En el 2012, la llegada de una transnacional dedicada al cultivo de palma
aceitera trastocó repentinamente el modo de vida ancestral de la
comunidad shipibo-coniba Santa Clara de Uchunya. Más de cinco años
después, el conflicto por las tierras aumenta y la comunidad sigue a la
espera de que el Estado atienda sus demandas por proteger sus tierras.
El 2 de setiembre, los cuerpos de seis agricultores fueron encontrados
maniatados y con heridas de bala a orillas de la quebrada Juantía, en
Nueva Requena, un distrito bordeado por los bosques amazónicos de
Ucayali. Las pericias policiales sugerían que las ejecuciones se habían
llevado a cabo por turnos. Tres días después de los hechos ninguna
autoridad regional se había manifestado sobre el tema. El episodio, que
tuvo eco en diversos medios regionales e internacionales, fue el
previsible desenlace de un fenómeno que viene expandiéndose en lo
profundo de la selva peruana: la disputa por las tierras, con el fin de
reemplazar bosques por cultivos agroindustriales. Individuos locales y
foráneos se apropian de grandes áreas boscosas para trabajarlas o
venderlas a terceros. La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali
(Feconau) resume el problema: tráfico ilícito de tierras, tala y
comercio ilegal de madera, deforestación indiscriminada para diversos
agronegocios, sobre todo el de palma aceitera. Todo ello propiciado por
la escasa presencia del Estado y actos de corrupción por parte de
funcionarios del Gobierno Regional, asegura el presidente de Feconau,
Robert Guimaraes.
La situación representa en estos días la principal amenaza para diversas comunidades nativas de Ucayali. Solo en esta región viven alrededor de 273, entre asháninkas, awajún, cashibo-cacataibos o shipibo-conibos. A esta última etnia pertenecen Rodit Ramírez y Walter Rodrigo, miembros de Santa Clara de Uchunya, un pueblo que lleva más de cinco años resistiendo el amedrentamiento de colonos que invaden sus tierras. “Lo que ocurre en Santa Clara es un crimen contra el bosque, la fauna y la naturaleza en general”, afirma Ivan Flores, también integrante de la comunidad.
Para ellos, la amenaza sobre su territorio tiene un origen claro. Los traficantes ilegales de tierras, aseguran, trabajan en coordinación con Ocho Sur P, una empresa de palma aceitera que opera en más de seis mil hectáreas de la Amazonía. Una de las empresas del checo-norteamericano Dennis Melka, quien ha sido denunciado dos veces por la Procuraduría en Materia Ambiental por talar 13 mil hectáreas de bosque primario -virgen- para sembrar palma: un área equivalente a la de todo San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más extensos de Lima Metropolitana. La comunidad de Santa Clara denuncia que los invasores ocupan su territorio y tramitan constancias de posesión en el Gobierno Regional sin cumplir requisitos básicos, hecho que además transgrede la prohibición de otorgar derechos a terceros sobre territorio indígena. El fin, sostienen, es lograr la titulación de las tierras para venderlas luego a la empresa de Melka.
La sospecha parte de la forma en que Ocho Sur P, antes Plantaciones de Pucallpa, se hizo con las tierras en las que hoy opera de manera oficial. Investigaciones periodísticas dieron cuenta de cómo en el 2012 estas fueron vendidas a Plantaciones de Pucallpa por un grupo de agricultores reunidos en la Asociación de Productores Agropecuarios Las Palmeras de Tibecocha. Se señala que las constancias de posesión fueron entregadas sin haberse acreditado trabajo de la tierra ni residencia en el lugar.
Para los miembros de la comunidad el panorama es claro: los invasores, que deforestan y siembran palma, tramitan constancias de posesión en discretas extensiones de tierra para luego venderlas todas juntas a Ocho Sur P. Durante mucho tiempo han asegurado que estos colonos son inclusive trabajadores de la misma empresa.
Ocho Sur P, por su parte, ha negado de manera sistemática cualquier intervención fuera del área que tiene titulada en Nueva Requena. Aseguran que los dirigentes indígenas distorsionan la información para perjudicarlos. Sin embargo, hace unas semanas, una nueva excursión de la comunidad en la franja de bosque que aún los protege alimentó las dudas sobre esta versión.
El encuentro
-¿Quiénes van?
El camino demarcado por la maleza termina de golpe y la yerba es reemplazada por una enorme extensión de tierra fina, casi blanca, que hierve bajo el mediodía. El río Aguaytía corta la playa y serpentea hacia el norte. Hacia la otra orilla, la casa de Rodit emerge al borde de un pequeño barranco. Plantada a veinte minutos del centro de Santa Clara de Uchunya, la morada de Rodit, tres pequeñas construcciones de madera que peinan la entrada al bosque, se mantiene como uno de los últimos hitos de la comunidad ante la ocupación de foráneos.
Son cinco. Le pidieron autorización al presidente de la comunidad, Carlos Hoyos, para adentrarse con un periodista a constatar que Ocho Sur P deforesta fuera de los límites de su propiedad y avanza hacia el río Aguaytía, cerca al centro de la comunidad. Con Rodit van James Lozano, el teniente gobernador de la comunidad; Ivan Flores, dirigente; Walter Rodrigo, comunero; y Huber, que es hermano de Ivan. Huber vive quince minutos río arriba, ha sido amenazado varias veces y en una oportunidad incendiaron su casa. Una vez llegaron diez personas en un camión con armas blancas y de fuego y le dijeron que debía irse, que el suelo donde vivía con su familia ya era de otros. Luego de ello pidió garantías para su vida.
Algunos dudan sobre si continuar la caminata. “Son gente de mal vivir, muchas veces están armados”, comenta James.
-Tenemos que ir todos –dice Ivan finalmente.
