martes, 21 de octubre de 2014

México-Narco Estado--Especial: Ayotzinapa: "Todos están muertos" - Padre Alejandro Solalinde hablando claro con Rubén Luengas -Agencias



El Padre Alejandro Solalinde en entrevista para el programa "Hablando claro" con Rubén Luengas, de la cadena Univisión América, revela importantes datos sobre la tragedia ocurrida en Ayotzinapa, México, donde 6 personas perdieron la vida, 25 gravemente heridas y 43 estudiantes miembros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron.

Pese la postura del gobierno mexicano, que sugiere que los desaparecidos podrían aún estar con vida, el Padre asegura que éstos están ya muertos, según sus fuentes, mismas que han revelado detalles que Solalinde pretende llevar al terreno legar, ante las instancias gubernamentales, de manera que puedan servir para la resolución del caso, sin embargo, Solalinde afirma que las autoridades competentes le han evadido, evitando que éste lleve a cabo su testimonio.

 "México bronco" (Revista Proceso, 19 de octubre, 2014)

 JOHN M. ACKERMAN
 
Protestas en Veracruza exigiendo justicia para los normalistas de Ayotzinapa (Foto: Proceso)
Inician simultáneamente un nuevo proceso electoral y un nuevo ciclo de protesta social. El segundo, sin duda, genera más esperanza que el primero. Todos sabemos que las próximas elecciones del 5 de julio de 2015, para 500 diputados federales, nueve gobernadores, 661 diputados locales y 1,015 ayuntamientos en 17 entidades federativas, no cambiarán absolutamente nada en el país. La compra masiva de votos y los ríos de dinero de procedencia desconocida que fluirán a los operadores de las campañas y a los medios de comunicación, asegurarán que los mismos intereses de siempre continúen gobernando. En contraste, el creciente movimiento popular a raíz de la masacre de Iguala tiene el potencial de transformar radicalmente a la nación.

Omar García, uno de los valientes normalistas de Ayotzinapa sobrevivientes de la masacre, lo ha dicho con todas sus letras: “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años. Ojalá no la dejemos escapar”. Comparte también las palabras de los padres de familia de los Ayotzis desaparecidos: “Nosotros, por nuestros hijos, estamos dispuestos a dar la vida. Y ustedes ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?” (Texto completo de la entrevista con Blanche Petriche disponible aquí:http://ow.ly/CQbGQ). 

La gran visión política y enorme valentía de los estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares es precisamente lo que requiere hoy el país. En un contexto social en donde predomina el egoísmo, el “agandalle” y la corrupción, se levanta una generosa voz de dignidad rebelde desde las montañas de Guerrero. Estos grandes líderes sociales están dispuestos a sacrificar todo, incluso la vida misma, con tal de conquistar la justicia y la paz para el país entero. Los “chilangos”, normalmente enajenados con nuestra apurada vida cotidiana, tenemos mucho que aprender de su ejemplo. Y todo México tendría que apoyar públicamente a estos jóvenes líderes así como replicar su lucha en nuestras respetivas comunidades, trabajos y escuelas...

TEXTO COMPLETO DISPONIBLE AQUÍ
 
 
 
 

Par John M. Ackerman Professeur à l’Université nationale autonome de Mexico (Unam), directeur de rédaction de la Mexican Law Review, chroniqueur dans plusieurs journaux mexicains (la Jornada, et Proceso Magazine) et actuellement professeur invité à la Sorbonne- Nouvelle (Institut des hautes études de l’Amérique Latine) et à Sciences-Po (Paris School of International Affairs)


Est-ce le contrôle des ressources naturelles ou la défense des droits de l’homme à l’étranger qui intéresse le plus la France ? Le nouveau président du Mexique,Enrique Peña Nieto, a rendu possible pour les grandes multinationales du secteur l’accès au pétrole, au gaz et aux autres ressources naturelles mexicaines (1). Mais il l’a fait aux dépens des droits humains fondamentaux. Le massacre en septembre de militants étudiants par la police locale, qui a également le week-end dernier ouvert le feu sur des étudiants français et allemands, témoigne de la nature autoritaire du régime politique mexicain. 

Lors de sa visite au Mexique en avril, le président François Hollande a remis à Enrique Peña Nieto la distinction suprême, la grand-croix de la Légion d’honneur, et lui a dit qu’il pouvait compter sur la France pour soutenir ses «ambitions» car ses «réformes sont aussi les nôtres». Mais ce dont le Mexique a besoin, ce n’est pas un soutien aveugle à un président dont les politiques néolibérales conduisent le pays au chaos, mais un témoignage de solidarité internationale envers le peuple mexicain qui en paie le prix du sang...

VOICI LE TEXTE INTÉGRAL
 
 
 
Carlos Navarrette, Armando Ríos Piter, René Bejarano y Amalia García defienden a su "Gober"
La execrable masacre de Iguala ha exhibido la enorme podredumbre de las instituciones políticas en todos los niveles de gobierno. Pero también ha reactivado redes de solidaridad locales, nacionales e internacionales, cuya fuerza podría finalmente poner fin a la ignominia del (neo)liberalismo despótico, en el poder desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946.

Ha surgido un histórico concierto de voces coincidentes en favor de la renovación de la política nacional: desde el Parlamento Europeo (véase:http://ow.ly/CD3fn ) hasta los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional; desde Amnistía Internacional hasta el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR-EPR) (véase:http://ow.ly/CD3cq ); desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta las autodefensas de Michoacán; desde los yaquis de Sonora hasta los policías comunitarios de Guerrero; desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el Movimiento de Renovación Nacional, y desde París hasta Buenos Aires.

México es uno de los únicos países en América Latina que no han experimentado una transformación en su clase política durante las últimas décadas. A diferencia de países como Brasil, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Chile, en México el proceso de supuesta "democratización" ha dejado totalmente intactas las redes de poder de los mismos de siempre. Los procesos de transformación en aquellos países no han estado libres de importantes contradicciones y grandes retos hacia el futuro, pero nuestro país ni siquiera ha iniciado el camino.

