“Antes del acto de espaldas a la Plaza de Mayo que los popes de la CGT decidieron adelantar una hora apenas vieron que la convocatoria superaba sus expectativas más ambiciosas, Mauricio Macri buscó contener a los tres triunviros y convencerlos de no anunciar la fecha del paro nacional. En rigor eso ya se había pactado el jueves pasado en una reunión en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, donde la mesa chica de la CGT recibió a Mario Quintana y a Jorge Triaca. El más combativo del triunvirato, Juan Carlos Schmid, fue tentado en esas horas a través de José Luis Lingeri con la habilitación oficial de una obra social propia para los empleados de Dragado y Balizamiento. No es una caja desdeñable: se trata de un gremio pequeño, que no llega a los mil convencionados, pero con salarios que superan los $150.000 mensuales”.
Alejandro Bercovich. Diario BAE. 10/3/2017
Un mensaje único y por momentos ensordecedor en reclamo de un paro general fue el elemento aglutinante de la masiva y heterogénea multitud calculada en 500.000 manifestantes que se movilizó el martes en el centro porteño convocada por la CGT para repudiar la política económica del Gobierno y exigir respuestas frente a los despidos y el deterioro del poder de compra de los salarios. Desde el escenario, el triunvirato de conducción de la central obrera aceptó a medias la presión abrumadora del reclamo: anunció una huelga de 24 horas pero esquivó la definición de una fecha.
Pero la promesa estuvo lejos de conformar la expectativa de la multitud. Los insultos se multiplicaron frente al escenario. Y el final sobrevino en medio de disturbios, golpes y corridas detrás del palco mientras se retiraban las principales figuras sindicales.
Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, anticipó al día siguiente que “la semana que viene se va a saber la fecha del paro” general cuando se reúna el Consejo Directivo.
“La fecha del paro, ya en el adelanto de las declaraciones de Héctor Daer, Carlos Acuña y yo, la habíamos fijado en un paréntesis, en un tramo que va desde el 31 de marzo hasta los primeros días de abril”, remarcó Schmid.
La lucha de la docencia en todo el país no da tregua, en defensa de la escuela pública y por salarios. El viernes, los gremios de alcance nacional anunciaron paros el 15, 16, 21 y 22 de marzo. Por otro lado, los sindicatos mayoritarios que nuclean a las y los docentes de la provincia de Buenos Aires, también informaron que habrá paro la semana que viene.
A nivel nacional Ctera y UDA, convocaron a un paro nacional de 48 horas a cumplirse los próximos miércoles y jueves en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal y en rechazo a los “topes salariales”. Por su parte, UDA anticipó que habrá otras 48 horas de paro la semana siguiente y se presume que Ctera acompañará esa medida.
Por otra parte desde Ctera advirtieron que iniciarán acciones judiciales contra el Ministro de Educación Esteban Bullrich, ante el “incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo”. Lo que los gremios nacionales exigen es el cumplimiento de la convocatoria a la paritaria nacional docente, tal como establece la ley.
La provincia de Buenos Aires es el epicentro donde la batalla docente adquiere mayor repercusión. El viernes, la gobernadora María Eugenia Vidal citó nuevamente a los gremios con la promesa de realizar una “oferta superadora”.
La conducción de los gremios bonaerenses había decidido levantar el paro de cara a la mesa de negociación convocada por Vidal. Luego de cuatro días de huelga, la medida de fuerza se sostuvo solo en las seccionales de los Suteba combativos, conducidos por la lista Multicolor.
“Ratificamos la voluntad de los docentes de continuar la lucha en defensa de la paritaria, de nuestro salario y del presupuesto educativo. Vamos con la expectativa de que el gobierno cumpla con las demandas de los trabajadores”, habían señalado los gremios AMET, FEB, Sadop, Udocba, Suteba y UDA, previo a la reunión con la administración de Vidal.
Luego del encuentro con los ministros bonaerenses, los gremios anunciaron paro para el lunes, al conocer que la “oferta superadora” que tanto publicitó el Gobierno, consistía en una mejora de la oferta anterior del 1% que implicaría un aumento de $ 64.
La afirmación de que “la provincia de Buenos Aires está fundida”, por parte de María Eugenia Vidal, reforzó el argumento de los gremios sobre la necesidad de convocar a la paritaria nacional docente.
