Antonio Turrent Fernández*
La industria transgénica multinacional abandera la inocuidad del maíz transgénico como alimento y como forraje, y como solución clave para la autosuficiencia alimentaria nacional. En mi nota previa (12/5/15) analicé el pregón de la autosuficiencia alimentaria. En esta examinaré evidencias que desdicen la pretendida inocuidad. Se trata de un argumento muy central de la estrategia de penetración y control del mercado mexicano de semillas. Con este control, la industria transgénica podría concretar una gran operación financiera con ventas del orden de mil 200 millones de dólares anuales, mientras que los mexicanos seríamos los conejillos de Indias de un megaexperimento transgénico. Se vería en una generación si alimentarnos con maíz transgénico nos diezmaría o no, y esto, en una ruta sin retorno, porque también se contaminarían con ADN transgénico nuestro maíz nativo y el teocintle, su pariente silvestre.
En su libro recién publicado, el abogado Steven M. Druker pone al desnudo la cadena de corrupción y de engaños al Congreso y a los estadunidenses mediante la cual, la Agencia Gubernamental para Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (Food and Drug Administration: FDA) allanó ilícitamente, el camino para la liberación de alimentos transgénicos en Estados Unidos. Por esto es que la Alianza por la Bio-Integridad y eminentes científicos estadunidenses demandaron a la FDA ante la Corte Federal en mayo de 1998, con el cargo de mentir al Congreso y a la población estadunidense, sobre la inocuidad de los alimentos transgénicos. El juicio duró dos años. Aunque formalmente la sentencia fue favorable a la FDA, la Corte autorizó a los demandantes el acceso a los archivos de la propia FDA relacionados con los alimentos transgénicos. Estos archivos suman unas 44 mil cuartillas que fueron meticulosamente revisados y narrados por el citado autor (Steven M. Druker, 2015, Altered genes, twisted truth: how the venture to genetically engineer our food has subverted science, corrupted government, and systematically deceived the public, Clear River Press, Salt Lake City, UT, USA, 511 pp.).
En el capítulo 5 de este libro se narran y documentan las irregularidades y engaños, así como la prevalencia de criterios políticos sobre los científicos, que condujeron a la liberación de alimentos transgénicos en Estados Unidos. Aquí los resumimos en cinco puntos: 1) las variedades de plantas mejoradas por ingeniería genética no representan riesgos mayores a la salud que las mejoradas por el método clásico; 2) en referencia a aditivos de alimentos, un producto transgénico puede eximirse del requisito legal GRAS –que significa generalmente reconocido como seguro– cuando hubiera consenso de su inocuidad entre científicos con experiencia en sanidad alimentaria y se apoyara en publicaciones científicas; 3) en vez de conducir la evaluación de inocuidad en procesos libres de conflicto de intereses, la FDA cedió a la industria misma la autoridad para autoevaluarse y también para anunciar a los estadunidenses que la FDA realizaba la evaluación por procedimientos rigurosos y completos; 4) la FDA desoyó la autorizada opinión de sus propios científicos, que documentaron la debilidad de los dos primeros puntos, y 5) básicamente, la industria dictó las políticas para la liberación de los alimentos transgénicos, gracias a su desmedida influencia sobre el Poder Ejecutivo.
La juez titular favoreció en su sentencia a la FDA, basándose, por razones procedimentales, en el conocimiento científico disponible hasta 1992, y descartando cualquier conocimiento desarrollado entre 1992 y 1998 –año de la presentación de la demanda– o posterior.
Con estas manipulaciones, la industria transgénica de Estados Unidos pudo construir lo que, en palabras de Ralph Nader sería una autocracia comercial transgénica, dentro y fuera del país, que se apoya claramente en decisiones y conocimientos sobre inocuidad previos a 1992. La ola expansiva alcanzó a varios países, entre ellos a México. Aquí, nuestra Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya ha declarado la inocuidad de decenas de productos transgénicos y sus agroquímicos acompañantes, con razonamientos probablemente implantados por la misma autocracia comercial transgénica.
Mucho conocimiento científico que desdice la inocuidad de los alimentos transgénicos ha salido a la luz después de 1992. Es evidente que en la actualidad no hay consenso en la comunidad científica estadunidense pertinente, respecto a los dos primeros elementos de inocuidad arriba mencionados. La falta de consenso en la comunidad científica internacional es aún mayor. La discrepancia se extiende al ámbito institucional. Aunque reciente, es ya del dominio público que la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) acaba de clasificar al glifosato –herbicida acompañante obligatorio de la tecnología transgénica actual– como categoría 2A, que significa probablemente carcinogénico para los humanos.
Cabe preguntarse si nuestra Cofepris siguió a ciegas los pasos a la FDA en materia de la cada vez más cuestionada inocuidad de los alimentos transgénicos. Su ceguera rayaría más bien en incompetencia. La Cofepris debe aceptar que su colaboración con la industria transgénica no es equivalente a servir a la población que protege por mandato. A diferencia de Estados Unidos, donde el maíz es principal forraje e importante insumo industrial, los mexicanos lo consumimos como alimento directo, tres veces al día. Si los experimentos con mamíferos alimentados toda su vida con maíz transgénico –como lo haríamos los mexicanos– sirven de algo, nos estarían advirtiendo sobre daños crónicos al hígado y al riñón en el plazo largo. A nadie le hace daño comer una tortilla de maíz transgénico o beber un atole transgénico una vez o dos durante un par de años. Más bien, el daño es como el que nos causa el tabaco; es crónico y es subclínico, y la factura a la salud es inmisericorde.
* Miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, AC, investigador nacional emérito del SNI
aturrent37@yahoo.com.mx
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