El crimen de Estado cometido en Iguala es el resultado natural de la conquista de la Presidencia de la República por un grupo de gobernadores feudales priístas que no cuentan con experiencia alguna en el ejercicio democrático del poder. Recordemos que Enrique Peña Nieto y cuatro de sus secretarios más importantes son ex gobernadores de estados que no han experimentado alternancia política alguna.Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam fueron gobernadores del estado de Hidalgo, estado bajo el férreo control de una mafia política local conocida por su corrupción y su intimidación a los rivales. Emilio Chuayffet y el mismo Peña Nieto son destacados representantes de la familia política de Atlacomulco fundada por Carlos Hank González, una de las redes de poder más perversas y retrógradas que han existido jamás en la historia de México. Y Pedro Joaquín Coldwell, el cuestionado Secretario de Energía actual, fue antecesor tanto del narcogobernador Mario Villanueva como del bebesaurio Beto Borge, quien actualmente despacha en el gobierno de Quintana Roo....

TEXTO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA
 
 
 

El espejo de Ayotzinapa 

  Silvia Ribeiro

A la entrada de la escuela hay un letrero que dice 'Ayotzinapa, cuna de la conciencia social'. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
Las atrocidades contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atyozinapa, que el 26 de septiembre dejaron seis personas asesinadas, 20 heridos y 43 jóvenes normalistas desaparecidos luego de haber sido detenidos por la policía que los cazó salvajemente, aliada y/o parte de un cártel de narcotraficantes; se ha convertido en un gigantesco espejo de la realidad en México.
El dolor y la indignación recorren el país y se expresan en múltiples manifestaciones y protestas. Siguen creciendo las denuncias y solidaridades internacionales, inclusive cuestionamientos al gobierno por parte de instituciones internacionales y hasta la demanda de europarlamentarios de suspender la renovación de acuerdos comerciales con México, por la violación de derechos humanos y la falta de garantías individuales.
Son muchos los temas que esta masacre sacó a la luz, evidenciados a través de prensa y medios independientes. Entre ellos, la colusión de diferentes niveles de gobierno y policía con narcotraficantes; la podredumbre y complicidad por acción u omisión de los partidos políticos, incluido el PRD, partido al cual pertenecía el alcalde local que ordenó la masacre y al que aún pertenece el gobernador estatal; el racismo y desprecio contra los jóvenes, campesinos, indígenas; la impunidad con que actuaron los asesinos, seguros de que este horrendo crimen no iba a tener trascendencia porque a nadie le importarían los atyozinapos, como llamó despectivamente el alcalde de Iguala a los hijos de campesinos que van a ese internado rural.
Pero en lugar de indiferencia, el horror que despertó el crimen contra los normalistas de Atyozinapa parece haber rasgado irreparablemente el telón de encubrimientos, no sólo sobre lo que realmente pasó en Iguala, sino también porque se entretejió inevitablemente con muchas denuncias anteriores que dan cuenta del sinnúmero de atropellos que vive el México de abajo desde hace décadas.
Muchos de éstos se han presentado en las audiencias temáticas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), tribunal ético internacional que está sesionando a través de su capítulo México desde 2011 y tendrá su sesión final en noviembre 12-15 de este año.
Justamente, a pocos días de la matanza de estudiantes, se realizaba la audiencia del TPP sobre educación, cuyo jurado internacional condenó en su fallo al Estado mexicano y sus distintos órdenes de gobierno, instituciones, e instancias responsables por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Delitos que incluyen homicidios, ejecución, desaparición forzada, torturas y detenciones ilegales en agravio de los estudiantes. El tribunal consideró además que existe una persecución política que en forma permanente sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y las instituciones educativas que conforman el normalismo rural. (Tatiana Coll, La Jornada, 11/10/14). Esta audiencia recogió testimonios de normalistas de varios estados sobre la campaña de desprestigio y criminalización que contra ellos realiza el duopolio televisivo, generando un clima de linchamiento y justificación de la represión, situación que comparten con los actores de muchas otras luchas sociales del país, tal como se denunció también en la audiencia temática del TPP sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores el 17-19 de septiembre.
Casi un año antes, Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi presentaron en la audiencia del TPP Represión a movimientos sociales y defensores de los derechos humanos, en la acusación general que abarcó varias décadas –incluidas la masacre de Tlatelolco, El Charco, Aguas Blancas, Acteal y otras, “más de 5 mil casos documentados de agresiones, (…) asesinatos políticos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, apremios ilegítimos, desapariciones forzadas y persecuciones o asesinatos políticas por militancia política. Se refirieron a esto como asesinatos crueles, innecesarios y alevosos, caracterizado por la indefensión de las víctimas.” (dictamen en tppmexico.org). Igualmente, en las audiencias del TPP sobre guerra sucia, sobre migración y sobre feminicidios, que se realizaron en septiembre 2014, se repiten las denuncias de agresiones, matanzas e impunidad, conformando un escenario de guerra contra los pobres, especialmente mujeres, contra campesinos e indígenas y contra todos los que protestan por sus derechos, por defender sus territorios, agua, culturas, como ahora los yaquis y muchos otros.
En la audiencia del TPP sobre devastación ambiental, noviembre 2013, el jurado internacional que analizó más de 140 casos, dictaminó que existe una desviación de poder que ha provocado la devastación ambiental del país. Los delitos presentados son encuadrables en la categoría de crímenes de lesa humanidad, tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil mexicana. (www.afectadosambientales.org). Para comprender el vasto significado de esta sentencia, recordemos que esta Corte tiene como misión juzgar crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad.
Los jurados de las diferentes audiencias anotaron que además de las agresiones, existen en todas partes acciones colectivas y comunitarias de resistencia, de creación y solidaridad, contra y pese a los ataques. Ahora, en Ayotzinapa, coexisten nuevamente y se expanden más allá de muchas fronteras, dentro y fuera del país. Cuenta Gloria Muñoz que a la entrada de la escuela hay un letrero que dice Ayotzinapa, cuna de la conciencia social (Ojarasca 210), lo cual cada día adquiere más significados. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
* Investigadora del Grupo ETC
La Haine

 http://www.lahaine.org/mundo.php/el-espejo-de-ayotzinapa


El genocidio de Iguala: Terrorismo de Estado, corresponsabilidad de la socialdemocracia
Pável Blanco Cabrera
Rebelión
El 26 y 27 de Septiembre en Iguala, Guerrero, se produjo una brutal represión contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la que actuaron conjuntamente policías y sicarios, en estrecha coordinación, y en la que se encuentran involucrados los gobiernos del municipio de Iguala, el del Estado de Guerrero y el gobierno federal. En el ataque inicial fueron asesinadas seis personas: unos, normalistas y otros, pasajeros del autobús de un equipo deportivo, por parecer estudiantes; hubo casi una decena de heridos, 25 detenidos y 47 desaparecidos; es altamente probable que sean sus cuerpos los que han venido encontrándose en fosas, con signos de ejecución extrajudicial y terribles huellas de tortura. Se trata de un genocidio responsabilidad del Estado mexicano, y sin embargo, es necesario apuntar las responsabilidades para que esta afirmación no quede en una abstracción.

