho meses se modificó la correlación de fuerzas en el país. Hoy, élites empresariales, partidos de derecha política y toda la gama de sectores que han encontrado la oportunidad para movilizar su visceral anticorreísmo han adquirido presencia e influencia, ocupan los espacios mediáticos y sienten que sus posiciones predominan. Los banqueros recibieron el monopolio del manejo del dinero electrónico que estuvo en manos del Banco Central, algo impensable en el gobierno de Correa. A esas fuerzas también se han unido las izquierdas tradicionales, los marxistas pro-bancarios (otrora hicieron campaña a favor de Lasso) y hasta dirigentes de movimientos sociales (como el indígena y el de los trabajadores), atraídos con puestos públicos o nuevas prebendas de coyuntura. A los medios de comunicación privados se han sumado, paradójicamente, los públicos, alineados ahora con la misma visión. Todos se orientan por la descorreización del Estado y de la sociedad, y ven que este proceso avanza inexorablemente. No se habla más de Revolución Ciudadana ni del socialismo del siglo XXI.


Para el ex presidente Correa y sus partidarios, Moreno representa la traición y ahora cumple el programa perdedor de Lasso. En la geopolítica internacional no cabe descartar la movilización de estrategias continentales contra todo gobierno progresista en América Latina y para perseguir a sus figuras, como ha ocurrido con Cristina Fernández, Lula da Silva o Dilma Rousseff.

El mismo partido-movimiento AP literalmente fue tomado por los morenistas, que lograron el desconocimiento legal de la directiva correísta, fracción que pasó a identificarse con el nombre Revolución Ciudadana y que intentó registrarse como nueva agrupación política ante el CNE sin éxito.

En este contexto, la convocatoria gubernamental a consulta popular, siete preguntas, inevitablemente conduce a legitimar las nuevas circunstancias políticas y captar la institucionalidad estatal, desplazando definitivamente al correísmo. Son tres las preguntas de mayor significación y polémica: la dos, que propone negar la relección indefinida; la tres, para restructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la seis, para derogar la ley de plusvalía.

La dos impedirá cualquier retorno de Rafael Correa al poder, propósito explícitamente publicitado por quienes defienden el Sí. La pregunta seis es fruto de la presión de un sector empresarial que considera que el impuesto a la venta de bienes inmuebles afecta sus negocios. Pero la tres es la decisiva, porque la Asamblea Nacional nombrará siete miembros del CPCCS de transición (en el futuro sería por elecciones) entre las ternas que enviará el Ejecutivo, y que tendrá la capacidad para evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el consejo cesado, pudiendo incluso declarar la terminación anticipada de sus funciones. En consecuencia, el CPCCS de transición podrá nombrar contralor, fiscal, procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura (nombra jueces), Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, superintendentes. Se interviene, por tanto, en una de las cinco funciones del Estado creadas por la Constitución de 2008 y además, de triunfar el Sí, es previsible que las nuevas autoridades resulten de las componendas políticas, involucrando al Ejecutivo. Sería un retroceso histórico a los amarres típicos de la vieja clase política, que parecían superados desde 2007.

El ex presidente Rafael Correa llegó al país (vive con su familia en Bélgica) para respaldar a quienes promueven el No bajo condiciones absolutamente adversas. El resultado se conocerá el 4 de febrero, día de la consulta popular. Lo que ocurra después es mejor que quede como materia de análisis pendiente para otra ocasión.

Quito, 25/I/2018

vía:
 http://www.jornada.unam.mx/2018/01/28/opinion/022a1mun

Colombia: Habría más de dos mil personas desaparecidas en zona de hidroeléctrica en Colombia....Contagio Radio

La Misión de observación y verificación sobre las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas a lo largo del Cañón del Río Cauca en Antioquia, constató que hay más de 2 mil personas desaparecidas por lo que el proyecto violaría los derechos de las víctimas y de la sociedad en general por conocer la verdad y por ello sería necesario un proceso de búsqueda antes de adelantar la siguiente fase del proyecto de EPM.

