Martha de Jesús López Aguilar*
La reforma educativa fue diseñada por los organismos financieros trasnacionales (FMI, BM y BID), la OCDE, que vende recomendaciones de políticas públicas, y por empresarios de Mexicanos Primero. Para darle certeza legal a la reforma fue impuesta a través del Pacto por México con la participación de PAN, PRI y PRD y aprobada por todos los partidos políticos, sin ser analizada y discutida por los diputados y senadores y sin considerar un diagnóstico, seguimiento y evaluación de las políticas educativas aplicadas en sexenios anteriores. No se tomó en cuenta a estudiantes, maestros, padres de familia, investigadores y especialistas, por lo que carece de legitimidad.
Se distingue más por ser una reforma administrativa y laboral con grandes implicaciones en la organización educativa, que lleva a un mayor control y vigilancia; a más de tres años de su aprobación, aún no se presenta un nuevo modelo de enseñanza, aún se sigue trabajando en las escuelas con un plan y programa de estudios del año 2011; los libros de texto están desfasados, los cuales aún no han sido corregidos, pese a que el mismo ex secretario de Educación Emilio Chuayffet reconoció que además de errores de redacción y ortográficos, hay errores pedagógicos y científicos.
Es una reforma regresiva y lesiva porque afecta los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación y pone en riesgo la enseñanza pública. La Ley del Servicio Profesional Docente (LGSPD) establece la nueva regulación laboral, violando los derechos adquiridos, según lo expresa el artículo 14 de la Constitución: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, los maestros pierden la plaza base y la antigüedad, es decir, la estabilidad en el empleo, en su lugar tienen un nombramiento definitivo que dura mientras llega el nuevo examen.
Contraviniendo la Constitución, se aniquila a los maestros a través de una evaluación punitiva contenida en el artículo 53 de la LGSPD, dirigido al personal que no se presente al examen, no se incorpore a los programas de regularización u obtenga resultado de insuficiente en su tercera evaluación, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa; siendo descertificado y boletinado, es decir, no se le podrá contratar en ninguna escuela pública ni privada, invalidando su cédula profesional para ejercer la docencia, sancionando a la institución pública o privada que lo contrate.
Los maestros cuestionan la evaluación estandarizada, porque sólo mide aspectos superficiales sobre el manejo de leyes, normas y lineamientos, pero no valora la práctica docente, y menos el vínculo con sus alumnos y comunidad, o su actitud, sus sentimientos, su compromiso y responsabilidad, en fin lo que implica ser un buen docente. Además no es integral ni formativa, sólo se reduce a la medición y cuantificación de resultados observables, tiende a clasificar al etiquetar a los maestros entre idóneos y no idóneos, es descontextualizada y discriminatoria, excluyente y punitiva.
La lucha de los maestros es en defensa de la educación pública. Desde hace años con gobiernos priístas o panistas la privatización de la educación ha avanzado, pero es en este gobierno peñanietista que se elevó a rango constitucional y quedó establecido en el artículo tercero fracción 3 inciso a) cuando se habla de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos.
Armonizando la reforma constitucional, las leyes educativas estatales fueron modificadas, como es el caso de Hidalgo, donde en el artículo 28 de la ley estatal afirma: la entidad y los municipios atraerán la participación de los sectores social y privado en la prestación y financiamiento de la educación, facilitando la creación e integración de patronatos, fideicomisos, fundaciones u otras instituciones que apoyen la tarea educativa, otorgando estímulos fiscales que permitan la posibilidad de su establecimiento. La autoridad educativa local con las aportaciones de la iniciativa privada y los fondos procedentes de organismos nacionales e internacionales, promoverá la ampliación de los programas sociales de apoyo a la educación, primordialmente en las comunidades de mayor rezago educativo, para fortalecer el mantenimiento de la infraestructura educativa.
En los siguientes tres años el gobierno peñista invertirá, a través de la emisión de bonos de infraestructura educativa, los certificados para la infraestructura nacional (CIEN) que corresponden a 50 mil millones de pesos adicionales para mejorar 30 mil escuelas de más de 2 mil municipios, donde los inversionistas serán los únicos beneficiados, pues harán los préstamos que se convertirán en deuda durante más de 20 años.
A la defensa de la educación pública y el empleo por miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno se ha empeñado en aplicar métodos represivos, como el hostigamiento laboral, la suspensión de salarios y el despido; criminalizando su lucha con desalojos, encarcelamientos, asesinatos y el uso de la fuerza policiaco militar en las movilizaciones. Se equivocan Aurelio Nuño Mayer y Enrique Peña Nieto, no se puede llamar a diálogo pidiendo la rendición incondicional del oponente. Cada vez más ciudadanos apoyan a sus maestros, su sobrevivencia como salvaguardas de la conciencia nacional está en juego. Como escribió Louise Michel, maestra y combatiente en la Comuna de París: La tarea de los maestros, esos soldados oscuros de la civilización, es dar al pueblo los medios intelectuales para rebelarse.
*Profesora normalista, maestra en investigación educativa, autora del libro La primavera magisterial de 1989
vìa:http://www.jornada.unam.mx/2016/06/12/opinion/019a1pol
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