Si ya la agresiva “Ley Mordaza” causó estupefacción a la población, pues se pretende castigar con cárcel a quienes filtren informaciones de carpetas investigativas -norma que fue modificada por la presión ciudadana y que implicó la exclusión de la medida sancionatoria a los periodistas-, filtraciones que permitieron, por ejemplo, que la opinión pública se enterara del financiamiento irregular de los políticos, ahora la estupefacción puede ser aún mayor pues se sumó una indicación al proyecto que busca modificar la Ley Antiterrorista que pretende castigar con presidio menor, de medio a mayor a las fuentes y multas a los directores de medios que filtren informaciones de sumarios investigativos que estén bajo dicha ley.
La indicación presentada en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados por los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat y la UDI Claudia Nogueira, fue aprobada en la idea de legislar con votos de diputados de la Nueva Mayoría. Parte del articulado señala
“En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”.
Es decir, si existen, por ejemplo, filtraciones de casos relacionados con el mal llamado conflicto mapuche, donde muchas veces se ha filtrado la existencia de testigos protegidos, falsos testimonios, montajes, irregularidades en los procedimientos del Ministerio Público, etc y si dichas filtraciones son publicadas en un medio, este último sería sancionado con multas. Quien sea la fuente que revele la información recibiría la sanción más dura: presidio menor en su grado medio a mayor.
Si la norma se aprueba, se incluiría al articulado del proyecto del ejecutivo de reforma a la Ley Antiterrorista, donde se propone también una serie de medidas que podrían afectar severamente las libertades individuales y los derechos humanos. Entre ellas, por ejemplo, se haya la posibilidad de que el Ministerio Público escoja el tribunal donde realizar los juicios, sin importar la jurisdicción territorial de los tribunales. Medida que el propio pleno de la Corte Suprema calificó de inviable, aprovechando también de advertir de su posible utilización en el “conflicto mapuche”, donde el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de DDHH.
El texto señala
“Es útil consignar que las materias de que se trata —más allá de la efectividad de estos supuestos— atendida su naturaleza han de observarse no sólo con criterios de legalidad sino, también, desde el contenido de la Constitución Política de la República y las obligaciones internacionales asumidas en los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Chile. En este sentido, debe tenerse en cuenta que recientemente —en sentencia de 29 de mayo de 2014, Caso Norín Catrimán y otros— el Estado chileno fue condenado en razón de la aplicación de la Ley N° 18.314 al pueblo Mapuche, precisamente debido a diversos defectos en la reglamentación e implementación de las reglas de acopio y rendición de prueba que, a juicio de la Corte Interamericana, implicaron vulneraciones al derecho esencial a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.”
Respecto a la moción aprobada recientemente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, debe seguir su trámite legislativo con el conjunto de la reforma a la Ley Antiterrorista. Entre otros cuestionamientos que se le hacen a dicha ley, se encuentra que da la facultad al Ministerio Público para “autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos, y a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos Servicios actúen en tal calidad”
Tras la reforma a la dictatorial ley Antiterrorista se encuentra el Ministro del Interior Jorge Burgos, a quien se le a acusado incluso de tener una agenda propia. Descrito como un hombre que apunta a los consensos y acuerdos, es parte de los más tradicional de la antigua Concertación. Burgos fue parte del mentado grupo München, círculo de políticos de la DC, el PPD y el PS que se juntaban a comer en el Restaurant München desde 1993. El dato no es menor pues en el mencionado restaurant también se juntaban personeros de importancia como el PS Marcelo Schilling y el actual director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos, quien ha ocupado el cargo en el Gobierno de Lagos y en los 2 de Bachelet. Schilling fue Director del Consejo Coordinador de Seguridad Pública más conocido como “La Oficina”, el organismo creado para desarticular y aniquilar a los partidos de izquierda que se negaron a aceptar el negociado entre la Concertación y la Dictadura pinochetista. Burgos también fue director de la Oficina, institución que utilizó la guerra sucia contra quienes se oponían a la transición pactada, utilizando informantes, tortura, infiltración de organizaciones revolucionarias, sobornos a ex presos políticos y sus familias, entre otras oscuras prácticas. El organismo es antecesor de la actual ANI que justamente dirige Villalobos, integrante del grupo München. A las reuniones también asistían Edmundo Pérez Yoma (DC), Osvaldo Puccio (PS), Carlos Figueroa (DC), José Miguel Insulza (PS), Mariano Fernández (DC), entre otros.
vìahttp://resumen.cl/2016/04/otra-vez-el-congreso-contra-los-medios-aplicarian-penas-de-carcel-a-filtraciones-en-ley-antiterrorista-2/:
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