Chile: El TPP, un Acuerdo pro Transnacionales...Monsanto se apronta a gobernarnos...Lucía Sepúlveda Ruiz Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile y campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, miembros de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP

Lucía Sepúlveda Ruiz Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile y campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, miembros de la Plataforma Ciudadana  Chile Mejor sin TPP, www.mejorsinttp.cl  lusr20@gmail.com

FOTOS: Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP

Si los parlamentos de México y Chile aprueban el Acuerdo Transpacífico TPP, se habrán hecho el harakiri. ¡Mejor se van para la casa al otro día! Porque este Tratado en realidad es una ley global elaborada en secreto por los gobiernos de 12 países comandados por Estados Unidos, junto a las trasnacionales y sus aliados locales. Ante cualquier futura ley que defienda los intereses nacionales en materia ambiental, agrícola, de salud o educación, las corporaciones –citando el tratado- podrán demandar a los Estados en un tribunal internacional, donde sólo ganan los poderosos.
Entre los redactores del TPP está Monsanto –la transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas- junto a la industria farmacéutica, los fabricantes de automóviles y otras corporaciones. Pretende obtener así lo que no logra por la vía legal ni por tribunales. Un poderoso movimiento social defendió en Chile la semilla campesina e indígena logrando en 2014 detener la tramitación del proyecto de Ley Monsanto (Obtentores Vegetales). Para las organizaciones socio-ambientales que dieron esas luchas, las victorias alcanzadas por las organizaciones mexicanas defensoras del maíz son altamente valoradas y admiradas por su capacidad de alianzas y sus logros en el plano jurídico y también social.
De aprobarse este tratado, los presidentes Michelle Bachelet y Enrique Peña Nieto y los respectivos parlamentos serán los responsables históricos de una inédita entrega de la soberanía nacional. Por eso en Chile la estrategia de lucha contra el TPP incluye acosar a los parlamentarios para lograr que en el Congreso voten en contra, tras la anunciada ratificación por los presidentes, que tendría lugar en febrero próximo.
Hasta el año 2013, el negociador de temas agrícolas del TPP por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, ex cabildero de Monsanto. Se retiró tras asegurar en la redacción los intereses de la trasnacional. El capítulo 18, de Propiedad intelectual, en su párrafo 7.2, letra d), por ejemplo, obliga a Chile y a México a ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV-91), de propiedad intelectual de las semillas. Eso implica derogar la actual ley de semillas y aprobar el proyecto de Ley de Obtentores, que es la traducción al castellano del Convenio UPOV 91 y pavimenta el camino a los transgénicos.
En Chile, reponer la Ley Monsanto por medio del TPP significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al libre intercambio de semillas, y extender el registro de semillas a todas las variedades vegetales. Habrá más emigración campo-ciudad, por el colapso de la agricultura familiar campesina, y ello generará espacio para la expansión de los cultivos transgénicos y de la contaminadora industria forestal. Sin agricultura familiar campesina, que actualmente abastece las ferias libres y otros espacios de venta de frutas y verduras, los consumidores dependerán exclusivamente de los supermercados. La agroindustria dejará en el país sólo lo no exportable, y las “cadenas cortas” consumidor-productor, que se presentan como alternativas nuevas y saludables, sin agrotóxicos, abortarán.
|Biopiratería legal. En este mismo capítulo 18, el TPP impulsa la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento indígena sobre plantas. Los expertos patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado por las organizaciones de los pueblos originarios y cuyo patrimonio genético y conocimientos ancestrales han sido víctimas de la biopiratería desde hace rato. Este Tratado sigue alentando la biopiratería e ignora los compromisos del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, firmado por México.
Nueva Zelanda negoció excepciones a favor de sus pueblos indígenas derivadas del Tratado de Waitangi. Chile ni siquiera prevé la consulta indígena, según ha afirmado la Cancillería, ignorando las disposiciones del Convenio 169 de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Una camisa de fuerza. La maraña de disposiciones genera una suerte de camisa de fuerza respecto de nuevas normas. El capítulo 2 sobre Trato Nacional y Acceso a Bienes, en su párrafo 27.10 establece un Grupo de Trabajo sobre Biotecnología que analizará “las leyes, reglamentos y políticas nacionales, existentes y propuestos”. Por ejemplo, un proyecto de moratoria a los cultivos transgénicos y uno de etiquetado de alimentos transgénicos, o políticas públicas de compras de alimentos agroecológicos/orgánicos podrían ser considerados un obstáculo al comercio y quedarían “congelados”. El Capítulo 15 es sobre Compras del Sector Público, y el Capítulo 8, sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Esas normas podrían ser vistas como acciones que van en contra de las “expectativas razonables de ganancias” de los inversores de la agroindustria. El Estado no se arriesgará a posibles demandas porque firmó el Capítulo 28 sobre Resolución de Controversias (tribunales internacionales con fallos inapelables y sesgados), y el Capítulo 9 sobre Inversiones.
La resistencia de los pueblos a este Tratado Transpacífico Pro Transnacionales ha comenzado en Chile, México, Perú y Malasia. Generar coordinación será una forma de fortalecer estas luchas, irrumpiendo con el verdor de la semilla que no pide permiso para brotar.

vìa:
 http://www.jornada.unam.mx/2016/01/16/cam-acuerdo.html

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