Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)
Los políticos de los dos partidos principales que viven de la política y
los periodistas de los medios oficialistas que viven de apoyarles o
criticarles, hablan y escriben como si fuera de ambas facciones no
hubiera salvación y no hubiera otra solución distinta al pago estricto
de la Deuda...
En todo caso la política es una profesión. Sobre todo para muchos que, a
juzgar por los acontecimientos a lo largo de estos 36 años, han ido a
ella "para forrarse", como dijo en una conversación grabada otro ilustre
rufián del partido conservador. Una profesión, sí, pero como tal, sin
control académico, sin escuela o universidad que certifiquen la
idoneidad suficiente para ser ejercida con decoro en bien del pueblo,
que es su única finalidad; como a los mandos del ejército, para servir a
la patria, o al común de los profesionales de otras profesiones, para
garantizar sus aptitudes a quienes requieren sus servicios, estas
sociedades les exigen...
Y puesto que no es necesario ninguna destreza específica para gobernar
porque bastan el sentido común, la honradez y la prudencia, y la
elocuencia está definitivamente postergada al haber quedado reducida a
labia y palabrería (la mayoría de las veces los políticos se limitan a
leer en los parlamentos textos escritos por otros, lo que a su vez
explica que no haya correspondencia ni congruencia entre las
iniciativas, propuestas e interpelaciones de uno y las respuestas del
otro), ¿qué autoriza a los que están en el poder a acusar de
incompetentes a quienes, a través de movimientos ciudadanos irrumpen en
la palestra de la Política? Precisamente, lo que esos movimientos se
proponen es lo que urge: romper tanto la alternancia como la ortopedia
de los dos partidos principales que han arruinado a este país; mejor
dicho, que han arruinado progresivamente a grandes mayorías para
enriquecer a minorías, mientras los que no hemos tenido responsabilidad
ni culpa nos hacemos cargo de la Deuda soberana...
Así es que no se puede dar más crédito a ninguno de los dos partidos que
lo han agotado a lo largo de casi cuatro décadas. La caída del
bipartidismo (la caída al menos moral pues si volviesen a ganar será con
argucias y con una ley electoral que les favorece) es fácilmente
pronosticable, pues hay mucha más ciudadanía damnificada y desolada que
favorecida y acomodada. Razón por la cual el número de quienes van a ir
depositando su esperanza en los movimientos ciudadanos coaligados, sin
duda va a ir en progresión. Ellos tomarán el relevo y forzarán la quita
de la Deuda. Otros países también la han negociado. Hay causa
suficiente.
Alexander Sack, un jurista especializado en derecho financiero
internacional y profesor de Derecho en París, propuso en 1927 el
concepto de "deuda ilegítima u odiosa" para definir a aquella deuda que
un Estado había contraído cuando su población se oponía a ello, que no
había repercutido positivamente en la ciudadanía y en la que los
prestamistas sabían con certeza que dicha deuda era contraria a los
intereses del país, y por tanto, en caso de que la población consiguiese
librarse del gobernante que había endeudado al país bajo esas premisas,
ni el gobierno sucesor ni las arcas públicas deberían hacerse cargo de
dichas deudas. Precisamente las condiciones que se dan en España.
España, los nuevos gobernantes convencerán a sus acreedores de que la
nuestra es una deuda odiosa e ilegítima y en consecuencia, tras la
consiguiente auditoría, negociarán la correspondiente quita. Sólo así
podrán resolverse los gravísimos problemas sociales que soporta por la
incompetencia, por la incuria, por el despilfarro y por el saqueo
metódico de las arcas públicas de numerosos políticos y gobernantes
territoriales y centrales. Sólo por ahí podremos encontrar la luz en
este presente tenebroso y en el futuro que, de otra manera y hoy por
hoy, no tiene cabida en la esperanza.
Jaime Richart es antropólogo y jurista.
vía, fuente:
http://www.argenpress.info/2014/08/espana-politicos-profesionales-y-deuda.html
jueves, 28 de agosto de 2014
miércoles, 27 de agosto de 2014
Estados Unidos: La excesiva militarización policial convierte a los agentes en soldados contrainsurgentes....Terror y ocupación del territorio... Matthew Harwood
TomDispatch.com
| Traducido del inglés para Rebelión por Carlos Riba García |
Una nación bajo los SWAT *
Introducción de Tom Engelhardt
Pensadlo como un tipo diferente de regreso. Incluso cuando se libran guerras en países que están a miles de kilómetros, estas máquinas encuentran alguna forma extraña de hacer el largo camino de regreso a casa.
Tomad las últimas noticias del condado de Bergen, New Jersey, uno de los condados más ricos del país. El departamento del sheriff está consiguiendo dos vehículos a prueba de minas y protegido contra emboscadas del tipo MRAP –con 15 toneladas de protección– cedidos por el Pentágono a precio de bicoca. Y esto no tiene nada de especial. Desde 2013, el Pentágono ha entregado, por nada, 600 de estos vehículos, y les seguirán muchos más. Se trata de vehículos sobrantes, la mayor parte de ellos procedentes de nuestras últimas guerras; tal vez sean realmente prácticos para un sheriff preocupado por bombas colocadas junto a la carretera, sean en New Jersey o en cualquier sitio del país. Cuando se trata de la creciente militarización de las policías estadounidenses, son armatostes del todo habituales.
Lo único digno de ser una noticia en la historia Bergen es que alguien se quejó. Para ser más exactos, una integrante del consejo del condado de Bergen, Kathleen Donovan expresó en una reunión del consejo su oposición a la transferencia de ese material. “Creo”, dijo “que hemos perdido el camino si empezamos a hablar de poner vehículos militares en las calles del condado de Bergen.” Y criticó sin atenuantes la decisión de aceptar los MRAP diciendo “la cosa más absolutamente equivocada en el Condado de Bergen es tratar de militarizarlo”. Su jefe de equipo hizo un comentario similar: “Son vehículos de combate. ¿Para qué necesitamos un vehiculo de combate en las calles del condado de Bergen?”.
El sheriff Michael Saudino, al contrario, insistió con que los MRAP no son “vehículos militares”, en absoluto. Olvidaba el hecho de que fueron diseñados para y utilizados en situaciones de combate. En lugar de esto, el sheriff sugirió que una buena razón para tenerlos –además del hecho de que son gratis (excepto los gastos de envío, la gasolina y el mantenimiento)– es, esencialmente, “estar a la altura de los vecinos”. Señaló que la policía del condado ya tiene dos MRAP y su departamento no tiene ninguno y ¡ojo, el amor propio es importante! (“¿Deberían nuestros tipos del SWAT estar menos protegidos que los del condado?”, preguntó en una discusión con Donovan).
Un sorprendente informe de la Unión por las Libertades Civiles estadounidense (ACLU, por sus siglas en inglés) muestra que, como sucede en le condado de Bergen, las fuerzas policiales están siendo militarizadas en todo nuestro país en una cantidad de inquietantes aspectos. Más precisamente, están siendo convertidas en unidades tipo SWAT. Matthew Harwood, redactor y editor de ACLU y miembro regular de TomDispatch nos ofrece su visión de hacia dónde apunta el proceso de militarización de las policías. Bienvenidos a Kabul, Estados Unidos de América.
La excesiva militarización de la Policía convierte a los agentes en soldados contrainsurgentes
Jason Westcott tenía miedo.
Una noche del pasado otoño –vía Facebook– descubrió que un amigo de un amigo suyo estaba planeando, junto con algunos compinches, asaltar su casa. Iban a intentar robarle una pistola y un par de televisores. Según el mensaje de Facebook, el sospechoso estaba planeando “quemar” a Westcott; esto atrajo inmediatamente a la policía de Tampa Bay, que informó del plan.
Según al Tampa Bay Times, los investigadores que respondieron a la llamada de Westcott tenían un mensaje muy sencillo para él: “Si alguien entra en su casa, coja su pistola y dispare a matar”.
Alrededor de las 19.30 del 27 de mayo, llegaron los asaltantes. Westcott hizo lo que le habían indicado los oficiales, cogió su pistola para defender su casa y apuntó a los intrusos, que llevaban una escopeta semiautomática y una pistola. Con estas armas le dispararon a Westcott –mecánico de motocicletas de 29 años–. Fue herido tres veces, una en un brazo y otras dos en el costado. A su llegada al hospital, solo pudieron certificar su muerte.
Sin embargo, los asaltantes no eran unos cacos ocasionales en busca de un pequeño botín. Eran integrantes del grupo SWAT del Departamento de Policía de Tampa, que estaban realizando un registro porque sospechaban que Walcott y su amigo eran traficantes de marihuana. Habían recibido un chivatazo de un confidente, a quien entre febrero y mayo llevaron cuatro veces a la casa de Westcott para que comprara pequeñas cantidades de marihuana, entre 20 y 60 dólares cada vez. El informante dijo a la policía que en la casa había visto dos pistolas, razón por la cual la policía de Tampa recurrió a un equipo SWAT para que hiciera un registro.
Al final, el mismo departamento de policía que había recomendado Westcott que protegiera su casa con un elemento defensivo lo mató cuando él lo hizo. Después de inspeccionar su pequeña casa de alquiler, los agentes efectivamente encontraron hierba, por un valor de dos dólares, y una pistola legal, la misma que empuñaba cuando las balas hicieron impacto en su cuerpo.
Bienvenidos a una nueva era del Estados Unidos policial, en el que cada día más los polis se ven a sí mismos como soldados de una fuerza de ocupación en territorio enemigo, a menudo con la ayuda del arsenal del Tío Sam, y en el que incluso los delitos sin violencia son enfrentados con una fuerza aplastante y brutal.
La guerra en el umbral de su casa
El cáncer de la militarización policial lleva mucho tiempo haciendo metástasis en el cuerpo de la política. Ha estado creciendo con más y más fuerza desde la creación de los primeros grupos SWAT en los sesenta del siglo pasado para dar respuesta a una década de turbulenta mezcla de desórdenes, disturbios e insensata violencia, como el tiroteo desde la torre del reloj en Austin, Texas, protagonizado por Charles Whitman.
Aunque la existencia de las unidades SWAT no es el único indicador del aumento de la militarización de las policías estadounidenses, es el más reconocible. La proliferación de grupos SWAT en todo el país y sus tácticas paramilitares han extendido una forma violenta de orden policial diseñada para una coyuntura pero que con los años se ha convertido en lo normal. Cuando surgió el concepto SWAT en los Departamentos de Policía de Filadelfia y de Los Ángeles, fue tomado rápidamente por las policías de las grandes ciudades de todo el país. Al principio, sin embargo, las unidades de elite estaban reservadas para resolver solo situaciones muy peligrosas, como un tirador que dispara indiscriminadamente, una situación con rehenes o disturbios a gran escala.
Casi medio siglo después, eso ya no es así.
En 1984, según el libro Rise of the Warrior Cop, de Radley Balko, alrededor del 26 por ciento de las ciudades estadounidenses de entre 25.000 y 50.000 habitantes tenían unidades SWAT. Hacia 2005, ese número había superado el 80 por ciento y continuaba creciendo, a pesar de que las estadísticas referidas a los SWAT son notablemente difíciles de encontrar.
Mientras en el ámbito nacional crecía la cantidad de grupos SWAT también lo hacían las batidas de estos grupos. Hoy día, según el profesor Pete Kraska, de la Escuela de Estudios sobre Justicia de la Universidad del Este de Kentucky, cada año hay unas 50.000 operaciones SWAT en Estados Unidos. En otras palabras, cada día algún grupo SWAT asalta 137 casas y sume en el terror a sus habitantes y vecinos.
Subir la apuesta al perfil racial
En un estudio publicado recientemente, “War Comes Home”, la Unión por las Libertades Civiles ACLU (mi empleador), descubrió que cerca del 80 por ciento de las operaciones SWAT estudiadas entre 2011 y 2012 se realizaron a partir de una orden de registro.
Detengámonos aquí un momento y consideremos que estas violentas invasiones domiciliarias son utilizadas rutinariamente contra personas de las que solo se sospecha que pueden haber cometido un delito. Por lo general, las unidades paramilitares fuertemente armadas echan abajo la puerta de las casas en su búsqueda de pruebas de un posible delito. En otras palabras, los departamentos de policía eligen cada vez más una táctica que como primera opción acaba produciendo heridas personales y daños a propiedades; en ningún caso se trata de la última opción. En más del 60 por ciento de las incursiones investigadas por la ACLU, los miembros de unidades SWAT derribaron puertas en busca de la posible existencia de drogas, no para rescatar un rehén ni para responder a una ocupación violenta ni para neutralizar a un tirador peligroso.
Al mismo tiempo, al otro lado de la puerta derribada casi siempre hay negros o hispanos. En aquellos casos en que la ACLU pudo identificar la raza de las personas cuya casa fue asaltada por una unidad SWAT en busca de drogas, el 68 por ciento de las veces sus ocupantes eran de alguna minoría. Cuando se trataba de blancos, esa cifra bajaba hasta el 38 por ciento, sin que se tuviese en cuenta algo que es bien sabido: que blancos, negros e hispanos consumen drogas más o menos en las mismas proporciones. Da la impresión de que los grupos SWAT tienen una alarmante tendencia en la aplicación de sus especializadas destrezas en la población de color.
Pensad en esto como una forma de establecer perfiles raciales y de exhibir músculo en la que la humillación de detener a alguien y cachearlo ha alcanzado un nuevo y terrorífico nivel.
La militarización de lo cotidiano
Sin embargo, no penséis que la mentalidad militar y el equipo asociado con las operaciones SWAT están restringidos a esas unidades de elite. Cada día más, están penetrando en todos los aspectos de la actividad policial.
Tal como observa Kart Bickel, analista de la oficina de Servicios Policiales a la Comunidad del Departamento de Justicia, las policías de todo Estados Unidos han sido entrenadas poniendo el énfasis en la fuerza y la agresión. Él nota que el entrenamiento de las reclutas favorece un régimen basado en el estrés cuyo modelo es el del soldado de infantería en lugar del más relajado y académico que todavía emplean unos pocos departamentos de policía. El resultado de este enfoque, sugiere Bickel, es el joven oficial que cree que la labor policial es andar por ahí dando patadas en el culo a la gente en lugar de trabajar con la comunidad para hacer más seguros los barrios. O como el cómico Bill Maher le recordaba recientemente a un oficial de policía: “El rótulo en tu patrullero, ‘Protección y servicio’, se refiere a nosotros, no a ti”.
Este sesgo autoritario va en contra de lo que es el meollo de la filosofía que supuestamente domina el pensamiento estadounidense del siglo XXI: la policía comunitaria. En esta noción, el énfasis está puesto en una misión, la de “conservar la paz” mediante la creación y mantenimiento de una relación de confianza con la comunidad a la que se sirve, y dentro de ella. En el modelo comunitario, que responde a la filosofía policial oficial del gobierno de Estados Unidos, los agentes de policía son no solo protectores sino también quienes resuelven los problemas de los que se supone son objeto de sus cuidados; así es, primordialmente, como los ve su comunidad. La teoría dice que ellos no ordenan un respeto; se lo ganan. No se supone que el miedo sea su capital. La confianza, lo es.
Sin embargo, los anuncios policiales para el reclutamiento de nuevos agentes, como los de los departamentos de policía de Newport Beach (California) y de Hobbs (New Mexico) no ponen el acento en la cuestión comunitaria sino en el de la militarización como una manera de atraer a los jóvenes, con la promesa de aventuras de estilo bélico y el uso de juguetes tecnológicos de última generación. De acuerdo con estos anuncios, la labor policial no tiene nada que ver con la tranquila solución de problemas: ahí estás tú y tus muchachos derribando puertas en medio de la noche.
La influencia de los SWAT llega mucho más allá de eso. Notad la creciente adopción de uniformes de campaña para los agentes de patrulla. Bickel teme que esa vestimenta –de corte militar y casi siempre en forma de mono de color negro– los haga menos accesibles e incluso también más agresivos en su relación con los ciudadanos que supuestamente deben proteger.
Hay un modesto proyecto de la Universidad Johns Hopkins que parece confirmar esto. Se mostraron fotos a un grupo de personas; en unas se veía a policías con su uniforme tradicional y otras los mostraban con uniforme militar de campaña. La encuesta reveló que los participantes preferían mayoritariamente a los policías vestidos con su indumentaria tradicional. En un resumen de los hallazgos realizados, Buckel escribió: “Cuanto más militar era el aspecto del policía, tanto más se le asociaba con las imágenes de soldados en zonas de guerra mostradas en la televisión y alentaba la noción de una policía en el papel de fuerza de ocupación en algún barrio de una ciudad, en lugar de una protección comunitaria digna de confianza”.
¿Dónde consiguen esos juguetes tan maravillosos?
“Me pregunto si puedo meterme en algún problema si hago esto”, dice el joven a su amigo en el asiento del acompañante mientras filman el nuevo juguete de la oficina del sheriff del condado de Saginaw: un vehículo MRAP. Mientras lo filman desde atrás, su vídeo amateur tiene el estilo de la película Amanecer rojo, como si una fuerza militar de ocupación estuviese patrullando las calles del ese condado de Michigan. “Esto está a punto para los tiempos de los King Crazy, tío”, comenta uno de ellos. “¿Por qué”, replica su amigo, “nuestra ciudad consiguió aquel disco de King Bad?”.
En realidad, nada que estuviera pasando en el condado de Saginaw justificaba la utilización de un vehículo blindado capaz de resistir las balas y los artilugios explosivos que la insurgencia ha colocado regularmente en las carreteras durante las últimas guerras en las que Estados Unidos se ha implicado. Aun así, el sheriff William Federspiel temía lo peor. “Como sheriff de este condado, mi obligación es asegurar que estemos en la mejor posición posible para proteger a nuestros ciudadanos y nuestras propiedades”, le dijo a un periodista. “Debo estar preparado para algo desastroso”.