Ivan blandea un machete para abrirse paso entre la vegetación. Lo siguen James y Rodit. Huber y Walter se mantienen rezagados. Durante veinticinco minutos la poca iluminación es la que se camufla entre las copas de shihuahuacos, árboles inmensos de corteza lisa y dura; ungurahuis, palmeras de veinticinco metros con cuyo fruto se preparan bebidas; lupuna, casi tan alto como el ungurahui y en peligro de extinción; quinillas y cumalas, dos de las especies con mayor importancia ecológica según el Ministerio de Agricultura; ayahumas, que en quechua quiere decir “cabeza de muerto”; huimbas, catahuas, copaibas, ojés… En toda la Omagua, o Selva Baja, existen 718 especies de flora que conforman 69 familias. El bosque más diverso del mundo podría albergar en una sola hectárea más especies que todos los bosques de Norteamérica y Europa juntos, según estima el Ministerio del Ambiente. Si bien en la zona cercana al río el número de especies disminuye, las que se encuentran en la zona son las más importantes para los comuneros en su vida diaria. El sociólogo Juan Luis Dammert señala que los bosques cercanos a las comunidades cumplen una función social: son reservas de madera, caza, recolección de frutas o lugares de tránsito.
El entorno se aclara de golpe. El bosque ha dado lugar a una amplia extensión de tierra removida y troncos caídos, en una forma que recuerda al campo de un estadio de fútbol o una pista de carrera olímpica. Gruesos surcos en el suelo son señal inequívoca del paso de tractores oruga. En medio de la repentina desnudez de vegetación, en el centro del área deforestada queda una concentración de madera y maleza muerta. Hay todavía algunos árboles en pie.
-¿Escuchas? –dice James.
Un zumbido se eleva y retumba desde esa pequeña área donde aún hay árboles. Los comuneros de Santa Clara se miran, James toma a Rodit del brazo para que no se acerque al ruido. No pueden verlos, pero todos saben que dentro de la zona de ramajes y plantas muertas están quienes derriban y remueven los árboles y tierras de los que viven.
Solo Ivan y Walter avanzan, mientras las motosierras continúan sonando ya a menos de doscientos metros. Con el machete aún en la mano, se abren paso entre una telaraña de ramas rotas y puntiagudas. Las motosierras dejan de sonar.
Dos jóvenes observan a Ivan y Walter mientras se acercan. Uno lleva un pantalón naranja luminoso y el otro una pañoleta también naranja, con un símbolo parecido a un trébol y el nombre Ocho Sur en letras verdes. ¿Qué hacen hombres con uniformes de Ocho Sur P talando en un territorio reclamado por una comunidad nativa, fuera de los predios de la empresa?
Ivan y Walter les explican que están deforestando el territorio
ancestral de Santa Clara de Uchunya. Les preguntan dónde están sus
empleadores, pero no consiguen respuesta. Ivan decide incautar la
motosierra. “Que vayan a dialogar con las autoridades y recojan la
motosierra en Santa Clara. Ellos saben que toda esta zona le pertenece a
la comunidad, pero evaden”, indica Walter.
Ya de regreso al centro de Santa Clara, Huber explica con un mapa que la zona en que se incautó la motosierra es cercana a la quebrada Shuyal, y los límites del predio de Ocho Sur coinciden con la quebrada Shiringal. Entre ambos puntos hay más de un kilómetro y medio de distancia, casi cuarenta minutos de caminata a pie. Añade: “Hemos visto cómo los trabajadores de Ocho Sur continúan invadiendo terrenos de la comunidad”.
En Facebook, Ocho Sur P figura en la categoría “Lugares”, y tiene como dirección el fundo Tibecocha. En el historial de visitas es común encontrar fotografías subidas por los mismos trabajadores de la empresa, que en algunos casos posan cerca a los cultivos y las instalaciones de la empresa con sus uniformes. El joven de la pañoleta aparece en ese grupo con el nombre de Alex Arévalo.
“Al César lo que es del César”
En el 2014, cuando Plantaciones de Pucallpa llevaba dos años intensificando sus operaciones en el fundo Tibecocha, las invasiones de colonos proliferaban en zonas cercanas a los predios de la empresa. Entonces las visitas nocturnas y las amenazas a Huber se hicieron más frecuentes. Él vive a cincuenta minutos de los límites de los enormes sembríos de palma aceitera de la empresa de Melka, con su esposa e hijo. De manera cada vez más frecuente, él y otros comuneros se veían impedidos de recorrer caminos que conocían de memoria, en los que cazaban, pescaban o solo paseaban. Los cultivos de palma aumentaban por todos lados. Hubo enfrentamientos contra los foráneos. Un día vio que empezaban a construir una carretera cerca a su casa y entendió que el problema podía ser irreversible.
El líder fundador de Santa Clara de Uchunya, Manuel Silvano, consideró que los integrantes de la comunidad no podían seguir enfrentando solos a los invasores, y contactó a dirigentes de Feconau. “Ahí nos enteramos de que teníamos derechos como comunidad”, cuenta Huber, “hasta entonces no sabíamos qué estaba pasando”. Con asesoría de la organización británica Forest Peoples Programme emprendieron medidas para lograr seguridad legal sobre sus tierras.
Un factor que dificultaba la situación de Santa Clara de Uchunya es que solo una parte del territorio que han habitado durante años está titulada. En agosto de 1975, la comunidad fue reconocida en forma oficial por el Estado. Se le otorgaron 218 hectáreas en propiedad, una de las áreas más pequeñas en comparación con lo reconocido a otras comunidades nativas. Con el paso del tiempo las familias aumentaron y fue necesario expandir las actividades dentro del territorio, por lo que la porción titulada se hizo insuficiente. Empezaron a desplazarse por los espacios aledaños, que no estaban habitados. Sin problema alguno, utilizaban las tierras para cultivar, hacer pequeños trabajos de deforestación y todas las demás actividades que forman parte de su economía de subsistencia. Diversos estudios antropológicos dan cuenta de cómo los pueblos originarios amazónicos, al no disponer de condiciones climáticas que faciliten el almacenamiento de sus alimentos, y al no estar insertados en la economía de mercado, dependen en gran medida de su territorio para sobrevivir.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un tratado internacional suscrito por el Estado peruano en 1993 y tiene rango constitucional, establece que la posesión ancestral de un territorio equivale al título de propiedad. De esta manera, protege la relación cultural y espiritual entre los pueblos y su territorio.
