Está andando una estrategia represiva que utiliza la violencia estatal como arma y medio de influencia política. Es muy claro que el aparato represivo tiene las capacidades para dar forma al desarrollo de la protesta social.
Ayer 28 de mayo, el gobierno admitió una manifestación de protesta contra los crímenes de que son responsables tanto el gobierno como el mando policial, pero esta vez su estrategia consistió en dejar al completo descubierto todo lo concerniente al orden que dicen resguardar. Lo común es que dejen hacer a ciertos grupos aislados y anónimos para justificar el violento ataque a las marchas masivas. Esta vez, las Fuerzas Especiales y todo el aparato del “orden” hicieron exactamente lo contrario: simplemente dejaron hacer a los grupos aislados (anónimos y de muy dudosa procedencia), con la evidente intención de mezclar hechos aislados y movilización masiva, justificando así su discurso de intervención policial con carta blanca. Ante esto, los medios de comunicación, tan independientes y objetivos, saltan de gusto para hacer festín con los huesos que les arroja el poder. Cero razonamiento crítico.
Ahora la Tohá, Burgos, la Intendencia de Santiago, el Alto Mando y, finalmente la misma presidenta, salen al unísono y sin demora para apuntar con el dedo a los manifestantes, para hacer juicios valóricos sobre acciones que ellos mismos dejaron hacer, confundiendo al público y adelantándose a toda investigación seria.
No han demorado ni un minuto para juzgar a la movilización social, pero han demorado hasta el colmo para identificar la responsabiliadad de Carabineros en hechos de violencia mortífera. El juego del gato y el ratón. Esto es grave (aunque no lo note la “prensa libre”). El gobierno ha sido cómplice del encubrimiento de responsabilidades y sólo ha variado su defensa cuando las pruebas se han hecho públicas e innegables. Pero, ante las evidencias, el gobierno tampoco quiere juzgar, olvidando la facilidad y escasa prudencia que utiliza al referirse a los estudiantes. Nos dicen ahora: “dejemos que las instituciones funcionen”, así, tranquilitas, del mismo modo irregular con que se investiga la corrupción más grande que ha conocido Chile.
Ante el crimen alevoso e inocultable, los poderes políticos, policiales y judiciales deciden lo de siempre: cortar el hilo por lo más delgado, liberando a la cadena de mandos que conduce hacia los criminales más peligrosos. Que el soldadito desechable se vaya tranquilo, con algunas garantías y con un proceso que -le aseguran- terminará una vez más en la impunidad (siempre es así). Lo importante es que las políticas represivas y los que las ordenan queden libres de juicio y sospecha. Tras ellos descansan los intereses políticos y económicos, los mismos que ganan con la criminalización artificial del movimiento social.
El gobierno -o parte de él… ellos deben aclararlo- está empeñado en crear las condiciones que justifiquen la represión más violenta, para producir miedo social y aniquilar los principios de los que se llena la boca el derecho burgués: la “libre expresión” y la “manifestación pública”. Así los partidos podrán allanar tranquilamente el camino, limpiar sus escándalos de corrupción y equilibrar el sistema político, reponiendo el anhelado orden que les permita servir en paz a los grupos económicos, sus socios y auspiciadores.
vía:
http://kaosenlared.net/chile-escalada-de-violencia-y-control-social/
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