El documento, que ha tenido una importante repercusión, ha sido elaborado por el CCARS, una opaca organización impulsada por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. AMPAs, asociaciones de afectados, de consumidores, vecinales y ecologistas demandan al Ejecutivo una mayor neutralidad y una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética.
La postura del CCARS allana el despliegue de redes 5G y la expansión desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de opciones tecnológicas biocompatibles como el cable y el LIFI.
Tras la publicación del último informe del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), que agrupa a decenas de organizaciones sociales, y la asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), reclaman prudencia y rigor a políticos y agentes sociales ante sus conclusiones, que sin ambages benefician a los intereses de la industria de la telefonía. Además, denuncian la implicación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en su presentación y posterior difusión, saltándose las normas básicas de neutralidad o proporcionalidad.
Detrás del Informe sobre Radiofrecuencias y Salud 2016 se halla el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), entidad que coordina el propio CCARS. Llama la atención que una organización que NO tiene entre sus objetivos estatutarios la defensa de la salud se ocupe de este controvertido asunto, colisionando con su propio código deontológico al asesorar en competencias que le son ajenas. Hay que subrayar, además, que el CCARS no figura entre los Organismos Públicos de Investigación regulados por ley, ni cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.
Por su parte, el ministerio, con su actuación invade competencias en prevención y protección ambiental del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, tal y como recoge el Real Decreto 1066/2001 sobre telecomunicaciones y la propia Ley General de Salud Pública de 2001 en cuanto a la evaluación y actuación de las emisiones electromagnéticas y a la aplicación del principio de precaución.
Si atendemos al contenido del documento del CCARS, este minimiza las advertencias de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS, que ya en 2011, tras clasificar a los campos electromagnéticos de radiofrecuencias como posibles cancerígenos, hizo un llamamiento a aplicar “medidas pragmáticas” para reducir su exposición. Advertencias que hoy se consideran ampliamente superadas en las revisiones científicas más actuales.
Además, el CCARS ningunea las alertas basadas en miles estudios (hoy recogidos en el conocido Informe Bio Initiative) como el llamamiento internacional que 225 científicos en bioelectromagnetismo de 41 países realizaron en 2015 a la OMS y a la ONU, solicitando protección ante las radiaciones electromagnéticas que “afectan a los organismos vivos”, y suponen un “aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos”.
Por otro lado, el polémico informe del COIT coincide con la estrategia de la industria de la telefonía de impedir la aplicación del Principio de Precaución, en contra del criterio de las asociaciones sanitarias profesionales que representan a miles de médicos y de las más de 17 agencias gubernamentales desalud que apoyan la reducción de la exposición a la radiación de los móviles y otros dispositivos inalámbricos. Una estrategia que, por cierto, es casi calcada a la desplegada hace años por el lobby de la industria del tabaco.
Recordemos que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa alerta de los efectos biológicos para la salud de estas radiaciones en su Resolución 1815. En ella recomienda aplicar el Principio de Precaución, en especial ante el peligro sobre la salud de los niños y los adolescentes de los dispositivos inalámbricos que emiten microondas (móviles, WiFi, etc.). Hoy en día estas recomendaciones están recogidas y reforzadas en el dictamen sobre “hipersensibilidad electromagnética” de la Sección TEN del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de 2015.
En virtud de estas sugerencias, países como Francia y Chipre y municipios españoles como Hospitalet de Llobregat ya aplican alguna medida proteccionista, como prohibir las redes Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles o implantar sistemas de comunicación con luz visible (LIFI) en centros sanitarios (como sucede en el Hospital de Perpiñán).
Los ingenieros de telecomunicaciones niegan en su informe la existencia de la electrohipersensibilidad. Para ello, se basan en un efecto nocebo descartado por la comunidad científica independiente (2015, 2016), que siempre ha sugerido métodos más objetivos como la imagen médica y los marcadores biológicos en sangre. El citado dictamen sobre hipersensibilidad electromagnética de la Sección TEN del CESE declara que el negacionismo vulnera los derechos y libertades de las personas afectadas.
Por todo lo anterior, la PECCEM (que está formada por las principales organizaciones vecinales del Estado, colectivos ecologistas, AMPAs, organizaciones de consumidores y colectivos de afectados) y EQSDS requieren al Gobierno de Mariano Rajoy que deje de avalar actos y organizaciones de interés de parte, que vulneran ética y legalidad, y promueva un proceso participativo de las partes implicadas que proceda a una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética para compaginar tecnología y salud.
Ver información ampliada en: http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-Estatal/notasprensa/Nota.de.prensa.PECCEM.JULIO.2017-ampliacion.pdf
Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM)
Faceboock: https://www.facebook.com/peccem
Twitter: @PECCEM
Página Web: http://www.peccem.org/
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vía: Portal Libertario OACA.
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