Desde siempre, salvo escasísimas excepciones, la ciudadanía no tenía opinión sobre las políticas públicas en el ámbito de las reglas del juego de la ciudad y por ello, aprovechando esa ausencia de contraparte, los actores privados que se desenvuelven en este sector de la economía hacían lo que querían, más encima si su principal asociación gremial empresarial, Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), influía desmedidamente en las decisiones que adoptaba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), servicio público que tiene la potestad para fijar y modificar a su libre antojo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) cuerpo normativo que es el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), estatuto creado en el año 1976, plena dictadura cívico-militar.
"…ese poder fáctico de excelencia llega a exteriorizar con liviandad que la ciudadanía organizada tiene que callar ante los actos de corrupción que están a la vista y paciencia de todos."
Pero las cosas han cambiado para mejor
y podemos aseverar que desde hace unos 10 años la ciudadanía se ha
organizado en debida forma en respuesta a la prepotencia de las
constructoras e inmobiliarias que, en muchas ocasiones coludidas con los
directores de obras municipales, obtienen permisos de edificación
vulnerando las disposiciones contenidas ya sea en la LGUC, OGUC y en las
ordenanzas de los Planes Reguladores Comunales (PRC). El orden de las
jerarquías de esos instrumentos es 1º LGUC, 2º OGUC y 3º PRC, el cual en
materias urbanas de fondo se ciñe a los Planes Reguladores
Intercomunales, teniéndose en cuenta que no todas las 15 regiones
existentes en nuestro país disponen de estos últimos.
Para
proteger a la influyente industria inmobiliaria el Minvu ha llegado al
obsceno exceso de establecer disposiciones en la OGUC que vulneran
abiertamente los PRC, es decir, en sus resoluciones normativas
ese ministerio actúa con un exacerbado centralismo, a pesar de que la
desprestigiada casta política dice apoyar la descentralización en las
decisiones. Todos los gobiernos han sido cooptados por el
gremio de la construcción y el que más se caracterizó por esa sumisión
fue el de Piñera y sobre ello, en diversas columnas publicadas en medios
digitales, hemos dado cuenta de esa característica, posiblemente porque
el propio Piñera, con susamiguis, es un versátil y ávido inmobiliario.
El ejemplo más reciente de captura del Estado por parte de privados lo observamos con la puesta en marcha de la ley Nº 20.967 referida al cobro por el uso de los estacionamientos
en los denominados equipamientos comerciales, vale decir, malls,
supermercados, clínicas, hospitales y todas las edificaciones que, por
imperativo de la legislación de Urbanismo y Construcciones, deben contar
con ciertas cantidades de esos espacios conforme a los m2 útiles de los
mencionados equipamientos para apoyar la actividad principal de los
mismos que es vender y atender a sus clientes y pacientes. Esta grosera
ley la hemos objetado públicamente, pues con tal de favorecer a las
poderosas sociedades dueñas de esas edificaciones, las mismas que
financian a los “servidores públicos” que están en el Congreso Nacional,
no se contempló la gratuidad básica fijada en el proyecto de ley.
Como
un hecho anecdótico y hasta risible dejamos en claro que mientras se
mantenía la polémica por las tarifas de los estacionamientos, recibimos
un llamado telefónico del canal de televisión Megavisión solicitándonos
una entrevista, la que se produjo el mismo día en nuestra
casa-habitación. Se hicieron presente 2 periodistas, uno con una cámara
que filmaba mis declaraciones que obedecían a las preguntas de su colega
que estaba con un micrófono. Dije lo que he expresado en este medio y
en otros, en orden a que esa ley es objetivamente turbia. Dado que los
dueños de ese canal son los controladores de Falabella, empresa del retail que tiene unas cuantas docenas de malls y supermercados en el país, el editor de ese canal sabiamente, para preservar su pega, optó por censurar mis expresiones.
Después
de esta necesaria introducción pasamos a comentar un sensacionalista y
curioso reportaje, que más parecía una inserción pagada, publicado el
martes 28 de febrero pasado en El Mercurio de Valparaíso, en
donde Marcelo Pardo, mediático presidente regional de la CCHC, las
emprende descaradamente en contra de las agrupaciones ciudadanas que han
tenido que objetar, como era forzoso, ante las instituciones públicas
un sinnúmero de proyectos inmobiliarios ilegales en toda la región de
Valparaíso, específicamente en la ciudad de Viña del Mar. Para
impresionar a los lectores de ese medio de expresión el entrevistado
llegó a decir que, por la intranquilidad que existe entre las empresas
del rubro, ya se han paralizado las futuras inversiones en esa zona.
Dicho
personaje acusa en ese medio de prensa a las organizaciones de la
sociedad civil de ser “fundamentalistas”, aprovechando al pasar de
criticar a la Administración Pública porteña de irrespetar la supuesta
“certeza jurídica” que tendrían los permisos de edificación cursados por
las municipalidades. El sabe mejor que nadie que muchos de sus colegas,
no todos, valiéndose de simple resquicios legales, mejor dicho de “burdas interpretaciones”,
han vulnerado las reglas vigentes, obteniendo privilegios que les han
permitido obtener abultadas mayores ganancias en sus proyectos y de
paso, ejerciendo una competencia desleal con las empresas que sí se
enmarcan en las disposiciones normativas.
Recordamos
que hace unos 8 meses atrás, su propia asociación empresarial, nos
solicitó un documento técnico elaborado por los profesionales
viñamarinos de la Fundación Defendamos la Ciudad, mediante el cual se
describían los engaños para sobrepasar la ley, con lo cual se concluye
que el único propósito de esa crónica divulgada por El Mercurio
porteño es un simple lloriqueo para ablandar a la Contraloría General de
la República, al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo y a los tribunales de justicia.
El líder de la CCHC denuncia que “los
grupos ciudadanos presionan a las autoridades de manera ilegítima para
que tomen decisiones a su conveniencia, amparados en la poca capacidad
de maniobra que les deja el impacto público y el costo político de esas
decisiones”. (sic). Es decir, ese poder fáctico de
excelencia llega a exteriorizar con liviandad que la ciudadanía
organizada tiene que callar ante los actos de corrupción que están a la
vista y paciencia de todos, pretensión empresarial que a esta
altura del partido ya no es posible y por ello desde esta tribuna le
decimos a ese dirigente gremial que la solución para que sigan
construyendo pasa por el irrestricto apego a la ley por parte de sus
asociados.
El mismo día de esa publicación le
solicitamos formalmente al periodista autor del afrentoso reportaje que
nos entrevistara, en base a los artículos 16 y siguientes de la Ley Nº
19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del
Periodismo para, ejerciendo nuestro derecho a réplica, contestarle
fundadamente al entrevistado. No hubo respuesta y no insistimos.
En todo caso dejamos de manifiesto que el sábado 4 de marzo de 2017 le propusimos por correo electrónico al director de El Mercurio de Valparaíso
que en sus elegantes y tradicionales aposentos se lleve a cabo un
debate público sobre esta sensible materia, entre los personeros más
capacitados de la CCHC y los miembros de Defendamos la Ciudad en la V
Región, instancia en la cual el propio director del medio, si lo desea,
podría ser el moderador, ello con el transparente propósito de dilucidar
a ciencia cierta lo que sucede en el ámbito del urbanismo en las
distintas comunas de esa región.
vía:
http://www.elquintopoder.cl/ciudad/un-poder-factico-en-contra-de-la-ciudadania-informada/
http://www.elquintopoder.cl/ciudad/un-poder-factico-en-contra-de-la-ciudadania-informada/
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