Afortunadamente para Federspiel, su paranoica preparación para el desastre no costó un dólar a su oficina. El vehículo MRAP, con un costo de 425.000 dólares, era un regalo, una cortesía del Tío Sam proveniente de alguna de nuestras lejanas guerras de contrainsurgencia. El pequeño y desagradable detalle en todo este asunto de la militarización de la policía es que los contribuyentes la están financiando a través de programas supervisados por el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia.
Por ejemplo, el programa 1033. La Agencia Logística de Defensa (DLA, por sus siglas en inglés) podría ser una agencia opaca del Departamento de Defensa, pero por medio del programa 1033, supervisado por ella, es una de las principales responsables de la excesiva militarización policial. Empezó en 1990, cuando el Congreso autorizó al Pentágono la transferencia gratuita de material sobrante a departamentos de policía tanto federales como estatales o locales para que pudieran llevar a cabo su guerra contra las drogas. En 1997, el Congreso amplió el propósito del programa para incluir la lucha contra el terrorismo en el apartado 1033 del presupuesto de defensa. En una de las 450 páginas del texto de la ley, el Congreso sembraba la semilla de las actuales policías guerreras.
Con los años la cantidad de material militar transferido por medio de este programa ha ido creciendo astronómicamente. En 1990, el Pentágono entregó material para el cumplimiento de la ley por un valor de un millón de dólares. En 2013, esta cifra había alcanzado casi los 450 millones. Según la DLA, el total del material cedido a policías estatales y locales en el marco del programa 1033 supera los 4.300 millones de dólares.
En su informe reciente, la ACLU informa de la inquietante variedad de material militar transferido a departamentos de policía civiles en todo el país. La policía de North Little Rock, Arkansas, por ejemplo, recibió 34 rifles automáticos y semiautomáticos, dos robots que pueden manejar armas, cascos militares y un vehiculo táctico de tipo Mamba. La policía del condado de Gwinnet, Georgia, recibió 57 rifles semiautomáticos, mayormente M-16 y M-14. La patrulla de autopistas de UTA, según una investigación del Salt Lake City Tribune, consiguió un vehículo MRAP en el marco del programa 1033, y la policía de UTA, 1.230 rifles y cuatro lanzagranadas. Después de que el departamento de policía de Columbia, South Carolina, recibiera su MRAP sin estrenar de 658.000 dólares, su jefe SWAT, capitán E.M. Marsh señaló que 500 vehículos similares habían sido entregados a distintos organismos para el cumplimiento de la ley de todo el país.
Asombrosamente, la tercera parte del material repartido entre agencias policiales de todo tipo es flamante, nunca ha sido usado. Esta circunstancia plantea varias preguntas desconcertantes: ¿es que sencillamente el Pentágono está despilfarrando el dinero de los contribuyentes cuando compra material militar?, ¿o es que ha creado un mercado subvencionado en beneficio de los contratistas del rubro defensa? Sea cual sea la respuesta, el Pentágono está entregando armamento y equipo –fabricado para el uso en campañas estadounidenses de contrainsurgencia fuera de fronteras– a fuerzas policiales que patrullan las calles de nuestras ciudades, y Washington considera que esta es una política responsable. El mensaje parece bastante sorprendente: lo que es necesario para Kabul puede ser también necesario en el condado de DeKalb.
En otras palabras, la guerra contra el terror del siglo XXI se ha fusionado perfectamente con la guerra contra las drogas del siglo XX, y el resultado no podría ser más alarmante: cada día que pasa las fuerzas policiales se parecen más a un ejército de ocupación y actúan como si lo fueran.
Cómo es que los departamentos de Seguridad Interior y de Justicia están armando exageradamente las policías
Cuando los departamentos de policía están aumentando su capacidad de fuego y la agresividad de sus tácticas, el Pentágono no es el único que está en la cuestión. También están las agencias civiles.
En el curso de una investigación realizada en 2011 por los periodistas Andrew Becker y G.G. Schulz se descubrió que desde el 11-S los departamentos de policía que velan por la seguridad de uno de los países más seguros de América han gastado 34.000 millones de dólares provenientes de fondos de subvención del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) para militarizarse en nombre del contraterrorismo.
Por ejemplo, en Fargo, North Dakota, la ciudad y su condado gastaron alegremente ocho millones de dólares de dinero federal, según Becker y Schulz. A pesar de que desde 2005 el promedio de asesinatos en la zona no llegaba a dos por año, todos los coches de patrulla están hoy armados con un fusil de asalto. La policía también tiene acceso a los cascos de kevlar capaces de parar las balas de armas pesadas e incluso un camión blindado cuyo costo ronda los 250.000 dólares. En Filadelfia, Pennsylvania, 1.500 agentes de calle han sido entrenados en el uso del fusil de asalto AR-15 con financiación de fondos del DHS.
Al igual que con el programa 1033, ni el DHS ni los gobiernos locales dan cuenta del uso que darán al equipo, incluyendo los chalecos antibalas y los drones. Las razones esgrimidas para solicitar estos suministros militares son invariablemente la posibilidad de ataques terroristas, tiroteos en escuelas o alguna otra aterradora eventualidad, pero lo normal es que se usen en asaltos paramilitares en busca de drogas, como señala Balko.
Aun así, el origen más asombroso de la militarización policial está en el Departamento de Justicia, la misma agencia que oficialmente se ocupa de extender el modelo comunitario de policía mediante su Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad.
En 1988, el Congreso autorizó los programas de subvención Byrne previstos en la Ley Contra el Abuso de Drogas, que concedía fondos federales a las policías estatales y locales para que se sumaran al gobierno en su lucha contra las drogas. Según Balko, este programa de asignación de fondos dio lugar a la creación de fuerzas de tareas antinarcóticos de carácter regional y multijurisdiccional que se atiborraron de dinero federal y –con muy poca supervisión federal, estatal o local– lo gastaron para fortalecer su armamento y mejorar sus tácticas. En 2011, había 585 de estos grupos de tareas que operaban financiados con fondos Byrne.
Estos fondos, informa Balko, también incentivaron el tipo de labor policial que ha convertido la guerra contra la droga en algo tan destructivo para la sociedad estadounidense. El Departamento de Justicia reparte el dinero sobre la base de la cifra de detenciones realizadas por los agentes de policía, las propiedades confiscadas y el número de operaciones de registro realizadas; esas cosas que las fuerzas de tareas antinarcóticos hacen tan bien. “Como resultado de ello”, escribe Balko, “ahora tenemos escuadrones de polis antidrogas que andan por ahí cargados de material SWAT y que consiguen dinero si hacen más incursiones, realizan más detenciones y confiscan más bienes; además, si se pasan de la raya, gozan de inmunidad casi total.”
Independientemente de si esta militarización se debe a los incentivos federales o a decisiones tomadas en los niveles más altos de los departamentos de policía, o ambas cosas a la vez, la policía de todo el país está exageradamente armada sin apenas debate público. De hecho, cuando la ACLU solicitó documentación sobre grupos SWAT a 255 agencias para el cumplimiento de la ley, 114 se negaron a darla. Las razones para esos rechazos fueron variadas, pero incluían argumentos como que los documentos pedidos contenían “secretos comerciales” o que el costo de responder a la solicitud habría sido prohibitivo. La comunidad tiene el derecho de saber cómo hace su trabajo la policía pero, la mayor parte de las veces, los departamentos de policía piensan lo contrario.
Ser de la policía significa que nunca tendrás que decir ‘lo siento’
Con cada nueva información, está cada día más claro que la militarizada policía de Estados Unidos es una amenaza para la seguridad pública. En un país en el que cada día más los polis se ven a sí mismos como soldados que están librando una batalla, un día sí y el otro también, no hay necesidad de dar explicaciones a nadie ni tampoco de pedir disculpas cuando se comete un error grave.
Si la labor policial comunitaria se basa en la confianza mutua entre policía y población, la labor policial militarizada funciona a partir del supuesto de la “seguridad del agente” a cualquier costo y el desdén por todo aquel que vea las cosas de otra manera. El resultado es la mentalidad que se expresa así: “o nosotros o ellos”.
No hay más que preguntar a los padres de Bou Bou Phonesavanh. Alrededor de las 3 de la madrugada del 28 de mayo, el Grupo de Respuestas Especiales del condado de Habersham realizó un procedimiento derribando la puerta de una casa cerca de Cornelia, Georgia, donde estaba la familia de un sospechoso. Los agentes buscaban al hijo del dueño de casa, de quien se sospechaba que había vendido droga por un valor de 50 dólares a un informante confidencial. Pero la persona buscada ya no vivía allí.
Sin tener en cuenta la presencia evidente de niños en el lugar –juguetes desparramados por todo el jardín– un agente SWAT lanzó una granada “aturdidora” dentro de la casa, que cayó en la cuna de Bou Bou y estalló hiriendo gravemente al bebé. Cuando su consternada madre trató de socorrerle, los agentes le gritaron ordenándole que se sentara y callara, diciéndole que su niño estaba bien y solo había perdido un diente. De hecho, el pequeño había perdido la nariz, su cuerpo se había quemado gravemente y tenía una profunda herida en el pecho. Llevado urgentemente al hospital, a Bou Bou fue necesario inducirle un coma médico.
La policía dijo que todo había sido un error y que en la casa no había evidencias de la presencia de niños. “No ha habido ninguna acción malintencionada”, declaró Joel Terrell, sheriff del condado de Habersham, al periódico Atlanta Journal-Constitution. “Ha sido un terrible accidente que nunca debió haber ocurrido.” Los Phonesavanh aún están esperando un pedido de disculpas de la oficina del sheriff. “Para nuestro crío no hay nada de nada. Ni un cromo, ni un globo. Ni una llamada telefónica. Nada de nada”, dijo Alecia Phonesavanh, la madre de Bou Bou, en CNN.
Del mismo modo, Jane Castor, jefa de policía de Tampa, Florida, insiste en que la muerte de Jay Wescott durante el asalto paramilitar realizado en su casa había sido por su propia culpa. “El señor Westcott perdió la vida porque apunto con su arma cargada a los agentes de policía. Descartad absolutamente toda la cuestión de la marihuana”, dijo Castor. “Si hay un indicio de narcotrafico con uso armas –alguna persona que vende drogas, armada o con capacidad para usar un arma de fuego– la respuesta táctica será una entrada como la realizada.”
En su defensa de la operación SWAT, lo único que hizo Castor fue desechar cualquier responsabilidad en relación con la muerte de Westcott. “Mis hombres hicieron todo lo que había que hacer para llevar a cabo un registro de una manera segura”, declaró al Tampa Bay Times; es decir, “todo” menos buscar una alternativa que no fuera penetrar violentamente en la casa de un hombre que ellos sabían que temía por su vida.
En casi la mitad de los hogares estadounidenses hay un arma de fuego, señala la ACLU en su informe. Eso significa que la policía siempre tiene a mano una excusa para la utilización de unidades SWAT en operaciones de registro, cuando en realidad existen alternativas menos violentas y de menor confrontación.
En otras palabras, si la policía piensa que tú vendes drogas, más vale que te cuides. La sospecha es lo único que necesita para poner tu mundo patas arriba. Y si está equivocada, no te preocupes; el intento podría haber ido mejor.
Voces en el desierto
La militarización de la policía no debería sorprender a nadie. Hace cerca de 25 años, Hubert Williams, ex director de policía de Newark, New Jersey, y Patrick V. Murphy, ex comisionado del departamento de policía de Nueva Cork, fueron muy claros: la policía es “un barómetro de la sociedad en la que opera”. En el Estados Unidos posterior al 11-S, eso significa que las fuerzas policiales están imbuidas de la mentalidad del soldado y actúan como si estuvieran combatiendo contra la insurgencia en su propio patio trasero.
Mientras el ritmo de la militarización policial ha ido cobrando velocidad, se ha dado cierto rechazo tanto de oficiales de policía en servicio como de otros retirados que ven la tendencia actual como lo que es: la decadencia de la policía comunitaria. En Spokane, Washington, el concejal Mike Fagan, ex detective policial se expresa contra el uso de uniformes militares por parte de los agentes de policía con el argumento de que “intimidan” a los ciudadanos. En el estado de Utah, la legislatura aprobó una ley que exige que se explicite el porqué de la necesidad de un registro “sin llamar a la puerta” antes de que se haga la operación. El jefe de la policía de Salt Lake, Chris Burbank, critica la militarización policial y declaró al periódico local: “Nosotros no somos militares; de ninguna manera debemos ser vistos como un ejército invasor”. Hace pocos días, Charles Beck, oficial de alto rango en el departamento de policía de Los Ángeles, estuvo de acuerdo con la ACLU y el editorial de Los Angeles Times expresó que “los límites entre la responsabilidad municipal de hacer cumplir la ley y la tarea de las fuerzas armadas de Estados Unidos nunca deben desdibujarse”.
El antiguo jefe de policía de Seattle Norm Stamper se ha convertido en un crítico categórico de la militarización de las fuerzas policiales destacando que “la mayor parte de lo que debe hacer la policía, día tras día, requiere paciencia, diplomacia y habilidad en el trato interpersonal”. Es decir, labor policial comunitaria. Stamper es el jefe que en 1999 autorizó una respuesta policial militarizada a la movilización de protesta contra la Organización Mundial del Comercio que tuvo lugar en su ciudad (véase la película The Battle in Seattle, de Stuart Townsend). Fue una decisión de la que se arrepiente: “Mi apoyo a una solución de corte militar provocó una situación infernal”, escribió en The Nation. “Volaron piedras, botellas y papeleras. Se destrozaron escaparates, se saquearon tiendas, se provocaron incendios; las calles se llenaron de gases. Algunos policías se excedieron, dando lugar a que el conflicto se hiciera más intenso y se prolongara en el tiempo.”
Estos ex policías y oficiales encargados de hacer cumplir la ley entienden que, para tratar de encontrar una pequeña cantidad de droga, ningún oficial de policía debe derribar la puerta de una casa a las 3 de la madrugada armado con un fusil de asalto y lanzando bombas “aturdidoras”, mientras un vehículo MRAP le espera en la calle. Los contrarios a la militarización policial, sin embargo, están hoy mismo en franca minoría. Y mientras esto no cambie, los asaltos violentos de una policía paramilitar continuarán echando puertas abajo en cerca de 1.000 casas de Estados Unidos cada semana.
Una vez empezada, la guerra es muy difícil poder pararla.
* SWAT es el acrónimo de Special Weapons and Tactics (literalmente, armas y tácticas especiales); alude a una unidad de elite de un ejército o de un cuerpo policial. Sus miembros están entrenados para llevar a cabo operaciones de alto riesgo . (N. del T.)
Matthew Harwood es uno de los principales redactores y editores de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) de Estados Unidos y miembro regular de TomDispatch. Podéis seguirlo por Twitter en @mharwood31.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/175881/
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=188726
Introducción de Tom Engelhardt
Pensadlo como un tipo diferente de regreso. Incluso cuando se libran guerras en países que están a miles de kilómetros, estas máquinas encuentran alguna forma extraña de hacer el largo camino de regreso a casa.
Tomad las últimas noticias del condado de Bergen, New Jersey, uno de los condados más ricos del país. El departamento del sheriff está consiguiendo dos vehículos a prueba de minas y protegido contra emboscadas del tipo MRAP –con 15 toneladas de protección– cedidos por el Pentágono a precio de bicoca. Y esto no tiene nada de especial. Desde 2013, el Pentágono ha entregado, por nada, 600 de estos vehículos, y les seguirán muchos más. Se trata de vehículos sobrantes, la mayor parte de ellos procedentes de nuestras últimas guerras; tal vez sean realmente prácticos para un sheriff preocupado por bombas colocadas junto a la carretera, sean en New Jersey o en cualquier sitio del país. Cuando se trata de la creciente militarización de las policías estadounidenses, son armatostes del todo habituales.
Lo único digno de ser una noticia en la historia Bergen es que alguien se quejó. Para ser más exactos, una integrante del consejo del condado de Bergen, Kathleen Donovan expresó en una reunión del consejo su oposición a la transferencia de ese material. “Creo”, dijo “que hemos perdido el camino si empezamos a hablar de poner vehículos militares en las calles del condado de Bergen.” Y criticó sin atenuantes la decisión de aceptar los MRAP diciendo “la cosa más absolutamente equivocada en el Condado de Bergen es tratar de militarizarlo”. Su jefe de equipo hizo un comentario similar: “Son vehículos de combate. ¿Para qué necesitamos un vehiculo de combate en las calles del condado de Bergen?”.
El sheriff Michael Saudino, al contrario, insistió con que los MRAP no son “vehículos militares”, en absoluto. Olvidaba el hecho de que fueron diseñados para y utilizados en situaciones de combate. En lugar de esto, el sheriff sugirió que una buena razón para tenerlos –además del hecho de que son gratis (excepto los gastos de envío, la gasolina y el mantenimiento)– es, esencialmente, “estar a la altura de los vecinos”. Señaló que la policía del condado ya tiene dos MRAP y su departamento no tiene ninguno y ¡ojo, el amor propio es importante! (“¿Deberían nuestros tipos del SWAT estar menos protegidos que los del condado?”, preguntó en una discusión con Donovan).
Un sorprendente informe de la Unión por las Libertades Civiles estadounidense (ACLU, por sus siglas en inglés) muestra que, como sucede en le condado de Bergen, las fuerzas policiales están siendo militarizadas en todo nuestro país en una cantidad de inquietantes aspectos. Más precisamente, están siendo convertidas en unidades tipo SWAT. Matthew Harwood, redactor y editor de ACLU y miembro regular de TomDispatch nos ofrece su visión de hacia dónde apunta el proceso de militarización de las policías. Bienvenidos a Kabul, Estados Unidos de América.