La Misión presentó su informe tras la observación de la situación que atañe a la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango que prevé la inundación de 79 KM a lo largo del Cañón del Río Cauca.
De acuerdo con las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, en los 12 municipios antioqueños que afecta el proyecto hidroeléctrico, se han registrado 2.238 víctimas de desaparición forzada hasta 2017. Además, han sido exhumadas entre 2014 y 2018, 159 cuerpos de los cuales sólo se han identificado 84.
De acuerdo con Verónica Heredia, integrante del grupo que viajó al territorio y abogada argentina, “la desaparición forzada es el peor de los crímenes porque todos los días la persona está desaparecida y todos los días los familiares buscan a esa persona”. Indicó que en Colombia este fenómeno está presente desde hace varias décadas y se desconoce la magnitud real del fenómeno debido a las discrepancias de la información.
¿QUÉ SUCEDE CON EL HIDROITUANGO EN EL CAÑÓN DEL RÍO CAUCA?
A través de diferentes investigaciones, Contagio Radio ha documentado el problema que afrontan miles de víctimas de los 12 municipios que se ven afectados por la hidroeléctrica que está en construcción. Los familiares de las víctimas desaparecidas argumentan que, durante el conflicto armado, “las personas eran asesinadas y lanzadas al río para que se perdieran”. (Le puede interesar: “Memoria y resistencia en el Cañón del Río Cauca”)
Por esto, han declarado el Río Cauca como un cementerio y los campesinos y barequeros aseguran que han recogido cuerpos en el río por lo que los han enterrado en diferentes partes del bosque geo localizándolos por la ubicación de los árboles. Sin embargo, como parte del proyecto de construcción, la empresa EMP ha venido realizando actividades de tala por lo que se pierde la oportunidad de encontrar los cuerpos enterrados.
Esto ha sido denunciado en repetidas ocasiones por el Movimiento Ríos Vivos que está compuesto en gran medida por víctimas del conflicto armado. Una de sus representantes, Isabel Cristina Zuleta, ha manifestado que la empresa ha re victimizado a estas personas que además han sufrido amenazas contra su vida por la labor que realizan.
OBSERVACIONES DE LA MISIÓN
En el marco de la visita que se realizó al territorio, los integrantes de la Misión evidenciaron que “hay un atropello e irrespeto hacia las víctimas debido a los procedimientos de búsqueda adelantados en la región”. Esto teniendo en cuenta que es una labor que debe realizar el Estado y no la empresa y se deben respetar e incluir a las comunidades y sus tradiciones culturales.
Además, rectificaron que entre 1990 y el 2000 “hubo un tránsito diario de cuerpos en diferentes sectores del río Cauca” y eran personas que fallecieron de manera violenta. Las personas “por motivos espirituales y éticos inhumaron los cuerpos y siempre lo hicieron en la ribera”. También observaron que hay un temor por denunciar estos casos teniendo en cuenta que persiste el conflicto armado en esta región.
Una preocupación grande está relacionada con el hecho de que hay un acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la empresa EPM para recolectar la información sobre la presencia de cuerpos sin identificar en la zona de la inundación del proyecto donde la Fiscalía ha realizado 159 exhumaciones. (Le puede interesar:” 62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolla el proyecto Hidroituango“)
Les preocupa que la empresa tenga la competencia de concertar la exhumación y trasladar los cuerpospresentes en cementerios de la zona a ser inundada pues se ha convocado a una licitación con diferentes entidades para realizar esta labor y no se ha tenido en cuenta a las comunidades y las familias desconocen lo que sucede con los cuerpos de sus familiares.
RECOMENDACIONES HECHAS POR LA MISIÓN
Como ya lo ha realizado el Movimiento Ríos Vivos, le solicitaron al Estado Colombiano que “despliegue las medidas de prevención y protección de los territorios que se requieran para garantizar el derecho a la verdad individual y colectiva”. Además, le pidieron que realice la documentación, investigación y dignificación de las víctimas por las graves violaciones a los derechos humanos.
A la sociedad colombiana le pidieron que se solidarice con la situación que padecen las víctimas de desaparición forzada en el departamento de Antioquia en la medida que es necesario, para la consecución de la paz, saber la verdad de los hechos sucedidos. Afirmaron que la movilización social es vital para garantizar los derechos de no repetición.
Finalmente le hicieron un llamado a la empresa EPM para que se abstenga de desarrollar actividades que“afecten la memoria, la verdad y la justicia a través de la recuperación, identificación y entrega de cuerpos inhumanos en la ribera del río Cauca o que puedan afectar la investigación, juzgamiento y sanción de hechos violatorios de los derechos humanos”.
Contagio Radio
Fuente: Desinformémonos

