Una vez mas se toca en el dolor a miles de chilenas y chilenos
victimas de violaciones a los derechos humanos, quienes esperan que
pronto Cristian Labbé, un terrorista que las oficiaba de agente del
Estado para torturar a personas inocentes sea juzgado y condenado. Este
ex coronel de ejército formó parte de una maquinaria de exterminio,
cuyos fines estaban determinados por objetivos políticos que emanaban
directamente desde el gobierno de la época.
La justicia que esperamos en este y en otros casos pendientes, es un
derecho humano, para que con sus decisiones aporte a educar a las
futuras generaciones, actuando para impedir que reine la impunidad. El
terrorismo de estado, y en todas sus formas, tiene que ser erradicado,
para lo cual y de una vez por todas quienes cometieron crímenes de lesa
humanidad deben asumir sus responsabilidades.
Los protectores de Labbé y compañía, la UDI, partido del cual es
militante, presiona para que no se le juzgue, consecuentes con su pasado
lo que defienden es la instauración del modelo económico neoliberal que
este tipo de militares ayudaron a crear, un modelo que pudo aplicarse
gracias a la violación de todos los derechos de la personas. Sin asco
superponen las consecuencias del terrorismo de estado en millones de
personas con los beneficios que una minoría recibió y recibe de la
transformación económica y social, siendo inherentes a ellas la
impunidad y la injusticia social.
Pero la historia concreta de la violencia en Chile, del terrorismo,
está lejos de darles la razón, en el intento de tapar su participación
en esta historia ellos le han achacado burdamente e interesadamente toda
la violencia posible a la izquierda o a los movimientos sociales que
lucharon en contra de la dictadura cívico militar. La historia no
miente, en ella se registran los peores hechos de violencia, vinculados a
sectores sociales, económicos y del Estado, cuyos herederos directos es
la UDI, quienes la han usado para imponer sus intereses mediante el
terror.
A diferencia de otro casos judiciales en los cuales el llamado
gremialismo actúa presionando a la justicia, para a través de ella
encontrar venganza mas allá si el acusado es inocente o culpable, como
es el caso del asesinato de Jaime Guzmán, en el caso de Labbé no hay
testigos falsos ni acuerdos con delatores compensados para levantar
testimonios mentirosos. Labbé es acusado por quienes fueron sus victimas
y por quienes como el, formaron parte de los grupos de exterminio que
cometieron crímenes de lesa humanidad, actos que van mas allá de lo
imaginable y tolerable por la comunidad nacional e internacional, son
crímenes que ofenden a la humanidad.
Por lo tanto no hay excusa posible para que este fanático
Pinochetista, que de manera cobarde justifica su actuar, diciendo que
solo iba al principal campo de torturas de Tejas Verdes a dictar clases
de educación física, no sea juzgado y condenado por conducta terrorista.
Cristian Labbé fue instructor en la aplicación de torturas en centros
clandestinos, cuyas victimas terminaron siendo asesinados o hechos
desaparecer, actos terroristas que deben ser condenados como tales con
el agravante de ser crímenes de lesa humanidad.
Labbé y los demás imputados deben ser identificados como criminales y
no como ex militares, estos deben ser degradados para que la justicia
actúe a cabalidad y sin presiones directas ni a través de poderes
fácticos. Quiérase o no, al mantenérseles en sus filas como pensionados o
jubilados, estos torturadores y violadores de los derechos humanos
participan de las actividades oficiales con su rango militar, son parte
de la FFAA y algunos de ellos en sus grados de oficiales superiores
todavía influyen, directa o indirectamente en sus decisiones.
Si no se hizo en gobiernos anteriores es tiempo de evitar que la
historia continúe pasándonos por el lado, las FFAA deben participar en
educar a sus oficiales en el respeto a los DDHH, lo cual se inicia con
erradicar los monumentos y los recuerdos de militares vinculados a
crímenes de lesa humanidad en sus enseñanzas de historia. Educando en
los valores democráticos surge la nueva ética que pondrá fin a la
negación, al silencio que hasta hoy ofende a las victimas de estos
crímenes atroces de la cual las FFAA, arrastradas por oficiales
ambiciosos y corruptos, fueron parte activa y decisiva.
Es el gobierno quien debe diseñar una política de Estado que eduque
para respetar los derechos de las personas, para la verdad, en una
realidad como la nuestra, para crear una nueva cultura transformadora
del hombre y de la mujer, generadora de la sociedad como utopía a
concretar. Solo así se terminará con la política timorata y
acomodaticia, cobarde por lo demás, de que no hablar de las cosas
permite que ellas dejen de existir y que al no remover las heridas
entonces se vive en paz.
Establecer la verdad en Chile es una urgencia, lo que implica
replantearse el problema de la verdad individual como en el nivel más
global de la sociedad. Al iniciar un proceso de educación que parta de
la verdad del conocimiento de la confrontación y de la discusión
objetiva del proceso histórico, que desnude las violaciones de los
derechos humanos, se está propiciando el camino hacia la razón, la fe,
el orden y la armonía.
Los intentos hechos en mas de dos décadas para que en las FFAA se de
vuelta la página, respecto de su participación en la practica del
terrorismo de Estado, aun no fructifican porque en ellas, es decir en
sus mandos superiores no predomina una convicción democrática ni el
repudio al terrorismo de Estado, aun no hay una absoluta autocrítica del
papel que jugaron de violentar el orden constitucional en otros
momentos. Mientras las Fuerzas Armadas permanezcan encerradas en sí
mismas, en sus escuelas, y no tengan relación con una sociedad de la
cual forman parte, los valores democráticos no encontraran el sustento
que requieren en la defensa nacional.
Por todo lo anterior se necesita EDUCAR PARA LA VERDAD,
lo que implica entender cómo fue posible que la crisis estructural de
la sociedad chilena se manifestara en el irrespeto de la persona humana.
Esta línea educativa también conduciría a definir cuáles eran los
intereses políticos y sociales que estaban en juego en ese proceso;
quiénes eran sus actores y portadores políticos y qué pasó realmente con
ellos.
Se requiere EDUCAR PARA LA JUSTICIA, lo que
significa educar para esclarecer los hechos y determinar las
responsabilidades que correspondan sin ambigüedades y erradicando la
impunidad.
Educar para la justicia, es educar en el valor de la justicia como
criterio fundamental de un nuevo orden social, es educar para que los
jueces, y juezas y el Poder Judicial en nombre de la sociedad, puedan
restablecer los principios de la equidad y el respeto a la vida.
– El autor, Enrique Villanueva, es ex – dirigente Rodriguista
vía:
http://piensachile.com/2014/10/labbe-es-un-militar-es-un-terrorista-y-debe-ser-juzgado-como-tal/
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