Santa Clara de Uchunya solicitó la ampliación de la zona titulada en 8000 hectáreas, pero hasta estos días la petición no ha procedido. Lo que han obtenido del Gobierno Regional es una sucesión de compromisos sin cumplir. En forma paralela, muchos de los nuevos inquilinos del bosque han ido obteniendo constancias de posesión, algunas de las cuales han sido cuestionadas por la forma en que se dieron. La Primera Fiscalía Ambiental de Ucayali dio cuenta de que algunos beneficiarios de posesiones no sabían dónde vivían o qué cultivaban en sus terrenos.
Hace unos meses, un funcionario del gobierno regional visitó la cuenca del río Aguaytía y conversó con los miembros de Santa Clara. Según cuenta James, señaló lo que veía alrededor y dijo: “Al César lo que es del César. Santa Clara debe ser titulada sí o sí”. Esto fue luego reafirmado por el mismo gobernador regional, Manuel Gambini. Que la propuesta se concrete depende en gran medida de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU). Esta es la oficina encargada de evaluar y otorgar constancias de posesión y títulos de propiedad sobre tierras y está a cargo del ingeniero Isaac Huamán.
-El gobernador se refería a 757 hectáreas que antes, en octubre del 2015, yo les ofrecí. ¡Pero nunca las quisieron!- sostiene Huamán.
Desde su oficina en la ciudad de Pucallpa, el director de Agricultura habla del tema con semblante serio. Afirma que él mismo recorrió el bosque para ver qué espacios podría darles en propiedad a la comunidad, y encontró mestizos armados con palos y machetes. Ante ello, les ofreció 757 hectáreas libres, pero afirma que la comunidad se negó a recibirlas. “Han pasado dos años y ahora sí quieren. Pero ahora este espacio también está siendo tomado por mestizos. ¿Debo quitarles a unos para darles a otros? Las comunidades tienen derecho sobre las áreas tituladas: la propiedad ancestral pasó a la historia. ¡Porque somos un país! Sino estaríamos bajo la ley de la selva”, asegura.
A quienes Isaac Huamán llama mestizos, los comuneros llaman traficantes de tierras. Aseguran que casi todos siembran palma. Y que esos terrenos serán luego vendidos a Ocho Sur P, como sucedió con el Fundo Tibecocha.
La comunidad de Santa Clara ve con preocupación el cultivo de palma
aceitera por los efectos que esta tiene sobre los bosques primarios. “No
solo depredan los bosques: afectan a los animales y malogran la
tierra”, afirma Huber mientras camina por los linderos de la comunidad. A
Isaac Huamán esto no parece preocuparle demasiado: “La palma funciona
como un gran sumidero de carbono. Si tengo 10 millones 500 mil hectáreas
en la región, y hoy solo 35 mil son de palma, ¿no puedo pensar en
llegar a destinar 100 mil a este cultivo? ¿Porque es bosque? ¿Y qué hay
del desarrollo económico? Es cierto, la tierra se degrada, se pierde
biodiversidad. Pero, ¿no se puede hacer un pequeño sacrificio?”.
El sacrificio propuesto tiene un límite que está siendo desbordado. Una mañana antes de la conversación con el director de Agricultura, Ivan, James, el presidente Carlos Hoyos y varios otros debaten en asamblea comunal. Se cuentan novedades relacionadas a la defensa del territorio. Casi todas son malas noticias. La más resaltante: “La palma ha llegado al BPP. Quieren deforestar 100 mil hectáreas en Uchunya y Sanjaseca. Ya están tramitando constancias de posesión”, afirma Ivan.
El Bosque de Producción Permanente (BPP) de Ucayali es un área de más de 3 millones de hectáreas de bosques primarios pertenecientes al Estado. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre dicta que estos bosques están destinados a la producción sostenible de madera y otros productos forestales, pero de ninguna manera puede haber uso agropecuario. Una parte del BPP es reclamado por la comunidad como territorio ancestral, y limita con los predios de Ocho Sur P. Ahora la comunidad asegura que está siendo invadido por productores de palma.
Al día siguiente, al argumentar por qué no puede ampliarse el territorio de Santa Clara en el BPP, Huamán confirma que se está invadiendo la zona de manera ilegal: “Los hermanos de Santa Clara dicen que en el BPP hay espacio, pero en la zona ya hay cualquier cantidad de mestizos con 10, 20 hectáreas”.
Huamán, además, admite una alerta dada por un informe de la Primera Fiscalía Ambiental de Ucayali: que algunas constancias de posesión tramitadas por los recién llegados no cumplían requisitos básicos. Por ejemplo, no constataban que hubiera verdadera posesión del territorio: “Totalmente cierto. Pero ve a quitarles el terreno que tienen en posesión. Ve. Si Santa Clara hace cuarenta años hubiera reclamado miles de hectáreas nadie podría quitarles un solo metro cuadrado. Pero dejaron pasar el tren. Hoy hay estafadores, vendedores de sebo de culebra. Como conocen la zona llevan gente, tienen un modus operandi. Hay tráfico. Pero ve a sacarlos”.
El director de Agricultura acepta que la situación de Santa Clara de Uchunya es insostenible. Entiende que la comunidad necesita titular más territorio del que actualmente tiene. Pero afirma que, de haber solución, esta pasa por la intervención de la Fiscalía y la Policía, o incluso de la misma comunidad. ¿Mediante la violencia?