La excesiva militarización de la Policía convierte a los agentes en soldados contrainsurgentes
Jason Westcott tenía miedo.
Una noche del pasado otoño –vía Facebook– descubrió que un amigo de un amigo suyo estaba planeando, junto con algunos compinches, asaltar su casa. Iban a intentar robarle una pistola y un par de televisores. Según el mensaje de Facebook, el sospechoso estaba planeando “quemar” a Westcott; esto atrajo inmediatamente a la policía de Tampa Bay, que informó del plan.
Según al Tampa Bay Times, los investigadores que respondieron a la llamada de Westcott tenían un mensaje muy sencillo para él: “Si alguien entra en su casa, coja su pistola y dispare a matar”.
Alrededor de las 19.30 del 27 de mayo, llegaron los asaltantes. Westcott hizo lo que le habían indicado los oficiales, cogió su pistola para defender su casa y apuntó a los intrusos, que llevaban una escopeta semiautomática y una pistola. Con estas armas le dispararon a Westcott –mecánico de motocicletas de 29 años–. Fue herido tres veces, una en un brazo y otras dos en el costado. A su llegada al hospital, solo pudieron certificar su muerte.
Sin embargo, los asaltantes no eran unos cacos ocasionales en busca de un pequeño botín. Eran integrantes del grupo SWAT del Departamento de Policía de Tampa, que estaban realizando un registro porque sospechaban que Walcott y su amigo eran traficantes de marihuana. Habían recibido un chivatazo de un confidente, a quien entre febrero y mayo llevaron cuatro veces a la casa de Westcott para que comprara pequeñas cantidades de marihuana, entre 20 y 60 dólares cada vez. El informante dijo a la policía que en la casa había visto dos pistolas, razón por la cual la policía de Tampa recurrió a un equipo SWAT para que hiciera un registro.
Al final, el mismo departamento de policía que había recomendado Westcott que protegiera su casa con un elemento defensivo lo mató cuando él lo hizo. Después de inspeccionar su pequeña casa de alquiler, los agentes efectivamente encontraron hierba, por un valor de dos dólares, y una pistola legal, la misma que empuñaba cuando las balas hicieron impacto en su cuerpo.
Bienvenidos a una nueva era del Estados Unidos policial, en el que cada día más los polis se ven a sí mismos como soldados de una fuerza de ocupación en territorio enemigo, a menudo con la ayuda del arsenal del Tío Sam, y en el que incluso los delitos sin violencia son enfrentados con una fuerza aplastante y brutal.
La guerra en el umbral de su casa
El cáncer de la militarización policial lleva mucho tiempo haciendo metástasis en el cuerpo de la política. Ha estado creciendo con más y más fuerza desde la creación de los primeros grupos SWAT en los sesenta del siglo pasado para dar respuesta a una década de turbulenta mezcla de desórdenes, disturbios e insensata violencia, como el tiroteo desde la torre del reloj en Austin, Texas, protagonizado por Charles Whitman.
Aunque la existencia de las unidades SWAT no es el único indicador del aumento de la militarización de las policías estadounidenses, es el más reconocible. La proliferación de grupos SWAT en todo el país y sus tácticas paramilitares han extendido una forma violenta de orden policial diseñada para una coyuntura pero que con los años se ha convertido en lo normal. Cuando surgió el concepto SWAT en los Departamentos de Policía de Filadelfia y de Los Ángeles, fue tomado rápidamente por las policías de las grandes ciudades de todo el país. Al principio, sin embargo, las unidades de elite estaban reservadas para resolver solo situaciones muy peligrosas, como un tirador que dispara indiscriminadamente, una situación con rehenes o disturbios a gran escala.
Casi medio siglo después, eso ya no es así.
En 1984, según el libro Rise of the Warrior Cop, de Radley Balko, alrededor del 26 por ciento de las ciudades estadounidenses de entre 25.000 y 50.000 habitantes tenían unidades SWAT. Hacia 2005, ese número había superado el 80 por ciento y continuaba creciendo, a pesar de que las estadísticas referidas a los SWAT son notablemente difíciles de encontrar.
Mientras en el ámbito nacional crecía la cantidad de grupos SWAT también lo hacían las batidas de estos grupos. Hoy día, según el profesor Pete Kraska, de la Escuela de Estudios sobre Justicia de la Universidad del Este de Kentucky, cada año hay unas 50.000 operaciones SWAT en Estados Unidos. En otras palabras, cada día algún grupo SWAT asalta 137 casas y sume en el terror a sus habitantes y vecinos.
Subir la apuesta al perfil racial
En un estudio publicado recientemente, “War Comes Home”, la Unión por las Libertades Civiles ACLU (mi empleador), descubrió que cerca del 80 por ciento de las operaciones SWAT estudiadas entre 2011 y 2012 se realizaron a partir de una orden de registro.
Detengámonos aquí un momento y consideremos que estas violentas invasiones domiciliarias son utilizadas rutinariamente contra personas de las que solo se sospecha que pueden haber cometido un delito. Por lo general, las unidades paramilitares fuertemente armadas echan abajo la puerta de las casas en su búsqueda de pruebas de un posible delito. En otras palabras, los departamentos de policía eligen cada vez más una táctica que como primera opción acaba produciendo heridas personales y daños a propiedades; en ningún caso se trata de la última opción. En más del 60 por ciento de las incursiones investigadas por la ACLU, los miembros de unidades SWAT derribaron puertas en busca de la posible existencia de drogas, no para rescatar un rehén ni para responder a una ocupación violenta ni para neutralizar a un tirador peligroso.
Al mismo tiempo, al otro lado de la puerta derribada casi siempre hay negros o hispanos. En aquellos casos en que la ACLU pudo identificar la raza de las personas cuya casa fue asaltada por una unidad SWAT en busca de drogas, el 68 por ciento de las veces sus ocupantes eran de alguna minoría. Cuando se trataba de blancos, esa cifra bajaba hasta el 38 por ciento, sin que se tuviese en cuenta algo que es bien sabido: que blancos, negros e hispanos consumen drogas más o menos en las mismas proporciones. Da la impresión de que los grupos SWAT tienen una alarmante tendencia en la aplicación de sus especializadas destrezas en la población de color.
Pensad en esto como una forma de establecer perfiles raciales y de exhibir músculo en la que la humillación de detener a alguien y cachearlo ha alcanzado un nuevo y terrorífico nivel.
La militarización de lo cotidiano
Sin embargo, no penséis que la mentalidad militar y el equipo asociado con las operaciones SWAT están restringidos a esas unidades de elite. Cada día más, están penetrando en todos los aspectos de la actividad policial.
Tal como observa Kart Bickel, analista de la oficina de Servicios Policiales a la Comunidad del Departamento de Justicia, las policías de todo Estados Unidos han sido entrenadas poniendo el énfasis en la fuerza y la agresión. Él nota que el entrenamiento de las reclutas favorece un régimen basado en el estrés cuyo modelo es el del soldado de infantería en lugar del más relajado y académico que todavía emplean unos pocos departamentos de policía. El resultado de este enfoque, sugiere Bickel, es el joven oficial que cree que la labor policial es andar por ahí dando patadas en el culo a la gente en lugar de trabajar con la comunidad para hacer más seguros los barrios. O como el cómico Bill Maher le recordaba recientemente a un oficial de policía: “El rótulo en tu patrullero, ‘Protección y servicio’, se refiere a nosotros, no a ti”.
Este sesgo autoritario va en contra de lo que es el meollo de la filosofía que supuestamente domina el pensamiento estadounidense del siglo XXI: la policía comunitaria. En esta noción, el énfasis está puesto en una misión, la de “conservar la paz” mediante la creación y mantenimiento de una relación de confianza con la comunidad a la que se sirve, y dentro de ella. En el modelo comunitario, que responde a la filosofía policial oficial del gobierno de Estados Unidos, los agentes de policía son no solo protectores sino también quienes resuelven los problemas de los que se supone son objeto de sus cuidados; así es, primordialmente, como los ve su comunidad. La teoría dice que ellos no ordenan un respeto; se lo ganan. No se supone que el miedo sea su capital. La confianza, lo es.
Sin embargo, los anuncios policiales para el reclutamiento de nuevos agentes, como los de los departamentos de policía de Newport Beach (California) y de Hobbs (New Mexico) no ponen el acento en la cuestión comunitaria sino en el de la militarización como una manera de atraer a los jóvenes, con la promesa de aventuras de estilo bélico y el uso de juguetes tecnológicos de última generación. De acuerdo con estos anuncios, la labor policial no tiene nada que ver con la tranquila solución de problemas: ahí estás tú y tus muchachos derribando puertas en medio de la noche.
La influencia de los SWAT llega mucho más allá de eso. Notad la creciente adopción de uniformes de campaña para los agentes de patrulla. Bickel teme que esa vestimenta –de corte militar y casi siempre en forma de mono de color negro– los haga menos accesibles e incluso también más agresivos en su relación con los ciudadanos que supuestamente deben proteger.
Hay un modesto proyecto de la Universidad Johns Hopkins que parece confirmar esto. Se mostraron fotos a un grupo de personas; en unas se veía a policías con su uniforme tradicional y otras los mostraban con uniforme militar de campaña. La encuesta reveló que los participantes preferían mayoritariamente a los policías vestidos con su indumentaria tradicional. En un resumen de los hallazgos realizados, Buckel escribió: “Cuanto más militar era el aspecto del policía, tanto más se le asociaba con las imágenes de soldados en zonas de guerra mostradas en la televisión y alentaba la noción de una policía en el papel de fuerza de ocupación en algún barrio de una ciudad, en lugar de una protección comunitaria digna de confianza”.
¿Dónde consiguen esos juguetes tan maravillosos?
“Me pregunto si puedo meterme en algún problema si hago esto”, dice el joven a su amigo en el asiento del acompañante mientras filman el nuevo juguete de la oficina del sheriff del condado de Saginaw: un vehículo MRAP. Mientras lo filman desde atrás, su vídeo amateur tiene el estilo de la película Amanecer rojo, como si una fuerza militar de ocupación estuviese patrullando las calles del ese condado de Michigan. “Esto está a punto para los tiempos de los King Crazy, tío”, comenta uno de ellos. “¿Por qué”, replica su amigo, “nuestra ciudad consiguió aquel disco de King Bad?”.
En realidad, nada que estuviera pasando en el condado de Saginaw justificaba la utilización de un vehículo blindado capaz de resistir las balas y los artilugios explosivos que la insurgencia ha colocado regularmente en las carreteras durante las últimas guerras en las que Estados Unidos se ha implicado. Aun así, el sheriff William Federspiel temía lo peor. “Como sheriff de este condado, mi obligación es asegurar que estemos en la mejor posición posible para proteger a nuestros ciudadanos y nuestras propiedades”, le dijo a un periodista. “Debo estar preparado para algo desastroso”.
Afortunadamente para Federspiel, su paranoica preparación para el desastre no costó un dólar a su oficina. El vehículo MRAP, con un costo de 425.000 dólares, era un regalo, una cortesía del Tío Sam proveniente de alguna de nuestras lejanas guerras de contrainsurgencia. El pequeño y desagradable detalle en todo este asunto de la militarización de la policía es que los contribuyentes la están financiando a través de programas supervisados por el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia.
Por ejemplo, el programa 1033. La Agencia Logística de Defensa (DLA, por sus siglas en inglés) podría ser una agencia opaca del Departamento de Defensa, pero por medio del programa 1033, supervisado por ella, es una de las principales responsables de la excesiva militarización policial. Empezó en 1990, cuando el Congreso autorizó al Pentágono la transferencia gratuita de material sobrante a departamentos de policía tanto federales como estatales o locales para que pudieran llevar a cabo su guerra contra las drogas. En 1997, el Congreso amplió el propósito del programa para incluir la lucha contra el terrorismo en el apartado 1033 del presupuesto de defensa. En una de las 450 páginas del texto de la ley, el Congreso sembraba la semilla de las actuales policías guerreras.
Con los años la cantidad de material militar transferido por medio de este programa ha ido creciendo astronómicamente. En 1990, el Pentágono entregó material para el cumplimiento de la ley por un valor de un millón de dólares. En 2013, esta cifra había alcanzado casi los 450 millones. Según la DLA, el total del material cedido a policías estatales y locales en el marco del programa 1033 supera los 4.300 millones de dólares.
En su informe reciente, la ACLU informa de la inquietante variedad de material militar transferido a departamentos de policía civiles en todo el país. La policía de North Little Rock, Arkansas, por ejemplo, recibió 34 rifles automáticos y semiautomáticos, dos robots que pueden manejar armas, cascos militares y un vehiculo táctico de tipo Mamba. La policía del condado de Gwinnet, Georgia, recibió 57 rifles semiautomáticos, mayormente M-16 y M-14. La patrulla de autopistas de UTA, según una investigación del Salt Lake City Tribune, consiguió un vehículo MRAP en el marco del programa 1033, y la policía de UTA, 1.230 rifles y cuatro lanzagranadas. Después de que el departamento de policía de Columbia, South Carolina, recibiera su MRAP sin estrenar de 658.000 dólares, su jefe SWAT, capitán E.M. Marsh señaló que 500 vehículos similares habían sido entregados a distintos organismos para el cumplimiento de la ley de todo el país.
Asombrosamente, la tercera parte del material repartido entre agencias policiales de todo tipo es flamante, nunca ha sido usado. Esta circunstancia plantea varias preguntas desconcertantes: ¿es que sencillamente el Pentágono está despilfarrando el dinero de los contribuyentes cuando compra material militar?, ¿o es que ha creado un mercado subvencionado en beneficio de los contratistas del rubro defensa? Sea cual sea la respuesta, el Pentágono está entregando armamento y equipo –fabricado para el uso en campañas estadounidenses de contrainsurgencia fuera de fronteras– a fuerzas policiales que patrullan las calles de nuestras ciudades, y Washington considera que esta es una política responsable. El mensaje parece bastante sorprendente: lo que es necesario para Kabul puede ser también necesario en el condado de DeKalb.
En otras palabras, la guerra contra el terror del siglo XXI se ha fusionado perfectamente con la guerra contra las drogas del siglo XX, y el resultado no podría ser más alarmante: cada día que pasa las fuerzas policiales se parecen más a un ejército de ocupación y actúan como si lo fueran.
Cómo es que los departamentos de Seguridad Interior y de Justicia están armando exageradamente las policías
Cuando los departamentos de policía están aumentando su capacidad de fuego y la agresividad de sus tácticas, el Pentágono no es el único que está en la cuestión. También están las agencias civiles.
En el curso de una investigación realizada en 2011 por los periodistas Andrew Becker y G.G. Schulz se descubrió que desde el 11-S los departamentos de policía que velan por la seguridad de uno de los países más seguros de América han gastado 34.000 millones de dólares provenientes de fondos de subvención del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) para militarizarse en nombre del contraterrorismo.
Por ejemplo, en Fargo, North Dakota, la ciudad y su condado gastaron alegremente ocho millones de dólares de dinero federal, según Becker y Schulz. A pesar de que desde 2005 el promedio de asesinatos en la zona no llegaba a dos por año, todos los coches de patrulla están hoy armados con un fusil de asalto. La policía también tiene acceso a los cascos de kevlar capaces de parar las balas de armas pesadas e incluso un camión blindado cuyo costo ronda los 250.000 dólares. En Filadelfia, Pennsylvania, 1.500 agentes de calle han sido entrenados en el uso del fusil de asalto AR-15 con financiación de fondos del DHS.
Al igual que con el programa 1033, ni el DHS ni los gobiernos locales dan cuenta del uso que darán al equipo, incluyendo los chalecos antibalas y los drones. Las razones esgrimidas para solicitar estos suministros militares son invariablemente la posibilidad de ataques terroristas, tiroteos en escuelas o alguna otra aterradora eventualidad, pero lo normal es que se usen en asaltos paramilitares en busca de drogas, como señala Balko.
Aun así, el origen más asombroso de la militarización policial está en el Departamento de Justicia, la misma agencia que oficialmente se ocupa de extender el modelo comunitario de policía mediante su Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad.
En 1988, el Congreso autorizó los programas de subvención Byrne previstos en la Ley Contra el Abuso de Drogas, que concedía fondos federales a las policías estatales y locales para que se sumaran al gobierno en su lucha contra las drogas. Según Balko, este programa de asignación de fondos dio lugar a la creación de fuerzas de tareas antinarcóticos de carácter regional y multijurisdiccional que se atiborraron de dinero federal y –con muy poca supervisión federal, estatal o local– lo gastaron para fortalecer su armamento y mejorar sus tácticas. En 2011, había 585 de estos grupos de tareas que operaban financiados con fondos Byrne.
Estos fondos, informa Balko, también incentivaron el tipo de labor policial que ha convertido la guerra contra la droga en algo tan destructivo para la sociedad estadounidense. El Departamento de Justicia reparte el dinero sobre la base de la cifra de detenciones realizadas por los agentes de policía, las propiedades confiscadas y el número de operaciones de registro realizadas; esas cosas que las fuerzas de tareas antinarcóticos hacen tan bien. “Como resultado de ello”, escribe Balko, “ahora tenemos escuadrones de polis antidrogas que andan por ahí cargados de material SWAT y que consiguen dinero si hacen más incursiones, realizan más detenciones y confiscan más bienes; además, si se pasan de la raya, gozan de inmunidad casi total.”
