Luis Hernández Navarro
Kendy Moreno Mercado es maestra rural en La Laguna. Tiene ocho años de servicio docente. Labora en la primaria Pablo L. Sidar, en el ejido Santa Fe, en la que no sirven los bebederos, los utensilios eléctricos dejan de funcionar al prender los aparatos de aire y no hay canchas deportivas.
Además de maestra, Kendy es abogada y una mujer muy valiente. El pasado 10 de junio encaró al secretario de Educación, Aurelio Nuño, en una reunión que el funcionario tuvo con docentes destacados en San Buenaventura, Coahuila, feudo sindical de Carlos Moreira –hermano del gobernador–, para venderles las bondades de la reforma educativa.
De frente, la profesora Moreno dijo al secretario: De verdad siento empatía con mis compañeros del sur y lamento que el diálogo con ellos esté condicionado; son tan dignos ellos como nosotros; trabajamos en medios distintos; nuestras escuelas del norte muchas no están en tan pésimas condiciones como en el sur; sería muy enriquecedor para ustedes y para nosotros como maestros que tuvieran un diálogo con ellos.
Nervioso, el funcionario le respondió con el mismo mantra que entona diariamente desde hace casi un mes: Para poder dialogar, los niños deben regresar a las aulas, además de que los maestros tienen que cumplir con la Constitución.
En lugar de arredrarse, la maestra rural le reviró a Nuño Mayer: El derecho de protesta y la no retroactividad están de igual manera en la Carta Magna y se están violando.
Nada está por encima del interés superior de los niños a la educación, le contestó el secretario, al tiempo que insistía en señalar el daño que los docentes de la coordinadora provocaban.
También yo dejé a mis alumnos hoy por estar en este diálogo; hoy se quedaron mis niños sin educación, remató la profe Kendy, evidenciando la doble moral del secretario, que admite que se suspendan clases para realizar reuniones de promoción y lucimiento personal (https://goo.gl/xOLHzR).
El ejemplo de la maestra Kendy Moreno Mercado es un botón de muestra del fracaso de la política autoritaria de Aurelio Nuño hacia el magisterio. La actitud de la docente lagunera, su articulada argumentación, expresa el sentir de muchos mentores en todo el país. La reforma educativa con sangre no entra en el imaginario de los profesores. Y su rechazo se expresa de múltiples maneras: desde el paro hasta la desobediencia.
Pero, en lugar de atender ese rechazo, de escuchar el profundo malestar que la reforma educativa ha generado y la indignación que la cerrazón gubernamental al diálogo ha producido, el secretario Nuño ha decidido aplicar la pedagogía del garrote. Así lo acaba de hacer en Oaxaca.
Dos fechas, 10 años de distancia, una misma resistencia. El 14 de junio de 2006, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ordenó el desalojo violento de un plantón magisterial en la capital del estado. El 11 de junio de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo a dos dirigentes de la sección 22 y reprimió salvajemente la acampada de profesores y padres de familia frente a las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo).
De la represión de 2006 nació la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Comuna de Oaxaca. Ante la actual ofensiva gubernamental contra el magisterio en la entidad, los maestros y los pueblos están articulando una vigorosa e inédita resistencia. Lejos de amedrentar a los docentes y sus aliados, la detención de sus dirigentes y la violencia policiaca han propiciado el renacimiento de las barricadas y bloqueos carreteros en distintos puntos del estado.
Oaxaca no es el único lugar donde la represión gubernamental ha pegado duro. Como si quisieran conmemorar a su manera el Jueves de Corpus, el pasado 10 de junio policías antimotines golpearon despiadadamente a padres de familia de la comunidad chontal Tamulté de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco, que bloqueaban la carretera Villahermosa-Frontera. Demandaban abrir una mesa de negociación sobre la reforma educativa con el gobierno federal.
Lejos de apagar la protesta en Tabasco, la represión la extendió a ocho comunidades aledañas. Falsamente se dijo que 10 periodistas habían sido secuestrados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Según el profesor Julio Francisco Mendoza González, de la dirección política estatal y nacional de la coordinadora, los representantes de la prensa salieron corriendo cuando la multitud indignada les dijo que los iba a amarrar. Nunca se les retuvo, ni se les ató ni se les secuestró.
En Chiapas, junto a los maestros, marchan el Pueblo creyente, Los Parachicos (danzantes tradicionales en la fiesta grande de Chiapa de Corzo), marimbas, empresarios, miles de padres de familia y hasta policías municipales. La sociedad chiapaneca está sacudida hasta sus cimientos.
Tan es así, que apenas el pasado 12 de junio, el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi, dio a conocer el documento Maestros, adelante con verdad y justicia. Allí reconoce a los docentes que es su derecho y su deber marchar por la defensa de lo que en justicia les corresponde, asienta que la reforma educativa no es integral, sino sólo administrativa y laboral y apoya la lucha contra ella (http://goo.gl/mvM540).
Para imponer a sangre y fuego la reforma educativa (e impedir las protestas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), el gobierno ha asesinado a tres maestros (Claudio Castillo, Antonio Vivar Díaz y David Gemayel Ruiz), encarcelado en penales de alta seguridad a ocho dirigentes de Oaxaca, girado decenas de ordenes de aprehensión en varias entidades del país, cesado a más de 4 mil, golpeado salvajemente a cientos, impedido el libre tránsito, y puesto en la calle a miles de policías. Y a pesar de su pegagogía del garrote, no ha podido frenar las protestas masivas ni callarle la boca a maestras como Kendy Moreno.
Twitter: @lhan55
vìa:
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/14/opinion/020a2pol
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