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Habria_mas_de_dos_mil_personas_desaparecidas_en_zona_de_hidroelectrica_en_Colombia

Venezuela: La guerra contra Venezuela

En la frontera de Venezuela y Colombia se libra una guerra sorda pero intensa. Es el contrabando masivo de alimentos, combustible y dinero; los ataques y la infiltración de paramilitares. Posible escenario de invasión, o escisión del territorio nacional. ¿Cómo se defiende Venezuela? ¿Cómo se organiza el pueblo? ¿Quiénes son y qué piensan los militares que se la juegan en la frontera? Preguntas que intentan responder los reporteros de HispanTV Cristian Inostroza y Alejandro Kirk en el terreno mismo de aquella guerra oculta. 

Venezuela y el poder que se necesita... Guillermo Almeyra

El gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia del de Hugo Chávez, utiliza el apoyo de los trabajadores para mantener el statu quo, es decir, el régimen capitalista y su propia administración, no para intentar construir las bases del poder popular. Así como con Chávez, pero en mucho mayor medida, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es sólo un aparato burocrático ultracentralizado y sirve apenas para la lucha meramente electoral contra una oposición cuyos diversos aparatos partidarios son igualmente electoralistas.

El PSUV es un instrumento del gobierno, no un partido socialista. Nunca tuvo una vida interna democrática. Jamás discutió ideas ni estrategias ni los problemas que enfrentan los trabajadores en su vida cotidiana ni cómo vencer a la contrarrevolución apoyada por el imperialismo. Por el contrario, radió y separó a quienes –desde el campo de la revolución y en interés de ésta– hacían propuestas tácticas diferentes o discutían la estrategia conservadora de la dirección partidaria y del gobierno.

La construcción de las bases de un poder de los trabajadores y del socialismo requiere, en cambio, un partido vivo, libre y democrático, que haga continuamente un balance de los errores cometidos y de los resultados de sus proyectos y campañas y que tenga por lo tanto una vida interna y una independencia que le permita controlar al aparato del Estado –que sigue siendo burocrático y capitalista– durante el capitalismo de Estado resultante de las nacionalizaciones y de la creación de organismos centralizadores. Ese partido, si se quiere construir conciencia política y las bases para el socialismo, en vez de ser un mero instrumento electoral de las autoridades gubernamentales, debe ser el tutor de éstas y su legitimador y, al mismo tiempo, debe fijar los objetivos del gobierno.

Maduro ha tenido la habilidad suficiente para ganar la batalla electoral de la Asamblea Nacional Constituyente y en las urnas, en las elecciones regionales y municipales. Ha podido dividir a los opositores negociadores con el gobierno y electoralistas de los golpistas, rompiendo así la Mesa de Unidad Democrática. Sobre esa base, tras el diálogo en la República Dominicana en el que un ala de la oposición reconoció implícitamente a la Asamblea Nacional Constituyente y al gobierno (por segunda vez después de las elecciones más recientes), ahora ha sido posible adelantar la fecha de los comicios presidenciales para aprovechar la desorganización de los opositores y encarar con confianza un nuevo triunfo en las votaciones en marzo próximo.

La derrota electoral del sector electoralista de la oposición, sin embargo, no resuelve los problemas del país, sino que crea apenas una mejor situación política, sobre todo porque acalla a la jauría de los medios de (des)información venezolanos y mundiales que hasta hace poco denunciaban la supuesta dictadura de Nicolás Maduro (mientras trabajaban en favor de un golpe de Estado apoyado por los marines yanquis).