Las seccionales combativas mantuvieron el paro y varias decidieron movilizarse a la paritaria que se realizó en la ciudad de La Plata el viernes, entendiendo que no puede quedar en manos de los secretarios generales la decisión de aceptar o no la propuesta del gobierno.
Mientras tanto, el Gobierno de Vidal amenaza con descontar los días de paro y dictó la conciliación obligatoria para que las clases arranquen el lunes, en un claro acto de cercenamiento del derecho a huelga.
El miércoles y jueves adherirán los gremios de la Ciudad de Buenos Aires y también se sumó la Conadu (docentes universitarios) que exige una paritaria nacional y rechaza “el techo salarial en el ámbito universitario”.
Movimientos sociales también reclamarán en las calles
Organizaciones de la Confederación Ctep, el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente CCC realizarán cortes de calles y compartirán ollas populares el próximo 15 de marzo, a tres meses de sancionada la Ley de Emergencia Social, que todavía no se implementó. "La situación en los barrios no se aguanta más", declaró el “Gringo” Castro, dirigente del gremio de la Economía Popular.
La Ctep tenía planificada para el próximo lunes una asamblea masiva en la Plaza de Mayo, pero decidieron posponerla y transformarla en un plan de acción con cortes de calles y ollas populares.
El Polo Obrero lanzó un plan de lucha nacional contra la pobreza y por trabajo genuino, y se movilizará el próximo 14 de marzo en todo el país.
En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará con una movilización desde Puente Pueyrredón hasta el centro porteño, donde se instalará un acampe por tiempo indeterminado.
La medida fue aprobada en un plenario de más de un centenar de delegados de Capital y el Gran Buenos Aires, y en asambleas en otras veinte provincias.
La pasada semana en General Mosconi, Salta, se manifestaron ex integrantes de la Fundación Villa Saavedra, alarmados por la momentánea suspensión del SUAF que venían recibiendo y que se reemplazaba con la AUH (Asignación Universal por Hijo). El jueves un grupo perteneciente a la Unión de Trabajadores de Gral. Mosconi (UTD) liderada por José "Pepino" Fernández, se colocó a la vera de la Ruta Nacional 34 con idéntico motivo de reclamo, pero en su caso, por la caída de planes para más de 1.000 trabajadores, que más allá del sueldo que reciben de la ONG, recibían 2.600 pesos por hijo.
En General Motors se rebelan contra despidos encubiertos
Unos 800 trabajadores participaron de la asamblea realizada en el playón de la fábrica General Motors de Rosario, la primera después de 8 años. En dicha asamblea, dirigida por el Comité de Lucha, se votó por unanimidad rechazar el acuerdo firmado por la burocracia del Smata y la patronal que deja afuera a 350 obreros, pedir que saquen la policía del predio y que cesen los aprietes de la patronal.
También se votó llevar al Smata, en una movilización, la resolución de la asamblea para que anule el acuerdo firmado a espalda de los trabajadores.
Hicieron uso de la palabra en la asamblea diferentes representantes parlamentarios nacionales y concejales de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Jorgelina Signa, concejal de Capitán Bermúdez por el Partido Obrero, quien saludó la lucha y la resolución de la asamblea de rechazar el acuerdo firmado por el Smata, denunció que el ajuste de Macri está acompañado por la oposición política patronal y planteó la necesidad de un paro regional de la CGT para apoyar la lucha de General Motors y enfrentar la ola de despidos y suspensiones en la región.
El viernes por la mañana, luego de la masiva asamblea que tuvo lugar el jueves, los obreros movilizaron a la sede del gremio en Rosario, donde se les impidió el ingreso.
El acuerdo de las suspensiones fue firmado por el gremio SMATA y la empresa e incluso establece que la automotriz podrá desvincular definitivamente a los obreros a partir de diciembre. Por este motivo, los trabajadores hablan de despidos encubiertos, al tiempo que señalan la complicidad del sindicato de mecánicos. "Un sindicato debe defender a los afiliados y no a la empresa", afirmó Germán Tonero, delegado gremial de General Motors, quien también advirtió que las empresas "siempre dicen que están en crisis, pero después contratan gente nueva, más barata, sin efectivizar y con contratos bajos".
La movilización al gremio tuvo lugar el viernes, donde -aunque entregaron un pedido de anulación del acuerdo- se les impidió el ingreso a su propio sindicato.