-Es probable que sea una última alternativa -concluye y se despide.
Procesos que vienen y van
Mientras las plantaciones de palma -tanto las de Ocho Sur P como las de los invasores, como los llaman en Santa Clara- se incrementan con la venia del Gobierno Regional, la comunidad continúa sus esfuerzos legales. Con la asesoría del Instituto de Defensa Legal, en mayo del año pasado presentaron una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Ucayali, su Dirección Regional de Agricultura, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y la entonces Plantaciones de Pucallpa. La principal exigencia es que se anule los contratos de compraventa entre los comuneros del Fundo Tibecocha y Ocho Sur P, y que la empresa abandone y restaure la zona. El recurso se encuentra hoy en el Tribunal Constitucional.
Asimismo, a lo largo de los años otras entidades estatales han mostrado una menor tolerancia hacia las operaciones de la empresa.
Katherine Riqueros comenta que cuando empezó su gestión en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), del Ministerio de Agricultura, Plantaciones de Pucallpa ya había deforestado casi todo el predio que compró en Tibecocha: 6824.39 hectáreas. La mayor parte era bosque primario y no se había iniciado ningún trámite de certificación ambiental. Tampoco se había presentado estudios de clasificación de tierras por su capacidad para uso mayor, para saber si el terreno del fundo era apto para el cultivo.
El 27 de agosto del 2015, decenas de trabajadores con uniformes naranjas bloquearon el paso e intimidaron a funcionarios del Ministerio de Agricultura, que se acercaron a supervisar los terrenos de la empresa. Días después, la DGAAA ordenó en forma preventiva que Plantaciones de Pucallpa paralice sus actividades por todas las faltas detectadas. En mayo del año siguiente, otra vez los trabajadores de la empresa impidieron una nueva supervisión de representantes de Ministerio.
Riqueros, ya alejada de la oficina de supervisión ambiental del Ministerio, opina sobre el rol actual del Gobierno Regional de Ucayali: “En la Amazonía debes hacer estudios para demostrar en qué suelos puedes cultivar. Si el Gobierno Regional está entregando constancias de posesión en bosques primarios, lo que está haciendo es contribuir al caos”.
En el 2015, la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), una organización que reúne a los productores y distribuidores de palma aceitera en todo el mundo, recibió una carta de queja de los comuneros de Santa Clara de Uchunya por la forma de operar de Plantaciones de Pucallpa en Ucayali. En abril del año siguiente, la RSPO ordenó a la empresa de Melka detener sus actividades por una probable violación de sus principios.
Poco después, Plantaciones se desafilió de la RSPO y cambió su nombre a Ocho Sur P. En febrero de este año, un comunicado de la RSPO desde su sede en Kuala Lumpur, Malasia, detalló cómo la empresa desafiliada había deforestado miles de hectáreas de bosques primarios en el Perú a lo largo de los años.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali investigó a exfuncionarios de la DRAU por irregularidades en la entrega de constancias de posesión a pequeños agricultores en el caserío de Bajo Rayal, en una zona cercana a Santa Clara de Uchunya y a donde ocurrieron los asesinatos de los seis agricultores. Los favorecidos vendieron luego sus predios a Ocho Sur U, antes Plantaciones de Ucayali, empresa hermana de la que opera en territorios que Santa Clara reclama. Otros agricultores de la zona han denunciado amenazas por parte de Ocho Sur U, según indican porque no quieren vender sus terrenos.
Mientras tanto, la Primera Fiscalía Ambiental de Ucayali, a cargo de Luis Guzmán Ferro, acaba de formalizar una investigación contra los directivos y otros funcionarios de Ocho Sur P. Guzmán comenta que en el 2015, cuando le llegó la denuncia penal de la comunidad, vinculó el modus operandi de Plantaciones de Pucallpa y Ucayali y consideró que el caso debía ser tratado como de crimen organizado, en la fiscalía especializada en este tipo de delitos. Al no obtener respuesta positiva, asumió el caso. Ha realizado aproximadamente diez inspecciones en la zona, en las que ha llegado a decomisar tractores oruga y otras herramientas para la tala y cultivo, pero considera que las limitaciones logísticas dificultan su trabajo. “Esas personas saben que cuando el fiscal va no regresará al día siguiente. Cuando uno se va del lugar inmediatamente reinician la tala”.
Para Guzmán Ferro, la hipótesis sobre el vínculo entre los colonos de tierra y Ocho Sur P se apoya en dos aristas: que el desboque se da exclusivamente para sembrar palma aceitera, y que en una inspección con un ingeniero de monitoreo georreferencial pudieron constatar que la información de las constancias de posesión era falsa. Cuando conversaron con las personas, estas ni siquiera sabían dónde estaban sus posesiones. Algunos decían que sembraban plátano y yuca en sus terrenos, pero cuando fueron todo era bosque. “Todo esto es una gran manipulación”, sostiene vía telefónica.
Los últimos avisos
Unas semanas después de la incautación de la motosierra a los muchachos vestidos con uniformes de Ocho Sur P, Ivan Flores cuenta que la deforestación sigue avanzando: “Ya casi están llegando al río Aguaytía, un poco más abajo de la casa de Rodit”. Vía telefónica, asegura que los taladores a los que interpelan dicen ser contratistas de la empresa. Casi nadie en Santa Clara cree que los colonos –mestizos, como los llama Isaac Huamán- no están relacionados con Ocho Sur P.
Hace unos días, el cacahual de Miguel Fasabi, suegro de Rodit, fue rodeado por un grupo de desconocidos que talaban alrededor. Le dijeron: “Eres nuestro nuevo vecino”. Él respondió: “Ustedes no son mis vecinos, todo esto es de la comunidad”. Insistieron: “¿Cuál es el problema? ¿Dinero? Toma 24 mil soles”. Todo esto lo cuenta Carlos Hoyos, que ha ido a Pucallpa a pedir garantías para todos los miembros de Santa Clara. Comenta además que muchos foráneos dicen ser arroceros, pero actúan bajo los mismos patrones que los palmicultores. A Hoyos ahora lo acompañan siempre cuatro comuneros.