Maduro, en efecto, cuenta sólo con el respaldo electoral de la mayoría sobre la base de que pocos quieren volver a un pasado que todos recuerdan de corrupción, sometimiento al imperialismo y matanzas y, por eso, apoyan al gobierno al que consideran mal menor. Tiene también como respaldo un nivel de conciencia mayoritariamente antimperialista, pero no socialista y sobre todo el sostén de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FAB) que es la base principal de su bonapartismo particular. Ahora bien, en las FAB y en el gobierno se anida en gran parte la boliburguesía ya existente en tiempos de Chávez, pero que éste combatía y las organizaciones del poder popular del chavismo perdieron su contenido potencialmente alternativo y son ahora meros organismos burocratizados, simples agencias gubernamentales.

El estado de la economía es desastroso. Ya emigraron por Colombia 450 mil venezolanos. La economía sumergida, el reabastecimiento en particular, está en manos de la especulación y de los bachaqueros (negociantes en pequeña escala transfronterizos ilegales). La gran burguesía sigue teniendo en sus manos las palancas de mando (bancos, grandes empresas, comercio exterior). La inflación de 700 por ciento en 2017 redujo brutalmente el poder adquisitivo de los salarios e ingresos de los más pobres, a pesar de los aumentos nominales en los mismos. La lucha burocrática contra la burocracia, la utilización de la policía contra la especulación, el ocultamiento de mercancías vitales para el abastecimiento y el encarcelamiento de dirigentes corruptos, son sólo paliativos. Venezuela retrasará por tercer año consecutivo su generosa ayuda en petróleo a Cuba porque, si bien la reserva petrolera puede respaldar una moneda virtual, se necesita el hidrocarburo en barriles para pagar la deuda con China, y los intereses de la deuda externa y la producción estarán cayendo debido a la situación económica y social que impacta a los trabajadores del sector y los desorganiza.

Venezuela sólo podrá obtener estabilidad si desarrolla el poder popular hoy asfixiado y burocratizado. Sin la energía y la plena participación de los trabajadores y sin profundizar la revolución, persistirán la amenaza del descontento masivo, de su utilización por los imperialistas y los golpistas, así como la separación entre el gobierno y su base de apoyo, la cual es volátil dado su carácter electoral.

Un gobierno más sólido, incluso duro, será siempre frágil y las elecciones no lo blindarán contra los cambios internos y externos en el panorama político y social. Venezuela está enferma de falta de democracia en el partido, en los sindicatos, en las bases mismas. El control obrero y popular podría curarla. Las victorias electorales, si bien importantes, son efímeras. Hay que ganar en marzo, pero imponiendo al mismo tiempo un golpe de timón hacia la construcción del socialismo.

almeyraguillermo@gmail.com



vía:

http://www.jornada.unam.mx/2018/01/28/opinion/016a1pol

Perú: Carretera en Perú pone en peligro 100.000 hectáreas de selva....Salva la Selva

Las topadoras apartan la vegetación a los lados, para construir una carretera que de paso a madereros y palmicultoras -aparentemente sin ningún tipo de permiso. El camino ya atraviesa varios kilómetros de la selva de Ucayali. En total, amenaza 100.000 hectáreas de selva. Por favor, pida a las autoridades peruanas que paren la carretera.

En la selva de Ucayali, las topadoras despejan el camino dejando la tierra roja a la vista, que se extiende como un rastro de sangre por la selva. Es una nueva carretera para madereros y palmicultores en la selva amazónica.
Las máquinas pertenecen al gobierno local, aunque la construcción no cuenta con los permisos necesarios, según la organización ambiental peruana Kene.
Grandes árboles se erigen todavía a los lados de la nueva carretera -pero el principio del fin de la selva está marcado: ahora es más fácil el transporte de la codiciada madera tropical, así como el acaparamiento de las tierras para palmicultores, especuladores de tierras y colonos.
Por la carretera se transportan trabajadores, máquinas, plántulas, fertilizantes, pesticidas y todo tipo de insumos dentro de lo que antes era un área de selva inaccesible. El trazo une dos grandes áreas ya taladas para la expansión de la palma aceitera, tras las cuales se esconden inversores extranjeros, en casos suficientemente documentados por organizaciones ambientales y por la prensaperuana.
Las empresas Ocho Sur U (antes Plantaciones de Ucayali) y Ocho Sur P (antes Plantaciones de Pucallpa) talaron desde 2011 al menos 12.000 hectáreas de selva y las sustituyeron por plantaciones de palma, como lo muestran imágenes satelitales y valoraciones científicas.
El ecosistema más biodiverso de la Tierra quedará destruido para plantar palma aceitera, y tiene como consecuencia violentos conflictos por la tierra. En septiembre de 2017 fueron asesinados seis campesinos.
Indígenas Shipibo pierden su territorio ancestral. La nueva carretera amenaza más de 100.000 hectáreas de selva en las que han mantenido su forma tradicional de vida, denuncia Kene junto a los habitantes de la comunidad Santa Clara de Ushunya.
FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.
Fuente: Salva la Selva