Luego, los trabajadores fueron recibidos en el Concejo Deliberante de Rosario, donde lograron el apoyo del cuerpo legislativo. Desde esta dependencia, se comprometieron a tramitar ante el Ministerio de Trabajo un pedido para que se rechace el acuerdo y no se homologue.
Más despidos
La empresa Cotapa, de Entre Ríos, paralizó su producción y unos 400 empleados podrían ser despedidos. La cooperativa se suma a la crisis que se vive en el sector lácteo, por la que SanCor cerró cuatro plantas y despidió unos 500 empleados.
Además la cooperativa láctea tendría planeado clausurar otras dos, con lo que peligra el empleo de otras 1.500 personas de forma directa y otros tantos de manera indirecta, como es el caso de camioneros que el jueves bloquearon una distribuidora.
Además, hace unas semanas el otro gigante lácteo, La Serenísima, anunció el cierre de una de sus plantas.
American Express despedirá a 300 trabajadores de atención al cliente y trasladará las oficinas del sector a México, con el fin de abaratar costos. Los empresarios lo confirmaron en una audiencia conciliatoria el jueves en el Ministerio de Trabajo. Además aseguraron que garantizarán los empleos hasta el 30 de junio.
“Buscan abaratar costos y al mismo tiempo desmantelar el sector más organizado sindicalmente dentro de la empresa”, aseguró David Aguilera, delegado gremial en la compañía.
La empresa citó a los delegados gremiales el miércoles por la mañana y les confirmó que el 30 de junio cerrará el sector, aunque ofrecieron una “gratificación por retiro voluntario” que superaría la suma de dinero que les correspondería cobrar a los trabajadores como indemnización legal, para evitar un posible conflicto a causa de los masivos despidos.
“Lo que nosotros pedimos es que se reubique a los trabajadores en otra área”, explicó el delegado de American Express, David Aguilera, quien asistió en representación de los trabajadores junto al secretario de Asuntos Gremiales del Sindicato de Comercio, Oscar Tedesco y Harold Bernal, otro delegado de American Express.
El sindicato exigió, a través de una carta, una audiencia urgente con el Gobierno, e incluso amenazó con tomar medidas de fuerza. Ayer las partes no llegaron a un acuerdo, pero Trabajo ofreció constituir una mesa de diálogo para tratar de avanzar de cara a una segunda reunión que acordaron para el próximo lunes.
La Asociación Obrera Textil (AOT) denunció que en los últimos tiempos sufrió más de 3.600 suspensiones y cerca de 1.500 despidos por el cierre de casi una decena de establecimientos, como consecuencia de la acumulación de stocks y la apertura de las exportaciones.
Así lo afirmó el secretario general del gremio, Hugo Benítez, “según un relevamiento puntual que llevó a cabo la AOT en todo el país y 108 empresas”.
Luis Barrionuevo señaló que en el gremio gastronómico “cerraron más de 5.000 establecimientos” y “25.000 compañeros están en la calle”.
Paritarias
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), gremio presidido por el médico Jorge Yabkowski y compuesto de más de 30.000 médicos, profesionales y trabajadores de la salud de alrededor de 600 hospitales más cientos de centros de salud de todo el país, votó el viernes 10 de marzo una nueva Jornada Nacional de Lucha para el jueves 16 de marzo próximo, lo que es la continuidad del plan de lucha comenzado los días 6 y 7 de marzo pasados “con el objetivo central de romper el techo salarial de 18% en cuatro cuotas que el gobierno nacional quiere imponer como pauta de negociación para el conjunto de las provincias y a nivel nacional en el sistema público de salud, por una paritaria nacional de salud, por el fin de la precarización laboral y el 82% móvil para los trabajadores de la salud pública".
“Todas las regionales confirmaron su participación de la Jornada Nacional de Lucha convocada por su gremio nacional FESPROSA, con las modalidades que sus asambleas decidirán en los próximos días. Algunos de los gremios que ya confirmaron que participarán con paros son la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), con un paro de 48 horas los días 15 y 16 de marzo; el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS) de la provincia de Santa Fe, con una Jornada de Lucha y movilización con paro el 16; la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) de la provincia de Córdoba, con una Jornada de Lucha y movilización con paro el 16; y la Asociación de Profesionales Técnicos, Auxiliares, de la Salud del Chaco (APTASCH), con paro los días 13 y 14 de marzo próximos”, adelantó Yabkowski.