Antes, el 10 de setiembre, Huber Flores fue nuevamente amenazado de muerte. Sostiene que las garantías para su vida que pidió hace unos meses le fueron dadas en el papel, pero hasta ahora no se ha acercado ningún policía a hablar con él. La matanza por las tierras en la quebrada Juantía le ha hecho prever un futuro que empieza a aceptar: “Tarde o temprano voy a morir, pero va a ser una muerte digna, no como ellos quieren”.
Tanto él como Rodit aseguran que no van ceder más espacio a los colonos, y que pese al peligro seguirán conviviendo con todo el bosque que forma parte de la identidad de su pueblo, y que se expande más allá de lo que registra un documento. Mientras los funcionarios estatales han llevado sus procesos legales a un punto muerto, el encuentro de Santa Clara de Uchunya con la ola de violencia por la posesión de tierras en la Amazonía se hace inminente.
Por Miguel Loayza
Ideele Revista Nº 274
Foto: Revista Ideele.
Fuente: Revista Ideele
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Peru_-_Santa_Clara_entre_la_palma_y_el_trafico_de_tierras
La situación representa en estos días la principal amenaza para diversas comunidades nativas de Ucayali. Solo en esta región viven alrededor de 273, entre asháninkas, awajún, cashibo-cacataibos o shipibo-conibos. A esta última etnia pertenecen Rodit Ramírez y Walter Rodrigo, miembros de Santa Clara de Uchunya, un pueblo que lleva más de cinco años resistiendo el amedrentamiento de colonos que invaden sus tierras. “Lo que ocurre en Santa Clara es un crimen contra el bosque, la fauna y la naturaleza en general”, afirma Ivan Flores, también integrante de la comunidad.
Para ellos, la amenaza sobre su territorio tiene un origen claro. Los traficantes ilegales de tierras, aseguran, trabajan en coordinación con Ocho Sur P, una empresa de palma aceitera que opera en más de seis mil hectáreas de la Amazonía. Una de las empresas del checo-norteamericano Dennis Melka, quien ha sido denunciado dos veces por la Procuraduría en Materia Ambiental por talar 13 mil hectáreas de bosque primario -virgen- para sembrar palma: un área equivalente a la de todo San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más extensos de Lima Metropolitana. La comunidad de Santa Clara denuncia que los invasores ocupan su territorio y tramitan constancias de posesión en el Gobierno Regional sin cumplir requisitos básicos, hecho que además transgrede la prohibición de otorgar derechos a terceros sobre territorio indígena. El fin, sostienen, es lograr la titulación de las tierras para venderlas luego a la empresa de Melka.
La sospecha parte de la forma en que Ocho Sur P, antes Plantaciones de Pucallpa, se hizo con las tierras en las que hoy opera de manera oficial. Investigaciones periodísticas dieron cuenta de cómo en el 2012 estas fueron vendidas a Plantaciones de Pucallpa por un grupo de agricultores reunidos en la Asociación de Productores Agropecuarios Las Palmeras de Tibecocha. Se señala que las constancias de posesión fueron entregadas sin haberse acreditado trabajo de la tierra ni residencia en el lugar.
Para los miembros de la comunidad el panorama es claro: los invasores, que deforestan y siembran palma, tramitan constancias de posesión en discretas extensiones de tierra para luego venderlas todas juntas a Ocho Sur P. Durante mucho tiempo han asegurado que estos colonos son inclusive trabajadores de la misma empresa.
Ocho Sur P, por su parte, ha negado de manera sistemática cualquier intervención fuera del área que tiene titulada en Nueva Requena. Aseguran que los dirigentes indígenas distorsionan la información para perjudicarlos. Sin embargo, hace unas semanas, una nueva excursión de la comunidad en la franja de bosque que aún los protege alimentó las dudas sobre esta versión.
El encuentro
-¿Quiénes van?
El camino demarcado por la maleza termina de golpe y la yerba es reemplazada por una enorme extensión de tierra fina, casi blanca, que hierve bajo el mediodía. El río Aguaytía corta la playa y serpentea hacia el norte. Hacia la otra orilla, la casa de Rodit emerge al borde de un pequeño barranco. Plantada a veinte minutos del centro de Santa Clara de Uchunya, la morada de Rodit, tres pequeñas construcciones de madera que peinan la entrada al bosque, se mantiene como uno de los últimos hitos de la comunidad ante la ocupación de foráneos.
Son cinco. Le pidieron autorización al presidente de la comunidad, Carlos Hoyos, para adentrarse con un periodista a constatar que Ocho Sur P deforesta fuera de los límites de su propiedad y avanza hacia el río Aguaytía, cerca al centro de la comunidad. Con Rodit van James Lozano, el teniente gobernador de la comunidad; Ivan Flores, dirigente; Walter Rodrigo, comunero; y Huber, que es hermano de Ivan. Huber vive quince minutos río arriba, ha sido amenazado varias veces y en una oportunidad incendiaron su casa. Una vez llegaron diez personas en un camión con armas blancas y de fuego y le dijeron que debía irse, que el suelo donde vivía con su familia ya era de otros. Luego de ello pidió garantías para su vida.
Algunos dudan sobre si continuar la caminata. “Son gente de mal vivir, muchas veces están armados”, comenta James.
-Tenemos que ir todos –dice Ivan finalmente.
