Planta de licuefacción de gas natural de Pampa Melchorita (Cañete) de Perú LNG. Foto: Convoca.pe
– Diversas empresas del rubro hidrocarburos como Maple, Perú LNG, BPZ, Cálidda, Yanacocha, entre otras figuran como beneficiaras por el BM, pero también como las más infractoras.
Por Jean Chicana
Servindi, 15 de octubre, 2015.- Pese al cierre de las Reuniones Anuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el domingo 11 de octubre, continúan los cuestionamientos a su enfoque de desarrollo económico y la falta de fiscalización del proceso de sus fondos.
Esta semana, el portal periodístico Convoca reveló que los financiamientos de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés) se destinaron a empresas extractivas que no solo incumplieron la legislación ambiental, sino que además fueron absueltas de las denuncias.
Esta investigación calculó que en los últimos 21 años la IFC, brazo económico del BM, apoyó económicamente proyectos de inversión privados por un monto de 2,217 millones de dólares. De estos el 29 por ciento fueron destinados al sector hidrocarburos y minería.
Derrames de petróleo
Uno de los casos más graves está relacionado con Maple Gas Corporation del Perú S.R.L., acusada de contaminar con petróleo las aguas de la quebrada Yarina, cercana a la comunidad nativa shipibo-konibo Nuevo Sucre, ubicada en la provincia de Ucayali, en Loreto.
De acuerdo a las manifestaciones de los pobladores, el último derrame de crudo de petróleo se produjo el 28 de abril de 2015 y se tardaron dos días en solucionarlo. No obstante, este hecho se repitió tres veces entre enero y abril de 2009 en otras quebradas adyacentes a la comunidad.
Por ello, la población envió una queja contra Maple a la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman, sede central de la IFC en Washington (EEUU). Sin embargo luego de dos años se excluyeron afirmando que “este caso no merece una auditoría del proceso de debida diligencia”.
Hecho similar ocurrió con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quienes no registró ninguna resolución firme impuesta a Maple entre 2010 y 2015.
Según Convoca, solo figuran dos resoluciones de sanción abiertos en 2014 en estado “confidencial” referidas a casos del lote 31B en Loreto, y la Refinería Pucallpa en Ucayali.
Asimismo, se comprobó que solo se multó a Maple en agosto de 2012 con apenas 4 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir 15,400 soles, por verter aguas residuales a la quebrada Anís Caño, en Pucallpa.
En relación a un historial de infractor a la normativa medioambiental, Convoca descubrió que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ente fiscalizador anterior a OEFA, encarpetó 16 informes de supervisión ambiental ocurridos en Ucayali, Loreto y Huánuco entre 1998 y 2005.
Por ahora, OEFA todavía está determinando su investigación sobre el último derrame de Maple ocurrido en abril de 2015.
Denuncias archivadas
Otra empresa con graves faltas en su historial ambiental, pero libre de denuncias es la empresa Perú LNG que administra la planta de licuefacción de gas natural Pampa Melchorita, ubicada en Cañete.
Perú LNG figura como la más beneficiada por la IFC ya que en el 2008 recibió un préstamo por 300 millones de dólares para la construcción de infraestructura que procese el gas obtenido de los lotes 56 y 88 de Camisea, para luego exportarlo a través del puerto Melchorita.
No obstante entre el 2011 y 2013, esta empresa subsidiaria de la compañía americana Hunt Oil, acumuló multas ambientales por 68,78 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir 252,142 soles.
De acuerdo con la investigación de Convoca, el 14 de enero de 2013 Perú LNG fue sancionada por no cumplir con retirar dos pilotes de acero del mar de Cañete, que eran usados como rompeolas.
El 27 de diciembre del mismo año, nuevamente fue sancionada ya que una supervisión demostró un derrame en una planta debido a la falta de personal.
Esta misma inspección registró dos nuevas faltas: el retiro sin autorización de rocas de la cantera de un cerro en El Carmen y de otro en la comunidad de Ayaví, en Huancavelica; y la denuncia de un agricultor de Cañete que exigía una indemnización por el daño ocasionado a sus cultivos de palta.
Pese a todas las denuncias en su contra, Perú LNG consiguió que nueve informes de supervisión ambiental fueran archivados por prescripción.
Según Convoca, cinco de estas inspecciones al proyecto Pampa Melchorita se efectuaron entre febrero y diciembre de 2006, cuando el ente encargado de investigar esos casos era Osinerg, que en ese entonces estaba adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros con Pedro Pablo Kuczynski como titular.
Como se recuerda Kuczynski, antes de convertirse en premier, trabajó como asesor de Hunt Oil que en esos días formaba parte del Consorcio Upstream y de TgP, quienes tenían a su cargo la explotación del yacimiento gasífero de Camisea.
Las faltas de BPZ
De otro lado, el reportaje presenta el caso de la empresa BPZ Exploración & Producción S.R.L., que se benefició con 50 millones de dólares del IFC en diciembre de 2006, monto que fue invertido en infraestructura para la extracción de petróleo en el mar de Tumbes, frente a puertos pesqueros como Zorritos, La Cruz y Grau.
En enero de 2008, BPZ fue acusada de tener responsabilidad en el incendio y explosión de la embarcación Supe, que llevaba en su bodega 1.300 barriles de petróleo que dejó una mancha de crudo de 16 kilómetros de largo por 50 metros de ancho, a sólo 12 kilómetros de la costa.
A pesar que la compañía intentó minimizar el impacto al afirmar que el 80% del crudo de petróleo se consumió con el fuego y que sólo el 20% habría caído al mar, es decir 260 barriles, trascendió que el estallido dejó dos fallecidos y 14 marinos con quemaduras graves y leves.
Por ello Osinergmin suspendió temporalmente las operaciones de BPZ. Luego de un mes y medio se levantó la medida. Para junio, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República concluyó que no había cuantificación del daño ocasionado.
Pese a la demanda de las familias de las víctimas contra BPZ, el 152 Tribunal del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, en los Estados Unidos desestimó la acusación luego de cuatro años.
Estos casos muestran el endeble sistema de fiscalización y regulación de las autoridades nacionales e internacionales sobre todo con proyectos apoyados por el BM, a quienes se les emplaza la flexibilización de sus salvaguardas ambientales y sociales que favorecen inversiones infractoras.
Invitamos a leer la investigación completa realizada por el portal Convoca:
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vìa:
http://servindi.org/actualidad/141485
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