El gremio de los porteros de edificio arrancará sus paritarias en mayo y va por un acuerdo del 21% semestral.
Según el relevamiento que Tendencias Económicas (TE) realiza desde 1986, las huelgas se duplicaron el año pasado en relación al promedio mensual del 2015, ya que pararon mensualmente 2,5 millones de trabajadores cuando en 2015 habían sido 1,2 millones. Del mismo informe surge que el promedio mensual de despidos fue 7,1 veces más alto que durante el 2015, llegando a 17.000 con picos de 66.000 en febrero y 41.000 en enero. Las suspensiones mensuales crecieron un 65% ya que alcanzaron a 13.000 trabajadores contra 7.700 en 2015.
Para Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, “lo principal no fue el aumento de los conflictos sino su intensidad y duración. En el sector público provincial hubo conflictos que duraron todo el año como en Tierra del Fuego, Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires”.
Para José Luis Blanco, director de TE, “la conflictividad le puso un límite al ajuste que pretendía el gobierno. Es cierto que hubo una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 8%, pero el gobierno buscaba que las paritarias se acotaran al 25% y no pudieron hacerlo, en gran medida, por la respuesta sindical. Algunos gremios terminaron cerrando por más del 40%”.
Seiscientos efectivos policiales desalojan empresa recuperada
Desde las 4 de la mañana del viernes 3, un par de horas antes que los trabajadores llegaran, centenares de efectivos policiales desalojaron a los trabajadores de la fábrica recuperada Acoplados del Oeste.
Con casi 600 de policías, entre los que se encontraban quince camionetas del Cuerpo de Infantería, Infantería Montada, policía local y provincial cercaron la planta de la ex Petinari, al costado de la ruta 200 en Merlo, para evitar el ingreso de los trabajadores y permitir el de los antiguos dueños, con el peligro que implica esta medida para la continuidad productiva y la fuente de empleo de más de un centenar de familias. La empresa es una cooperativa desde el 2015 en la que trabajan 120 operarios que fabrican carrocerías chicas.
Los dueños adeudaban sueldos y aguinaldos y los trabajadores iniciaron una inhibición de bienes en el 2014. Diputados y Senadores aprobaron una Ley de expropiación, pero la gobernadora Vidal la vetó, dos horas antes de que se terminara de convertir en ley, poniendo como argumento que el estado provincial no tenía plata para solventar una cooperativa, a pesar que los trabajadores le respondieron que no querían plata, porque la cooperativa era solvente. “Nosotros poníamos la antigüedad de cada uno de nosotros y el resto pedíamos un plan de pago. Al gobierno provincial de Vidal no le interesó nuestra propuesta”, sostuvo Nahuel Méndez, que trabaja hace 5 años en el lugar.
Actualmente, los trabajadores junto a familiares se encuentran acampando en las inmediaciones del predio de la fábrica en avenida Balbín 2951, de la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.
Ahora van por el desalojo del BAUEN
Tras el veto de Macri a la Ley que expropiaba el emblemático hotel recuperado, la jueza de la causa dictó una orden de desalojo para el viernes 14 de abril.
El Jefe de Estado rechazó que el edificio situado en pleno microcentro porteño pase a manos de la cooperativa de trabajadores que lo autogestionan tras su proceso de vaciamiento.
En línea con el veto presidencial, la jueza Paula Hualde dictó una orden de desalojo dando poco margen a los trabajadores que buscaban que la Ley de Expropiación vuelva a tratarse en el Congreso y dispuso un operativo policial para un feriado, el Viernes Santo.
Los empleados autogestionan el hotel desde que los empresarios lo abandonaron, sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y dejando a todos los trabajadores a la deriva, hace 15 años.
Ante la resolución judicial y el veto de la expropiación realizado por el presidente Mauricio Macri antes de fin del año pasado, los trabajadores anunciaron que seguirían la "lucha para que este año el Congreso Nacional vuelva a acompañarnos, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, para rechazar el veto presidencial”.
Además, con el objetivo de delinear un plan de acción para la defensa del Bauen, convocaron a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales a una reunión abierta el jueves pasado.
Nueva recuperada
La puesta en producción en la Textil Neuquén fue anunciada el jueves por medio de una conferencia de prensa en la que participaron las Madres de Plaza de Mayo, Noemí Labrune de APDH, el Diputado Raúl Godoy, el párroco Rubén Capitanio, y contó además con la presencia de los sindicatos ATEN, Ceramistas, ADUNC y Municipales.