Ivan blandea un machete para abrirse paso entre la vegetación. Lo siguen James y Rodit. Huber y Walter se mantienen rezagados. Durante veinticinco minutos la poca iluminación es la que se camufla entre las copas de shihuahuacos, árboles inmensos de corteza lisa y dura; ungurahuis, palmeras de veinticinco metros con cuyo fruto se preparan bebidas; lupuna, casi tan alto como el ungurahui y en peligro de extinción; quinillas y cumalas, dos de las especies con mayor importancia ecológica según el Ministerio de Agricultura; ayahumas, que en quechua quiere decir “cabeza de muerto”; huimbas, catahuas, copaibas, ojés… En toda la Omagua, o Selva Baja, existen 718 especies de flora que conforman 69 familias. El bosque más diverso del mundo podría albergar en una sola hectárea más especies que todos los bosques de Norteamérica y Europa juntos, según estima el Ministerio del Ambiente. Si bien en la zona cercana al río el número de especies disminuye, las que se encuentran en la zona son las más importantes para los comuneros en su vida diaria. El sociólogo Juan Luis Dammert señala que los bosques cercanos a las comunidades cumplen una función social: son reservas de madera, caza, recolección de frutas o lugares de tránsito.
El entorno se aclara de golpe. El bosque ha dado lugar a una amplia extensión de tierra removida y troncos caídos, en una forma que recuerda al campo de un estadio de fútbol o una pista de carrera olímpica. Gruesos surcos en el suelo son señal inequívoca del paso de tractores oruga. En medio de la repentina desnudez de vegetación, en el centro del área deforestada queda una concentración de madera y maleza muerta. Hay todavía algunos árboles en pie.
-¿Escuchas? –dice James.
Un zumbido se eleva y retumba desde esa pequeña área donde aún hay árboles. Los comuneros de Santa Clara se miran, James toma a Rodit del brazo para que no se acerque al ruido. No pueden verlos, pero todos saben que dentro de la zona de ramajes y plantas muertas están quienes derriban y remueven los árboles y tierras de los que viven.
Solo Ivan y Walter avanzan, mientras las motosierras continúan sonando ya a menos de doscientos metros. Con el machete aún en la mano, se abren paso entre una telaraña de ramas rotas y puntiagudas. Las motosierras dejan de sonar.
Dos jóvenes observan a Ivan y Walter mientras se acercan. Uno lleva un pantalón naranja luminoso y el otro una pañoleta también naranja, con un símbolo parecido a un trébol y el nombre Ocho Sur en letras verdes. ¿Qué hacen hombres con uniformes de Ocho Sur P talando en un territorio reclamado por una comunidad nativa, fuera de los predios de la empresa?
Ya de regreso al centro de Santa Clara, Huber explica con un mapa que la zona en que se incautó la motosierra es cercana a la quebrada Shuyal, y los límites del predio de Ocho Sur coinciden con la quebrada Shiringal. Entre ambos puntos hay más de un kilómetro y medio de distancia, casi cuarenta minutos de caminata a pie. Añade: “Hemos visto cómo los trabajadores de Ocho Sur continúan invadiendo terrenos de la comunidad”.
En Facebook, Ocho Sur P figura en la categoría “Lugares”, y tiene como dirección el fundo Tibecocha. En el historial de visitas es común encontrar fotografías subidas por los mismos trabajadores de la empresa, que en algunos casos posan cerca a los cultivos y las instalaciones de la empresa con sus uniformes. El joven de la pañoleta aparece en ese grupo con el nombre de Alex Arévalo.
“Al César lo que es del César”
En el 2014, cuando Plantaciones de Pucallpa llevaba dos años intensificando sus operaciones en el fundo Tibecocha, las invasiones de colonos proliferaban en zonas cercanas a los predios de la empresa. Entonces las visitas nocturnas y las amenazas a Huber se hicieron más frecuentes. Él vive a cincuenta minutos de los límites de los enormes sembríos de palma aceitera de la empresa de Melka, con su esposa e hijo. De manera cada vez más frecuente, él y otros comuneros se veían impedidos de recorrer caminos que conocían de memoria, en los que cazaban, pescaban o solo paseaban. Los cultivos de palma aumentaban por todos lados. Hubo enfrentamientos contra los foráneos. Un día vio que empezaban a construir una carretera cerca a su casa y entendió que el problema podía ser irreversible.
El líder fundador de Santa Clara de Uchunya, Manuel Silvano, consideró que los integrantes de la comunidad no podían seguir enfrentando solos a los invasores, y contactó a dirigentes de Feconau. “Ahí nos enteramos de que teníamos derechos como comunidad”, cuenta Huber, “hasta entonces no sabíamos qué estaba pasando”. Con asesoría de la organización británica Forest Peoples Programme emprendieron medidas para lograr seguridad legal sobre sus tierras.
Un factor que dificultaba la situación de Santa Clara de Uchunya es que solo una parte del territorio que han habitado durante años está titulada. En agosto de 1975, la comunidad fue reconocida en forma oficial por el Estado. Se le otorgaron 218 hectáreas en propiedad, una de las áreas más pequeñas en comparación con lo reconocido a otras comunidades nativas. Con el paso del tiempo las familias aumentaron y fue necesario expandir las actividades dentro del territorio, por lo que la porción titulada se hizo insuficiente. Empezaron a desplazarse por los espacios aledaños, que no estaban habitados. Sin problema alguno, utilizaban las tierras para cultivar, hacer pequeños trabajos de deforestación y todas las demás actividades que forman parte de su economía de subsistencia. Diversos estudios antropológicos dan cuenta de cómo los pueblos originarios amazónicos, al no disponer de condiciones climáticas que faciliten el almacenamiento de sus alimentos, y al no estar insertados en la economía de mercado, dependen en gran medida de su territorio para sobrevivir.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un tratado internacional suscrito por el Estado peruano en 1993 y tiene rango constitucional, establece que la posesión ancestral de un territorio equivale al título de propiedad. De esta manera, protege la relación cultural y espiritual entre los pueblos y su territorio.