Debemos señalar que este modus operandi fue aplicado contra cinco militantes del Partido Comunista de México, en agosto-noviembre del 2013, entre ellos el profesor Raymundo Velázquez Flores, secretario general del PCM en el estado de Guerrero y dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), una organización popular campesina que fue fundada por el profesor Genaro Vázquez Rojas a finales de los años 60, quien encontrando cerrados los caminos legales pasó a la lucha armada con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. También fue asesinado el camarada Luis Olivares, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande. Nuestros camaradas fueron asesinados porque su trabajo político entre las masas afectaba los intereses de los monopolios, pero el Estado se lavó las manos adjudicando los crímenes a las organizaciones delictivas. Sin embargo, hay elementos que nos permiten asegurar que existe un entrelazamiento entre el Estado y los grupos delictivos, y que su utilización para el asesinato selectivo y la represión masiva hacen parte de una estrategia antiobrera y antipopular, que emerge al paso del general colombiano Oscar Naranjo como asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto, la cual se ensaya y adopta como medida de contención de la movilización popular, frente al periodo de inestabilidad que se avecina como resultado de la crisis económica del capitalismo y de las agresivas medidas para desvalorizar el trabajo.

Hoy, la represión estatal se decuplica y sale de lo selectivo a lo masivo, insistiendo en la inmovilización/desmovilización; ya no sólo se descabeza, sino que se busca sembrar el terror, la confusión y la paralización dentro de organizaciones dinámicas en la lucha de clases. El ataque a las escuelas normales, donde se forman los profesores, lleva más de 20 años, y combina la privatización de la educación pública con la liquidación de estos semilleros de cuadros populares que son las normales, y que han aportado miles de mujeres y hombres que participan en la lucha del pueblo trabajador, que engrosan las filas del magisterio independiente, que se asumen como organizadores natos en los pueblos del país.

En Iguala ocurrió un genocidio responsabilidad del Estado, ni duda cabe; sin embargo, debe llamarnos la atención la ola de argumentos en esa dirección, que con tanta claridad responsabilizan a la máquina de que se sirve la clase de los capitalistas para mantener su dominación sobre el proletariado y demás explotados. ¿Es que hoy todos asumen las tesis del marxismo-leninismo o es que se procura una vaga generalidad para eludir la concreción de la responsabilidad de la llamada izquierda electoral?

El Estado mexicano integró ya a su engranaje al sistema de partidos con registro electoral, puesto que ninguno le resulta antagónico y todos le son funcionales, y su expresión más eficiente hasta hoy fue el Pacto por México, que permitió en muy poco tiempo aprobar las reformas necesarias para que el poder de los monopolios asegure sus ganancias y rentabilidad en un periodo como el actual, de crisis internacional de la economía. En esa dirección, cualquier gestión es admisible en tanto le dé viabilidad a la explotación capitalista, con la que están comprometidos lo mismo Peña Nieto, que Carlos Navarrete y López Obrador, por citar a quienes parecerían adversarios. El sistema de partidos electorales es correa de transmisión para mantener a los explotados con la ilusión de la democracia burguesa, de la fachada democrática de la dictadura de clase del capital; son pues una parte importante del Estado.

Veamos lo concreto: En Guerrero gobierna Ángel Aguirre, hasta el año 2010 un importante cuadro político del PRI, quien sustituyó provisionalmente a Rubén Figueroa después que éste ordenara la represión en Aguas Blancas, donde fueron asesinados decenas de campesinos de la OCSS acusados de pertenecer a la insurgencia armada. Como gobernador provisional, Aguirre es el responsable de la masacre de El Charco, donde también fueron asesinados decenas de campesinos con el mismo argumento. Es decir, Aguirre está implicado directamente en dos de las más importantes masacres de las últimas décadas y aun así, el PRD (partido importante dentro del Foro de Sao Paulo, donde hace parte de su Grupo de Trabajo, y en la Internacional Socialista, y de manera más reciente del Encuentro Progresista que se convocó en Ecuador), en coalición con el PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), lo postularon como candidato a Gobernador en 2010. En su campaña participó con entusiasmo López Obrador. Y en su gabinete participan destacados cuadros del PRD y de MORENA. No estamos haciendo una caracterización ideológica, sino enunciando hechos, datos que son irrefutables, sujetos a la comprobación.

Ángel Aguirre es el responsable directo del genocidio de Iguala, y también del asesinato de cinco camaradas del PCM. Busca escabullirse adjudicando la responsabilidad exclusiva a José Luis Abarca, que sin embargo llegó a la alcaldía de Iguala con el impulso de Lázaro Mazón, quien hoy es Secretario de Salud del gobierno de Guerrero, fue dos veces alcalde de Iguala y es precandidato de MORENA al gobierno de esa entidad; por si no bastara, su hermano, Luis Mazón, es quien sustituirá legalmente a Abarca en la presidencia municipal de Iguala. Es decir, el PRD y MORENA han dado cobertura a los responsables de este genocidio, y esa verdad es inobjetable, a pesar de sus silencios, de sus excusas.

No son datos menores, se corresponden con una política consistente del PRD (antes de que MORENA surgiera de su seno) y que va de la represión al Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco en mayo del 2006 en Texcoco, al ataque permanente de Ebrard, y ahora Mancera, al frente del gobierno de la ciudad de México contra el movimiento obrero y popular. Al tiempo que se vinculan a los monopolios, al tiempo que aplican el despojo contra las comunidades, el ataque a los derechos sociales y que colaboraron estrechamente en las reformas estructurales.

Ellos son corresponsables de aplicar esa política represiva del Estado, colaborando con el rumbo general que sigue Enrique Peña Nieto.

El terrorismo de Estado activó ya los mecanismos represivos que incluyen a sus fuerzas formales (Ejército, gendarmería, policías federales, estatales y municipales) auxiliadas por fuerzas paramilitares (sicarios), como ocurrió durante los regímenes fascistas en Europa y como ocurre en Colombia. Estos dos ejemplos, los asesinatos políticos en Coyuca de Benítez e Iguala, nos muestran que no se trata de excepciones, sino de un esquema operativo donde fuerzas legales e ilegales actúan conjuntamente para salvaguardar los intereses de los monopolios y golpear a las fuerzas clasistas, y son un aviso de la tendencia que habremos de enfrentar.