En la conferencia las trabajadoras destacaron que la puesta en producción es a raíz de la falta de respuestas de parte del gobierno provincial. “Queremos respuestas serias y concisas”, sostuvo Marina Catrilao quien además recalcó que las trabajadoras “son jefas de familia y con hijos, y por esa razón hoy hacen este lanzamiento, porque no van a permitir que sus hijos pasen necesidades ni que las quiebren por hambre”. También llamaron a mantener la solidaridad de los diferentes sectores que vienen acercando su apoyo a la lucha de las obreras textiles.
Revocan la personería gremial al sindicato de los “Metrodelegados”
El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la resolución 1601/2015, firmada el 26 de noviembre de 2015, que otorgaba la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), que nuclea a los Metrodelegados. Según señalaron, esta revocación se da por “irregularidades formales” durante la gestión de la personería.
Los camaristas indicaron que “corresponde revocar la resolución impugnada y devolver las actuaciones a la sede de origen para que, una vez subsanadas las irregularidades formales señaladas y luego de haber cumplido rigurosamente con las reglas adjetivas aplicables, se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda”. De este modo, la solicitud será evaluada por la cartera laboral encabezada por Jorge Triaca. Será entonces el gobierno de Cambiemos el que determine si le corresponde o no la personería gremial a los Metrodelegados.
Cabe señalar que la personería gremial de la AGTSyP había sido objetada judicialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo secretario general es Roberto Fernández. La UTA era el sindicato que concentraba la representación gremial en el subterráneo hasta el surgimiento de los Metrodelegados.
"Este fallo judicial es un ataque político a la libertad sindical, a la organización y a las conquistas de los trabajadores del subterráneo, impulsado por la UTA, el Ministro (de Trabajo) Triaca y Metrovías", declaró Christian Paletti, metrodelegado de la línea C.
Por su parte Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los trabajadores del subte, afirmó que "es un fallo claramente político, detrás del cual están el Gobierno y la UTA. A nadie le caben dudas de que la AGTSyP es la representación legítima y aplastantemente mayoritaria de los trabajadores del subte. Se trata de un ataque a nuestra organización, en momentos en los que comienza la discusión paritaria. Le quieren dar una mano a la burocracia sindical de la UTA y a Metrovías. Tampoco es casual el momento del fallo, es otra prebenda más que el Gobierno y su Justicia amiga le dan a la burocracia sindical para intentar frenar un paro general. Nosotros vamos a apelar el fallo en la Justicia y en los próximos días nos vamos a reunir para discutir qué respuesta damos desde la AGTSyP en todos los terrenos. Desde hace años que venimos luchando y lo seguiremos haciendo. El Gobierno kirchnerista nos dio miles de vueltas para darnos la personería y ahora lo hace el Gobierno de Macri. Pero la lucha y organización democrática de los trabajadores será más fuerte que ellos".
Desde la AGTSyP, informaron que además de apelar el fallo, la próxima semana convocarán a una conferencia de prensa.
Los trabajadores de AGR-Clarín, en el día 54 de la ocupación de la imprenta gráfica más grande y moderna del país llamaron a un estado de alerta y movilización al conjunto del pueblo trabajador, y a las organizaciones obreras, sociales, políticas y de DDHH que vienen acompañando la lucha, ante noticias de una inminente provocación de las fuerzas represivas y lúmpenes al servicio del Estado.
Macri coronó la celebración de las patronales agrarias
El presidente Mauricio Macri participó el viernes de la exposición de las patronales agrarias "Expoagro", que organizan La Nación y Clarín en la localidad bonaerense de San Nicolás. En su discurso, manifestó apoyos a las entidades del "campo" y aprovechó para referirse a los aún insuficientes "brotes verdes" de la economía.
Macri afirmó que si bien el campo es "alegría y entusiasmo" por el dinamismo que ofrece esta actividad a la economía, "hay sectores que recién están comenzando a ponerse en marcha" tras cinco años de "estancamiento".
El presidente aseguró que el país está "creciendo" y defendió la gestión económica al señalar que se trata de "cinco meses consecutivos de crecimiento" después "de más de cinco años".
