Gustavo Leal F.*
Mezclando peras con manzanas, en su permanente campaña proselitista usando todos los espacios disponibles del Ejecutivo federal, para el secretario José Antonio Meade (Sedesol), el derecho a la salud será vigente al abatir tangiblemente el rezago en salud con 12 millones de carnets, sumados a los 7 millones de estudiantes que recibirán número de seguridad social y a la universalización que el presidente Peña ordenó en materia de adultos mayores.
En el IMSS, su director, Mikel Arriola, clausuró el 109 Encuentro médico quirúrgico de oftalmología, entregando pólizas para que familias Prospera puedan acceder a servicios de salud, alimentación y albergue: “con el trabajo conjunto IMSS-Sedesol, el instituto es más público y social que nunca.
El doctor Narro, secretario de Salud, entiende la universalidad como que todos tengan acceso oportuno, expedito, cercano a los servicios y con calidad. Para ello activó el Acuerdo nacional hacia la universalización de los servicios de salud –firmado el 7 de abril– por el se universalizan apenas 100 paquetes portables de carencias entre IMSS-Issste-Ssa a través de intercambio de servicios.
Exactamente como el doctor O’Shea, titular del Seguro Popular, define el sistema universal de salud que Peña Nieto ofreció en campaña como nuevo derecho social: sólo 700 servicios médicos, que en realidad son exclusivamente 100 intervenciones. Esta curiosa universalidad también se acompaña de reformas a la Ley General de Salud, que recentralizan autoritariamente los recursos del Seguro Popular (DOF, 4/6/14 y DOF, 17/12/14).
La universalidad del fin del sexenio peñista sólo universalizará carencias: incumple los parámetros de suficiencia de personal capacitado y motivado, así como de los medios disponibles para brindar la debida atención recomendados por OMS-OPS. Tampoco amplía el catálogo de prestaciones a la altura de la ciudadanía del siglo XXI. Por el contrario, quiere reducirlo, tal como ya lo compacta a la baja el Seguro Popular. Es una universalidad de 100 intervenciones.
Además, el 28 de abril Peña remitió a diputados la iniciativa que conforma la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, en consonancia con la recomendación de la OCDE en su más reciente estudio sobre México. Ella busca trasladar responsabilidades de autoridad sanitaria a los prestadores directos: médicos, enfermeras y profesiones afines. Mientras, la Ssa-Peña diluiría sus obligaciones constitucionales, recargándola ahora en las negligencias que ya no serán atribuidas al lamentable estado de la red sanitaria nacional, sino a cada una de esos profesionales que la atienden. Incluso, el doctor Narro apremia, para tal propósito, con que se otorguen más facultades a la Conamed.
Por primera vez, tres colectivos de profesiones sanitarias (médicos, enfermeras y afines) se pronuncian nacionalmente frente a esa universalidad. Proponen seis ejes para la movilización del 22 de junio 2016 que deben desarrollarse de acuerdo con circunstancias de cada entidad y sus problemáticas específicas. Ellos irán construyendo una plataforma amplia para edificar un pliego nacional de demandas de los trabajadores de la salud.
Los ejes son: 1. El gobierno, por conducto del secretario de Salud, debe esclarecer frente a la nación, de manera sencilla y directa: ¿cuáles son los contenidos y alcances de la reforma que pretende?, estableciendo foros nacionales para su discusión y análisis, en los que se incluya la opinión de expertos, la sociedad, y de las y los trabajadores de los frentes operativos del sector a escala nacional. 2. La salud es un derecho universal; el Estado debe garantizar su cumplimiento, acceso y provisión para todas y todos sin restricciones de ningún tipo. 3. La iniciativa de decreto presidencial del 27 de abril de 2016 debe ser desechada de inmediato por el Congreso de la Unión, porque su pretensión es criminalizar las actividades de los trabajadores de la salud de todo el sector. 4. El Estado debe frenar de manera inmediata el desmantelamiento de los sistemas públicos de atención en salud y de la seguridad social en su conjunto; por el contrario, debe reforzar su financiamiento, restaurar y mejorar ampliamente sus estructuras. 5. El Estado debe mejorar de manera inmediata las condiciones de trabajo que hoy privan en todo el sector. Debe desterrar el modelo precarizante de trabajo en las instituciones y basificar de manera inmediata y efectiva, a todas y todos los que se encuentran bajo regímenes temporales de contratación a nivel nacional. 6. El Estado debe dictar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de los profesionales de la salud, incluyendo pasantes de las diferentes carreras, con énfasis especial de aquellas zonas de alta peligrosidad en todo el país.
El movimiento se dirigió también –31 de mayo– a la Comisión de Salud, demandando que comunique públicamente cómo tramitará la iniciativa sobre la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica.
La demagógica seguridad social universal ofrecida por Peña culminó en un descalabro gubernamental que pretende ser parchado con un proyecto de cartón. Las profesiones ponen el descubierto la forma en que se ha conducido esa política pública, incapaz de ofrecer respuestas articuladas para todos frente al desafío sanitario. Apuntan al gran faltante de una efectiva política de salud y seguridad social integral. Su precondición es que la propuesta emergente supere –por principio– el acotado precepto de una mera protección social básica claramente no universal, precisamente lo contrario de lo que publicita Meade.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
vìa:http://www.jornada.unam.mx/2016/06/18/opinion/015a2pol
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