Independientemente de si esta militarización se debe a los incentivos federales o a decisiones tomadas en los niveles más altos de los departamentos de policía, o ambas cosas a la vez, la policía de todo el país está exageradamente armada sin apenas debate público. De hecho, cuando la ACLU solicitó documentación sobre grupos SWAT a 255 agencias para el cumplimiento de la ley, 114 se negaron a darla. Las razones para esos rechazos fueron variadas, pero incluían argumentos como que los documentos pedidos contenían “secretos comerciales” o que el costo de responder a la solicitud habría sido prohibitivo. La comunidad tiene el derecho de saber cómo hace su trabajo la policía pero, la mayor parte de las veces, los departamentos de policía piensan lo contrario.
Ser de la policía significa que nunca tendrás que decir ‘lo siento’
Con cada nueva información, está cada día más claro que la militarizada policía de Estados Unidos es una amenaza para la seguridad pública. En un país en el que cada día más los polis se ven a sí mismos como soldados que están librando una batalla, un día sí y el otro también, no hay necesidad de dar explicaciones a nadie ni tampoco de pedir disculpas cuando se comete un error grave.
Si la labor policial comunitaria se basa en la confianza mutua entre policía y población, la labor policial militarizada funciona a partir del supuesto de la “seguridad del agente” a cualquier costo y el desdén por todo aquel que vea las cosas de otra manera. El resultado es la mentalidad que se expresa así: “o nosotros o ellos”.
No hay más que preguntar a los padres de Bou Bou Phonesavanh. Alrededor de las 3 de la madrugada del 28 de mayo, el Grupo de Respuestas Especiales del condado de Habersham realizó un procedimiento derribando la puerta de una casa cerca de Cornelia, Georgia, donde estaba la familia de un sospechoso. Los agentes buscaban al hijo del dueño de casa, de quien se sospechaba que había vendido droga por un valor de 50 dólares a un informante confidencial. Pero la persona buscada ya no vivía allí.
Sin tener en cuenta la presencia evidente de niños en el lugar –juguetes desparramados por todo el jardín– un agente SWAT lanzó una granada “aturdidora” dentro de la casa, que cayó en la cuna de Bou Bou y estalló hiriendo gravemente al bebé. Cuando su consternada madre trató de socorrerle, los agentes le gritaron ordenándole que se sentara y callara, diciéndole que su niño estaba bien y solo había perdido un diente. De hecho, el pequeño había perdido la nariz, su cuerpo se había quemado gravemente y tenía una profunda herida en el pecho. Llevado urgentemente al hospital, a Bou Bou fue necesario inducirle un coma médico.
La policía dijo que todo había sido un error y que en la casa no había evidencias de la presencia de niños. “No ha habido ninguna acción malintencionada”, declaró Joel Terrell, sheriff del condado de Habersham, al periódico Atlanta Journal-Constitution. “Ha sido un terrible accidente que nunca debió haber ocurrido.” Los Phonesavanh aún están esperando un pedido de disculpas de la oficina del sheriff. “Para nuestro crío no hay nada de nada. Ni un cromo, ni un globo. Ni una llamada telefónica. Nada de nada”, dijo Alecia Phonesavanh, la madre de Bou Bou, en CNN.
Del mismo modo, Jane Castor, jefa de policía de Tampa, Florida, insiste en que la muerte de Jay Wescott durante el asalto paramilitar realizado en su casa había sido por su propia culpa. “El señor Westcott perdió la vida porque apunto con su arma cargada a los agentes de policía. Descartad absolutamente toda la cuestión de la marihuana”, dijo Castor. “Si hay un indicio de narcotrafico con uso armas –alguna persona que vende drogas, armada o con capacidad para usar un arma de fuego– la respuesta táctica será una entrada como la realizada.”
En su defensa de la operación SWAT, lo único que hizo Castor fue desechar cualquier responsabilidad en relación con la muerte de Westcott. “Mis hombres hicieron todo lo que había que hacer para llevar a cabo un registro de una manera segura”, declaró al Tampa Bay Times; es decir, “todo” menos buscar una alternativa que no fuera penetrar violentamente en la casa de un hombre que ellos sabían que temía por su vida.
En casi la mitad de los hogares estadounidenses hay un arma de fuego, señala la ACLU en su informe. Eso significa que la policía siempre tiene a mano una excusa para la utilización de unidades SWAT en operaciones de registro, cuando en realidad existen alternativas menos violentas y de menor confrontación.
En otras palabras, si la policía piensa que tú vendes drogas, más vale que te cuides. La sospecha es lo único que necesita para poner tu mundo patas arriba. Y si está equivocada, no te preocupes; el intento podría haber ido mejor.
Voces en el desierto
La militarización de la policía no debería sorprender a nadie. Hace cerca de 25 años, Hubert Williams, ex director de policía de Newark, New Jersey, y Patrick V. Murphy, ex comisionado del departamento de policía de Nueva Cork, fueron muy claros: la policía es “un barómetro de la sociedad en la que opera”. En el Estados Unidos posterior al 11-S, eso significa que las fuerzas policiales están imbuidas de la mentalidad del soldado y actúan como si estuvieran combatiendo contra la insurgencia en su propio patio trasero.
Mientras el ritmo de la militarización policial ha ido cobrando velocidad, se ha dado cierto rechazo tanto de oficiales de policía en servicio como de otros retirados que ven la tendencia actual como lo que es: la decadencia de la policía comunitaria. En Spokane, Washington, el concejal Mike Fagan, ex detective policial se expresa contra el uso de uniformes militares por parte de los agentes de policía con el argumento de que “intimidan” a los ciudadanos. En el estado de Utah, la legislatura aprobó una ley que exige que se explicite el porqué de la necesidad de un registro “sin llamar a la puerta” antes de que se haga la operación. El jefe de la policía de Salt Lake, Chris Burbank, critica la militarización policial y declaró al periódico local: “Nosotros no somos militares; de ninguna manera debemos ser vistos como un ejército invasor”. Hace pocos días, Charles Beck, oficial de alto rango en el departamento de policía de Los Ángeles, estuvo de acuerdo con la ACLU y el editorial de Los Angeles Times expresó que “los límites entre la responsabilidad municipal de hacer cumplir la ley y la tarea de las fuerzas armadas de Estados Unidos nunca deben desdibujarse”.
El antiguo jefe de policía de Seattle Norm Stamper se ha convertido en un crítico categórico de la militarización de las fuerzas policiales destacando que “la mayor parte de lo que debe hacer la policía, día tras día, requiere paciencia, diplomacia y habilidad en el trato interpersonal”. Es decir, labor policial comunitaria. Stamper es el jefe que en 1999 autorizó una respuesta policial militarizada a la movilización de protesta contra la Organización Mundial del Comercio que tuvo lugar en su ciudad (véase la película The Battle in Seattle, de Stuart Townsend). Fue una decisión de la que se arrepiente: “Mi apoyo a una solución de corte militar provocó una situación infernal”, escribió en The Nation. “Volaron piedras, botellas y papeleras. Se destrozaron escaparates, se saquearon tiendas, se provocaron incendios; las calles se llenaron de gases. Algunos policías se excedieron, dando lugar a que el conflicto se hiciera más intenso y se prolongara en el tiempo.”
Estos ex policías y oficiales encargados de hacer cumplir la ley entienden que, para tratar de encontrar una pequeña cantidad de droga, ningún oficial de policía debe derribar la puerta de una casa a las 3 de la madrugada armado con un fusil de asalto y lanzando bombas “aturdidoras”, mientras un vehículo MRAP le espera en la calle. Los contrarios a la militarización policial, sin embargo, están hoy mismo en franca minoría. Y mientras esto no cambie, los asaltos violentos de una policía paramilitar continuarán echando puertas abajo en cerca de 1.000 casas de Estados Unidos cada semana.
Una vez empezada, la guerra es muy difícil poder pararla.
* SWAT es el acrónimo de Special Weapons and Tactics (literalmente, armas y tácticas especiales); alude a una unidad de elite de un ejército o de un cuerpo policial. Sus miembros están entrenados para llevar a cabo operaciones de alto riesgo . (N. del T.)
Matthew Harwood es uno de los principales redactores y editores de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) de Estados Unidos y miembro regular de TomDispatch. Podéis seguirlo por Twitter en @mharwood31.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/175881/
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=188726
Brasil: A história secreta de Míriam Jibóia...Escrito por Paulo Nogueira
Simplesmente extraordinária a história de uma revolucionária na
ditadura de 64. Míriam nunca contara essa história,mas, tantos anos
depois, é contada pelo jornalista Luís Cláudio Cunha.
A história secreta de Míriam Leitão
Simplesmente extraordinária a história de Míriam Leitão na ditadura.
Uma menina de 19 anos ser trancada nua, num aposento escuro, na companhia de uma jiboia.
Grávida, além do mais.Que mentes pervertidas poderiam imaginar uma tortura dessas?
Míriam nunca contara essa história, e acabou, tantos anos depois, convencida a fazê-lo pelo jornalista Luís Cláudio Cunha.
Míriam, codinome Amélia, era uma jovem idealista que militava no PC do B.Tão impressionante quanto a tortura a que ela foi submetida, ou quase tão, foi a reação de muitas pessoas, sobretudo na esquerda.
É como se a cobra angariasse mais simpatia que Míriam.
Tantos anos na Globo – jornal, rádio, tevê, internet – acabaram fazendo de Míriam Leitão um dos jornalistas mais detestados pela esquerda.
Uma pergunta ocorreu a várias pessoas: como alguém torturado tão barbaramente pela ditadura pôde se tornar um símbolo de uma empresa tão vinculada à ditadura como a Globo?
Síndrome de Estocolmo?
A resposta é complexa.
Para jornalistas da geração de Míriam, não havia tantas alternativas de carreira assim.No Rio, especificamente, de onde ela é, você tinha o Jornal do Brasil e o Globo. Depois, com o colapso do JB, só o Globo.
Não citei a TV Globo por uma razão. Na época em que Míriam começou a carreira, no final dos anos 1970, televisão era vista como um lugar para jornalistas de segunda linha, que não sabiam escrever.
Míriam tentou a vida em São Paulo. No começo da década de 1980, trabalhou na Veja.
Fomos, por algum tempo, colegas de redação, ela na área de política, eu na de economia.
Míriam, na Veja, encontrou outra cobra: Mário Sérgio Conti, seu chefe.
Sobreviveu à primeira, mas não à segunda.
Uma das cenas que mais me marcaram na carreira foi a forma como ela foi demitida por Mário Sérgio.Ele esperou que ela terminasse a última tarefa, alta madrugada de sexta para sábado, esgotada e descomposta, e então a executou.
Não sei se havia razões técnicas para a demissão. Naqueles dias, era preciso ter um texto apurado para sobreviver na Veja, e desconheço se era o caso de Míriam.
Mas ainda assim. Foi uma crueldade mandá-la embora naquela hora e daquele jeito. O senso de decência determinava que se esperasse Míriam se recuperar da exaustão do fechamento para dar-lhe a má notícia.
De volta ao Rio, havia para a jovem Míriam dois possíveis empregos. O JB já agonizava, e a Globo passava a ser virtualmente o único lugar para um jornalista fazer carreira no Rio.
Míriam acabou indo para o Globo. Quando você tem que pagar contas, seu rigor em relação ao empregador não é tanto assim.
A versatilidade ajudou-a. Na Globo Míriam, além do jornal, se deu bem no rádio e na televisão. Chamavam-na lá de “Multimíriam”.
Pouco a pouco, até por sua presença em tantas mídias, ela foi-se identificando com a Globo.
Isso acabaria transformando-a num dos alvos preferidos da esquerda, para a qual Míriam virou sinônimo de previsões apocalípticas econômicas.
Nos últimos meses, novas Mírians tomaram as ruas em protestos nos quais você via cartazes que acusavam a Globo de sonegadora e pediam que ela mostrasse o Darf.
Jornalistas da Globo eram hostilizados nas ruas, a ponto de terem que esconder o logotipo da emissora nos microfones.
O que as novas Mírians diriam à Míriam original se a encontrassem num protesto?
O que a Míriam original diria às novas Mírians?
Não tenho a menor ideia. Mas que seria divertido ver isso acontecer, seria.
no blog Diário do Centro do Mundo
via:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/94468-brasil-a-hist%C3%B3ria-secreta-de-m%C3%ADriam-jib%C3%B3ia
España, un país de viejos... Agustín Moreno
Cuarto Poder
Resulta patético ver a Rajoy “vender” que hay recuperación porque el PIB
del último trimestre ha crecido seis décimas y que se han creado un
puñado de empleos precarios de temporada. Obviando que el rescate a la
banca equivale a seis veces los recortes en educación y sanidad. Todo
para ver si consigue algún voto más en las elecciones de 2015. Es
lo que tiene la mediocridad en política y la visión cortoplacista de
los problemas. Pura espuma. Los cambios profundos van por otro lado.
Dice la ONU que España será el tercer país más viejo del mundo en 2050, con un 34,5% de la población con más de 65 años; solo nos superarían Japón y Corea del Sur. Los motivos parecen claros: aumento de la esperanza de vida en diez años (79 años para los hombre y 85 para las mujeres), descenso de la fertilidad (1,32 hijos por mujer) y de la natalidad (9,6 por mil). Se pueden agravar las cosas ya que, según el INE, habrá más muertes que nacimientos a partir de 2017, lo que produciría un decrecimiento vegetativo. A lo anterior hay que unir la salida del país de inmigrantes y de españoles al extranjero en los últimos años, lo que ha hecho que entre 2012 y 2013 España haya perdido 310.456 habitantes, situándonos en 46,5 millones.
Estas tendencias demográficas tienen que ver con una modernización de la sociedad española: avance en la emancipación de la mujer, aumento del laicismo, cambio de usos sociales, otros esquemas en la formación de las familias, matrimonios más tardíos y disminución de su número en un 27% en la última década. Pero las causas más profundas están relacionadas con el modelo socioeconómico, el tipo de mercado de trabajo y la crisis económica. Se retrasa o impide la emancipación personal y los proyectos de constitución de parejas por el desempleo, el trabajo precario y los bajos salarios. Hay datos demoledores como que ocho de cada diez jóvenes siguen viviendo con sus padres. Tiene consecuencias demográficas graves no dar un enfoque integral a las políticas. Por ejemplo, ceder a la ambición patronal de reformas laborales que los gobiernos a su servicio no dudan en aprobar, para aumentar la tasa de ganancia del capital. Lo sintetizaba El Roto en una brillante viñeta en la que aparecía una mujer trabajadora: Si nos quedamos embarazadas nos despiden; pero las paradas no parimos ¿Alguien puede pensar que con casi 6 millones de parados, millones de precarios, el despido libre y muy barato, los bajos salarios y una profunda inseguridad laboral, alguien se puede dedicar a traer hijos alegremente a este mundo? No hay que olvidar que la ONU ha acusado a Rajoy de llevar a la pobreza al 21,8 % de los españoles y alerta de que uno de cada cuatro niños viven en familias sin recursos.
El otro gran problema demográfico es la pérdida de efectivos por los movimientos migratorios. La historia de la humanidad se puede explicar desde los movimientos de población y también la de este país. Con ellos funciona una ley de hierro: la relación entre población y recursos. Cuando los recursos son escasos por la política de austeridad y recortes, cuando nos estrangula el peso de una deuda impagable y la rigidez de la pertenencia a la eurozona, cuando el modelo productivo es muy deficiente, los flujos migratorios serán de huida del país. Es lo que está sucediendo ya. Y los que se van son jóvenes, suelen estar mejor preparados y ser más audaces. Es decir, se suele ir lo mejor del país y con ello se produce un triple empobrecimiento: en población, juventud y talento. Las previsiones son pavorosas: el FMI estima que España perderá casi 300.000 personas en edad de trabajar cada año hasta 2020. Un país con estas perspectivas es un país estancado, en regresión, condenado en el mejor de los casos a la mediocridad.
Portugal, que tiene una situación parecida a la de España, ha lanzado un plan de choque para fomentar la natalidad. Las medidas que se proponen son bonificar a las empresas que contraten a embarazadas, que los padres que pidan jornada reducida no pierdan salario, aumento de medidas educativas y facilidades de acceso a guarderías, ampliar los tratamientos de fertilidad, deducciones de impuestos a las familias e incluso a los abuelos que colaboran en el cuidado de los nietos. Y se pretende que sea un plan sostenido en el tiempo y al margen de electoralismos. En España se va en sentido contrario: dificultades en el acceso a tratamientos contra la infertilidad, encarecimiento del precio de las escuelas infantiles, etc. Si en España se formulara un plan a favor de la natalidad la conclusión principal sería la derogación de una reforma laboral que condena a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras a una profunda inseguridad que les aleja de tener hijos.
Urge un cambio económico estructural hacia un modelo productivo con más empleo y de mayor calidad, con mejores salarios, que desarrolle una política industrial competitiva que recupere emigrantes españoles y volvamos a ser un país receptor de inmigrantes de otras tierras. Porque para un enfoque sistémico de la demografía no basta con planes de natalidad. Hace falta un cambio político que tenga visión a largo plazo sobre el futuro del país. Pero aquí la visión de la derecha es tan miope como la de la derecha republicana en USA cuando se opone a la reforma migratoria para la regularización de 11 millones de personas. Lo peor que puede haber son políticas mediocres dispuestas a empobrecer y precarizar la sociedad para que la patronal se anime a crear algunos empleos baratos y sin derechos.
