PAX visitó por primera vez el departamento del Cesar en 2009. Durante
este viaje, rápidamente fue posible ver, entre la población local, las
profundas cicatrices que había dejado la violencia paramilitar del
período 1996–2006. En efecto, algunos de los residentes de la zona
minera aún no se sentían seguros; los grupos que parecían más
vulnerables eran aquellos que defendían los derechos de las víctimas de
las violaciones de derechos humanos, los miembros activos de sindicatos o
quienes alimentaban la discusión acerca de las consecuencias negativas
de la minería del carbón en los campos ambiental y social. Todo esto
sucedía a pesar del desarme y la desmovilización de los grupos
paramilitares en 2006, grupos éstos que –ofcialmente– ya no operaban en
el Cesar.
La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia.
Además, la judicialización y el castigo de los líderes paramilitares del Cesar bajo la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) marchaban con extrema lentitud. En 2009, la Fiscalía General de la Nación aún realizaba investigaciones, y los procesos todavía no habían conducido a condenas.
Adicionalmente, los principales líderes habían sido extraditados a Estados Unidos, para enfrentar cargos por narcotráfico 1. Por ello, los familiares de las víctimas difícilmente recibían una aclaración sobre las circunstancias en las que habían ocurrido los asesinatos de sus seres queridos o sobre el posible paradero de los desaparecidos. Durante el transcurso de una segunda visita, a principios de 2011, resultó evidente que la situación de decenas de miles de víctimas no había mejorado significativamente en esos dos años. Muchas de ellas aún no eran capaces de reponerse emocionalmente de sus traumáticas experiencias, que también habían desequilibrado seriamente a sus familias y dañado la cohesión social de las comunidades locales. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011, comúnmente llamada Ley de Víctimas) que les brinda a estas personas su reparación individual y colectiva, entró en vigor en junio de ese año; sin embargo, hasta el día de hoy muchas de ellas aún no han recibido ninguna forma de reparación.
Muchas víctimas se resistían a creer que nadie parecía conocer en Europa la dura situación que atravesaban, aunque ese continente es el cliente más importante de carbón del Cesar. Puesto que las víctimas siempre han estado convencidas de la relación existente entre la industria minera y la violencia que habían soportado, le pidieron a PAX investigar la violencia paramilitar en el contexto de la presencia de la industria minera en la región, y hacer públicos sus hallazgos ante una amplia audiencia internacional.
Llegó 2013 y sólo entonces algunas de las víctimas de la violencia tuvieron el coraje de organizarse para hacer valer sus derechos, junto con víctimas de otras regiones. Así, en agosto de ese año se constituyó el Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales y Transnacionales, que desde un comienzo fue apoyado por PAX. Este apoyo consistía especialmente en brindar asistencia psicosocial y jurídica a los miembros del movimiento que vivieran en el Cesar, así como en generar atención política internacional para mejorar su situación de seguridad.
Para acceder al informe completo (PDF), haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:
Además, la judicialización y el castigo de los líderes paramilitares del Cesar bajo la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) marchaban con extrema lentitud. En 2009, la Fiscalía General de la Nación aún realizaba investigaciones, y los procesos todavía no habían conducido a condenas.
Adicionalmente, los principales líderes habían sido extraditados a Estados Unidos, para enfrentar cargos por narcotráfico 1. Por ello, los familiares de las víctimas difícilmente recibían una aclaración sobre las circunstancias en las que habían ocurrido los asesinatos de sus seres queridos o sobre el posible paradero de los desaparecidos. Durante el transcurso de una segunda visita, a principios de 2011, resultó evidente que la situación de decenas de miles de víctimas no había mejorado significativamente en esos dos años. Muchas de ellas aún no eran capaces de reponerse emocionalmente de sus traumáticas experiencias, que también habían desequilibrado seriamente a sus familias y dañado la cohesión social de las comunidades locales. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011, comúnmente llamada Ley de Víctimas) que les brinda a estas personas su reparación individual y colectiva, entró en vigor en junio de ese año; sin embargo, hasta el día de hoy muchas de ellas aún no han recibido ninguna forma de reparación.
Muchas víctimas se resistían a creer que nadie parecía conocer en Europa la dura situación que atravesaban, aunque ese continente es el cliente más importante de carbón del Cesar. Puesto que las víctimas siempre han estado convencidas de la relación existente entre la industria minera y la violencia que habían soportado, le pidieron a PAX investigar la violencia paramilitar en el contexto de la presencia de la industria minera en la región, y hacer públicos sus hallazgos ante una amplia audiencia internacional.
Llegó 2013 y sólo entonces algunas de las víctimas de la violencia tuvieron el coraje de organizarse para hacer valer sus derechos, junto con víctimas de otras regiones. Así, en agosto de ese año se constituyó el Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales y Transnacionales, que desde un comienzo fue apoyado por PAX. Este apoyo consistía especialmente en brindar asistencia psicosocial y jurídica a los miembros del movimiento que vivieran en el Cesar, así como en generar atención política internacional para mejorar su situación de seguridad.
Para acceder al informe completo (PDF), haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_El_lado_oscuro_del_carbon
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