"Yo les digo: no aflojen", dirigiéndose a los productores agrarios. "Hoy más que nunca ratifiquen que podemos construir la Argentina que nos merecemos, un camino que no se detiene, ya que esa Argentina unida es imparable: ¡Aguante el campo! ¡Aguante Argentina!", exclamó el mandatario, en un breve discurso en el que no realizó anuncios para el sector.
Asimismo, dados los preocupantes números de pobreza que publicó la propia Iglesia Católica mediante los informes de la UCA, el presidente debió referirse a los mismos: "Hemos dejado de ocultar nuestros problemas, empezando por el principal, el altísimo nivel de pobreza que hay en la Argentina", sostuvo, y reiteró que pretende ser evaluado en su gestión por "si tuve o no la suerte del éxito de poder reducir la pobreza" en la Argentina.
Para la UCA, hay 32,9% de pobres
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) sostuvo que la tasa de pobreza en Argentina es del 32,9%, medida hasta setiembre del año pasado, y que tiene como principal afectado a “segmentos de clase media baja o sectores populares vinculados a la economía informal”.
En tanto, advirtió que “la desigualdad persistente y la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo concentrado y desequilibrado con efectos de exclusión y desigualdad a nivel socio-laboral”.
Además, planteó que, “aunque vengan inversiones, no habrá derrame hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas de desarrollo local-regional, hacia el sector informal y las economías sociales”.
Así lo afirmó la UCA en un nuevo informe difundido el jueves pasado, titulado “Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2016”, que fue presentado en conferencia de prensa en la sede de la Universidad por el director de Investigación del Observatorio, Agustín Salvia.
“La tasa de pobreza ascendió de 29% a fines de 2015 a 32,9% en el tercer trimestre de 2016, lo cual significaría un aumento de 1,5 millones de nuevos pobres (cerca de 13 millones de personas por debajo de la línea de pobreza). Estos niveles serían los más altos de los registrados desde 2010 a la fecha”, precisa el informe. En tanto, ubica la indigencia en el 6,9%.
Según el Informe, “durante el último año, las medidas de ajuste económico, el contexto internacional adverso, la política anti-inflacionaria y la rezagada inversión privada y pública habrían agravado el escenario de crisis, más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales”.
“Si bien este shock habría sido mucho más fuerte durante el primer semestre del año, la situación no se habría revertido durante la segunda parte del año. El proceso habría generado un mayor deterioro laboral y en los ingresos de los sectores medios bajos informales, así como una profundización de la indigencia en los sectores más vulnerables”, sostiene.
Aclara que los niveles actuales de pobreza “se asemejan a escenarios como los de 1983, 1987, 1994 o 2009”, y señala que “la actual coyuntura parece remitir a procesos recesivos generadas por efectos de crisis financieras como la del ‘Tequila’ o dinámicas inflacionarias post-devaluación como en los ’80 o en 2014”.
En tanto, destaca que “si bien en el segundo semestre se registró una baja notoria en el ritmo inflacionario y, al final del mismo, habría tenido lugar una efectiva recuperación del empleo, hacia el tercer trimestre del año no se evidenciaban cambios significativos en el nivel de actividad ni en la demanda laboral”.
A modo de conclusión, la UCA indica que durante el período del Bicentenario “los indicadores laborales muestran la persistencia de la pobreza y desigualdades estructurales” y que “todavía estamos lejos de garantizar los derechos mínimos de inclusión social para una parte importante de la sociedad”.
“La evolución de distintos indicadores de las condiciones materiales no ha sido equitativa al interior de la estructura social. Los más perjudicados en lo que respecta a las capacidades de subsistencia fueron los hogares de estratos muy bajos y de espacios segregados”, concluye.
Las cámaras patronales también desmienten al presidente
Un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señala que en noviembre la producción metalúrgica se contrajo -2,0% interanual, pero si se descuenta el sector de maquinaria agrícola, que dio un salto de +36% ese mes, la caída de noviembre llegaría a -5,7%. En el acumulado de los primeros once meses de 2016 se registró un desplome de la actividad de -8,2% respecto del mismo período de 2015.
También preocupan otros indicadores como el nivel de empleo que acumula una contracción interanual de -3,2% y la utilización de la capacidad instalada, que llega al 58% (-9,3% en los once meses), muy por debajo del promedio del sector manufacturero que ronda el 65%. Entre las pymes metalúrgicas apenas alcanza el 35%. Si bien la facturación creció un 9,1% interanual, lo hizo mucho menos que la inflación del 40%.