Vamos camino de convertirnos en un país de viejos, de asilos a rebosar y de parque vacíos de niños. Y al gobierno del PP solo le preocupa las décimas que crece el PIB y si de cada contrato estable a tiempo completo saca dos a tiempo parcial para que parezca que baja el paro y les voten. Política enana.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/espana-un-pais-de-viejos/605
Dice la ONU que España será el tercer país más viejo del mundo en 2050, con un 34,5% de la población con más de 65 años; solo nos superarían Japón y Corea del Sur. Los motivos parecen claros: aumento de la esperanza de vida en diez años (79 años para los hombre y 85 para las mujeres), descenso de la fertilidad (1,32 hijos por mujer) y de la natalidad (9,6 por mil). Se pueden agravar las cosas ya que, según el INE, habrá más muertes que nacimientos a partir de 2017, lo que produciría un decrecimiento vegetativo. A lo anterior hay que unir la salida del país de inmigrantes y de españoles al extranjero en los últimos años, lo que ha hecho que entre 2012 y 2013 España haya perdido 310.456 habitantes, situándonos en 46,5 millones.
Estas tendencias demográficas tienen que ver con una modernización de la sociedad española: avance en la emancipación de la mujer, aumento del laicismo, cambio de usos sociales, otros esquemas en la formación de las familias, matrimonios más tardíos y disminución de su número en un 27% en la última década. Pero las causas más profundas están relacionadas con el modelo socioeconómico, el tipo de mercado de trabajo y la crisis económica. Se retrasa o impide la emancipación personal y los proyectos de constitución de parejas por el desempleo, el trabajo precario y los bajos salarios. Hay datos demoledores como que ocho de cada diez jóvenes siguen viviendo con sus padres. Tiene consecuencias demográficas graves no dar un enfoque integral a las políticas. Por ejemplo, ceder a la ambición patronal de reformas laborales que los gobiernos a su servicio no dudan en aprobar, para aumentar la tasa de ganancia del capital. Lo sintetizaba El Roto en una brillante viñeta en la que aparecía una mujer trabajadora: Si nos quedamos embarazadas nos despiden; pero las paradas no parimos ¿Alguien puede pensar que con casi 6 millones de parados, millones de precarios, el despido libre y muy barato, los bajos salarios y una profunda inseguridad laboral, alguien se puede dedicar a traer hijos alegremente a este mundo? No hay que olvidar que la ONU ha acusado a Rajoy de llevar a la pobreza al 21,8 % de los españoles y alerta de que uno de cada cuatro niños viven en familias sin recursos.
El otro gran problema demográfico es la pérdida de efectivos por los movimientos migratorios. La historia de la humanidad se puede explicar desde los movimientos de población y también la de este país. Con ellos funciona una ley de hierro: la relación entre población y recursos. Cuando los recursos son escasos por la política de austeridad y recortes, cuando nos estrangula el peso de una deuda impagable y la rigidez de la pertenencia a la eurozona, cuando el modelo productivo es muy deficiente, los flujos migratorios serán de huida del país. Es lo que está sucediendo ya. Y los que se van son jóvenes, suelen estar mejor preparados y ser más audaces. Es decir, se suele ir lo mejor del país y con ello se produce un triple empobrecimiento: en población, juventud y talento. Las previsiones son pavorosas: el FMI estima que España perderá casi 300.000 personas en edad de trabajar cada año hasta 2020. Un país con estas perspectivas es un país estancado, en regresión, condenado en el mejor de los casos a la mediocridad.
Portugal, que tiene una situación parecida a la de España, ha lanzado un plan de choque para fomentar la natalidad. Las medidas que se proponen son bonificar a las empresas que contraten a embarazadas, que los padres que pidan jornada reducida no pierdan salario, aumento de medidas educativas y facilidades de acceso a guarderías, ampliar los tratamientos de fertilidad, deducciones de impuestos a las familias e incluso a los abuelos que colaboran en el cuidado de los nietos. Y se pretende que sea un plan sostenido en el tiempo y al margen de electoralismos. En España se va en sentido contrario: dificultades en el acceso a tratamientos contra la infertilidad, encarecimiento del precio de las escuelas infantiles, etc. Si en España se formulara un plan a favor de la natalidad la conclusión principal sería la derogación de una reforma laboral que condena a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras a una profunda inseguridad que les aleja de tener hijos.
Urge un cambio económico estructural hacia un modelo productivo con más empleo y de mayor calidad, con mejores salarios, que desarrolle una política industrial competitiva que recupere emigrantes españoles y volvamos a ser un país receptor de inmigrantes de otras tierras. Porque para un enfoque sistémico de la demografía no basta con planes de natalidad. Hace falta un cambio político que tenga visión a largo plazo sobre el futuro del país. Pero aquí la visión de la derecha es tan miope como la de la derecha republicana en USA cuando se opone a la reforma migratoria para la regularización de 11 millones de personas. Lo peor que puede haber son políticas mediocres dispuestas a empobrecer y precarizar la sociedad para que la patronal se anime a crear algunos empleos baratos y sin derechos.
Vamos camino de convertirnos en un país de viejos, de asilos a rebosar y de parque vacíos de niños. Y al gobierno del PP solo le preocupa las décimas que crece el PIB y si de cada contrato estable a tiempo completo saca dos a tiempo parcial para que parezca que baja el paro y les voten. Política enana.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/espana-un-pais-de-viejos/605
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=188792
http://rebelion.org/noticia.php?id=188792
Sociedad: Las 10 corporaciones que dominan el mercado alimenticio mundial...RT
© RT
¿Quién realmente controla a quién en el mundo de las
multinacionales de los productos alimenticios? Los 10 gigantes de los
alimentos más poderosos y de mayor notoriedad están detrás de su
gestión.
Associated British Foods plc
Ingresos: 21.000 millones de dólares
Beneficios: 837 millones de dólares
Empleados: 113.000
Sede: Londres, Inglaterra
El 54,5% de las acciones de Associated British Foods plc pertenece a Wittington Investment, una compañía inversora británica que a su vez pertenece a Garfield Weston Foundation, una concesión beneficiaria británica, con el 79,2% de sus acciones.
The Coca-Cola Company
Ingresos: 46.900 millones de dólares
Beneficios: 8.600 millones de dólares
Empleados: 130.600
Sede: Atlanta, Estados Unidos
Según datos de Yahoo! Finance, el 67% de sus acciones pertenecen a cerca de 1.300 organizaciones inversoras distintas, siendo el fondo Berkshire Hathaway Inc el mayor inversor de Coca-Cola con un 8,61% de sus acciones.
Grupo Danone SA
Ingresos: 29.300 millones de dólares
Beneficios: 2.000 millones de dólares
Empleados: 104.600
Sede: París, Francia
La multinacional francesa de los productos lácteos, fundada en 1919 en Barcelona, España, es uno de los mayores productores y vendedores del mundo de productos de alimentación infantil y agua embotellada.
El 80% de la compañía es capital flotante, mientras que un 5% es propiedad de la administración; el 57,7% de las acciones de Danone pertenecen a la rusa Yunimilk, mientras que un 18,3% pertenece a Wimm-Bill-Dann Foods, otra productora alimenticia rusa.
Danone se distingue por la aplicación de tecnologías limpias y ecológicas, volcando sus esfuerzos por contaminar lo menos posible el medioambiente.
General Mills Inc.
Ingresos: 17.900 millones de dólares
Beneficios: 1.800 millones de dólares
Empleados: 43.000
Sede: Golden Valley, Estados Unidos
Esta corporación estadounidense fundada en 1866 y dedicada al procesado de alimentos gestiona un gran número de famosas empresas de este mismo sector, como Gigante Verde, Häagen-Dazs, Pillsbury, Betty Crocker, Yoplait, Totinos, Cheerios y Trix, ente otras. La producción de General Mills (yogures, masas congeladas, pizzas, helados, verduras, harina y muchos más) se realiza en 15 países diferentes y vende en más de un centenar.
Una de las historias más notorias de esta multinacional sucedió en 2012, cuando General Mills contribuyó con 1.135 millones de dólares a la campaña de oposición contra la Proposición 37 de California, Estados Unidos, la cual obligaba a etiquetar apropiadamente todos los productos alimenticios que contienen ingredientes modificados genéticamente.
Actualmente el 70% de la compañía pertenece a más de mil inversores distintos, entre los que destacan firmas como State Street Corp., Vanguard Group y Barclays Global Investors UK holding Ltd.
Kellogg's Company
Ingresos: 14.800 millones de dólares
Beneficios: 1.800 millones de dólares
Empleados: 30.200
Sede: Battle Creek, Estados Unidos
Fundada en 1906, esta multinacional alimentaria estadounidense es famosa por la elaboración de alimentación para el desayuno, como cereales y galletas. Su mayor accionista es el fondo benéfico W.K. Kellogg Foundation, que controla cerca de un 24% de las acciones de Kellogg's. Además se encuentra en la lista del índice Standard & Poor 500.
Mars Incorporated
Ingresos: 33.000 millones de dólares
Beneficios: No disponible
Empleados: 75.000
Sede: McLean, Estados Unidos
Este fabricante de confitería y alimentos para mascotas, fundado en 1911, gestiona marcas como M&Ms, Milky Way, Snickers y Twix, además de Whiskas y Pedigree, entre otras. Mars es la única en este sector que es una propiedad privada dividida entre tres nietos de su fundador, Franklin Clarence Mars. El hermetismo de la compañía no permite conocer con exactitud el número de sus miembros y operaciones. Muchas organizaciones ecologistas tienen serias pretensiones sobre las actividades de Mars.
Mondelez International Inc.
Ingresos: 35.300 millones de dólares
Beneficios: 3.900 millones de dólares
Empleados: 107.000
Sede: Deerfield, Estados Unidos
En el año 2012 el gigante de los alimentos Kraft Foods se dividió en dos compañías individuales: Kraft Foods Group y Mondelez. La primera se quedó con la gestión de marcas alimentarias estadounidenses, mientras que a la segunda pertenecen marcas de ámbito mundial dedicadas a la confitería como Oreo, Barni, Trident, Halls, Milka, Toblerone, Alpen Gold, Jacobs y Carte Noire, entre otras muchas más. El 99,74% de la compañía es capital flotante, cuyas acciones pertenecen a varios de las más grandes instituciones inversoras, como BlackRock (5,86%), State Street (4,83%) y Vanguard Group (4,32%).
Nestlé SA
Ingresos: 103.500 millones de dólares
Beneficios: 11.200 millones de dólares
Empleados: 330.000
Sede: Vevey, Suiza
Fundada en 1866 por el alemán Henri Nestlé, es la mayor empresa alimenticia del mundo que ofrece productos de chocolate y lácteos, además de comida para animales y agua embotellada. Produce más de 2.000 productos diferentes desde 461 fábricas en 83 países. Nestlé tiene más de 250.000 accionistas, aunque la mayor parte pertenece al grupo Norges Bank Investment Management, con un 2,78%. Cerca del 40% de la empresa pertenece a diversos accionistas suizos.
PepsiCo Inc.
Ingresos: 66.400 millones de dólares
Beneficios: 6.700 millones de dólares
Empleados: 274.000
Sede: Purchase, Nueva York, Estados Unidos
Esta multinacional estadounidense productora de bebidas y aperitivos, fundada en 1890, es también uno de los mayores publicitantes del mundo. El 70% de las participaciones de la compañía se dividen entre muchos fondos institucionales, aunque la mayor parte corresponde a Vanguard Group, inversora estadounidense que maneja el 6% de Pepsi.
Unilever Group
Ingresos: 68.500 millones de dólares
Beneficios: 6.700 millones de dólares
Empleados: 174.300
Sedes: Londres, Inglaterra, y Rotterdam, Holanda
Aunque Unilever no se dedica plenamente a la producción y distribución de productos alimentarios, la tercera parte de sus ingresos provienen de esta industria. Administra marcas alimentarias como Lipton, Calvé, Rama, Crème Bonjour, entre muchas más. El 8,6% de las obligaciones pertenecen a la propia compañía, mientras que el resto está dividido entre diversos fondos de inversión entre los que destacan los dos mayores accionistas, Norges Bank Investment Management y Vanguard Group.
© reddit.com/thisissamsaxton
martes, 26 de agosto de 2014
Chile-Venezuela: Los hijos de Pinochet contra Venezuela ....Martín San Francisco
El martes 19 de agosto, la bancada de diputados de la ultraderechista
Unión Demócrata Independiente (UDI) dispuso en los escritorios de cada
parlamentario un cartel, todos con la misma leyenda.
“Libertad a Leopoldo López”. Más abajo, con grandes números rojos, rezaba “183”, en referencia a los días que el dirigente opositor venezolano permanece detenido por subvertir el orden y convocar a violentas manifestaciones contra el Gobierno del Presidente de ese país, Nicolás Maduro.
El diputado y ex presidente de la UDI, José Antonio Kast, era el encargado de invitar a sus correligionarios a colocar hacia la sala de la Cámara de Diputados, pegados a la parte de atrás de las pantallas de sus computadores, el mencionado cartelito.
De esa forma, la UDI se suma a la campaña contra Venezuela.
Viaje a tierras llaneras
Los primeros días de agosto, Felipe Cuevas inicia su travesía por Caracas. Reunido con concejales y la destituida diputada María Corina Machado, el joven Cuevas se presenta como un líder político chileno, aunque en su país nadie lo conocía. Pero como reza el refrán popular, “nadie es profeta en su tierra”.
Aun así, de ser un ciudadano X, rápidamente saltó a las principales portadas de los periódicos chilenos al ser detenido cuando fotografiaba las dependencias del servicio de inteligencia venezolano en Caracas.
En Santiago los dirigentes de la UDI montaron un movimiento comunicacional para conseguir la libertad “inmediata” de quien es el presidente del ala juvenil de este partido. Con frases amenazantes, el líder de la tienda, el diputado Ernesto Silva, emplazaba a las autoridades chilenas a ordenar al Gobierno de Maduro que terminara con el arresto de Cuevas. Al mismo tiempo, lanzaba una frase para el bronce al advertir que si no lo liberaban, ellos mismos viajarían a Venezuela para ponerlo en libertad.
El hecho se convirtió en un amplio revuelo, mientras se argumentaba que el viaje de Cuevas a tierras llaneras era un compromiso con la libertad y la democracia de un pueblo hermano.
El sustento político de una dictadura
La UDI tiene entre sus más importantes dirigentes a conspicuos representantes de la dictadura que encabezó en Chile Augusto Pinochet. El propio fundador de la organización, Jaime Guzmán, fue el principal articulador de la Constitución Política de esta nación suramericana de 1980 que es cuestionada por los movimientos sociales por su carácter neoliberal que tanto ha perjudicado a trabajadores, estudiantes y a la economía chilena, beneficiando a un pequeño puñado de empresarios.
Hace tan sólo unos días, el diputado chileno Hugo Gutiérrez, respaldó la denuncia contra uno de los representantes históricos de la UDI, el ex ministro del Interior de Pinochet, Sergio Fernández. En esa calidad, Fernández firmó todas las órdenes que legalizaban las detenciones sumarias que realizaba la policía política de la dictadura, la CNI, organismo que torturó y asesinó a miles de chilenos.
A él se suman otros importantes políticos chilenos, como el ex ministro del Interior del empresario Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, quien también ofició como asesor ministerial durante la era de Pinochet. Otros dirigentes como Patricio Melero, Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Carlos Bombal, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Manfredo Mayol, asumieron un compromiso con Pinochet en el denominado acto de Chacarillas, un encuentro a media noche con un escenario similar a los montados en la Alemania nazi, donde en su calidad de jóvenes (corría el año 1977), los convocó a “salvar la patria”.
Con billetes verdes
La campaña que lleva adelante la UDI en Chile sólo se puede entender como parte de un movimiento más grande y coordinado.
La semana recién pasada, un correo electrónico dado a conocer públicamente, desnuda el trabajo del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), entidad dependiente de los fondos de la USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), para organizar la subversión y a la oposición de Venezuela.
En el mensaje firmado por Luis Ernesto Nunez Bertoldo, asesor y ex director internacional de la NDI para América Latina, evidencia la estrategia para seguir en la labor de desestabilizar a Venezuela.
Nunez escribe el correo a Wendy Ramírez, directora de programas para Venezuela, y sostiene que “para talleres de capacitación sobre las herramientas de empleo en las redes sociales se destinó 69.340 dólares; para las conferencias de políticas electorales y dirección de acuerdos políticos fue consignado 20.600 dólares; para el abastecimiento a los jóvenes opositores venezolanos a través de la UCAB Estudiante se destinó 470.287 dólares; mientras que 700.232 dólares se reservaron para los proyectos directos de la oposición venezolana, específicamente: OEV; CEP; UCAB, Vente Venezuela, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela y la MUD”. Esta última organización cuenta en Chile con un capítulo cuyo vocero es José Noguera.
El mensaje de Nunez agrega: “Nosotros necesitamos todas las ayudas posibles para lograr lo que anhelamos. Si todos los programas salen como se espera, proyectos similares pudieran incrementarse en el 2015 cuando están previstas elecciones legislativas, facilitando el camino hacia el revocatorio.
Mis mejores deseos.
L.N.Bertoldo”
Resulta interesante constatar que en 2010 los organismos de la USAID invirtieron 6.4 millones de dólares en grupos que buscan la desestabilización de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, afectando así su área de influencia y de propagación de las ideas más progresistas en el continente. Los principales receptores de esos fondos son ONG, institutos y partidos políticos, los que están interesados en el entrenamiento en dos áreas: una en la del sabotaje directo como manifestaciones violentas, cortes de rutas y llenando los medios de comunicación con denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los organismos estatales para generar confusión y aislamiento internacional.
Por otra parte, la inversión busca la capacitación de jóvenes en liderazgo político, utilización de redes sociales y en algo que el propio Nunez sostiene en su mensaje a Wendy Ramírez: la búsqueda de un líder que represente a una dividida oposición de cara a las elecciones de 2015 en Venezuela.
