La presidenta Michelle Bachelet trazó el 21 de
mayo las directrices que seguirá su gobierno: un discurso que acota su
programa a tres grandes reformas y a una serie de otros cambios menores.
Todo ello sobre el mismo patrón económico productivo instalado en Chile
hace ya más de veinte años. Reformas al modelo neoliberal, en ningún
caso una revolución, aun cuando un poco más que simples ajustes. “Los
gobiernos democráticos desde 1990 a la fecha, fueron capaces de
construir una economía sana, una democracia estable y un país maduro,
que puede mirarse al espejo y reconocer sus aciertos y profundizarlos”.
El mensaje está bien claro. Esta será la base sobre la que se aplicarán
las modificaciones.
Porque más allá de la reforma educacional y de la reforma tributaria para obtener recursos por 8.200 millones de dólares anuales hacia el final de su mandato, más una nueva Constitución, propuesta aún desconocida y muy poco mencionada en Valparaíso, no hay transformaciones relevantes en el modelo económico. Se trata de propuestas necesarias que apuntan a corregir los excesos más evidentes, como el lucro en la educación, o la obligación de tributar para un sector de la sociedad que en pocos años se ha apropiado de los principales mercados.
Si se atiende a otras demandas levantadas por sindicatos y organizaciones sociales veremos que no han sido mencionadas. Podemos comenzar con los fondos de pensiones de los trabajadores en manos de las AFPs. Bachelet ha anunciado la creación de una AFP estatal que reducirá las comisiones, propuesta que ha sido rechazada ampliamente por la mayoría de las organizaciones de trabajadores (ver págs. 8 y 9). Hace menos de un mes, cuando llamó a la conformación de una comisión de expertos para revisar las bajas pensiones promedio que ofrece el sistema privado de pensiones (hoy muy por debajo de un salario mínimo), excluyó a expertos como el economista Manuel Riesco, que han planteado el fin del sistema privado y propuesto uno de reparto. Como bien se sabe, los fondos de pensiones de los trabajadores son un insumo financiero para las grandes corporaciones, los que se traspasan a través del mercado de valores. Esta materia, vital para el sistema financiero chileno pero nefasto para los trabajadores, no se toca ni se menciona en el mensaje presidencial.
Como tampoco la situación del cobre, de manera creciente en manos del sector privado y que sólo durante 2013 tuvo ventas por 46 mil millones de dólares y utilidades por más de diez mil millones. Hace dos meses escribimos en estas páginas (PF Nº 801) sobre la nacionalización que ha hecho Bolivia de sus recursos naturales, que le ha permitido a ese país invertir prácticamente el total de estas utilidades en programas sociales. De una política similar en Chile, que financiaría la educación, salud, pensiones y otras carencias, ni hablar.
EL MODELO NO SE TOCA
De cierta manera, las reformas -acotadas a la educación, más la mayor carga tributaria a las grandes corporaciones y el fin de FUT-, en el resto de las medidas económicas previstas no se diferencian de otras similares presentadas por anteriores gobiernos de la Concertación. Ayudas en capacitación, créditos blandos, planes para aumentar las exportaciones, apoyos a las pymes. Una serie de anuncios que bien podría haberlos hecho una administración de la década pasada. Las pymes, ante un mercado ya consolidado y controlado por unas pocas grandes corporaciones, es poco lo que pueden crecer.
El 16 de mayo la presidenta Bachelet anunció la agenda de productividad, crecimiento e innovación. En ese discurso, busca una transformación productiva de la economía para la creación de nuevas industrias que generen productos más diversos con altos grados de innovación. Esta discusión, sin embargo, tiene ya casi dos décadas. Fue posteriormente aplastada por los grandes grupos económicos que basan sus utilidades en la extracción y exportación de recursos naturales y en el sector financiero para dinamizar el consumo interno. La tecnología y la innovación se ha adquirido en los mercados externos.
Para fortalecer este sector, permanente vagón de cola de la economía chilena, se destinará en un periodo de cuatro años un fondo de 1.500 millones de dólares, los que serán canalizados en créditos para la innovación hacia las pymes. Un proyecto que resulta claramente insuficiente y no alterará el paradigma productivo extractivo en el cual se ha basado desde hace más de veinte años la economía chilena generando, por cierto, los actuales niveles de concentración de la riqueza y desigualdad social.
