Después que la revista Qué Pasa publicó hace menos de un mes una
crónica sobre el conflicto por platas que tenía un desconocido
particular chillanejo con la empresa Caval Limitada, en donde quedó al
descubierto que la joven esposa de Sebastián Dávalos, hijo mayor de la
presidenta Bachelet, tenía el 50% de esa compañía, con una cobertura de
prensa equiparable a la de Penta, se inició un escándalo de proporciones
que perdura hasta estos días, visualizándose que será tema de
conversación por muchos meses.
Quien suscribe, en este medio y en otros digitales en donde también
se cultiva la libertad de expresión, despotricó con fundados argumentos
en contra de esa operación mercantil que generó una cuantiosa ganancia
privada y el gobierno, tratando de defender a Dávalos, ha tenido un
deplorable comportamiento en las ocasiones en que sus distintos
ministros han abordado el asunto.
Ahora bien, la gritería se debe a que Caval incursionó en un
especulativo negocio de compraventa de terrenos rurales de 44 hectáreas
en la comuna de Machalí con un préstamo del Banco de Chile, ordenado por
Andrónico Luksic, su controlador. Para concretar el negocio la empresa
de marras se relacionó oportunamente con un síndico de quiebras para
comprar esos predios en $ 6 mil quinientos millones y los vendió en un
corto período de tiempo a un inversionista de la zona en $ 9 mil
quinientos millones, es decir, con la no despreciable diferencia de $ 3
mil millones.
Después del pago de intereses al solemne y poderoso prestamista, más
otros gastos menores, estos nuevos emprendedores deben haber ganado unos
$ 2 mil seiscientos millones, lucrativa y semejante operación,
guardando las debidas proporciones, de las que hicieron tiempo atrás
Paul Tudor Jones, George Soros y John Paulson, por nombrar solo algunos
de los más conocidos.
El caso está escalando a instancias penales porque unos
diputados de Renovación Nacional entregaron algunos antecedentes al
fiscal regional de O’Higgins, quien con sus adjuntos, en una operación
tipo blitzkrieg, incautaron
todos los registros computacionales y legajos del Seremi de Vivienda y
Urbanismo, información vital para que investiguen si hubo delitos.
Gracias a una reciente y muy bien documentada publicación de Ciper el
alcalde de Machalí inició un sumario administrativo en razón a que el
Director de Obras Municipales y una arquitecta, sobrinita de los dueños
originales de los terrenos, entregaron cierta información clave
de precios y normas urbanísticas a Caval la que, en todo caso, no se
utilizó para perfeccionar la transferencia al inversionista lugareño
porque el suelo sigue siendo rural aunque tiene la expectativa de ser
urbano próximamente.
Aludiendo al título de esta columna señalamos que ningún medio de
prensa hasta ahora, se ha atrevido a decir que estas operaciones de
ganancia fácil vía el cambio de uso de suelo son recurrentes en Chile,
las que siempre se han originado por la colusión entre privados
interesados y funcionarios públicos débiles de carácter, quienes por
lenidad o por compromisos de alto nivel, generalmente acceden a las
peticiones de los primeros.
Hay cientos de ejemplos de regalos que el Estado le ha hecho a
particulares bien relacionados con las cúpulas del poder y sin ir más
lejos, porque es de reciente data, tenemos el caso del fundo Las
Cenizas de 2.000 hectáreas localizado en Curauma, V Región de
Valparaíso, extenso territorio rural del conocido hombre de negocios
Manuel Cruzat, quien se vio favorecido con el nuevo Plan Regulador
Intercomunal de esa región porque ahora las mismas son urbanas, es
decir, aumentaron sus precios de mercado en unas 6 veces.
En 1997 el Minvu y el Gobierno Regional Metropolitano benefició a los
privados Juan Carlos Latorre, Sergio Reiss (QEPD) y Sergio de Castro,
quienes anteriormente habían adquirido más de 1.000 hectáreas rurales en
Colina a precio de huevo y esos terrenos ahora son urbanos sino que,
más adelante, para que se pudieran vender fácilmente las viviendas allí
edificadas, el MOP decidió licitar una autopista concesionada -Radial
Nor Oriente- con lo cual se solucionó en un dos por tres el problema que
tenían esos empresarios con la conectividad vial. Como vemos, otros
obsequios a particulares.
Hace un poco más de un año el gobierno de Piñera, con la
vital asistencia del entonces intendente Fernando Echeverría, sacó
adelante un cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas rurales que ahora
son urbanas en 8 comunas periféricas de la región metropolitana de
Santiago.
Ello, con el mentiroso argumento de que al interior del límite urbano
ya no quedaban terrenos para construir viviendas, materia que ha sido
desmentida por el académico Pablo Trivelli, quien es experto en catastro
de suelos. En el primer gobierno de Bachelet los privados favorecidos
le habían solicitado al Minvu este cambio y después de una polémica y
larga tramitación estos pedigüeños lo obtuvieron como consecuencia de
una resolución administrativa del Estado.
Si bien es cierto, lo que hizo Dávalos con su esposa es sin
duda reprochable, sería interesante saber si los diputados y en general
los políticos de RN y la UDI, quienes son los mayores críticos de la
operación en Machalí, iniciarán las acciones judiciales en contra de
todos aquellos que se han visto beneficiados patrimonialmente con los 3
casos antes descritos.
No lo harán porque la situación es transversal y ellos lo único que
querían con esta batahola era obtener cámaras de televisión y reportajes
en la prensa para aparecer como servidores públicos fiscalizadores. Dávalos
les fue muy útil para ese espurio papel y ahora, envalentonados y con
el apoyo de los medios, le entregarán a Bachelet un cuestionario para
que la presidenta les aclare a los lindos las dudas que ellos tienen
todavía respecto del episodio denominado “Nueragate”.
En resumen, con estas palabras se ha evidenciado que la especulación
con el recurso suelo es el mejor de los negocios pues de esta manera tan
fácil todos aquellos que tienen “contactos” están en condiciones
inmejorables para seguir acumulando riqueza, ya que en Chile este tipo
de plusvalías, por decisiones políticas, no están afectas a ningún
gravamen y percibimos que este paraíso fiscal se mantendrá por muchos
años, salvo que, milagro mediante, se produzca un cambio de timón y
Bachelet empiece a ordenar la casa.
*Fuente: Cooperativa
vía:
http://piensachile.com/2015/03/caso-caval-hipocresia-y-doble-estandar/
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