Desde la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) advierten que la apertura indiscriminada de importaciones provenientes de China, el aumento de costos y el impacto de las tarifas ponen en “estado de emergencia” a 400 pymes metalúrgicas, que están en problemas para “sostener los más de 8.000 empleos que generan en forma directa”.
“Brasil y China tiene sobrantes industriales que regalan a precios viles”, sostiene Guillermo Susini, gerente general de Cifra. Admiten que la fundición perdió participación en la actividad porque “hay una tendencia a concentrarla en países de bajos salarios como China”, en un contexto en el que “el kilo de fundición sale en el país de tres a cuatro veces más que en el exterior”.
Según el último informe de coyuntura de Adimra, en el período enero-noviembre de 2016, las exportaciones metalúrgicas llegaron a U$S 2.342 millones (-11,2% de caída interanual), en tanto que las importaciones treparon a U$S 19.685. Así la balanza comercial sectorial arrojó un déficit de U$S 17.344 millones.
La producción industrial cerró 2016 con una caída del 4,9%, según los cálculos de la Unión Industrial Argentina (UIA), siendo el tercer año consecutivo de signo negativo. Para el INDEC la actividad disminuyó algo menos: 4,6%.
Los rubros más afectados fueron la producción de acero y los vinculados a la construcción (cemento, insumos y otros materiales), también la automotriz y metalmecánica por la situación de Brasil, la contracción de la demanda interna y la mayor presión importadora.
Otros rubros, más intensivos en trabajo, como edición e impresión y textil, también registraron una menor actividad (-8,5%) que en 2015.
También cayó Alimentos y Bebidas (1,5%), pero si se excluyen los aceites, la caída ronda el 3,3%. Sin embargo, aumentaron Sustancias y Productos Químicos (1,3%).
A fines de 2017, de darse los pronósticos optimistas del gobierno, veremos el mismo nivel de actividad, igual tasa de inflación, idéntico déficit fiscal y un similar atraso cambiario que a fines del 2015.
Brasil complica la recuperación
Brasil es por lejos el mayor comprador de bienes manufacturados argentinos: se lleva un tercio de las exportaciones totales.
En 2016, el 57% de las ventas totales a Brasil fueron industria, pero tratándose de un porcentaje alto, resulta pobre contra el 75% de los años anteriores. Allí figuran autos, químicos, plásticos y metales.
En el sector automotriz el año pasado sumaron 190.000 unidades contra 433.000 en 2013 y el pico de 507.000 anotado en 2011. La consecuencia es que cada vez se fabrican menos autos, que hay paradas forzosas en las plantas y abundan los problemas laborales.
En 2016, el PBI de Brasil cayó 3,6%, según el informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, y el consumo de las familias un 4,2%. La recesión de los dos últimos años acumula un 7,2% y el PBI per cápita declinó 9,1% desde 2014. Los medios brasileños señalan para el primer semestre del año la inflación todavía será alta, se acelerará el desempleo (12,9% actualmente) y se reducirán los salarios, lo que conspira contra el poder de compra de los brasileños. Se espera que Brasil recién recupere su nivel de demanda interna dentro de cuatro o cinco años, con lo cual no será posible contar con uno de los motores que podría ayudar a la recuperación de la economía nacional.
Volvió a subir la inflación
El INDEC estimó en enero un aumento del costo de vida del 1,3%, muy inferior al calculado por consultoras, gobiernos y centros de estudios independientes. ¿Qué lo mantuvo tan abajo? El capítulo "vivienda y servicios básicos", que incluye a las tarifas y que según sus encuestas se mantuvo clavado en cero durante el primer mes del año. El gobierno porteño, del mismo signo político, informó una inflación del 1,9% para el mismo mes y un incremento del 2,4% en ese mismo rubro. El de Santa Fe, que calculó un 2,1% de alza general, anotó un 6% arriba en el renglón de la controversia.
Al informar la inflación de febrero (un 2,5% demoledor para el tope salarial), el INDEC pareció compensar esa subestimación de enero y admitió un aumento del 8,4% en el costo de la vivienda y los servicios.
Fuentes: Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, Diario BAE, www.infogremiales.com.ar , www.po.org.ar , Copenoa, Indymedia Argentina, Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, APU, www.ansol.com.ar y www.cronista.com
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=224014
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