ECONOMIA EN DESACELERACION
El aporte se hará a través del BancoEstado, que tendrá una capitalización de 450 millones de dólares. Aun cuando es un monto importante que sin duda favorecerá a un sector aletargado que requiere de financiamiento para el día a día, los efectos de esta política apuntan en mayor medida a dinamizar una economía en franca desaceleración. La inversión pública anunciada por el gobierno, que tenderá a crecer con el curso de los años, será clave para invertir el proceso de repliegue que registra la economía. En este sentido, es también una importante señal de estímulo económico desde lo público el anuncio de capitalización de Codelco, financiamiento necesario para hacer frente a inversiones previstas por 27 mil millones de dólares de aquí a 2025. En esta línea se puede también agregar la capitalización de Enami y Enap, ambas empresas desatendidas por los neoliberales de los anteriores gobiernos de la Concertación. Si la Nueva Mayoría hoy invierte en el sector público, veremos que no lo hace por un cambio espontáneo en su visión hacia lo público, sino por constituir una fuente para estimular la economía.
La semana previa al discurso del 21 de mayo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, hizo una presentación ante la Cámara de Diputados para exponer la situación de la economía nacional. Lo que se percibía desde finales de 2013 es ya una pesada realidad, que se proyecta hacia el resto del año y 2015. El contexto mundial, con altos precios de materias primas, del cual se favoreció el gobierno de Sebastián Piñera, marcó su cumbre el año pasado. Es muy probable que no sólo haya iniciado un descenso temporal sino que sea el inicio del final de un ciclo. La desaceleración de la economía china, el principal importador de cobre y otras materias primas, ha abierto una etapa de clara desaceleración para la economía nacional. Por el momento, son varios los indicadores que así lo expresan.
Arenas revisó prácticamente todas las variables y proyecciones establecidas en septiembre del año pasado, todas ellas esbozadas bajo otros criterios y otras realidades. Si el crecimiento del PIB para el año en curso fue proyectado en un 4,9 por ciento, Hacienda tuvo que contraerlo hasta un 3,4 por ciento. Y lo mismo para la demanda interna (consumo e inversión), cuya estimación para el año ha caído desde un 5,4 por ciento a 3,1 por ciento.
En el sector externo, al considerar el factor chino, el escenario también se ha deteriorado. De partida, el precio del cobre, que en septiembre del año pasado se estimó para 2014 en un promedio de 3,25 dólares por libra, en este momento la proyección se ubica en solo tres dólares. Una baja importante que ha afectado el tipo de cambio. Así es como el dólar, que en septiembre pasado estaba en 522 pesos, ahora se cotiza a 560 pesos, afectando los costos de bienes importados o con componentes importados, alza que ha tenido consecuencias en una mayor inflación: la proyección del IPC anual ha pasado de tres a 3,5 por ciento.
BACHELET Y ARENAS BAJO LUPA EMPRESARIAL
El manejo económico será fundamental para este gobierno. El ministro Arenas, y por extensión la presidenta Bachelet, está siendo observado no solo por la derecha y el empresariado, sino por sus cinco predecesores, todos hoy críticos de las reformas planteadas. Aun cuando la actual desaceleración es una consecuencia del contexto internacional y, acaso, de políticas del gobierno anterior, futuras alzas en los precios o en el desempleo serán sin duda argumentos que usarán sus adversarios para criticar las reformas.
Es por ello que para el gobierno es fundamental estimular la alicaída economía. Tal vez por esto Arenas mostró en el Congreso el estado del gasto fiscal. A la fecha, dijo, ha habido una merma de unos dos mil millones de dólares en los ingresos fiscales, algo como un 3,6 por ciento menos que el monto estimado. Si a este déficit agregamos eventos como el terremoto del norte y el incendio de Valparaíso, cuyos gastos para la reconstrucción ascienden a más de mil millones de dólares, hay un déficit fiscal cuyo equilibro en el corto plazo el gobierno pretende lograr con la reasignación de partidas y el uso de fondos soberanos. Más adelante, los mayores gastos se solventarán con los recursos de la reforma tributaria.
A partir del escenario económico actual y sus proyecciones es posible observar varios problemas. El primero es el ya citado, en cuanto la desaceleración y sus consecuencias en la producción, las ventas y el empleo, que pueden convertirse en el futuro cercano en un argumento útil para que la derecha, el empresariado y los medios del duopolio critiquen con más fuerza las reformas. Pero hay también otro inconveniente: hay muchas demandas ciudadanas no recogidas por el gobierno de la Nueva Mayoría, las cuales podrían comenzar a extenderse durante el curso de los meses. Con una economía desacelerada y bajos precios de las materias primas, la holgura para negociar y acceder a esas demandas se estrecha.
