La destrucción de un país –el más poblado y que tiene la mayor economía de América Latina– a raíz del golpe institucional del año pasado se da en varios niveles. Los que llevan adelante un plan macabro cuyo objetivo es arrasar todo lo conquistado en las últimas décadas, parte bajo los mandatos del presidente Fernando Henrique Cardoso pero muy especialmente bajo los de Lula da Silva y, mal que bien, preservados por su sucesora, Dilma Rousseff, no cesan de dar amplias y consistentes pruebas de que desconocen límites. Con tal de atender a la voluntad soberana de esa sacrosanta e invisible entidad llamada mercado, disparan una formidable secuencia de maldades impensadas hasta hace poco.
En el campo ético, por ejemplo, Michel Temer y su nutrido grupo de bucaneros luce un repertorio infinito de maniobras increíbles. ¿Hay que votar en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados un pedido de apertura de juicio al presidente en el Supremo Tribunal Federal? Ningún problema. Basta con maniobrar a los líderes de partidos sin vestigio de escrúpulos para remplazar a los miembros de poco fiar.
Resultado: 40 votos favorables al presidente acusado, con hartísimas pruebas, de corrupción. Claro que todo en la vida tiene su precio. En este caso, de los 40 votos favorables a Temer, 36 fueron dados por diputados que tuvieron liberadas, de ultimísima hora, enmiendas presupuestarias. Valor total: 134 millones de reales, o sea, unos 42 millones de dólares. Poco más de un millón 100 mil dólares por voto. Es poco: al fin y al cabo, si no fueran los que remplazaron a los integrantes originales de la Comisión, Temer hubiera sido derrotado.
El problema ahora es saber cuánto podrá costar cada voto favorable en el pleno de la Cámara, cuya reunión está prevista para el miércoles 2 de agosto. Nuevas y poderosísimas bombas seguramente irán a explotar en las próximas dos semanas –en el Brasil actual dos semanas son toda una eternidad–, y el precio de cada voto podrá llegar a las nubes.
Temer y sus acólitos consideran que esa primera victoria lo fortaleció junto a la base aliada, y en este punto tienen razón. Se olvidan, sin embargo, que nuevas y muy peligrosa amenazas siguen brotando cada día.
El pasado viernes, por ejemplo, se supo que el ex diputado y actual presidiario Eduardo Cunha, elemento clave en el golpe que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff e instaló en el poder al grupo encabezado por Temer, dirigido por el senador Aecio Neves y sometido a todas las exigencias del mercado, tuvo parte de su propuesta de delación premiada aprobada por el Ministerio Público Federal. A cambio de disminuir su condena de 15 años de cárcel, Cunha se compromete a revelar el mecanismo de compra de votos de colegas para destituir a Dilma Rousseff. Además de indicar los respectivos partidos, las cantidades, las fuentes pagadoras y los intermediarios de las negociaciones y revelar cuáles fueron los colegas contactados directamente por él, Cunha también nombra a los que quedaron bajo encargo del propio Michel Temer a la hora de comprar los votos necesarios para tumbar a la presidenta.
Mientras, prosigue la destrucción del país. El Senado aprobó, y Temer sancionó, una reforma laboral que más que imponer la precarización de condiciones de trabajo las destroza. Una victoria incontestable del empresariado, del mercado, y que prevé barbaridades. Es fácil darse cuenta de que lo que significa derecho laboral sufrió una inversión total.
Por ejemplo: los trabajadores contratados tendrán derecho de negociar con sus patrones si a cada ocho horas de labor dispondrán de 30 minutos para almorzar, la mitad de lo que prevé la actual legislación. Si prefieren jornadas de 12 horas diarias, y no las ocho actuales. Si en lugar de vacaciones de 30 días seguidos, prefieren repartirlas en periodos menores. Las mujeres gestantes o lactantes, a su vez, tendrán derecho a trabajar en condiciones y ambientes de insalubridad, siempre que el médico del trabajo así las autorice. Empleados y empleadas, además, tendrán el derecho de aceptar el resultado de negociaciones bilaterales aunque violen lo que prevé la ley. Y más: los reajustes salariales podrán ser conducidos por la patronal, ya no con los sindicatos, pero de empresa a empresa y, si se da el caso, con cada sector de una misma compañía.
El Ministerio Público del Trabajo aseguró que la reforma laboral aprobada por el Congreso no se sabe a qué precio destroza la clase trabajadora y significa un retroceso brutal. La Organización Internacional del Trabajo recriminó con insólita contundencia la nueva legislación.
Pues así andan las cosas en el país que tuvo en Lula da Silva el primer presidente obrero de su historia. Y que con ese presidente avanzó, en términos sociales, todo lo que ahora se destroza de manera despiadada.
El mismo presidente que fue condenado por un juez fundamentalista sin prueba alguna, y que si no lo inhabilitan en un golpe judicial, participará, como franco favorito, en las presidenciales del año que viene.
vía:http://www.jornada.unam.mx/2017/07/16/opinion/016a1pol
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