En conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República, comuneros de la Comunidad Campesina de Aucallama (Huaral – Lima) denunciaron el abuso que recibieron por parte de la Policía Nacional del Perú hace unas semanas. La madrugada del jueves 18 de febrero, las familias de la comunidad fueron intervenidas bajo el argumento de portar armas de fuego y llevar con sigo estupefacientes. Producto de esto 21 mujeres y hombres fueron maltradados y llevados a prisión; luego de 15 días han sido puestos en libertad.
Las pruebas oficiales que les hicieron para determinar su contacto con armas de fuego y drogas resultaron negativas, lo que pone en evidencia que se trataría de sembrado de estas pruebas por parte de grupos de poder interesados en quitarles sus tierras. La Dirección de Investigación Criminal, responsable de esta intervención tiene que responder por este problable abuso de poder.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Comunidad Carmen Castillo Pretel negó que los campesinos de Aucallama sean delincuentes y denunció que la intervención de la Policía Nacional del Perú fue para amedrentarlos pues es el operativo se da en un contexto en que vienen recibiendo serias amenazas contra la vida de las familias asentadas en dicha comunidad, a pesar de que estas gozan de título de propiedad. La misma dirigente ha denunciado en reiteradas ocasiones que la han amenazado de muerte por vía telefónica y mediante mensajes fúnebres que han llegado a su domicilio.
Carmen Castillo, quién ha promovido la gobernanza democrática de las tierras comunales facilitando la tenencia a los hijos herederos de la comunidad, teme por su vida y la de sus hijos. Le preocupa también más abusos sobre las familias campesinas de la comunidad. Hasta el momento, han presentado quejas a la Inspectoría General de la PNP y a los fiscales locales para que sigan y reporten lo que viene ocurriendo contra el derecho a la tierra y territorio de las comunidades campesinas.
Para Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, no es admisible que las fuerzas del orden que deberían proteger a las propiedades comunales e individuales de las personas se presten a denigrar la dignidad de los comuneros sembrándoles armas y drogas para beneficiar a las mafias que precisamente quieren quitarle las tierras a estas familias.
Los comuneros esperan justicia y que los organismos del Estado puedan sancionar los abusos de malos policías y hacer efectiva la justicia contra los traficantes de tierras.
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