A ello debemos sumar la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, sobre la que se guarda silencio, de más de 20 personas, por parte del Ejército Federal. Un cuadro pues de terrorismo de Estado.

Entramos ya a la etapa abierta de la violencia del Estado –e insistimos, no sólo del PRI y PAN, sino del PRD y la corresponsabilidad de MORENA-, para contener las previsibles oleadas de contestación popular frente a las reformas laboral, educativa, fiscal y energética, de consecuencias tan lesivas para la clase obrera y las capas populares.

La respuesta popular es de indignación masiva y de acciones crecientes, donde destacan los estudiantes, que en estos días protagonizan una movilización que sólo encuentra parangón en 1968 y 1999. Prácticamente todas las escuelas y universidades de la Ciudad de México han ido a paro, y se prevé un ascenso de la lucha.

En Guerrero maestros y estudiantes, acompañados de organizaciones populares, han enfocado su ira a los centros simbólicos del gobierno.

Entre las lecciones que quedan, subrayamos las siguientes:

La fachada democrática del poder de los monopolios se desdobla al terrorismo de Estado que lo mismo ejecuta la violencia por medios legales que ilegales. La gestión socialdemócrata, llamada izquierda democrática, izquierda responsable, izquierda moderna, progresismo, no es la defensora consecuente de la formalidad democrática, sino un instrumento estatal que por igual activa los mecanismos represivos, por lo que no hay que tener la mínima confianza en ella. Una sección de la socialdemocracia busca como el avestruz ocultar su cabeza bajo la tierra, elude el tema a pesar de sus responsabilidades y refuerza al Estado con recursos legales para impugnar la reforma energética, habla de cualquier otra cosa mientras evade el tema de Ayotzinapa.

El quehacer de los comunistas se redobla en estas condiciones, en que la única opción a la barbarie capitalista y su represión genocida puede surgir del masivo protagonismo de la clase obrera y su vigente programa del derrocamiento del poder de los monopolios.

El terrorismo de Estado no nos debe llevar al repliegue, sino acelerar los preparativos de la contraofensiva proletaria y popular.

Vamos a trabajar en este contexto impulsando la insubordinación y la insumisión frente al estado de derecho que asesina a nuestro pueblo. A nosotros no nos interesa la gobernabilidad, ni la estabilidad política de la barbarie del terrorismo de Estado, sino la ingobernabilidad que haga surgir el protagonismo de los trabajadores, que lleve a las masas populares a la irrupción en la política, para asumir los asuntos de su interés en sus propias manos.

Vamos a trabajar para promover la organización unitaria de los estudiantes, con carácter democrático y de alcance nacional, que exprese fuerzas nuevas y no la suma de membretes. Vamos a apoyar las decisiones de la CETEG y la APG. Vamos a trabajar para esbozar un horizonte que ponga fin ya a estas intolerables manifestaciones de violencia antipopular, endémicas al capitalismo. ¡Que suene la hora de la ofensiva popular!

Pável Blanco Cabrera, Primer Secretario del Partido Comunista de México
 
 

México: Impiden a sacerdotes solidarios concelebrar misa por los normalistas de Ayotzinpa en la Basílica de Guadalupe 

 

México: Impiden a sacerdotes solidarios concelebrar misa por los normalistas de Ayotzinpa en la Basílica de Guadalupe
Familiares y amistades de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos, acudieron desde Guerrero, a la Ciudad de México para asistir a una misa en la Basílica de Guadalupe para pedir por el regreso con vida de los 43 estudiantes de quienes no se sabe su paradero, desde que el pasado 26 de septiembre fueron atacados por la policía municipal de Iguala, Guerrero. Fue una marcha silenciosa y al llegar a la basílica, la jerarquía de la basílica no permitió que los sacerdotes que solidariamente han acompañado a los familliares de las víctimas concelebrara la misa. De hecho, según circuló en redes sociales, el equipo de seguridad de la basílica no pertmitió que metan la manta que encabezó la marcha y durante la misa no les permitieron tener sus velas encendidas, esta actitud provocó momentos de tensión entre los asistentes y la seguridad del recinto. 

Oran en la Basílica de Guadalupe por que regresen con vida los estudiante
Angélica Enciso
La Jornada 

México, DF. Familiares de los 43 desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, con su fe y el rostro de dolor por la incertidumbre de no saber el paradero de los jóvenes, acudieron a una misa a la Basilica de Guadalupe, donde a los sacerdotes que los acompañaban las autoridades eclesiales les negaron participar en la concelebración.

“Madre mía, tú que eres madre y sabes el dolor de perder un hijo, las madres te rogamos e imploramos que cuides y hagas que regresen con vida nuestros 43 hijos desaparecidos”. Esta leyenda se leía en una enorme manta con la que entraron al patio central de la Basílica los decenas de dolientes que llevaban ramos de margaritas, velas y las fotografías de los jóvenes.

Al mediodía, durante la misa dominical encabezada por el cardenal Norberto Rivera, la única mención que se hizo sobre la desaparición de los jóvenes fue cuando se oró por el cese de la violencia y la hostilidad contra la sociedad civil y se pidió a Dios que “escuche las suplicas por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”.

Tras varias horas de camino desde Iguala, enmedio de las tormentas que afectan a la región, los familiares de los jóvenes normalistas llegaron con retraso. La misa, que sería para los jóvenes desaparecidos, se realizó a las 16 horas, pero ellos arribaron dos horas más tarde. Ante ello, los sacerdotes Miguel Concha; Javier Morán y Carlos Cevallos, misioneros del Espíritu Santo; Sergio Cobo, de los jesuitas, y Jesús Ramos, buscaron concelebrar a las 18 horas, lo cual fue aceptado por el responsable de la iglesia del Sagrado Corazón, de la colonia Casas Alemán de la ciudad de México, quien oficiaría esa misa; sin embargo, el sacristán mayor rechazó la petición, bajo el argumento de que “los domingos no hay concelebraciones”.

Callados y con miradas tristes, los decenas de guerrerenses entraron a la nave central de la Basílica, donde esperaron, quietos, que los fotógrafos hicieran su trabajo, para después caminar hacia las filas delanteras de la iglesia con las imágenes de Joshivani, Everardo, Luis Ángel y 40 estudiantes más.

