Los sucesos ocurridos en la localidad de Iguala –México- y vinculados al secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, han permitido a los peruanos, recordar la aciaga suerte de los 9 estudiantes y el profesor de la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta, secuestrados y asesinados en julio de 1992, bajo el oprobioso régimen de Alberto Fujimori.
En aquella circunstancia, en efecto, un comando militar fuertemente armado penetró, protegido por la nocturnidad, en los dormitorios en los que se hallaban jóvenes alumnos del centro más calificado del Perú en materia de educación, y sustrajeron a un grupo de estudiantes.
En vehículos especiales los extrajeron del campus universitario y condujeron a un desolado paraje en las cercanías de la carretera Ramiro Prialé donde simplemente los ejecutaron.
Más impacto que el hecho, sin embargo, fue lo que ocurrió después del mismo. Mientras las autoridades oficiales desmintieron suceso alguno, los autores del horrendo crimen desenterraron los cuerpos de sus víct8mas, los quemaron con kerosene y -lo que quedaba de ellos- lo enterraron primero en un lugar, y luego subrepticiamente lo trasladaron a otro, en Cieneguilla con la idea que no fueran hallados nunca.
La empeñosa actividad de algunos periodistas, y la declaración de ocasionales testigos, permitió después, que se conocieran los hechos, se encontraran parte de los restos, se identificara y denunciara a los autores, y se ventilara más o menos públicamente la naturaleza abominable de lo ocurrido.
Acontecimientos particularmente notables sucedieron en este proceso en el que los familiares de las víctimas -madres y hermanas de los asesinados- tuvieron un rol protagónico: Raisa Cóndor, madre de uno de los jóvenes, pudo comprobar el destino de su hijo al dar con la llave y el candado que éste usaba en el casillero en el que este solía guardar sus útiles escolares y atuendos deportivos.
Los acusados -todos miembros de la institución castrense- fueron inicialmente, y por varios años, descaradamente protegidos por el gobierno de entonces que, incluso, urdió una “ley de amnistía” para salvar sus responsabilidades.
Esa situación, acabó con la caída de la dictadura y, finalmente, los asesinos fueron juzgados y condenados de acuerdo a ley.
Pese a todos los esfuerzos e indagaciones hechas, no ha sido posible aún recuperar la totalidad de los cuerpos de las víctimas. El paradero de sus osamentas, aún permanece en el misterio por cuanto los asesinos se han negado a proporcionar información en torno al tema.
Lo que quisieron entregar, como “restos” a los familiares de los estudiantes, fue colocado en envejecidas cajas de cartón -como simple mercancía- y así puestos en manos de madres inconsolables.
Aun no se tiene certeza de lo que realmente ha ocurrido en México con los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Azotzinapa. De acuerdo con algunas versiones, ellos - capturados por efectivos armados al servicio de la policía federal del Estado- fueron entregados a bandas armadas de traficantes de personas que habrían acabado con sus vidas.
Hay quienes aseguran que los jóvenes fueron fusilados a la vera de un camino, en la localidad de Iguala, y que sus cuerpos fueron sepultados presurosamente por sus asesinos en lugares aún no precisados.
Incluso, ha corrido la versión que los cuerpos de las victimas habrían sido incinerados, para evitar su reconocimiento.
En ese entendido, se han desplegado numerosas iniciativas de búsqueda, que sin embargo, no han arrojado resultados. Antes bien, se han encontrado diversas fosas con restos humanos, pero ellos no corresponden a los estudiantes secuestrados.
Este elemento ha tenido una doble importancia: ha permitido poner en evidencia varios otros crímenes consumados contra pobladores de la región, que permanecían aún en tinieblas; y ha generado una vaga esperanza en familiares y amigos de los jóvenes, que mantienen la idea de encontrarlos a ellos libres.
En este marco, han arreciado las denuncias contra el gobernador del Estado y su esposa, vinculada al narcotráfico; ha crecido la desconfianza ciudadana respecto al sistema judicial mexicano, y se han incrementado las demandas ante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al que finalmente, responsabilizan del incremento del clima de vioencia registrado en a última etapa de la vida del país.
Una de las más grandes concentraciones populares ha tenido lugar recientemente en la capital mexicana. Centenares de miles de personas han desfilado por las principales arterias de Ciudad de México, exigiendo a gobierno que asuma sus responsabilidades y dé la cara investigando los hechos, y sancionando severamente a los culpables de la tragedia.
Elena Poniatowska, la galardonada escritora mexicana tuvo la oportunidad de participar en esta masiva demostración popular. Hablando en ella, exigió justicia en nombre de la dignidad del pueblo mexicano.
En verdad, entre los sucesos de La Cantuta, en 1992, y de Iguala en el 2014 solo hay una diferencia cuantitativa. Pero la esencia horrenda del crimen, sigue siendo la misma.
Ella, está basada en el odio que la Clase Dominante siente por dos segmentos de la población en cada uno de nuestros países: la juventud, y los maestros.
A los jóvenes, los detesta porque quieren cambios, porque son inconformes, porque no quieren seguir viviendo como las generaciones pasadas, en la miseria y el abandono. Y porque luchan por un porvenir mejor para sus pueblos.
Y a los maestros, porque educan y forman a las nuevas generaciones en la mística de la rebeldía y en el ámbito de la cultura; factores, ambos que, como en la España laquista llevaran a Millan Astray a llevarse la mano a la pistola.
En nuestro país se ha expresado, aunque pálidamente, la solidaridad con los jóvenes normalistas de Ayotzipana. Debiera sus más activa y multitudinaria la identificación con esta causa, habida cuenta que ella tiene que ver con nuestra propia historia.
La lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo de Estado, constituye un deber inabdicable en nuestros días. Y es, sobre todo una responsabilidad con la historia y con la vida.
La diferencia cuantitativa, no cambia la calidad del hecho. Ambos crímenes son expresiones de una misma mentalidad asesina que tiene que definitivamente desterrada de nuestro suelo.
La sangre que hoy se derrama n será vana. Ella, germinará en una acerada conciencia solidaria.
Gustavo Espinoza es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=191416
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