Santa Clara de Uchunya solicitó la ampliación de la zona titulada en 8000 hectáreas, pero hasta estos días la petición no ha procedido. Lo que han obtenido del Gobierno Regional es una sucesión de compromisos sin cumplir. En forma paralela, muchos de los nuevos inquilinos del bosque han ido obteniendo constancias de posesión, algunas de las cuales han sido cuestionadas por la forma en que se dieron. La Primera Fiscalía Ambiental de Ucayali dio cuenta de que algunos beneficiarios de posesiones no sabían dónde vivían o qué cultivaban en sus terrenos.
Hace unos meses, un funcionario del gobierno regional visitó la cuenca del río Aguaytía y conversó con los miembros de Santa Clara. Según cuenta James, señaló lo que veía alrededor y dijo: “Al César lo que es del César. Santa Clara debe ser titulada sí o sí”. Esto fue luego reafirmado por el mismo gobernador regional, Manuel Gambini. Que la propuesta se concrete depende en gran medida de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU). Esta es la oficina encargada de evaluar y otorgar constancias de posesión y títulos de propiedad sobre tierras y está a cargo del ingeniero Isaac Huamán.
-El gobernador se refería a 757 hectáreas que antes, en octubre del 2015, yo les ofrecí. ¡Pero nunca las quisieron!- sostiene Huamán.
Desde su oficina en la ciudad de Pucallpa, el director de Agricultura habla del tema con semblante serio. Afirma que él mismo recorrió el bosque para ver qué espacios podría darles en propiedad a la comunidad, y encontró mestizos armados con palos y machetes. Ante ello, les ofreció 757 hectáreas libres, pero afirma que la comunidad se negó a recibirlas. “Han pasado dos años y ahora sí quieren. Pero ahora este espacio también está siendo tomado por mestizos. ¿Debo quitarles a unos para darles a otros? Las comunidades tienen derecho sobre las áreas tituladas: la propiedad ancestral pasó a la historia. ¡Porque somos un país! Sino estaríamos bajo la ley de la selva”, asegura.
A quienes Isaac Huamán llama mestizos, los comuneros llaman traficantes de tierras. Aseguran que casi todos siembran palma. Y que esos terrenos serán luego vendidos a Ocho Sur P, como sucedió con el Fundo Tibecocha.
El sacrificio propuesto tiene un límite que está siendo desbordado. Una mañana antes de la conversación con el director de Agricultura, Ivan, James, el presidente Carlos Hoyos y varios otros debaten en asamblea comunal. Se cuentan novedades relacionadas a la defensa del territorio. Casi todas son malas noticias. La más resaltante: “La palma ha llegado al BPP. Quieren deforestar 100 mil hectáreas en Uchunya y Sanjaseca. Ya están tramitando constancias de posesión”, afirma Ivan.
El Bosque de Producción Permanente (BPP) de Ucayali es un área de más de 3 millones de hectáreas de bosques primarios pertenecientes al Estado. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre dicta que estos bosques están destinados a la producción sostenible de madera y otros productos forestales, pero de ninguna manera puede haber uso agropecuario. Una parte del BPP es reclamado por la comunidad como territorio ancestral, y limita con los predios de Ocho Sur P. Ahora la comunidad asegura que está siendo invadido por productores de palma.
Al día siguiente, al argumentar por qué no puede ampliarse el territorio de Santa Clara en el BPP, Huamán confirma que se está invadiendo la zona de manera ilegal: “Los hermanos de Santa Clara dicen que en el BPP hay espacio, pero en la zona ya hay cualquier cantidad de mestizos con 10, 20 hectáreas”.
Huamán, además, admite una alerta dada por un informe de la Primera Fiscalía Ambiental de Ucayali: que algunas constancias de posesión tramitadas por los recién llegados no cumplían requisitos básicos. Por ejemplo, no constataban que hubiera verdadera posesión del territorio: “Totalmente cierto. Pero ve a quitarles el terreno que tienen en posesión. Ve. Si Santa Clara hace cuarenta años hubiera reclamado miles de hectáreas nadie podría quitarles un solo metro cuadrado. Pero dejaron pasar el tren. Hoy hay estafadores, vendedores de sebo de culebra. Como conocen la zona llevan gente, tienen un modus operandi. Hay tráfico. Pero ve a sacarlos”.
El director de Agricultura acepta que la situación de Santa Clara de Uchunya es insostenible. Entiende que la comunidad necesita titular más territorio del que actualmente tiene. Pero afirma que, de haber solución, esta pasa por la intervención de la Fiscalía y la Policía, o incluso de la misma comunidad. ¿Mediante la violencia?
-Es probable que sea una última alternativa -concluye y se despide.
Procesos que vienen y van
Mientras las plantaciones de palma -tanto las de Ocho Sur P como las de los invasores, como los llaman en Santa Clara- se incrementan con la venia del Gobierno Regional, la comunidad continúa sus esfuerzos legales. Con la asesoría del Instituto de Defensa Legal, en mayo del año pasado presentaron una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Ucayali, su Dirección Regional de Agricultura, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y la entonces Plantaciones de Pucallpa. La principal exigencia es que se anule los contratos de compraventa entre los comuneros del Fundo Tibecocha y Ocho Sur P, y que la empresa abandone y restaure la zona. El recurso se encuentra hoy en el Tribunal Constitucional.
Asimismo, a lo largo de los años otras entidades estatales han mostrado una menor tolerancia hacia las operaciones de la empresa.
Katherine Riqueros comenta que cuando empezó su gestión en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), del Ministerio de Agricultura, Plantaciones de Pucallpa ya había deforestado casi todo el predio que compró en Tibecocha: 6824.39 hectáreas. La mayor parte era bosque primario y no se había iniciado ningún trámite de certificación ambiental. Tampoco se había presentado estudios de clasificación de tierras por su capacidad para uso mayor, para saber si el terreno del fundo era apto para el cultivo.