Con sus velas encendidas, que para ellos significa iluminar el camino, empezaron a rezar por sus hijos, hermanos, amigos. Entonces, personal de vigilancia se acercó para pedirles que apagaran las velas, porque había poco oxígeno y podía haber gente desmayada. Ante ello, comenzó una discusión, en la cual intervino el poeta Javier Sicilia, quien reclamó molesto la falta de sensibilidad y respeto a los dolientes.

Al término de la misa, en la cual el sacerdote que ofició la liturgia pidió que “la paz vuelva a las familias” afectadas, bajo una sola voz, se levantó el grito: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Asistieron también integrantes de organizaciones de derechos humanos y ciudadanos, como Miguel Álvarez, de Serapaz; Adolfo Gilly, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan. Ahí, el sacerdote Alejandro Solalinde comentó que acudió a la Procuraduría General de la República a presentar su declaración, pero no se la recibieron, e irá otra vez este lunes por la tarde.

 http://www.kaosenlared.net/component/k2/98397-m%C3%A9xico-impiden-a-sacerdotes-solidarios-concelebrar-misa-por-los-normalistas-de-ayotzinpa-en-la-bas%C3%ADlica-de-guadalupe

 

 

En Guerrero, 26 cárteles del narcotráfico

 

 

 

Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles, células y pandillas vinculadas al narcotráfico en todo el país, revela un detallado mapa que elaboró la PGR. Son cinco grandes organizaciones criminales –Los Zetas, el Cártel del Pacífico, los Caballeros Templarios, el cártel de la Barbie y los Beltrán Leyva– que controlan a otras 21 de menor tamaño. Entre éstas se encuentra la de Guerreros Unidos, supuestamente responsable de las ejecuciones de al menos 17 estudiantes normalistas, ocurridas el pasado 26 de septiembre. Este grupo sirvió a los intereses de La Familia Michoacana, indica el mapa criminal del que Contralínea tiene copia. Además, los Caballeros Templarios se disputan el control de la entidad con el Cártel de los Beltrán Leyva, apunta un reporte de la estadunidense DEA


La reciente desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la probable ejecución de al menos 17 de ellos han puesto de relieve la operación criminal de los Guerreros Unidos en la entidad que aún gobierna el perredista Ángel Aguirre Rivero.
El cártel, que según Iñaki Blanco Cabrera –fiscal general de Guerrero– es responsable del asesinato de 17 normalistas que previamente habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre pasado, es tan sólo uno de los grupos delictivos menores que asolan a la población.
Una detallada investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que Contralínea tiene copia, da cuenta de que 26 de las 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos que operan en México están asentadas en Guerrero. Dicha cifra ubica a la entidad como la de mayor presencia de organizaciones del narcotráfico.
Mapa: Guerrero, los 26 cárteles del narco
El reporte Células delictivas con presencia en el país revela que cinco de ellas forman parte de la lista de los ocho grandes cárteles. Se trata de los Caballeros Templarios (antes Familia Michoacana), los Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel del Pacífico y el cártel de la Barbie.
Para la PGR, las otras dos organizaciones son los Arellano Félix y el Nuevo Cártel de Juárez, por lo que deja fuera de su mapeo al Cártel del Golfo, como lo documentó Contralínea en su edición 337, del 3 de junio de 2013.
Al referirse a la situación delictiva que enfrenta Guerrero, la Drug Enforcement Administration (DEA) indica que éste es disputado por los Caballeros Templarios y los Beltrán Leyva. En su “Mexican cartels. Map depicting areas of dominant influence”, la DEA señala que en la entidad también hay una presencia sólida de Los Zetas, en la región del puerto de Acapulco.
 

Los 21 cárteles menores, células y pandillas

Los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel del Pacífico y el cártel de la Barbie tienen a su servicio a 21 grupos, células y pandillas que controlan varios negocios ilegales en la entidad: además del tráfico de narcóticos, están vinculados al secuestro, robo de vehículos, cobro de piso, extorsiones, entre otros.
En su Mexico 2014. Crime and safety report, el estadunidense Overseas Security Advisory Council refiere que los estados de México y Guerrero tuvieron las tasas más altas de homicidios en 2013, mientras que en materia de secuestros, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Morelos registran las tasas más altas del país.

         
 
El incremento reflejado en dichos índices ha sido producido por las violentas actividades de las 21 organizaciones criminales, entre las que se encuentra Guerreros Unidos, a la que en marzo de 2013 la PGR identificaba como aliada de La Familia Michoacana.
Actualmente, a esta organización se le ha vinculado al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Este último, golpeado en su estructura por la detención de su líder Héctor Beltrán, alias el H o el Ingeniero, ocurrida el pasado 1 de octubre, tan sólo 6 días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.
Según el reporte de inteligencia de la Procuraduría General de la República, a los Guerreros Unidos también se les conoce en el mundo criminal como La Nueva Empresa y operan en otras dos entidades: Morelos y el Estado de México.
Además de esta organización, en Guerrero operan seis células escindidas de los Beltrán Leyva: Los Granados, Nuevo Cártel de la Sierra, Los Zafiros, El Tigre, Los Ardillos y Los Rojos. Este último grupo delincuencial ha sido identificado en días recientes como rival de los Guerreros Unidos.
Las otras células y pandillas que se han posicionado en el estado sureño son La Barredora y el Comando del Diablo y/o Comando Guerrero Diablo, ligadas al Cártel del Pacífico; El Indio, La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, El Güero Guetamo, Los Pelones, Los Marquina, EI Yey, Santana Ríos Bahena Iguala, El Pelos, El Mudo y grupos al mando de una persona con el apellido Solano, identificados como células aliadas al cártel de la Barbie.