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Carretera_en_Peru_pone_en_peligro_100.000_hectareas_de_selva

El Imperio: Trump y el secreto del muro: dreamers, México y crimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un momento se convirtió en Papa Noel y sorprendió a todos los norteamericanos diciendo que le daría papeles y ciudadanía no a los 600 y tantos mil migrantes dreamers registrados, sino a más del doble. ¡Los estaba defendiendo! Sí, pero aquí viene lo bueno, los usó como carne de cañón, para pedir dinero para su muro en la frontera con México y para endurecer la mano contra prácticamente toda la migración, o sea satisfacer a todos los que por años han pedido mano de hierro contra el migrante que odian. Es decir, Trump dio un doble jaque a los migrantes. O esto, o el otro. Quieres dreamers, pues toma dreamers, pero me das mi muro y la represión y el bloqueo contra los flujos migratorios. Es una trampa, porque además no está negociando nada ni cediendo en nada, porque todos esos dreamers, son hoy una parte importante del pueblo estadounidense. Miles de ellos son estudiantes brillantes, miles de ellos son trabajadores y empleados brillantes que mueven parte de la economía estadounidense, entonces por qué no iban a tener el derecho de ser regularizados y considerados ciudadanos cuando su fuerza laboral es utilizada y cuando llevan prácticamente toda su vida en el suelo de las barras y las estrellas. ¿Sólo porque son hijos de un mexicano, hondureño, centroamericano, y por haber llegado como niños o bebés sin culpa ni conciencia? Trump ofrece la ciudadanía a 1.8 millones de indocumentados dreamers, a cambio de obtener con decretos y leyes 25.000 millones de dólares para construir el muro que tanto ha soñado entre México y Estados Unidos. Al escuchar esto lo primero que se viene a la mente, ¿es tanto odio a México o es que de alguna forma Trump ganaría millones de dólares en la construcción de ese muro, pues no hay que olvidar que él es un magnate de la construcción? Tampoco hay que olvidar a los que no ganarían dólares con la construcción del muro, pero si el orgullo de querer sentirse lejos del migrante latino. Entonces debo preguntar, ¿Por qué odian tanto al mexicano o centroamericano? ¿Les dieron asco los indígenas mexicanos o los mestizos españoles, es un rencor histórico desde que Estados Unidos se apropió la mitad de un país, México, en 1848 y que hoy esos Estados son sus más poderosos y más ricos, California, Nevada, Utah, Texas, Arizona, Colorado, Nuevo México, Wyoming, Oklahoma y Kansas? ¿No deberían de estar agradecidos con los nativos del continente americano? O más aún, en tiempos modernos, ¿Es justo que Estados Unidos provocó revueltas en México y Centroamérica, desestabilización, saqué recursos, promovió los carteles del narcotráfico, la corrupción y la pobreza, y por ende una ola de migración para escapar de esa tragedia económica, y luego les pone un muro? ¿No es lo mismo que vimos en la migración de Siria hacia Europa? En Detrás de la Razón, nosotros preguntamos, los analistas contestan y usted en su casa concluye. Y si la realidad hace lo que quiere, entonces nosotros volveremos a preguntar. Lo importante es detectar las aristas que no nos dicen. El análisis, las preguntas y respuestas a las nueve treinta de la noche, desde los estudios de Teherán; Londres, siete y Madrid, ocho de la tarde; México y Colombia, una de la tarde. Por Roberto de la Madrid

Honduras: Entre protestas, Hernández empieza segundo mandato en Honduras...Periódico La Jornada

Afp, Dpa, Ap y Reuters

Las movilizaciones fueron reprimidas y cubiertas de manera parcial por la prensa local

Simpatizantes de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura prendieron fuego a barricadas que instalaron cerca del Estadio Nacional, en Tegucigalpa.