El problema, de por sí complejo, podría ahondarse en circunstancias económicas más adversas. En un contexto más prolongado de bajo crecimiento, los recursos proyectados en la reforma tributaria podrían ser menores, agravando la situación fiscal y, por cierto, aumentando las críticas. Ante una ciudadanía organizada y observante, la opción de no cumplir con el programa y los planes anunciados le acarrearían al gobierno y a la Nueva Mayoría enormes costos políticos.
REALIDAD MAS QUE OPACA
Las grandes empresas, aquellas que procesan materias primas, y la construcción, prevén un periodo de bajos precios y menor demanda. El economista Sebastián Zarricueta, investigador de la Plataforma Nexos, consigna en reciente informe la fuerte caída que han tenido los bienes de capital, en algunos casos hasta un 50 por ciento menos que el año pasado en los sectores de la minería y la construcción. Si esta es una realidad, las preguntas que plantea Zarricueta son igualmente auténticas: “Estando el origen de la actual desaceleración de la economía chilena fundamentalmente en la caída de la inversión, la siguiente interrogante que se abre es saber cómo reaccionará durante los próximos años todo el edificio social -incluyendo el conflicto de clases- y la institucionalidad política chilena construida sobre la particular configuración y estado actual del capitalismo en Chile”.
En este momento es posible pensar que no se trata solo del periodo bajo de una fase, sino del ingreso en un nuevo ciclo. La economía chilena ha pasado por diversas facetas durante los últimos años. Ha gozado de las altas demandas y altos precios de materias primas, las que, según numerosos análisis, es un fenómeno que ya ha tocado techo en tanto ha iniciado un proceso de repliegue. Otra fase ha sido la demanda interna, la que también habría tocado techo. Tanto en el consumo como en la inversión, la contracción es evidente. Con ambos estímulos económicos en pleno encogimiento, la alternativa está en el gobierno.
Ante este escenario, la única posibilidad es que el sector público reactive la economía, lo que no se deduce de la agenda de crecimiento presentada por el gobierno en los días previos al discurso el 21 de mayo. Un mecanismo clásico, pero elevado a la categoría de herejía por los gobiernos neoliberales.
Punto Final
vía:
http://www.lahaine.org/index.php?p=78160
Porque más allá de la reforma educacional y de la reforma tributaria para obtener recursos por 8.200 millones de dólares anuales hacia el final de su mandato, más una nueva Constitución, propuesta aún desconocida y muy poco mencionada en Valparaíso, no hay transformaciones relevantes en el modelo económico. Se trata de propuestas necesarias que apuntan a corregir los excesos más evidentes, como el lucro en la educación, o la obligación de tributar para un sector de la sociedad que en pocos años se ha apropiado de los principales mercados.
Si se atiende a otras demandas levantadas por sindicatos y organizaciones sociales veremos que no han sido mencionadas. Podemos comenzar con los fondos de pensiones de los trabajadores en manos de las AFPs. Bachelet ha anunciado la creación de una AFP estatal que reducirá las comisiones, propuesta que ha sido rechazada ampliamente por la mayoría de las organizaciones de trabajadores (ver págs. 8 y 9). Hace menos de un mes, cuando llamó a la conformación de una comisión de expertos para revisar las bajas pensiones promedio que ofrece el sistema privado de pensiones (hoy muy por debajo de un salario mínimo), excluyó a expertos como el economista Manuel Riesco, que han planteado el fin del sistema privado y propuesto uno de reparto. Como bien se sabe, los fondos de pensiones de los trabajadores son un insumo financiero para las grandes corporaciones, los que se traspasan a través del mercado de valores. Esta materia, vital para el sistema financiero chileno pero nefasto para los trabajadores, no se toca ni se menciona en el mensaje presidencial.
Como tampoco la situación del cobre, de manera creciente en manos del sector privado y que sólo durante 2013 tuvo ventas por 46 mil millones de dólares y utilidades por más de diez mil millones. Hace dos meses escribimos en estas páginas (PF Nº 801) sobre la nacionalización que ha hecho Bolivia de sus recursos naturales, que le ha permitido a ese país invertir prácticamente el total de estas utilidades en programas sociales. De una política similar en Chile, que financiaría la educación, salud, pensiones y otras carencias, ni hablar.