Los cárteles que se disputan Guerrero

La importancia de Guerrero en materia de narcotráfico es que éste es el segundo mayor productor de amapola y mariguana, refiere el International narcotics control strategy report 2014, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El primer lugar lo tiene el llamado triángulo dorado, situado en las fronteras de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Por ello, los cárteles de los Beltrán Leyva y Caballeros Templarios se disputan violentamente el control del territorio, como indica la DEA. Aunque en la lucha también participan las otras organizaciones.
En otras entidades, el cártel de los Caballeros Templarios tiene a su servicio la Guardia Morelense, en Morelos, y Los Troyano, en el Estado de México, mientras que del cártel de los Beltrán Leyva se han escindido 19 organizaciones en total: el Chico Malo, con presencia en Nuevo León; el H2, en Nayarit, Jalisco y Sinaloa; Los Mazatlecos, en Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit; Los Tigres, en Sinaloa y Nayarit; el 2 Mil, en Sonora; Los Granados, en Guerrero; Los Rojos, en Guerrero y Morelos; Morelos Unidos, en Morelos; el Nuevo Cártel de la Sierra, en Guerrero; Los Pineda, en Chiapas, Nuevo León, Estado de México y Morelos; Los Zafiros, en Guerrero y Morelos; el Cártel del Pacífico Sur, en Morelos; La Oficina, en Aguascalientes y Baja California Sur; La Mano con Ojos, en el Distrito Federal y Estado de México; el Mosco, en el Distrito Federal y Oaxaca; Los Gilos, en Sonora; el Tigre, en Guerrero; Los Ardillos, en Guerrero, y Los Arturos, en Baja California.

Narco-México

Tanto las células de los Templarios como las que se escindieron de los Beltrán Leyva forman parte de los 80 cárteles, células y pandillas que surgieron en el sexenio de la “guerra contra el narcotráfico”, y se sumaron a los nueve que entonces existían.
Según el mapa de la criminalidad elaborado por la PGR, la mayoría de esos grupos narcotraficantes se localiza en el Sur-Sureste (Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo) y en el Norte y centro del país (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Morelos).
De estas entidades, cuatro concentran la presencia del 85 por ciento de los medianos y pequeños cárteles, células y pandillas: Guerrero, gobernado por el perredista Ángel Aguirre; Morelos, encabezado por el perredista Graco Ramírez; Baja California, que administra el panista Francisco Vega; y el Estado de México, en manos del priísta Eruviel Ávila.
En ese contexto, la violencia en Guerrero, considerado uno de los estados más peligrosos de México, no ha cesado a pesar de los niveles de militarización a los que fue sometido desde inicios del sexenio pasado.
Además de los operativos militares como el actual Guerrero Seguro, ahí se ubican de forma permanente la Novena Región Militar, la Trigésima Quinta Zona Militar; y la Octava Región Naval. Ahora, tras la agresión gubernamental en contra de los estudiantes normalistas, el gobierno federal instrumentó el Mando Único.
Pero pese a ello, la entidad sigue bajo el control de 26 de las 88 organizaciones del narcotráfico identificadas en el diagnóstico sobre la delincuencia organizada en poder del gobierno de Enrique Peña.
Éste revela que en el gobierno de Felipe Calderón, lejos de combatir la criminalidad, la “guerra” generó 80 nuevos cárteles. Como lo ha documentado Contralínea, en el sexenio pasado los narcotraficantes se consolidaron como empresas trasnacionales, y actualmente son 15 veces más rentables que el Grupo Carso, de Carlos Slim. Y sus negocios criminales involucran a más de 50 países en los cinco continentes.
Nancy Flores, @nancy_contra

TEXTOS RELACIONADOS:
contralínea 407 / del 12 al 18 de Octubre 2014
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero-26-carteles-del-narcotrafico/
 

Guerrero “en llamas”

 

 

 

Ángel Aguirre asumió el gobierno de Guerrero en abril de 2011. Desde entonces, siete estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han sido asesinados, 43 desaparecidos y dos más heridos de gravedad. En esos casos han participado servidores públicos de uno o de los tres niveles de gobierno, hecho que los clasificaría como “crímenes de Estado”. La paciencia de los guerrerenses se agota: la justicia jamás llega; no hay avances significativos en la indagatoria relacionada con el paradero de los jóvenes víctimas de desaparición forzada. La indignación que ha provocado la impunidad, la corrupción y el abuso de poder en el caso de los estudiantes agredidos en Iguala parece hacer crisis con demandas históricas en uno de los estados con mayor pobreza en el país. La entidad, en donde causó más estragos la Guerra Sucia de las décadas de 1970 y 1980, está al borde de una rebelión civil. “¿Qué sigue para nosotros luego de un golpe así? ¿A poco piensan que nos vamos a regresar a nuestras clases o a nuestras casas como si nada hubiera ocurrido?”, preguntas constantes entre estudiantes, padres de familia, campesinos, luchadores sociales, maestros…