Numerosas protestas, repelidas por la policía y cubiertas de manera mínima y sesgada por la prensa local, marcaron ayer el inicio del segundo mandato consecutivo del presidente Juan Orlando Hernández, relecto en los comicios de noviembre pasado, los cuales se caracterizaron por sospechas de irregularidades y denuncias de fraude por la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

Con gases lacrimógenos, vehículos y tanquetas de agua, las fuerzas de seguridad se lanzaron contra los manifestantes, quienes sostienen que Hernández fue relecto como resultado de un fraude electoral masivo.

Prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, declaró Hernández, abogado de 49 años y líder del Partido Nacional, al momento de juramentar y recibir la banda presidencial durante una sesión del Congreso efectuada en el estadio nacional de esta capital, a la que asistieron miles de simpatizantes. El acto fue resguardado con un fuerte operativo tierra-aire, aplicado por el ejército y la policía, para evitar cualquier tipo de ataque.

Entre aplausos, Hernández expresó: Mi compromiso es trabajar por todos los hondureños, sin importar por quién votaron. Estoy consciente de que existen diferencias, tenemos que sentarnos a dialogar, sin barreras, tenemos que unir al país. Se comprometió a mejorar la seguridad e invertir más en salud, educación, empleo y agricultura, al tiempo que llamó a la oposición a establecer un diálogo para superar la polarización política que dejó el proceso electoral del 26 de noviembre del año pasado.

En el centro de Tegucigalpa, mientras seguía el discurso, miles de seguidores de la alianza salieron a las calles en rechazo a la toma de posesión. Las movilizaciones devinieron enfrentamientos con los integrantes de los cercos de seguridad, cuando los inconformes trataron de dirigirse hacia el estadio nacional. Sin embargo, los grupos fueron dispersados con granadas de gas lacrimógeno y tanquetas.


Así reprime el dictador a su pueblo, expresó Salvador Nasralla, ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, en la colonia Miraflores, donde se concentró la oposición para marchar. Respaldó la invitación de Hernández al diálogo, pero aclaró que debía hacerse con un mediador que garantice que lo que se acuerde en las conversaciones sea cumplido.

Seguiremos en la lucha por rescatar al país de la dictadura, sin reconocer a Hernández como presidente, enfatizó Nasralla, acompañado por el ex mandatario Manuel Zelaya Rosales, derrocado por un golpe de Estado en 2009.

En otros cuatro departamentos del país los manifestantes bloquearon carreteras e incendiaron un camión de carga, reportó el portavoz del Ministerio de Seguridad, Jair Meza. Críticos del gobierno señalaron que las cadenas de radio, televisión y medios impresos brindaron una amplia cobertura al acto oficial para minimizar el impacto de las protestas.

Veintiún días después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral declaró –el 17 de diciembre– a Hernández ganador de los comicios, con 42.95 por ciento de los votos, frente 41.25 de Nasralla. Los primeros resultados desataron violentas protestas, las cuales dejaron al menos 37 muertos, luego de que se detectaron irregularidades durante los escrutinios y la alianza interpuso un recurso de nulidad por fraude.


vía:







http://www.jornada.unam.mx/2018/01/28/mundo/020n1mun

Linux: Enso OS 0.2 An Elegant Linux Distribution with an Excellent Desktop.

Enso OS is a hybrid desktop distribution using Xfce + gala as the default window manager (the same used in elementary os), its based on Ubuntu 16.04 LTS, supported with updates and bug fixes until 2021 (hopefully), I like the minimal approach of the distribution making simple to use especially for those that like the Xfce desktop environment but could use some extra features like the panther menu and the awesome window effects from gala as a window manager. Plank setting from the terminal: plank --preferences Get Enso OS: http://www.enso-os.site/ Learn about Enso: http://www.enso-os.site/learn.html The Xfce desktop: https://xfce.org/ - Credits - Logo: http://www.enso-os.site/uploads/4/2/5..., under GPL3. Wallpapers: https://github.com/nick92/Enso-OS/tre..., under CC License.