Resulta evidente, entonces, que el viaje de Cuevas, el dirigente juvenil chileno de la UDI, estaba dentro de ese propósito.
Martín San Francisco es periodista chileno.
vía, fuente:
http://www.argenpress.info/2014/08/los-hijos-de-pinochet-contra-venezuela.html
“Libertad a Leopoldo López”. Más abajo, con grandes números rojos, rezaba “183”, en referencia a los días que el dirigente opositor venezolano permanece detenido por subvertir el orden y convocar a violentas manifestaciones contra el Gobierno del Presidente de ese país, Nicolás Maduro.
El diputado y ex presidente de la UDI, José Antonio Kast, era el encargado de invitar a sus correligionarios a colocar hacia la sala de la Cámara de Diputados, pegados a la parte de atrás de las pantallas de sus computadores, el mencionado cartelito.
De esa forma, la UDI se suma a la campaña contra Venezuela.
Viaje a tierras llaneras
Los primeros días de agosto, Felipe Cuevas inicia su travesía por Caracas. Reunido con concejales y la destituida diputada María Corina Machado, el joven Cuevas se presenta como un líder político chileno, aunque en su país nadie lo conocía. Pero como reza el refrán popular, “nadie es profeta en su tierra”.
Aun así, de ser un ciudadano X, rápidamente saltó a las principales portadas de los periódicos chilenos al ser detenido cuando fotografiaba las dependencias del servicio de inteligencia venezolano en Caracas.
En Santiago los dirigentes de la UDI montaron un movimiento comunicacional para conseguir la libertad “inmediata” de quien es el presidente del ala juvenil de este partido. Con frases amenazantes, el líder de la tienda, el diputado Ernesto Silva, emplazaba a las autoridades chilenas a ordenar al Gobierno de Maduro que terminara con el arresto de Cuevas. Al mismo tiempo, lanzaba una frase para el bronce al advertir que si no lo liberaban, ellos mismos viajarían a Venezuela para ponerlo en libertad.
El hecho se convirtió en un amplio revuelo, mientras se argumentaba que el viaje de Cuevas a tierras llaneras era un compromiso con la libertad y la democracia de un pueblo hermano.
El sustento político de una dictadura
La UDI tiene entre sus más importantes dirigentes a conspicuos representantes de la dictadura que encabezó en Chile Augusto Pinochet. El propio fundador de la organización, Jaime Guzmán, fue el principal articulador de la Constitución Política de esta nación suramericana de 1980 que es cuestionada por los movimientos sociales por su carácter neoliberal que tanto ha perjudicado a trabajadores, estudiantes y a la economía chilena, beneficiando a un pequeño puñado de empresarios.
Hace tan sólo unos días, el diputado chileno Hugo Gutiérrez, respaldó la denuncia contra uno de los representantes históricos de la UDI, el ex ministro del Interior de Pinochet, Sergio Fernández. En esa calidad, Fernández firmó todas las órdenes que legalizaban las detenciones sumarias que realizaba la policía política de la dictadura, la CNI, organismo que torturó y asesinó a miles de chilenos.
A él se suman otros importantes políticos chilenos, como el ex ministro del Interior del empresario Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, quien también ofició como asesor ministerial durante la era de Pinochet. Otros dirigentes como Patricio Melero, Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Carlos Bombal, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Manfredo Mayol, asumieron un compromiso con Pinochet en el denominado acto de Chacarillas, un encuentro a media noche con un escenario similar a los montados en la Alemania nazi, donde en su calidad de jóvenes (corría el año 1977), los convocó a “salvar la patria”.
Con billetes verdes
La campaña que lleva adelante la UDI en Chile sólo se puede entender como parte de un movimiento más grande y coordinado.
La semana recién pasada, un correo electrónico dado a conocer públicamente, desnuda el trabajo del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), entidad dependiente de los fondos de la USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), para organizar la subversión y a la oposición de Venezuela.
En el mensaje firmado por Luis Ernesto Nunez Bertoldo, asesor y ex director internacional de la NDI para América Latina, evidencia la estrategia para seguir en la labor de desestabilizar a Venezuela.
Nunez escribe el correo a Wendy Ramírez, directora de programas para Venezuela, y sostiene que “para talleres de capacitación sobre las herramientas de empleo en las redes sociales se destinó 69.340 dólares; para las conferencias de políticas electorales y dirección de acuerdos políticos fue consignado 20.600 dólares; para el abastecimiento a los jóvenes opositores venezolanos a través de la UCAB Estudiante se destinó 470.287 dólares; mientras que 700.232 dólares se reservaron para los proyectos directos de la oposición venezolana, específicamente: OEV; CEP; UCAB, Vente Venezuela, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela y la MUD”. Esta última organización cuenta en Chile con un capítulo cuyo vocero es José Noguera.
El mensaje de Nunez agrega: “Nosotros necesitamos todas las ayudas posibles para lograr lo que anhelamos. Si todos los programas salen como se espera, proyectos similares pudieran incrementarse en el 2015 cuando están previstas elecciones legislativas, facilitando el camino hacia el revocatorio.
Mis mejores deseos.
L.N.Bertoldo”
Resulta interesante constatar que en 2010 los organismos de la USAID invirtieron 6.4 millones de dólares en grupos que buscan la desestabilización de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, afectando así su área de influencia y de propagación de las ideas más progresistas en el continente. Los principales receptores de esos fondos son ONG, institutos y partidos políticos, los que están interesados en el entrenamiento en dos áreas: una en la del sabotaje directo como manifestaciones violentas, cortes de rutas y llenando los medios de comunicación con denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los organismos estatales para generar confusión y aislamiento internacional.
Por otra parte, la inversión busca la capacitación de jóvenes en liderazgo político, utilización de redes sociales y en algo que el propio Nunez sostiene en su mensaje a Wendy Ramírez: la búsqueda de un líder que represente a una dividida oposición de cara a las elecciones de 2015 en Venezuela.
Resulta evidente, entonces, que el viaje de Cuevas, el dirigente juvenil chileno de la UDI, estaba dentro de ese propósito.
Martín San Francisco es periodista chileno.
vía, fuente:
http://www.argenpress.info/2014/08/los-hijos-de-pinochet-contra-venezuela.html
Estados Unidos: El 35,4% de la población estadounidense sobrevive con cupones para alimentos...Libre-Red
El 35,4% de la población estadounidense sobrevive con ayuda de programas de bienestar social, entre los que se incluyen los cupones para alimentos, según reflejan estadísticas de la Oficina del Censo.
Al menos 109.631.000 personas residían en hogares que recibieron beneficios de uno o más programas a partir del cuarto trimestre de 2012, de una población de 309.467.000, según los datos divulgados esta semana.
En general la suma de ciudadanos que recibían algún tipo de ayuda al final de 2012, incluidos subsidios por desempleo o veteranos, llegó a 153.323.000, casi la mitad de los estadounidenses (49.5 por ciento).
En el cuarto trimestre de 2008, cuando el presidente Barack Obama fue elegido, había 96.197.000 ciudadanos que vivían en hogares que se beneficiaban de uno o más programas de asistencia federal.
Después de cuatro años, en el cuarto trimestre de 2012, la cifra creció en 13.434.000 individuos, señalan las estadísticas.
Estos planes para mitigar la pobreza principalmente entre familias de las minorías, hispanos y negros, recibieron un fuerte golpe en el Congreso durante 2013, cuando los republicanos se negaron a renovar los programas de cupones de alimentos incluidos en la ley Agrícola.
Entre los más afectados por esta situación se encuentran los niños, para muchos el sector más vulnerable de la sociedad, de los cuales cerca de 17 millones padecen inseguridad alimentaria, según datos de “Feeding America”, la organización caritativa de distribución de alimentos más importante del país.
PL
vía:
http://www.librered.net/?p=34825
Perú: Piden investigación inmediata de parlamentario acusado de explotación sexual de adolescentes...Escrito por Adital
Organización de defensa de los derechos de la infancia y la
adolescencia requiere que se realice una investigación al parlamentario
fujimorista Víctor Grandez Saldaña, sospechado de involucramiento en una
red de explotación sexual infantil
La organización peruana de defensa de los derechos de la infancia
y la adolescencia Capital Humano y Social (CHS) requiere que se realice
una investigación inmediata del parlamentario fujimorista Víctor
Grandez Saldaña, sospechado de involucramiento en una red de explotación
sexual infantil descubierta en la posada Toro Bravo, en la ciudad
peruana de Iquitos, capital de la Provincia de Maynas.
El caso tomó repercusión nacional el último domingo 17 de agosto, después de una denuncia en un reportaje televisivo en el programa Panorama, de la emisora Pan-Americana de Televisión. Según la noticia, se practicaban actos de violencia sexual contra niñas de entre 10 y 14 años. La dueña de la posada es la madre de Grandez, llamada Rosa Estefita Saldaña Vargas, que tiene 80 años de edad.
En el reportaje se entrevistó a una joven de 14 años de edad, que dice sufrir explotación para ejercer la prostitución en la posada. Relata que el lugar alberga a niñas de 12 y hasta de 10 años de edad para esa función. Además de ella, aparece en el video una supuesta agenciadora de las adolescentes, que afirma que el parlamentario es dueño de la posada y tiene conocimiento del negocio ilícito que se practica en el lugar.
Desde comienzos de 2013, noticias periodísticas alertaron sobre la utilización del lugar como escenario para el abuso de las jóvenes, pero sólo ahora el nombre de Víctor Grandez Saldaña fue asociado al delito, generando repercusión nacional. Además de participar del grave delito, habría construido el lugar con fondos públicos. El político, por su parte, niega las acusaciones, afirmando que no mantiene ninguna relación con el lugar, que no conoce a las testigos y que el caso fue "armado” con intención de perjudicarlo.
Al día siguiente de que la acusación se hiciera pública, el Partido Fuerza Popular convocó a un Proceso Disciplinario Interno y expulsó al parlamentario de su banca en el Congreso Nacional. Los miembros del partido se habrían reunido en sesión liderada por Keiko Fujimori —líder del partido, ex congresista y ex primera dama de la República, hija del ex presidente Alberto Fujimori— para llegar a la decisión.
Medidas para investigar la denuncia
La organización CHS considera "repudiable” el caso y reclama medidas. "Como sociedad civil debemos desplegar nuestros esfuerzos para que la denuncia no pierda vigencia y se logre el retiro de la inmunidad parlamentaria, y la destitución e inhabilitación del señor Grandez”, indica la entidad.
"No podemos olvidar que el Congresista Grandez no podrá ser procesado o apresado sin que eso sea autorizado por el Congreso o por una Comisión Permanente. En ese sentido exigimos una investigación sumaria al congresista Grandez para que responda de inmediato ante la justicia”, destaca la CHS.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/?n=csf7
vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/94496-per%C3%BA-organizaci%C3%B3n-pide-investigaci%C3%B3n-inmediata-de-parlamentario-acusado-de-explotaci%C3%B3n-sexual-de-adolescentes
El caso tomó repercusión nacional el último domingo 17 de agosto, después de una denuncia en un reportaje televisivo en el programa Panorama, de la emisora Pan-Americana de Televisión. Según la noticia, se practicaban actos de violencia sexual contra niñas de entre 10 y 14 años. La dueña de la posada es la madre de Grandez, llamada Rosa Estefita Saldaña Vargas, que tiene 80 años de edad.
En el reportaje se entrevistó a una joven de 14 años de edad, que dice sufrir explotación para ejercer la prostitución en la posada. Relata que el lugar alberga a niñas de 12 y hasta de 10 años de edad para esa función. Además de ella, aparece en el video una supuesta agenciadora de las adolescentes, que afirma que el parlamentario es dueño de la posada y tiene conocimiento del negocio ilícito que se practica en el lugar.
Desde comienzos de 2013, noticias periodísticas alertaron sobre la utilización del lugar como escenario para el abuso de las jóvenes, pero sólo ahora el nombre de Víctor Grandez Saldaña fue asociado al delito, generando repercusión nacional. Además de participar del grave delito, habría construido el lugar con fondos públicos. El político, por su parte, niega las acusaciones, afirmando que no mantiene ninguna relación con el lugar, que no conoce a las testigos y que el caso fue "armado” con intención de perjudicarlo.
Al día siguiente de que la acusación se hiciera pública, el Partido Fuerza Popular convocó a un Proceso Disciplinario Interno y expulsó al parlamentario de su banca en el Congreso Nacional. Los miembros del partido se habrían reunido en sesión liderada por Keiko Fujimori —líder del partido, ex congresista y ex primera dama de la República, hija del ex presidente Alberto Fujimori— para llegar a la decisión.
Medidas para investigar la denuncia
La organización CHS considera "repudiable” el caso y reclama medidas. "Como sociedad civil debemos desplegar nuestros esfuerzos para que la denuncia no pierda vigencia y se logre el retiro de la inmunidad parlamentaria, y la destitución e inhabilitación del señor Grandez”, indica la entidad.
"No podemos olvidar que el Congresista Grandez no podrá ser procesado o apresado sin que eso sea autorizado por el Congreso o por una Comisión Permanente. En ese sentido exigimos una investigación sumaria al congresista Grandez para que responda de inmediato ante la justicia”, destaca la CHS.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/?n=csf7
vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/94496-per%C3%BA-organizaci%C3%B3n-pide-investigaci%C3%B3n-inmediata-de-parlamentario-acusado-de-explotaci%C3%B3n-sexual-de-adolescentes
México-La Dictadura: EPN lanza Gendarmería destinada a cuidar los intereses empresariales....SINEMBARGO.MX.
La Gendarmería Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad que lanzó
Enrique Peña Nieto, llegó tarde y con una labor que más que proteger a
la ciudadanía de la delincuencia común y organizada, parece destinada a
cuidar los intereses empresariales como las instalaciones petroleras y
plantas petroquímicas.
En un artículo publicado hoy el semanario inglés, The Economist, señala que mientras delitos como el secuestro golpean incuso a los lugares de recreación de los más ricos, como Valle de Bravo en el estado de México, el Presidente ha “gastado” 18 meses en su campaña para reformar la economía y atraer inversiones extranjeras. “En las raras ocasiones cuando habla de la delincuencia, argumenta que su estrategia de seguridad está haciendo el país más seguro”.
Enrique Peña Nieto, aseguró hoy, durante la 36 sesión del Consejo nacional de Seguridad, en la que se lanzó la llamada Gendarmería Nacional, que en lo que va del año los delitos de homicidio, secuestro, y extorsión han ido a la baja en comparación al mismo periodo de 2013. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el gobierno federal, aseguró que la tasa de homicidios se redujo en 12.5 por ciento.
En materia de secuestro y extorsiones, aseguró que en ambos la incidencia empieza a bajar, en el caso del secuestro, afirmó que en los primeros 7 meses de 2014 este disminuyó 6.8 por ciento en relación al mismo lapso de 2013. Mientras que la extorsión registró una baja de 19.9 por ciento. “En julio de 2014 se registró la cifra de extorsiones más baja, gracias a medidas como el bloqueo de señales de teléfonos en centros de readaptación social”. En materia de robos, señaló que en junio y julio se registraron las cifras más bajas desde diciembre de 2012. “Han sido datos muy puntuales de lo que se ha hecho falta por hacer”, dijo Peña Nieto.
HAY ZONAS “VULNERABLES” The Economist asegura que el haber dejado de lado la seguridad, está alejando ahora a los turistas de sitios tradicionales, como el pueblo mágico del Edomex, donde antes se observaban “ricos” en jet ski y ahora sus calles se ven como si hubieran sido “víctimas de una maldición”: “Patrulladas por soldados, infantes de marina y policías federales con ametralladoras”.
La publicación asegura que es en las montañas y en las partes “vulnerables” del país donde se ha refugiado el crimen organizado. Según la versión del gobierno federal, esta nueva corporación policiaca tendrá entre sus tareas la prevención de delitos de alto impacto y labores de proximidad social, además de que serán desplegados en puntos donde se requiera apoyar a las autoridades locales por el actuar de grupos delincuenciales.
“La nueva fuerza policial pomposamente llamada ‘La Gendarmería Nacional’, concebida en la campaña electoral de 2012. Tiene un nombre que hace eco de precursores paramilitares europeas como la francesa, pero la realidad es mucho más modesta porque sólo contará con 5 mil miembros. Tampoco se hará cargo de los esfuerzos de lucha contra el crimen del Ejército como el señor Peña había pensado originalmente. En su lugar, será una rama adicional de la Policía Federal, con lo que la fuerza total suma 41 mil elementos.
Tendrá la responsabilidad especial de proteger los activos económicos de México, como las instalaciones petroleras, minas, granjas y demás”, destaca. Monte Alejandro Rubido, el Comisionado Nacional de Seguridad ha afirmado que sus jóvenes reclutas, “no corrompidos por el trabajo policial anterior”, mejorarán la imagen de la fuerza. “Pero en lugar de promover la seguridad ciudadana, se parece más a una fuerza de seguridad empresarial. Su competencia se extiende desde la protección de los productores de limón contra la extorsión hasta asegurarse de que los narcotraficantes no disuadan a los extranjeros de invertir en pozos de petróleo y plantas petroquímicas”. “Llegó tarde y es más pequeña de lo esperado, pero será bienvenido si se fortalece la Policía Federal”, aseguró a la publicación Rafael Fernández de Castro, experto en asuntos de seguridad. Otros dicen afirman que se centra más en las apariencias que realidades.
“La Gendarmería es una aspirina para combatir un cáncer”, dijo, por su parte, Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia. “El señor Peña está, básicamente, repitiendo la historia mediante la creación de más policías. Lo que necesitamos es una mejor policía “. El mes pasado, el Presidente aseguró que durante el primer semestre del año los homicidios había caído 27 por ciento en comparación a 2012, antes de su elección.