Flor Goche, @flor_contra/enviada
Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero. Guerrero arde. El dolor, la indignación y la rabia producen la combustión. Imágenes inéditas se apoderan de las calles, incluso de la capital del estado, Chilpancingo: un Palacio de Gobierno en llamas; un ayuntamiento con vidrios reventados, con paredes pintarrajeadas.
Durante la gestión de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de esta entidad desde el 1 de abril de 2011, la violencia ha cobrado la vida de siete alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Otros cientos han resultado lesionados, algunos de ellos de gravedad, y 43 se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron los primeros. Asesinados el 12 de diciembre 2011 por policías estatales cuando, en una actividad colectiva, exigían audiencia con el gobernador para resolver sus demandas estudiantiles. En la represión también participaron policías federales.
Dos años después, en enero de 2014, Eugenio Tamarit Huerta y Freddy Vázquez Crispín perecieron mientras participaban en una actividad de boteo (colecta económica) a favor de su escuela. Un tráiler los arrolló. A decir de sus compañeros normalistas, el conductor habría comprado el discurso de odio que en contra de los “ayotzinapos” suministran los medios de comunicación masiva, “mecanismo activado desde el Estado”, señalan.
Los decesos más recientes datan del 26 y el 27 de septiembre pasado. En lo que ya se conoce como “la matanza de Iguala” –misma que involucra a policías municipales y, de acuerdo con los reportes oficiales, a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos–, los estudiantes Daniel Solís Gallardo, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Julio César Mondragón fueron aniquilados.
La desaparición forzada –técnica y término acuñados en 1941 por la Alemania nazi– de 43 normalistas rurales es consecuencia también de este último ataque. Desde que fueron subidos a las patrullas identificadas con los números 017, 018, 020, 022 y 028, nada se sabe de los jóvenes que se preparaban para llevar la educación a las comunidades más alejadas y marginadas del país.
Aunque los estudiantes de Ayotzinapa heridos durante la gestión del perredista Aguirre Rivero se cuentan por decenas, hoy la expectativa es por la salud de Aldo Gutiérrez Solano y de Édgar Andrés Vargas, quienes fueron, asimismo, embestidos en Iguala. Un proyectil de arma de fuego provocaría la muerte cerebral del primero; al otro, le destrozaría el maxilar superior y la base de la nariz.
Quienes integran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –organismo no gubernamental solidario en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero– han apuntado que los hechos de violencia contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no son aislados. Son repetición de la historia guerrerense, “donde las masacres son los hitos que van marcando la relación entre la sociedad y la clase política”.
Son, además, historia continuada de desaparición forzada, crimen de lesa humanidad que desde los tiempos de la Guerra Sucia se ha enquistado particularmente en el territorio guerrerense.
En entrevista con Contralínea, Omar, integrante del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal de Ayotzinapa, refiere que aunque el dolor por la muerte o desaparición de una o de 43 personas es el mismo para él, siempre que se trate de un acto de las autoridades en contra de la población “en el sentido común la indignación crece cuanto más evidente es la tragedia”. Es así, comenta, que hoy la gente está mucho más indignada de lo que estaba en diciembre de 2011 o en enero pasado.
Desde la cancha de basquetbol de la escuela de la que es parte, el punto de encuentro de una comunidad que clama justicia y la presentación con vida de sus estudiantes, el joven de 25 años relata que en junio pasado él también perdió a su hermano menor. Fue en Carrizalillo, cerca de Iguala, que el campesino de 22 años de edad fue acribillado junto con otras tres personas, quienes por su acento de voz habrían sido confundidas con integrantes de un grupo delincuencial adverso al que controla la zona.
A partir de esta experiencia, Omar supo lo difícil que es denunciar, atreverse siquiera a nombrar un hecho así, tan aislado; más aún porque los conocidos siempre recomiendan que lo mejor es “quedarse callado” y “no moverle”, pues detrás está la delincuencia organizada.
“Yo no podía decir nada; yo no he podido decir nada porque mi hermano no era miembro de Ayotzinapa, porque era una cosa aislada, una sola familia afectada. Una muerte allá en ese municipio, otra en la Costa, otra del otro lado… Éramos gente aislada que no podíamos decir nada ni denunciar.”
Hoy, sin embargo, que han desaparecido a 43 estudiantes parte de una comunidad que “históricamente le ha dado mucho a la población”, la comunidad Ayotzinapa, el silencio ya no es opción: “¿Cómo podemos quedarnos callados ahora? ¿Cómo podemos decir ahora que no vamos a luchar hasta donde sea necesario?”.
El hecho de que a la Normal Rural esté llegando apoyo de todas las regiones del país y de diversas partes del mundo, desde la gente que se apersona hasta la que llama por teléfono para coordinar la entrega de un acopio, es para Omar síntoma del grado de indignación generalizada.
El joven dice sentir que “el pecho se le inflama” al reparar en que “todo lo quieren hacer llegar a Ayotzinapa”, como si el propio movimiento social les exigiera ser el parteaguas de transformación. Aunque, por otro lado, reflexiona que el mismo hecho pudiera responder a un equívoco a nivel organizacional, “como si la sociedad no pudiera organizar pequeños movimientos y empezar una movilización en todos los lugares en donde sea necesario”.
Apostado en una silla de madera, bebiendo a sorbos el café de grano que la comunidad de Tixtla preparó para quienes esa noche pernoctan en la escuela, el integrante del Comité Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa convoca a la desobediencia civil generalizada “por todos los medios posibles y desde donde quiera que sea”. Y es que, dice, “no son sólo los 43 de Ayotzinapa, son los miles en todo el país”. Agrega: “esa gente que no podía decir nada, ahora puede hacerlo si quiere”.
Los hechos de Iguala, a decir del estudiante de la licenciatura en educación primaria, evidencian lo que ya muchos individuos de las comunidades rurales han atestiguado: la confabulación del gobierno con la delincuencia organizada.
Por ello, el pasado 13 de octubre, normalistas, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, así como las madres y los padres de familia de los estudiantes detenidos-desaparecidos arremetieron contra los principales recintos de gobierno con sede en Chilpancingo: el Palacio de Gobierno, el ayuntamiento, la sede del Congreso local.
Ese mismo día, a través del artículo de opinión “¡Búsquenlos con vida!”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sentenciaba: “el dolor ha escalado al enojo y la desesperación… Ya se agotó la paciencia de los familiares de los estudiantes desaparecidos porque ya tocaron todas las puertas, hablaron con las más altas autoridades de la federación, acordaron realizar trabajos de búsqueda y de investigación; sin embargo, no hay avances significativos en la indagatoria relacionada con el paradero de sus hijos”.