EL MODELO NO SE TOCA
De cierta manera, las reformas -acotadas a la educación, más la mayor carga tributaria a las grandes corporaciones y el fin de FUT-, en el resto de las medidas económicas previstas no se diferencian de otras similares presentadas por anteriores gobiernos de la Concertación. Ayudas en capacitación, créditos blandos, planes para aumentar las exportaciones, apoyos a las pymes. Una serie de anuncios que bien podría haberlos hecho una administración de la década pasada. Las pymes, ante un mercado ya consolidado y controlado por unas pocas grandes corporaciones, es poco lo que pueden crecer.
El 16 de mayo la presidenta Bachelet anunció la agenda de productividad, crecimiento e innovación. En ese discurso, busca una transformación productiva de la economía para la creación de nuevas industrias que generen productos más diversos con altos grados de innovación. Esta discusión, sin embargo, tiene ya casi dos décadas. Fue posteriormente aplastada por los grandes grupos económicos que basan sus utilidades en la extracción y exportación de recursos naturales y en el sector financiero para dinamizar el consumo interno. La tecnología y la innovación se ha adquirido en los mercados externos.
Para fortalecer este sector, permanente vagón de cola de la economía chilena, se destinará en un periodo de cuatro años un fondo de 1.500 millones de dólares, los que serán canalizados en créditos para la innovación hacia las pymes. Un proyecto que resulta claramente insuficiente y no alterará el paradigma productivo extractivo en el cual se ha basado desde hace más de veinte años la economía chilena generando, por cierto, los actuales niveles de concentración de la riqueza y desigualdad social.
ECONOMIA EN DESACELERACION
El aporte se hará a través del BancoEstado, que tendrá una capitalización de 450 millones de dólares. Aun cuando es un monto importante que sin duda favorecerá a un sector aletargado que requiere de financiamiento para el día a día, los efectos de esta política apuntan en mayor medida a dinamizar una economía en franca desaceleración. La inversión pública anunciada por el gobierno, que tenderá a crecer con el curso de los años, será clave para invertir el proceso de repliegue que registra la economía. En este sentido, es también una importante señal de estímulo económico desde lo público el anuncio de capitalización de Codelco, financiamiento necesario para hacer frente a inversiones previstas por 27 mil millones de dólares de aquí a 2025. En esta línea se puede también agregar la capitalización de Enami y Enap, ambas empresas desatendidas por los neoliberales de los anteriores gobiernos de la Concertación. Si la Nueva Mayoría hoy invierte en el sector público, veremos que no lo hace por un cambio espontáneo en su visión hacia lo público, sino por constituir una fuente para estimular la economía.
La semana previa al discurso del 21 de mayo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, hizo una presentación ante la Cámara de Diputados para exponer la situación de la economía nacional. Lo que se percibía desde finales de 2013 es ya una pesada realidad, que se proyecta hacia el resto del año y 2015. El contexto mundial, con altos precios de materias primas, del cual se favoreció el gobierno de Sebastián Piñera, marcó su cumbre el año pasado. Es muy probable que no sólo haya iniciado un descenso temporal sino que sea el inicio del final de un ciclo. La desaceleración de la economía china, el principal importador de cobre y otras materias primas, ha abierto una etapa de clara desaceleración para la economía nacional. Por el momento, son varios los indicadores que así lo expresan.
Arenas revisó prácticamente todas las variables y proyecciones establecidas en septiembre del año pasado, todas ellas esbozadas bajo otros criterios y otras realidades. Si el crecimiento del PIB para el año en curso fue proyectado en un 4,9 por ciento, Hacienda tuvo que contraerlo hasta un 3,4 por ciento. Y lo mismo para la demanda interna (consumo e inversión), cuya estimación para el año ha caído desde un 5,4 por ciento a 3,1 por ciento.
En el sector externo, al considerar el factor chino, el escenario también se ha deteriorado. De partida, el precio del cobre, que en septiembre del año pasado se estimó para 2014 en un promedio de 3,25 dólares por libra, en este momento la proyección se ubica en solo tres dólares. Una baja importante que ha afectado el tipo de cambio. Así es como el dólar, que en septiembre pasado estaba en 522 pesos, ahora se cotiza a 560 pesos, afectando los costos de bienes importados o con componentes importados, alza que ha tenido consecuencias en una mayor inflación: la proyección del IPC anual ha pasado de tres a 3,5 por ciento.