El gobierno afirma que los secuestros, que subieron el año pasado, también están disminuyendo (aunque el 15 de agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje que casi 70 ciudadanos estadounidenses habían sido secuestrados en México en la primera mitad del año). Cita que a pesar de las cifras oficiales, en las encuestas, los mexicanos aseguran que todavía están preocupados por la seguridad como lo estaban antes de que Peña Nieto llegara al poder, a pesar del éxito de su gobierno en la captura de varios capos de la droga. “Eso es en parte debido a que en varias zonas de la tasa de homicidios sigue siendo intolerablemente alto” y cita el caso de Chihuahua que sigue siendo más de tres veces el promedio nacional. La ciudadanía también está preocupada por otros delitos como el secuestro y la extorsión que se han multiplicado.
“Estos son tan alarmantes para los ciudadanos comunes como ver a los miembros de las bandas de narcotraficantes matan unos a otros. Tales crímenes son especialmente prominentes en zonas ‘repletas de cinturones de pobreza, como Ecatepec y Nezahualcóyotl, que rodean la capital, donde las fuerzas del orden es corrupta y la violencia es tan rampante que tomar un autobús, en palabras de un analista, es un ‘deporte extremo’. Estas áreas reciben menos atención que zonas de ricos como Valle de Bravo”.
PARA LA FOTO
En este contexto, la publicación considera que el lanzamiento de la Gendarmería, será “una foto llamativa”, pero los analistas y ciudadanos consideran que es posible hacer algo mejor que reforzar el aparato de seguridad. “El gobierno se preocupa más por la óptica que sobre el valor operativo de estas nuevas unidades”, dice Alejandro Hope, analista de seguridad. Lo que es más, el mensaje implícito de la creación de una nueva fuerza policial civil es que el Ejército permanecerá en las calles.
FUENTE SINEMBARGO.MX
vía:
http://apiavirtual.net/2014/08/23/epn-lanza-gendarmeria-destinada-a-cuidar-los-intereses-empresariales/#more-69064
En un artículo publicado hoy el semanario inglés, The Economist, señala que mientras delitos como el secuestro golpean incuso a los lugares de recreación de los más ricos, como Valle de Bravo en el estado de México, el Presidente ha “gastado” 18 meses en su campaña para reformar la economía y atraer inversiones extranjeras. “En las raras ocasiones cuando habla de la delincuencia, argumenta que su estrategia de seguridad está haciendo el país más seguro”.
Enrique Peña Nieto, aseguró hoy, durante la 36 sesión del Consejo nacional de Seguridad, en la que se lanzó la llamada Gendarmería Nacional, que en lo que va del año los delitos de homicidio, secuestro, y extorsión han ido a la baja en comparación al mismo periodo de 2013. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el gobierno federal, aseguró que la tasa de homicidios se redujo en 12.5 por ciento.
En materia de secuestro y extorsiones, aseguró que en ambos la incidencia empieza a bajar, en el caso del secuestro, afirmó que en los primeros 7 meses de 2014 este disminuyó 6.8 por ciento en relación al mismo lapso de 2013. Mientras que la extorsión registró una baja de 19.9 por ciento. “En julio de 2014 se registró la cifra de extorsiones más baja, gracias a medidas como el bloqueo de señales de teléfonos en centros de readaptación social”. En materia de robos, señaló que en junio y julio se registraron las cifras más bajas desde diciembre de 2012. “Han sido datos muy puntuales de lo que se ha hecho falta por hacer”, dijo Peña Nieto.
HAY ZONAS “VULNERABLES” The Economist asegura que el haber dejado de lado la seguridad, está alejando ahora a los turistas de sitios tradicionales, como el pueblo mágico del Edomex, donde antes se observaban “ricos” en jet ski y ahora sus calles se ven como si hubieran sido “víctimas de una maldición”: “Patrulladas por soldados, infantes de marina y policías federales con ametralladoras”.
La publicación asegura que es en las montañas y en las partes “vulnerables” del país donde se ha refugiado el crimen organizado. Según la versión del gobierno federal, esta nueva corporación policiaca tendrá entre sus tareas la prevención de delitos de alto impacto y labores de proximidad social, además de que serán desplegados en puntos donde se requiera apoyar a las autoridades locales por el actuar de grupos delincuenciales.
“La nueva fuerza policial pomposamente llamada ‘La Gendarmería Nacional’, concebida en la campaña electoral de 2012. Tiene un nombre que hace eco de precursores paramilitares europeas como la francesa, pero la realidad es mucho más modesta porque sólo contará con 5 mil miembros. Tampoco se hará cargo de los esfuerzos de lucha contra el crimen del Ejército como el señor Peña había pensado originalmente. En su lugar, será una rama adicional de la Policía Federal, con lo que la fuerza total suma 41 mil elementos.
Tendrá la responsabilidad especial de proteger los activos económicos de México, como las instalaciones petroleras, minas, granjas y demás”, destaca. Monte Alejandro Rubido, el Comisionado Nacional de Seguridad ha afirmado que sus jóvenes reclutas, “no corrompidos por el trabajo policial anterior”, mejorarán la imagen de la fuerza. “Pero en lugar de promover la seguridad ciudadana, se parece más a una fuerza de seguridad empresarial. Su competencia se extiende desde la protección de los productores de limón contra la extorsión hasta asegurarse de que los narcotraficantes no disuadan a los extranjeros de invertir en pozos de petróleo y plantas petroquímicas”. “Llegó tarde y es más pequeña de lo esperado, pero será bienvenido si se fortalece la Policía Federal”, aseguró a la publicación Rafael Fernández de Castro, experto en asuntos de seguridad. Otros dicen afirman que se centra más en las apariencias que realidades.
“La Gendarmería es una aspirina para combatir un cáncer”, dijo, por su parte, Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia. “El señor Peña está, básicamente, repitiendo la historia mediante la creación de más policías. Lo que necesitamos es una mejor policía “. El mes pasado, el Presidente aseguró que durante el primer semestre del año los homicidios había caído 27 por ciento en comparación a 2012, antes de su elección.
El gobierno afirma que los secuestros, que subieron el año pasado, también están disminuyendo (aunque el 15 de agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje que casi 70 ciudadanos estadounidenses habían sido secuestrados en México en la primera mitad del año). Cita que a pesar de las cifras oficiales, en las encuestas, los mexicanos aseguran que todavía están preocupados por la seguridad como lo estaban antes de que Peña Nieto llegara al poder, a pesar del éxito de su gobierno en la captura de varios capos de la droga. “Eso es en parte debido a que en varias zonas de la tasa de homicidios sigue siendo intolerablemente alto” y cita el caso de Chihuahua que sigue siendo más de tres veces el promedio nacional. La ciudadanía también está preocupada por otros delitos como el secuestro y la extorsión que se han multiplicado.
“Estos son tan alarmantes para los ciudadanos comunes como ver a los miembros de las bandas de narcotraficantes matan unos a otros. Tales crímenes son especialmente prominentes en zonas ‘repletas de cinturones de pobreza, como Ecatepec y Nezahualcóyotl, que rodean la capital, donde las fuerzas del orden es corrupta y la violencia es tan rampante que tomar un autobús, en palabras de un analista, es un ‘deporte extremo’. Estas áreas reciben menos atención que zonas de ricos como Valle de Bravo”.
PARA LA FOTO
En este contexto, la publicación considera que el lanzamiento de la Gendarmería, será “una foto llamativa”, pero los analistas y ciudadanos consideran que es posible hacer algo mejor que reforzar el aparato de seguridad. “El gobierno se preocupa más por la óptica que sobre el valor operativo de estas nuevas unidades”, dice Alejandro Hope, analista de seguridad. Lo que es más, el mensaje implícito de la creación de una nueva fuerza policial civil es que el Ejército permanecerá en las calles.
FUENTE SINEMBARGO.MX
vía:
http://apiavirtual.net/2014/08/23/epn-lanza-gendarmeria-destinada-a-cuidar-los-intereses-empresariales/#more-69064
lunes, 25 de agosto de 2014
Chile: Los chilenos, un pueblo traicionado por sus líderes...Mario Briones R.
El Clarín de Chile
La discusión sobre la
reforma tributaria parece más una entretención del mundo político para
ocupar el tiempo y hacernos sentir que están preocupados del pueblo más
que discutir sobre los grandes objetivos que se requieren para levantar
el país. La reforma tributaria ya se nota corta en recursos necesarios
para financiar la educación, la salud, las pensiones, etc., por eso es
mejor pensar que “peor es nada”. Pero vamos al fondo del problema y
para ello nada mejor que empezar citando al presidente del Consejo de
Sociedades Científicas, el Dr. Jorge Babul, Bío Químico, quien al ser
preguntado en la TV sobre la ciencia que se realiza en el país, dijo,
hacemos ciencia, pero muy poca. Luego argumentó que había que
preguntarse qué país queremos tener y qué sería lo apropiado hacer en
ciencia, en ese tipo de país que queremos tener.
Sus conclusiones son claras, nadie se está haciendo este tipo de preguntas por la simple razón de que no hay interés en Chile por hacer ciencia. Los legisladores son quienes tienen que desarrollar y estimular estas iniciativas, pero no lo hacen porque no entienden de ciencia. He querido citar las palabras del Dr. Babul, porque en estricto rigor, lo que plantea este científico no admite dudas, sin embargo, falta explicar porqué no se hace ciencia en Chile. Fue definido por la oligarquía y el establishment chileno hace mucho tiempo que seriamos un país mediocre, entregado al capital extranjero, donde se pueden extraer todas las riquezas a vil precio, quedando en manos de estos personajes políticos, empresariales, banqueros, capitalistas, etc., el poder de fijar las comisiones de venta y firmar los acuerdos, contratos, leyes o decretos donde queda estampada la rendición del pueblo chileno, cediendo todos los derechos y regalías de los recursos que se extraerán de la tierra, para lo cual no se necesita hacer ciencia.
Son frases duras y suenan como tal, pero no son nada comparado con los cientos de miles o millones de chilenos que sufren, sufrieron, murieron y seguirán haciéndolo, porque no tuvieron atención en salud, mal alimentados y fueron olvidados sistemáticamente hasta perder sus vidas, víctimas de la falta de oportunidades. Una parte de ellos fueron víctimas directas de la dictadura, muertes, sufrimientos y algo peor que aún subsiste, las famosas leyes de amarre de la dictadura, que seguirán postergando a millones de chilenos, pero, vamos a los hechos.
El 27 de marzo del 2012, el presidente Sebastián Piñera aprobó por vía administrativa la implementación de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), un decreto que autorizaba a empresas locales y extranjeras a obtener 100.000 toneladas de este mineral en los próximos 20 años. Debemos recordar que cuando nombraron a Hernán de Solminihac en el Ministerio de Minería y Energía, el h ermano del Ministro, Patricio de Solminihac, era subgerente general de Soquimich, propiedad ligada a Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, una de las principales productoras de litio que disputaba conseguir un nuevo contrato. Las irregularidades denunciadas lograron parar la iniciativa y le costó el puesto al subsecretario, Sr. Pablo Wagner. Sin embargo, ¿qué dijeron? El diputado de la UDI y Presidente de la Comisión de Minería y Energía en ese tiempo, Manuel Rojas, declaró que “estamos en un mercado incierto y ante esa incertidumbre debemos velar por mantener el primer lugar en materia de explotación”.
El ex presidente S. Piñera justificó los contratos de explotación del litio aduciendo que Chile no tenía la tecnología ni los conocimientos científicos necesarios para industrializar el mineral, producir baterías y otros productos. Evo Morales, Presidente de Bolivia, a quién muchos miran en menos, afirmó que su país estaba decidido a desarrollar con tecnología propia, procedente de los científicos de su país, los métodos de procesamiento para industrializar el mineral y producir todo tipo de baterías en Bolivia. Fueron más lejos, decidieron avanzar y están logrando resultados de las investigaciones realizadas por científicos bolivianos para producir carbonato de litio con métodos propios, evitando tener que pagar por el uso de licencias extranjeras para su explotación.
La penosa historia del salitre es conocida por todos y sabemos cómo terminó con José M. Balmaceda. Pero tenemos una historia más reciente, el cobre. “La principal causa, entre varias, para que el precio mundial del cobre haya bajado durante los 11 años que van desde 1974 a 1984 ha sido la Política Chilena del Cobre y la Ley Minera”. “Chile notificó al mundo su política, extraer y exportar la mayor cantidad de cobre posible en el menor tiempo posible”, palabras de R. Tomic, hasta que cayó el precio del cobre. Dijeron hasta el cansancio que el progreso científico condenaba al cobre a ser un metal sin valor, por materiales como la fibra de vidrio, que dejaría obsoleto el cobre. Todos sabemos hoy, y a pesar de haberse entregado la mayor parte al inversionista extranjero, que el cobre sigue siendo el sueldo de Chile. Lo grave, es que se exporta más de un 50%, en calidad de concentrados y que los gastos de tratamiento, refinación, rebaja por humedad y otros del concentrado, se pierde un 12,13% del valor correcto, sólo y únicamente por vender nuestra riqueza natural, sin agregarle valor alguno al cobre.
De acuerdo con información consignada en los últimos días por agencias, BHP, que en Chile opera la mina Escondida y es propietaria de los yacimientos Cerro Colorado y Spence, “acordó cargos de tratamiento y refinación (TC/RC, por sus siglas en inglés) de US$ 99 por tonelada y 9,9 centavos de dólar por libra para sus envíos de concentrados correspondientes a la primera parte del próximo año. Estos valores son 41% superiores respecto de los US$ 70 por tonelada y 7 centavos de dólar por libra negociados para el segundo semestre de 2013. Además, dicen los especialistas, es superior a la tarifa referencial de 2014 para envíos en todo el año”.
Expresado en dólares del mismo valor adquisitivo (dólares de 2012), la salida de capital por concepto de “renta de la inversión directa” (utilidades y dividendos, en su mayor parte proveniente de actividades mineras) saltó de un total de US$ 26 mil millones para la década 1993-2002 a más de US$ 140 mil millones en la década siguiente, cuando el precio del cobre se cuadruplicó. En 2006 y 2007 salieron más de US$ 20 mil millones por año.
A medida que menciono estos hechos mis palabras ya no suenan tan duras, se vuelven hasta gentiles, pero falta más. Todos los días nos dicen que debemos invertir más en energía eléctrica, a carbón, interviniendo los ríos, los glaciares, lo harían de cualquier forma si la comunidad no reclamara, porque no les importa el dónde ni el cómo. Ahora resulta que la energía eléctrica la venderán a Argentina. Existe un proyecto para volver a usar la línea de transmisión que une las subestaciones Los Andes, en Chile, y Cobos, en Argentina, que tiene una capacidad de 345 KV. La línea, que conecta la central Salta (Argentina) con el norte de Chile. Vender energía en Chile es un negocio tan fabuloso como para poner en riesgo el abastecimiento de agua potable de millones de santiaguinos.
La empresa AES Gener S.A. informó en carácter de hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, un acuerdo con Aguas Andinas, para utilizar en la generación eléctrica, aguas de Laguna Negra y Lo Encañado que están destinadas al agua potable de Santiago. En el acuerdo, Aguas Andinas traspasa a AES Gener S.A. un caudal de 2,5 m3/s de las aguas efluentes de Laguna Negra y Laguna Lo Encañado. Como contra-prestación, la empresa eléctrica hará a Aguas Andinas pagos mensuales por potencia y energía. El convenio tiene un plazo de vigencia de 40 años. El propio ejecutivo del Proyecto Alto Maipo Jorge Rodríguez G, reconoció que había contratos para vender electricidad a las mineras del norte. No les importa nada, son extranjeros y sacrifican lo que sea por la utilidad.
El acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) está en su etapa final, y contempla atribuciones para que las transnacionales lleven a juicio al Estado en materias de licencias, mediante tribunales secretos para administrar arbitrajes, integrando abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales, una verdadera amenaza a los países con economías más débiles, donde sus habitantes terminarán en manos de las grandes corporaciones extranjeras, el futuro hipotecado de las próximas generaciones, controlando hasta Internet.
“Hoy la fuerza que empuja el cambio sólo viene de la calle; y eso puede ser complicado. En especial, cuando ésta se origina por la transformación abrupta de una larga alienación pasiva en una explosión de rabia frustrada. Lo que los neo-liberales de todo color político nunca han entendido es que el capitalismo desregulado genera tales tendencias depredadoras que no sólo lo hace ineficiente, sino autodestructivo. Tarde o temprano la mayoría deja de tolerar lo intolerable. Y esperar ese momento para hacer el cambio tiene connotaciones de ruleta rusa”. Palabras de José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y Senior lecturer de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, viviendo 40 años en Inglaterra.
José Gabriel Palma es chileno y sus palabras aportan un gran mensaje y por eso es bueno citar, “Lo fundamental a entender del Asia no es que Corea tenga una tasa de crecimiento promedio anual del 7%, tasa que nosotros también tuvimos por algunos años en los ‘90s, sino que Corea la ha tenido por 50 años (multiplicando su PIB por 27). La tasa correspondiente para Chile durante ese período es tan sólo del 4,2%, lo que nos llevó a multiplicar nuestro PIB por menos de 8. Lo fundamental a aprender del Asia es cómo ser corredores de maratón (sostener el crecimiento en el tiempo), en lugar de ser (cuando mucho) corredores de media distancia (los ’90s) en Chile.”
