México: Normalistas... persecución incesante...Editorial La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/10/edito






En el contexto de las manifestaciones que desde el 24 de mayo realizan las alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, la policía estatal de Aguascalientes emprendió ayer una persecución y realizó disparos contra miembros del plantel de Tiripetío, Michoacán, que forman parte del movimiento de solidaridad con las normalistas. Las estudiantes exigen al gobierno del panista Martín Orozco Sandoval dar marcha atrás al recorte de la matrícula para el próximo ciclo escolar, así como revertir la conversión de este internado, que alberga a 400 mujeres, en plantel mixto.

No es la primera vez que esta escuela, fundada en el sexenio de Lázaro Cárdenas, se ve obligada a movilizarse ante decisiones arbitrarias de las autoridades: como todas las normales rurales del país, ha visto amenazada su existencia desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En 1994 las instalaciones sufrieron un violento asalto de las fuerzas antimotines que fue repelido por los habitantes de la comunidad, quienes consideran la escuela parte del pueblo. En 2010 se vivió un intento de reducción de la matrícula que fue frenado mediante una serie de manifestaciones, pese a la represión con que las autoridades de entonces respondieron a sus demandas; la actual embestida coincide con la conmemoración de ese episodio.

Debe tenerse en cuenta que, como sucede con la mayoría de las normales rurales, la Justo Sierra constituye la única oportunidad educativa y de relativa movilidad social para las jóvenes de origen campesino y escasos recursos provenientes de una amplia región del país –el plantel de Cañada Honda alberga a estudiantes de Aguascalientes, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato–, quienes no podrían financiar sus estudios en otra institución.

Es causa no sólo de indignación, sino incluso de incredulidad, que en un contexto social tan delicado los gobiernos estatales −con la indolencia o la complicidad de las autoridades federales como fondo− se conduzcan con la habitual mezcla de violencia y desdén hacia las distintas expresiones del movimiento normalista.

En efecto, la creciente precarización económica, la enorme presión que los grupos del crimen organizado ejercen sobre las comunidades rurales, el descontento social generalizado y, ante todo, la pésima actuación de las autoridades de todos los niveles en el irresuelto caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, son factores que obligan a gobiernos y cuerpos policiales a conducirse con la máxima sensibilidad y apertura hacia las demandas de este colectivo.

Ante la continua repetición de hechos violentos contra los normalistas del país, resulta imperativo que los responsables políticos pongan fin a la permanente campaña de hostigamiento y asfixia contra las escuelas normales rurales, que cumplan asimismo con su deber de atajar las expresiones de odio y los llamados a la violencia emitidos por agentes privados y voceros de los poderes fácticos, y que dignifiquen las condiciones de vida y aprendizaje de los estudiantes.







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