Ayotzinapa, historia de constante represión

Las paredes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa están marcadas de historia: murales de luchas y represiones, expresiones gráficas esbozadas en muros de concreto.
Por aquí los rostros del Che Guevara, Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas (los dos últimos fueron maestros, luchadores sociales y guerrilleros que pasaron por las aulas de Ayotzinapa). Por allá policías invadiendo la escuela; estudiantes y población haciendo frente a los gobernantes en turno.
Pablo egresó de la Normal de Ayotzinapa en 2013. Dos años antes se desempeñó como secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón. Él es uno de los cerca de 200 exalumnos que, a raíz de los hechos de Iguala, conformaron la Coordinación de Egresados en Defensa de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El ahora maestro de primaria recuerda una de sus primeras lecciones en los círculos de estudio organizados por los activistas de la Normal: “No esperen reconocimiento por lo que hicieron por la escuela, simplemente llévense la satisfacción de haber hecho algo por ella. Pero si algún día la escuela necesita de su apoyo, tienen que volver porque ella les dio todo, estudio, comida, hospedaje y hasta amigos. No pueden darle la espalda.
 “Por eso es que ahora estoy aquí: por sentimiento y por coherencia”, dice. Para Pablo es importante conservar y compartir la memoria de los ataques perpetrados en contra de su alma mater, fundada el 2 de marzo de 1926, y de quienes han transitado por ella.
El primer antecedente que el joven recuerda con precisión data del 11 de febrero de 1998, y coincide con el periodo en que Ángel Aguirre Rivero se desempeñó como gobernador interino de Guerrero. Entonces cientos de policías antimotines arremetieron contra los estudiantes de Ayotzinapa, quienes mantenían un cerco en el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de uno de sus compañeros.
Después vendrían las represiones de noviembre de 2007, con Zeferino Torreblanca como gobernador. Los normalistas rurales se manifestaban en contra de la intentona de suprimir la licenciatura en educación primaria cuando fueron desalojados del Congreso local por la misma fuerza antimotines.
Pablo considera que el conjunto de estas agresiones, incluidas las más recientes, apunta a la transformación de la Normal de Ayotzinapa: una escuela sin comité estudiantil, sin internado, sin comedor, con otros planes de estudio… El exdirigente estudiantil descarta la pretensión de un cierre total de la escuela puesto que, explica, al gobierno local no le conviene perderse de los recursos federales destinados a su operación.
Para Omar, actual integrante del Comité Ejecutivo Estudiantil, es claro que la represión en contra de la institución educativa ha ido en ascenso, sobre todo a raíz del 12 de diciembre de 2011, cuando se intentó culpar a los estudiantes de provocar la explosión que arrebató la vida al empleado de una gasolinera.
Desde entonces, refiere, el Estado ha activado diversos mecanismos de estigmatización y criminalización de los alumnos de Ayotzinapa. Como parte de esta cruzada, acusa Omar, el gobierno de Ángel Aguirre infiltró a personas en la Normal, mismas que doblegaron la disciplina y los principios que la rigen.
Antes, dice, el dirigente de Ayotzinapa era “humilde, sencillo, cercano a los compañeros de la base”; un líder que “se daba a querer por lo que hacía, no por lo que decía que hacía”. No obstante, señala, Aguirre metió a mucha gente que le apostaba a los hábitos proselitistas antes que a los hechos.
Así, continúa el joven estudiante, “la gente empezó a juzgar al dirigente por su apariencia y personalidad y no por sus proyectos hacia la escuela, lo que poco a poco fue minando al otro tipo de dirigente que pasó a ser el radical, el antigubernamental, el antisistémico, el de los principios antiguos que quiere que todo sea trabajo”.
Omar explica que conforme esa minoría se fue tornando en mayoría, fueron imperando ideas como la de ya no apoyar a la comunidad y a las organizaciones sociales, o la de ya no retener camiones para salir a marchar.
—¿Actualmente, esta problemática ya quedó superada?– se le pregunta.
—Todavía queda gente, pero poca. Lo que es cierto es que en Ayotzinapa hay diferentes puntos de opinión. Pero como en todo movimiento social, del tipo que sea, siempre hay factores que unifican, y esta nueva causa nos unifica a todos. Es como si hubiera una especie de tregua. Ahorita todos somos uno. Ahorita ya no hay esas diferencias y, probablemente, no las vuelva a haber porque esto nos supera a todos. Nos estamos peleando por cositas así de chiquitas, cuando hay cosas tan grandes por las que luchar.
¿Desaparecer o transformar a la normal de Ayotzinapa? Éste es, a decir Omar, un discurso ya muy desgastado que, sin embargo, sigue en el fondo de cada ataque. La cruzada, acota, “no es nada más contra la Normal, sino contra todo lo público. Una privatización generalizada. Una cruzada neoliberal contra todo tipo de oposición”.
A parir de los hechos de Iguala, alrededor de 16 estudiantes de primer grado han desertado de las filas de la Normal, muchos de ellos a petición de sus progenitores. A decir del activista estudiantil, el hecho resulta lógico y natural en tanto que una agresión así logra, por sí misma, intimidar y hostigar.
No obstante, enfatiza, el gran problema ahora no es ése. “Lo que queremos es que los chavos regresen con vida. ¿Y si no regresan con vida, qué vamos a hacer? ¿Vale la pena seguir como estudiantes? ¿Vale la pena seguir estudiando aquí después de este atropello? ¿Vale la pena seguir luchando a este nivel? Ésas son las preguntas que muchos nos estamos haciendo. Y yo te aseguro que va a haber muchas cosas si los chavos regresan muertos”.

La vigencia del normalismo rural

El abandono, el cierre y el olvido de las instalaciones educativas, así como la satanización y el asesinato de sus alumnos, destacan entre los ataques que las normales rurales del país han tenido que afrontar, en la medida en que, a los ojos de los gobernantes mexicanos, el proyecto revolucionario del que emanaron pierde vigencia, comenta Tanalís Padilla, experta en temas de disidencia campesina en México y en escuelas normales rurales.
Es la “culminación” de los ataques que desde mediados del siglo XX han experimentado estas escuelas –entre los más relevantes, el cierre, en 1969, de 15 de las 29 normales rurales que entonces existían–, refiere la doctora en historia latinoamericana por la Universidad de California respecto de los hechos ocurridos a finales de septiembre en Iguala, Guerrero, en los que perdieron la vida tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, otros 43 fueron detenidos-desaparecidos y otros dos, heridos de gravedad.
En entrevista telefónica con Contralínea, la profesora de historia en el Dartmouth College señala que las normales rurales, fuente de trabajo y profesionalización de las personas que provienen del campo, al igual que otras instituciones educativas de orden público, representan un estorbo para el actual estado neoliberal.
Contrario a ello, Tanalís Padilla apunta que las normales rurales son más necesarias que nunca para dar oportunidad a los sectores empobrecidos de ganarse la vida sin tener que recurrir a la maquila, a la migración o, en el peor de los casos, involucrarse en el narcotráfico.
Las normales rurales surgieron en 1926. Éstas tienen su origen en las escuelas normales regionales y las escuelas centrales agrícolas que se construyeron en la década de 1920 y que, años más tarde, se fusionarían en regionales campesinas.
Legado de la Revolución Mexicana, las normales rurales fueron diseñadas explícitamente para los hijos de campesinos como la única vía de ascenso social para estas poblaciones: “una oportunidad de escapar de la pobreza”, refiere Tanalís Padilla en su artículo “Las normales rurales: historia y proyecto de una nación”.
El recinto sede de la Secretaría de Educación Pública aún conserva en uno de sus muros a La maestra rural, mural a cargo de Diego Rivera que, como refiere Padilla, ejemplifica el papel que debía jugar la educación dentro del nuevo orden revolucionario: una mujer impartiendo clases en el campo; un círculo de alumnos en derredor; un grupo de campesinos labrando la tierra; un guardia civil con el rifle en alto, símbolo de “un Estado que vigila y protege”.
Hoy esta imagen de tintes cálidos es tan sólo una reliquia. La realidad es otra: arrojado a la vía pública, el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón, joven de 21 años de edad, normalista en formación, padre de una bebé de 2 meses, tiene el rostro desollado, las cuencas de los ojos vaciadas. Éstas son las imágenes del México actual.
Flor Goche, @flor_contra/enviada



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 Contralínea 408 / del 20 al 26 de Octubre 2014
 
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