Hemos llegado a un grado tal de dependencia que se han perpetuado las condiciones de vida de millones de chilenos, garantizándoles la pobreza. Sometidos con el cobre, con los fármacos, con los productos extranjeros subsidiados, con los TLC, con empresas extranjeras imponiendo altas tarifas en agua, electricidad, teléfonos, si apenas vemos el mar cercado por las inmobiliarias. Tenemos miedo a ser soberanos, porque cada vez que debe tomarse una decisión importante, es necesario pedir permiso a los representantes del capital en Chile, la derecha, para que “perfeccione” las leyes. Por eso no se hace ciencia en Chile, por eso, cuando explote la burbuja financiera y caiga el precio del cobre, tendremos una explosión de pobreza. Por eso seguimos transportados como animales, por eso la reforma tributaria es una “minucia” para “distraer la perdiz”, frente a la inmensa cantidad de recursos que salen y salen de Chile sin pagar impuestos.
Hemos ido perdiendo hasta la identidad de chilenos, la cultura, la comida es china, peruana o cualquier otra. Nuestros los líderes nos dejaron una patria arrendada y estamos pagando muy caro el arriendo por vivir en ella.
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=188608
Sus conclusiones son claras, nadie se está haciendo este tipo de preguntas por la simple razón de que no hay interés en Chile por hacer ciencia. Los legisladores son quienes tienen que desarrollar y estimular estas iniciativas, pero no lo hacen porque no entienden de ciencia. He querido citar las palabras del Dr. Babul, porque en estricto rigor, lo que plantea este científico no admite dudas, sin embargo, falta explicar porqué no se hace ciencia en Chile. Fue definido por la oligarquía y el establishment chileno hace mucho tiempo que seriamos un país mediocre, entregado al capital extranjero, donde se pueden extraer todas las riquezas a vil precio, quedando en manos de estos personajes políticos, empresariales, banqueros, capitalistas, etc., el poder de fijar las comisiones de venta y firmar los acuerdos, contratos, leyes o decretos donde queda estampada la rendición del pueblo chileno, cediendo todos los derechos y regalías de los recursos que se extraerán de la tierra, para lo cual no se necesita hacer ciencia.
Son frases duras y suenan como tal, pero no son nada comparado con los cientos de miles o millones de chilenos que sufren, sufrieron, murieron y seguirán haciéndolo, porque no tuvieron atención en salud, mal alimentados y fueron olvidados sistemáticamente hasta perder sus vidas, víctimas de la falta de oportunidades. Una parte de ellos fueron víctimas directas de la dictadura, muertes, sufrimientos y algo peor que aún subsiste, las famosas leyes de amarre de la dictadura, que seguirán postergando a millones de chilenos, pero, vamos a los hechos.
El 27 de marzo del 2012, el presidente Sebastián Piñera aprobó por vía administrativa la implementación de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), un decreto que autorizaba a empresas locales y extranjeras a obtener 100.000 toneladas de este mineral en los próximos 20 años. Debemos recordar que cuando nombraron a Hernán de Solminihac en el Ministerio de Minería y Energía, el h ermano del Ministro, Patricio de Solminihac, era subgerente general de Soquimich, propiedad ligada a Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, una de las principales productoras de litio que disputaba conseguir un nuevo contrato. Las irregularidades denunciadas lograron parar la iniciativa y le costó el puesto al subsecretario, Sr. Pablo Wagner. Sin embargo, ¿qué dijeron? El diputado de la UDI y Presidente de la Comisión de Minería y Energía en ese tiempo, Manuel Rojas, declaró que “estamos en un mercado incierto y ante esa incertidumbre debemos velar por mantener el primer lugar en materia de explotación”.
El ex presidente S. Piñera justificó los contratos de explotación del litio aduciendo que Chile no tenía la tecnología ni los conocimientos científicos necesarios para industrializar el mineral, producir baterías y otros productos. Evo Morales, Presidente de Bolivia, a quién muchos miran en menos, afirmó que su país estaba decidido a desarrollar con tecnología propia, procedente de los científicos de su país, los métodos de procesamiento para industrializar el mineral y producir todo tipo de baterías en Bolivia. Fueron más lejos, decidieron avanzar y están logrando resultados de las investigaciones realizadas por científicos bolivianos para producir carbonato de litio con métodos propios, evitando tener que pagar por el uso de licencias extranjeras para su explotación.
La penosa historia del salitre es conocida por todos y sabemos cómo terminó con José M. Balmaceda. Pero tenemos una historia más reciente, el cobre. “La principal causa, entre varias, para que el precio mundial del cobre haya bajado durante los 11 años que van desde 1974 a 1984 ha sido la Política Chilena del Cobre y la Ley Minera”. “Chile notificó al mundo su política, extraer y exportar la mayor cantidad de cobre posible en el menor tiempo posible”, palabras de R. Tomic, hasta que cayó el precio del cobre. Dijeron hasta el cansancio que el progreso científico condenaba al cobre a ser un metal sin valor, por materiales como la fibra de vidrio, que dejaría obsoleto el cobre. Todos sabemos hoy, y a pesar de haberse entregado la mayor parte al inversionista extranjero, que el cobre sigue siendo el sueldo de Chile. Lo grave, es que se exporta más de un 50%, en calidad de concentrados y que los gastos de tratamiento, refinación, rebaja por humedad y otros del concentrado, se pierde un 12,13% del valor correcto, sólo y únicamente por vender nuestra riqueza natural, sin agregarle valor alguno al cobre.
De acuerdo con información consignada en los últimos días por agencias, BHP, que en Chile opera la mina Escondida y es propietaria de los yacimientos Cerro Colorado y Spence, “acordó cargos de tratamiento y refinación (TC/RC, por sus siglas en inglés) de US$ 99 por tonelada y 9,9 centavos de dólar por libra para sus envíos de concentrados correspondientes a la primera parte del próximo año. Estos valores son 41% superiores respecto de los US$ 70 por tonelada y 7 centavos de dólar por libra negociados para el segundo semestre de 2013. Además, dicen los especialistas, es superior a la tarifa referencial de 2014 para envíos en todo el año”.
Expresado en dólares del mismo valor adquisitivo (dólares de 2012), la salida de capital por concepto de “renta de la inversión directa” (utilidades y dividendos, en su mayor parte proveniente de actividades mineras) saltó de un total de US$ 26 mil millones para la década 1993-2002 a más de US$ 140 mil millones en la década siguiente, cuando el precio del cobre se cuadruplicó. En 2006 y 2007 salieron más de US$ 20 mil millones por año.
A medida que menciono estos hechos mis palabras ya no suenan tan duras, se vuelven hasta gentiles, pero falta más. Todos los días nos dicen que debemos invertir más en energía eléctrica, a carbón, interviniendo los ríos, los glaciares, lo harían de cualquier forma si la comunidad no reclamara, porque no les importa el dónde ni el cómo. Ahora resulta que la energía eléctrica la venderán a Argentina. Existe un proyecto para volver a usar la línea de transmisión que une las subestaciones Los Andes, en Chile, y Cobos, en Argentina, que tiene una capacidad de 345 KV. La línea, que conecta la central Salta (Argentina) con el norte de Chile. Vender energía en Chile es un negocio tan fabuloso como para poner en riesgo el abastecimiento de agua potable de millones de santiaguinos.
La empresa AES Gener S.A. informó en carácter de hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, un acuerdo con Aguas Andinas, para utilizar en la generación eléctrica, aguas de Laguna Negra y Lo Encañado que están destinadas al agua potable de Santiago. En el acuerdo, Aguas Andinas traspasa a AES Gener S.A. un caudal de 2,5 m3/s de las aguas efluentes de Laguna Negra y Laguna Lo Encañado. Como contra-prestación, la empresa eléctrica hará a Aguas Andinas pagos mensuales por potencia y energía. El convenio tiene un plazo de vigencia de 40 años. El propio ejecutivo del Proyecto Alto Maipo Jorge Rodríguez G, reconoció que había contratos para vender electricidad a las mineras del norte. No les importa nada, son extranjeros y sacrifican lo que sea por la utilidad.
El acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) está en su etapa final, y contempla atribuciones para que las transnacionales lleven a juicio al Estado en materias de licencias, mediante tribunales secretos para administrar arbitrajes, integrando abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales, una verdadera amenaza a los países con economías más débiles, donde sus habitantes terminarán en manos de las grandes corporaciones extranjeras, el futuro hipotecado de las próximas generaciones, controlando hasta Internet.
“Hoy la fuerza que empuja el cambio sólo viene de la calle; y eso puede ser complicado. En especial, cuando ésta se origina por la transformación abrupta de una larga alienación pasiva en una explosión de rabia frustrada. Lo que los neo-liberales de todo color político nunca han entendido es que el capitalismo desregulado genera tales tendencias depredadoras que no sólo lo hace ineficiente, sino autodestructivo. Tarde o temprano la mayoría deja de tolerar lo intolerable. Y esperar ese momento para hacer el cambio tiene connotaciones de ruleta rusa”. Palabras de José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y Senior lecturer de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, viviendo 40 años en Inglaterra.
José Gabriel Palma es chileno y sus palabras aportan un gran mensaje y por eso es bueno citar, “Lo fundamental a entender del Asia no es que Corea tenga una tasa de crecimiento promedio anual del 7%, tasa que nosotros también tuvimos por algunos años en los ‘90s, sino que Corea la ha tenido por 50 años (multiplicando su PIB por 27). La tasa correspondiente para Chile durante ese período es tan sólo del 4,2%, lo que nos llevó a multiplicar nuestro PIB por menos de 8. Lo fundamental a aprender del Asia es cómo ser corredores de maratón (sostener el crecimiento en el tiempo), en lugar de ser (cuando mucho) corredores de media distancia (los ’90s) en Chile.”
Hemos llegado a un grado tal de dependencia que se han perpetuado las condiciones de vida de millones de chilenos, garantizándoles la pobreza. Sometidos con el cobre, con los fármacos, con los productos extranjeros subsidiados, con los TLC, con empresas extranjeras imponiendo altas tarifas en agua, electricidad, teléfonos, si apenas vemos el mar cercado por las inmobiliarias. Tenemos miedo a ser soberanos, porque cada vez que debe tomarse una decisión importante, es necesario pedir permiso a los representantes del capital en Chile, la derecha, para que “perfeccione” las leyes. Por eso no se hace ciencia en Chile, por eso, cuando explote la burbuja financiera y caiga el precio del cobre, tendremos una explosión de pobreza. Por eso seguimos transportados como animales, por eso la reforma tributaria es una “minucia” para “distraer la perdiz”, frente a la inmensa cantidad de recursos que salen y salen de Chile sin pagar impuestos.
Hemos ido perdiendo hasta la identidad de chilenos, la cultura, la comida es china, peruana o cualquier otra. Nuestros los líderes nos dejaron una patria arrendada y estamos pagando muy caro el arriendo por vivir en ella.
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=188608
USA-Estados Unidos: ¿Por qué el caso Ferguson podría desatar una guerra civil en E.U.?...RT
© AFP Michael B. Thomas
Los disturbios en la ciudad estadounidense de
Ferguson y la constante violencia policial contra la población negra
podrían llevar a EE.UU. al borde de la guerra civil, según opinan varios
expertos.
El presidente del Comité Islámico de Rusia, Geydar Jemal, señaló en una entrevista a la agencia de noticias IslamNews que los actuales
acontecimientos en Ferguson ya tienen precedentes. Todo el siglo XX el
país fue escenario de violentos disturbios raciales. Unos de los
ejemplos más destacados se registró en 1992 en Los Angeles.
Según Jemal, las agencias federales de seguridad "están destartalando" a EE.UU. "Anualmente en el país se registran 4,5 millones de crímenes policiales contra la población civil. Además, jueces y fiscales casi nunca castigan a la Policía, incluso si mata a personas indefensas en presencia de testigos", afirmó el experto.
Jemal advirtió de que en la sociedad estadounidense hoy en día "están madurando uvas de la ira", y el propio país "está al borde de una nueva guerra civil".
"Numerosas personas están francamente cansadas de la dominación de la burocracia federal, de la anarquía de las fuerzas de seguridad, así como de la pura arbitrariedad en la promulgación de leyes por parte del Senado", destacó el experto.
Por su parte, Vladímir Shapoválov, director del Instituto de Política, Derecho y Desarrollo Social de la Universidad Estatal de Moscú de Humanidades, opina que "la sociedad estadounidense es un polvorín que podría explotar en cualquier momento", ya que casos parecidos al de Ferguson se producen "con asombrosa regularidad" últimamente.
La política de Washington para superar las fronteras entre razas está desapareciendo gradualmente, recordó Shapoválov al portal Pravda. "Una de las razones para que se iniciara este proceso fue el colapso de la URSS, que siempre jugaba el papel de censor externo que llamaba la atención sobre la opresión de la población negra, sobre la discriminación", señaló el experto. Esa supervisión soviética, según sus palabras, provocó intentos de EE.UU. de emprender ciertos cambios en el país.
Según Shapoválov, la tensión en Ferguson es el comienzo de un proceso negativo general en el país. "Ferguson es un eslabón en la cadena. Todo comenzó hace 10 a 15 años y una gran batalla entre distintas partes de EE.UU. está por venir. Sin duda, el volante no ha hecho más que empezar a girar. El conflicto irá en aumento", afirmó.
"En realidad, el caso Ferguson tiene un significado simbólico: pone un rotundo punto y final a la idea de la sociedad estadounidense de bienestar para todos", añadió.
A partir de ahora, los procesos abiertos solo empeorarán, opina el experto. La comunidad blanca reforzará su control sobre los mecanismos de opresión de la comunidad negra que, a su vez, se está expandiendo. El experto recordó que, pese a que Ferguson es una ciudad con mayoría de habitantes de raza negra, la mayoría aplastante de los agentes policiales son de raza blanca.
En una entrevista al portal Pravda, el historiador y publicista Andréi Fúrsov afirmó que los disturbios raciales en EE.UU. pueden dar lugar a una "reestructuración sangrienta" de la sociedad provocada por las contradicciones raciales y étnicas. Fúrsov aseguró que, poco a poco, los ciudadanos blancos se convierten en una minoría en el país norteamericano.
"La situación en Ferguson revela la esencia de la hipocresía y doble moral de los estadounidenses. Obama puede enseñar a otros cómo actuar, pero debajo de su nariz se llevan a cabo numerosos crímenes de los cuales, según dice, no se debe hacer tragedia", recordó Fúrsov.
Según Jemal, las agencias federales de seguridad "están destartalando" a EE.UU. "Anualmente en el país se registran 4,5 millones de crímenes policiales contra la población civil. Además, jueces y fiscales casi nunca castigan a la Policía, incluso si mata a personas indefensas en presencia de testigos", afirmó el experto.
Jemal advirtió de que en la sociedad estadounidense hoy en día "están madurando uvas de la ira", y el propio país "está al borde de una nueva guerra civil".
"Numerosas personas están francamente cansadas de la dominación de la burocracia federal, de la anarquía de las fuerzas de seguridad, así como de la pura arbitrariedad en la promulgación de leyes por parte del Senado", destacó el experto.
"Ferguson es un rotundo punto y final a la idea de la sociedad estadounidense de bienestar para todos"
Por su parte, Vladímir Shapoválov, director del Instituto de Política, Derecho y Desarrollo Social de la Universidad Estatal de Moscú de Humanidades, opina que "la sociedad estadounidense es un polvorín que podría explotar en cualquier momento", ya que casos parecidos al de Ferguson se producen "con asombrosa regularidad" últimamente.
La política de Washington para superar las fronteras entre razas está desapareciendo gradualmente, recordó Shapoválov al portal Pravda. "Una de las razones para que se iniciara este proceso fue el colapso de la URSS, que siempre jugaba el papel de censor externo que llamaba la atención sobre la opresión de la población negra, sobre la discriminación", señaló el experto. Esa supervisión soviética, según sus palabras, provocó intentos de EE.UU. de emprender ciertos cambios en el país.
La sociedad estadounidense es un polvorín que podría explotar en cualquier momentoSin embargo, con la disolución de la URSS, la necesidad de controlar esos procesos internos despareció con la ausencia de una fuerza externa. EE.UU. se convirtió en el llamado "estándar de la democracia", algo que causó un grave problema del mundo moderno: falta de críticas respecto a EE.UU.
Según Shapoválov, la tensión en Ferguson es el comienzo de un proceso negativo general en el país. "Ferguson es un eslabón en la cadena. Todo comenzó hace 10 a 15 años y una gran batalla entre distintas partes de EE.UU. está por venir. Sin duda, el volante no ha hecho más que empezar a girar. El conflicto irá en aumento", afirmó.
"En realidad, el caso Ferguson tiene un significado simbólico: pone un rotundo punto y final a la idea de la sociedad estadounidense de bienestar para todos", añadió.
A partir de ahora, los procesos abiertos solo empeorarán, opina el experto. La comunidad blanca reforzará su control sobre los mecanismos de opresión de la comunidad negra que, a su vez, se está expandiendo. El experto recordó que, pese a que Ferguson es una ciudad con mayoría de habitantes de raza negra, la mayoría aplastante de los agentes policiales son de raza blanca.
"El caso Ferguson revela la esencia de la hipocresía y doble moral de EE.UU."
En una entrevista al portal Pravda, el historiador y publicista Andréi Fúrsov afirmó que los disturbios raciales en EE.UU. pueden dar lugar a una "reestructuración sangrienta" de la sociedad provocada por las contradicciones raciales y étnicas. Fúrsov aseguró que, poco a poco, los ciudadanos blancos se convierten en una minoría en el país norteamericano.
"La situación en Ferguson revela la esencia de la hipocresía y doble moral de los estadounidenses. Obama puede enseñar a otros cómo actuar, pero debajo de su nariz se llevan a cabo numerosos crímenes de los cuales, según dice, no se debe hacer tragedia", recordó Fúrsov.