Nosotras, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas,
declaramos públicamente nuestro total rechazo a la persecución y
violencia que ejerce el Estado de Chile hacia el Pueblo Nación Mapuche,
persiguiendo a quienes resisten desde su cultura, al olvido sistemático
que busca implantar el modelo neoliberal hegemónico en el territorio
chileno.
El pueblo mapuche, busca liberar a los territorios del extractivismo
-lucrativo sólo para el empresariado-, el cual trae muerte y
contaminación, además de la pérdida total de los ecosistemas, a costa de
la flora endémica, las aguas y de la vida de sus habitantes. De esta
manera, creemos que la lucha mapuche por recuperar los territorios
para la vida, es hoy más que nunca una tarea urgente, que el pueblo
Mapuche lleva adelante de manera digna, arriesgando la vida por el bien
común de todos/as quienes habitan los territorios. La
criminalización del pueblo mapuche es realizada por el empresariado
nacional y transnacional, por el Estado de Chile, con nuevas operaciones
que suman hermanos/as en prisión, aún sin pruebas condenatorias ni
juicios justos, siempre apoyados en montajes judiciales, y reaccionarias
campañas comunicacionales, acostumbrando al pueblo de Chile a que la
justicia garantiza derechos sólo a ricos y a empresarios.
Demandamos de manera urgente, poner fin a la Ley antiterrorista, instrumento que fue promulgado por el dictador Pinochet, para criminalizar a los movimientos sociales y a los pueblos originarios, y que sólo se aplica hoy de manera racista, para condenar a luchadores y luchadoras Mapuche, sin castigar a los verdaderos causantes del terror en la población, quienes lucran con la vida y causan: contaminación minera, salmonera y forestal, llevando al exterminio de bienes comunes; jubilaciones de hambre; salud negligente; educación elitista y mercantil; y en el caso específico del pueblo Mapuche, hostigamiento y violencia desde la niñez, atacando con gases y armamento, incluso escuelas, liceos y los hogares de las comunidades.
La ley antiterrorista chilena atenta contra el estado de derecho toda vez que contiene elementos que afectan las garantías procesales de un juicio justo y que debiese asegurar un Estado que se dice democrático. Debemos recordar la prisión preventiva a autoridades ancestrales como la Machi Francisca Linconao, o el juicio a Lorenza Cayuhán, quien además de ser obligada a parir bajo los ojos de un carcelero, engrillada, fue condenada con el testimonio de un “operador ocasional” sin rostro, ni nombre, amparado por el Ministerio Público. La utilización de la ley antiterrorista es arbitraria, con prisiones preventivas que se transforman en condenas efectivas aún sin juicios; con declaraciones de testigos anónimos y protegidos que impiden una defensa justa.
Hoy cuatro hermanos, cuatro weichafe, ponen en riesgo su vida para exigir al Estado de Chile el derecho a vivir en paz sin dejar de ser mapuche.
Demandamos de manera urgente, poner fin a la Ley antiterrorista, instrumento que fue promulgado por el dictador Pinochet, para criminalizar a los movimientos sociales y a los pueblos originarios, y que sólo se aplica hoy de manera racista, para condenar a luchadores y luchadoras Mapuche, sin castigar a los verdaderos causantes del terror en la población, quienes lucran con la vida y causan: contaminación minera, salmonera y forestal, llevando al exterminio de bienes comunes; jubilaciones de hambre; salud negligente; educación elitista y mercantil; y en el caso específico del pueblo Mapuche, hostigamiento y violencia desde la niñez, atacando con gases y armamento, incluso escuelas, liceos y los hogares de las comunidades.
La ley antiterrorista chilena atenta contra el estado de derecho toda vez que contiene elementos que afectan las garantías procesales de un juicio justo y que debiese asegurar un Estado que se dice democrático. Debemos recordar la prisión preventiva a autoridades ancestrales como la Machi Francisca Linconao, o el juicio a Lorenza Cayuhán, quien además de ser obligada a parir bajo los ojos de un carcelero, engrillada, fue condenada con el testimonio de un “operador ocasional” sin rostro, ni nombre, amparado por el Ministerio Público. La utilización de la ley antiterrorista es arbitraria, con prisiones preventivas que se transforman en condenas efectivas aún sin juicios; con declaraciones de testigos anónimos y protegidos que impiden una defensa justa.
Hoy cuatro hermanos, cuatro weichafe, ponen en riesgo su vida para exigir al Estado de Chile el derecho a vivir en paz sin dejar de ser mapuche.
LUCHAR POR LA VIDA, LA SOBERANÍA Y LA CULTURA DE UN PUEBLO: NO ES TERRORISMO.
LOS PUEBLOS NO CALLARÁN FRENTE AL AVANCE CAPITALISTA EN LOS TERRITORIOS:
NUESTRO DEBER ES LUCHAR.
NUESTRO DEBER ES LUCHAR.
vía:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Chile_Declaracion_publica_de_ANAMURI_frente_a_la_situacion_de_los_presos_politicos_mapuche
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