El 27 de agosto del 2015, decenas de trabajadores con uniformes naranjas bloquearon el paso e intimidaron a funcionarios del Ministerio de Agricultura, que se acercaron a supervisar los terrenos de la empresa. Días después, la DGAAA ordenó en forma preventiva que Plantaciones de Pucallpa paralice sus actividades por todas las faltas detectadas. En mayo del año siguiente, otra vez los trabajadores de la empresa impidieron una nueva supervisión de representantes de Ministerio.
Riqueros, ya alejada de la oficina de supervisión ambiental del Ministerio, opina sobre el rol actual del Gobierno Regional de Ucayali: “En la Amazonía debes hacer estudios para demostrar en qué suelos puedes cultivar. Si el Gobierno Regional está entregando constancias de posesión en bosques primarios, lo que está haciendo es contribuir al caos”.
En el 2015, la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), una organización que reúne a los productores y distribuidores de palma aceitera en todo el mundo, recibió una carta de queja de los comuneros de Santa Clara de Uchunya por la forma de operar de Plantaciones de Pucallpa en Ucayali. En abril del año siguiente, la RSPO ordenó a la empresa de Melka detener sus actividades por una probable violación de sus principios.
Poco después, Plantaciones se desafilió de la RSPO y cambió su nombre a Ocho Sur P. En febrero de este año, un comunicado de la RSPO desde su sede en Kuala Lumpur, Malasia, detalló cómo la empresa desafiliada había deforestado miles de hectáreas de bosques primarios en el Perú a lo largo de los años.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali investigó a exfuncionarios de la DRAU por irregularidades en la entrega de constancias de posesión a pequeños agricultores en el caserío de Bajo Rayal, en una zona cercana a Santa Clara de Uchunya y a donde ocurrieron los asesinatos de los seis agricultores. Los favorecidos vendieron luego sus predios a Ocho Sur U, antes Plantaciones de Ucayali, empresa hermana de la que opera en territorios que Santa Clara reclama. Otros agricultores de la zona han denunciado amenazas por parte de Ocho Sur U, según indican porque no quieren vender sus terrenos.
Mientras tanto, la Primera Fiscalía Ambiental de Ucayali, a cargo de Luis Guzmán Ferro, acaba de formalizar una investigación contra los directivos y otros funcionarios de Ocho Sur P. Guzmán comenta que en el 2015, cuando le llegó la denuncia penal de la comunidad, vinculó el modus operandi de Plantaciones de Pucallpa y Ucayali y consideró que el caso debía ser tratado como de crimen organizado, en la fiscalía especializada en este tipo de delitos. Al no obtener respuesta positiva, asumió el caso. Ha realizado aproximadamente diez inspecciones en la zona, en las que ha llegado a decomisar tractores oruga y otras herramientas para la tala y cultivo, pero considera que las limitaciones logísticas dificultan su trabajo. “Esas personas saben que cuando el fiscal va no regresará al día siguiente. Cuando uno se va del lugar inmediatamente reinician la tala”.
Para Guzmán Ferro, la hipótesis sobre el vínculo entre los colonos de tierra y Ocho Sur P se apoya en dos aristas: que el desboque se da exclusivamente para sembrar palma aceitera, y que en una inspección con un ingeniero de monitoreo georreferencial pudieron constatar que la información de las constancias de posesión era falsa. Cuando conversaron con las personas, estas ni siquiera sabían dónde estaban sus posesiones. Algunos decían que sembraban plátano y yuca en sus terrenos, pero cuando fueron todo era bosque. “Todo esto es una gran manipulación”, sostiene vía telefónica.
Los últimos avisos
Unas semanas después de la incautación de la motosierra a los muchachos vestidos con uniformes de Ocho Sur P, Ivan Flores cuenta que la deforestación sigue avanzando: “Ya casi están llegando al río Aguaytía, un poco más abajo de la casa de Rodit”. Vía telefónica, asegura que los taladores a los que interpelan dicen ser contratistas de la empresa. Casi nadie en Santa Clara cree que los colonos –mestizos, como los llama Isaac Huamán- no están relacionados con Ocho Sur P.
Hace unos días, el cacahual de Miguel Fasabi, suegro de Rodit, fue rodeado por un grupo de desconocidos que talaban alrededor. Le dijeron: “Eres nuestro nuevo vecino”. Él respondió: “Ustedes no son mis vecinos, todo esto es de la comunidad”. Insistieron: “¿Cuál es el problema? ¿Dinero? Toma 24 mil soles”. Todo esto lo cuenta Carlos Hoyos, que ha ido a Pucallpa a pedir garantías para todos los miembros de Santa Clara. Comenta además que muchos foráneos dicen ser arroceros, pero actúan bajo los mismos patrones que los palmicultores. A Hoyos ahora lo acompañan siempre cuatro comuneros.
Antes, el 10 de setiembre, Huber Flores fue nuevamente amenazado de muerte. Sostiene que las garantías para su vida que pidió hace unos meses le fueron dadas en el papel, pero hasta ahora no se ha acercado ningún policía a hablar con él. La matanza por las tierras en la quebrada Juantía le ha hecho prever un futuro que empieza a aceptar: “Tarde o temprano voy a morir, pero va a ser una muerte digna, no como ellos quieren”.
Tanto él como Rodit aseguran que no van ceder más espacio a los colonos, y que pese al peligro seguirán conviviendo con todo el bosque que forma parte de la identidad de su pueblo, y que se expande más allá de lo que registra un documento. Mientras los funcionarios estatales han llevado sus procesos legales a un punto muerto, el encuentro de Santa Clara de Uchunya con la ola de violencia por la posesión de tierras en la Amazonía se hace inminente.
Por Miguel Loayza
Ideele Revista Nº 274
Foto: Revista Ideele.
Fuente: Revista Ideele
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Peru_-_Santa_Clara_entre_la_palma_y_el_trafico_de_tierras
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