Colombia: El gobierno y los bancos despojan a las familias....Por Trochando Sin Fronteras

Mientras en Colombia la vivienda se convierte en un negocio, miles de familias en el país son despojadas de su casa y el gobierno sigue sin dar solución.

La política de vivienda del gobierno se divide en ‘Vivienda de interés Social’ (VIS) y ‘Vivienda de Interés Prioritario’ (VIP). En el marco de estos dos programas, las familias pobres del país sueñan con que se les garantice el derecho a la vivienda digna.

La diferencia que hay entre esos programas es el costo de las viviendas. Mientras las viviendas construidas en el marco de VIS tienen un valor máximo de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($88 millones aprox), las VIP tienen un valor máximo es de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($45 millones)[1].

Ahora bien, para hacerse acreedor a alguno de estos programas el gobierno utiliza las siguientes “estrategias”:
Promoción de esquemas de financiación para hogares independientes de bajos ingresos (fomento al ahorro voluntario programado para la adquisición de vivienda, entre otras).

Fomento a la financiación de largo plazo para adquisición de vivienda (Cobertura a la tasa de interés para créditos hipotecarios y contrato de leasing habitacional-FRECH, entre otros).

Así, la política de vivienda del gobierno inserta a las familias en planes de financiación con los bancos. Adquirir una vivienda, es adquirir una deuda. A las familias no se les garantiza un derecho, se les impone un compromiso bancario.

Dicha situación no favorece a ninguna familia, pues los bancos responden a las necesidades de sus dueños, poco les interesa las condiciones de desigualdad y desempleo en las que viven quienes adquieren estas viviendas.

El factor que determina el tipo de vivienda al que puede a acceder una familia pobre, es su ingreso mensual, ya que este es la base para determinar el valor de la hipoteca y el monto del subsidio de vivienda dado por el gobierno. En el mejor de los casos, el subsidio será de $14’ 737.500 pesos, que no representan ni la tercera parte del valor de la casa de interés prioritario -la más barata-.

Así las cosas, el subsidio que ofrece el gobierno no resulta suficiente para garantizar el derecho a la vivienda. La política gubernamental en este tema no permite que las familias que dependan de ventas ambulantes o cualquier otro trabajo informal puedan pagar la deuda al banco.

Es el caso de la señora Olga Caicedo Chávez, quien adquirió su vivienda hace 18 años mediante un proyecto de VIS en Florida Blanca, Santander. En ese proceso le quedó debiendo a la banca 7 millones de pesos, a raíz de lo cual, en 2014, remataron su casa por 30 millones de pesos. Ella no pudo participar del remate y perdió el inmueble, que estaba avaluado en 180 millones de pesos. En este momento Olga se encuentra exigiéndole a la Corte Constitucional la revisión de su caso, pues además de que esta sin vivienda, utilizó todos sus recursos para adecuarla y mejorarla.

Olga considera que es víctima del sistema financiero y judicial, porque la abogada que realizó los trámites del remate hace parte del denominado ‘Cartel del remate de Bucaramanga’, que ha dejado sin vivienda a muchas familias con la complicidad de los jueces.

Bajo este panorama, las familias siguen ilusionadas con tener casa propia, pero no harán realidad esa pretensión. Y si con mucho esfuerzo lo logran, luego de trabajar durante años y pagar a los bancos el triple de lo que vale la casa, terminan perdiéndola por un monto irrisorio.

[1] Estos datos son recogidos de la página web del Ministerio de Vivienda. http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-vip





vía:
http://kaosenlared.net/colombia-el-gobierno-y-los-bancos-despojan-a-las-familias/