BACHELET Y ARENAS BAJO LUPA EMPRESARIAL
El manejo económico será fundamental para este gobierno. El ministro Arenas, y por extensión la presidenta Bachelet, está siendo observado no solo por la derecha y el empresariado, sino por sus cinco predecesores, todos hoy críticos de las reformas planteadas. Aun cuando la actual desaceleración es una consecuencia del contexto internacional y, acaso, de políticas del gobierno anterior, futuras alzas en los precios o en el desempleo serán sin duda argumentos que usarán sus adversarios para criticar las reformas.
Es por ello que para el gobierno es fundamental estimular la alicaída economía. Tal vez por esto Arenas mostró en el Congreso el estado del gasto fiscal. A la fecha, dijo, ha habido una merma de unos dos mil millones de dólares en los ingresos fiscales, algo como un 3,6 por ciento menos que el monto estimado. Si a este déficit agregamos eventos como el terremoto del norte y el incendio de Valparaíso, cuyos gastos para la reconstrucción ascienden a más de mil millones de dólares, hay un déficit fiscal cuyo equilibro en el corto plazo el gobierno pretende lograr con la reasignación de partidas y el uso de fondos soberanos. Más adelante, los mayores gastos se solventarán con los recursos de la reforma tributaria.
A partir del escenario económico actual y sus proyecciones es posible observar varios problemas. El primero es el ya citado, en cuanto la desaceleración y sus consecuencias en la producción, las ventas y el empleo, que pueden convertirse en el futuro cercano en un argumento útil para que la derecha, el empresariado y los medios del duopolio critiquen con más fuerza las reformas. Pero hay también otro inconveniente: hay muchas demandas ciudadanas no recogidas por el gobierno de la Nueva Mayoría, las cuales podrían comenzar a extenderse durante el curso de los meses. Con una economía desacelerada y bajos precios de las materias primas, la holgura para negociar y acceder a esas demandas se estrecha.
El problema, de por sí complejo, podría ahondarse en circunstancias económicas más adversas. En un contexto más prolongado de bajo crecimiento, los recursos proyectados en la reforma tributaria podrían ser menores, agravando la situación fiscal y, por cierto, aumentando las críticas. Ante una ciudadanía organizada y observante, la opción de no cumplir con el programa y los planes anunciados le acarrearían al gobierno y a la Nueva Mayoría enormes costos políticos.
REALIDAD MAS QUE OPACA
Las grandes empresas, aquellas que procesan materias primas, y la construcción, prevén un periodo de bajos precios y menor demanda. El economista Sebastián Zarricueta, investigador de la Plataforma Nexos, consigna en reciente informe la fuerte caída que han tenido los bienes de capital, en algunos casos hasta un 50 por ciento menos que el año pasado en los sectores de la minería y la construcción. Si esta es una realidad, las preguntas que plantea Zarricueta son igualmente auténticas: “Estando el origen de la actual desaceleración de la economía chilena fundamentalmente en la caída de la inversión, la siguiente interrogante que se abre es saber cómo reaccionará durante los próximos años todo el edificio social -incluyendo el conflicto de clases- y la institucionalidad política chilena construida sobre la particular configuración y estado actual del capitalismo en Chile”.
En este momento es posible pensar que no se trata solo del periodo bajo de una fase, sino del ingreso en un nuevo ciclo. La economía chilena ha pasado por diversas facetas durante los últimos años. Ha gozado de las altas demandas y altos precios de materias primas, las que, según numerosos análisis, es un fenómeno que ya ha tocado techo en tanto ha iniciado un proceso de repliegue. Otra fase ha sido la demanda interna, la que también habría tocado techo. Tanto en el consumo como en la inversión, la contracción es evidente. Con ambos estímulos económicos en pleno encogimiento, la alternativa está en el gobierno.
Ante este escenario, la única posibilidad es que el sector público reactive la economía, lo que no se deduce de la agenda de crecimiento presentada por el gobierno en los días previos al discurso el 21 de mayo. Un mecanismo clásico, pero elevado a la categoría de herejía por los gobiernos neoliberales.
Punto Final
vía:
http://www.lahaine.org/index.php?p=78160
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