Argentina es uno de los
países menos endeudados del planeta, ya que desde 2005 viene pagando su
deuda externa (que representa sólo 46 por ciento del PIB) pero, a pesar
de eso, está al borde de una nueva cesación de pagos el 30 de este mes
y, para peor, está la merced de un juez de Nueva York comprometido con
los fondos usureros que han puesto a Argentina entre la espada y la
pared.
La dictadura (1976-83) cuadruplicó la deuda externa y estableció que
cualquier litigio sobre la misma se realice en Nueva York, abandonando
así la soberanía jurídica argentina. Los gobiernos posteriores
(sucesivamente, de la Unión Cívica Radical, la derecha peronista
menemista y la Alianza radical-peronista) aumentaron aún más la deuda
externa. Todos ellos y luego el kirchnerismo se negaron a declarar nulas
e impagables las deudas contraídas por un gobierno militar nacido de un
golpe y a declarar que los compradores de bonos de un gobierno
ilegítimo lo habían hecho a su propio riesgo, conscientes de la
ilegalidad de su compra. Por consiguiente, se negaron a realizar una
auditoría de dicha deuda externa, como hizo en cambio Ecuador, para
pagar sólo los compromisos estatales legítimos. Néstor Kirchner aceptó
la totalidad de la deuda al renegociarla, con una quita promedio de 60
por ciento que fue aceptada por 93 por ciento de los poseedores de
bonos, a los que Argentina paga regularmente. Una minoría de fondos buitres,
sin embargo, siguió reclamando el pago total. Uno de ellos compró bonos
argentinos devaluados por 48.7 millones de dólares y exige ahora mil
500 millones de dólares el día 30. A su reclamo, respaldado por el juez
Griesa de Nueva York en un fallo de primera instancia refrendado en
segunda instancia y respaldado por la Suprema Corte estadunidense, que
se negó a discutir el caso, se agregarían ahora otros fondos reclamando
el pago inmediato de hasta 15 mil millones de dólares. A ellos se podría
unir buena parte de los bonistas que antes habían aceptado la quita,
exigiendo entre 80 mil y 120 mil millones de dólares. Para colmo, el
juez Griesa impide al gobierno argentino seguir pagando a quienes
canjearon sus bonos, pues amenaza a Buenos Aires con embargar las
transferencias a los bonistas, que se pagan en Nueva York, para dárselas
a los fondos buitres, y prohíbe un cambio de sede judicial.Haber aceptado el principio del pago de la totalidad de la deuda externa impagable e ilegítima y, sobre todo, que las disputas sean zanjadas fuera de los tribunales argentinos y en Estados Unidos, deja a la Argentina al borde de la cesación de pagos, a pesar de que el país pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) todo lo que le debía y ha pagado en la Organización Mundial de Comercio (OMC), después a la petrolera española Repsol, que había saqueado el país, y últimamente al Club de París, siempre aceptando la cláusula aberrante que legitima el abandono de la soberanía jurídica y deja al país deudor a merced de un juez estadunidense cualquiera. Ahora el gobierno argentino simplemente reza esperando que el juez Griesa convenza a los fondos buitres de que acepten un pago parte en efectivo y parte a plazos con intereses leoninos. ¿Y si no aceptasen? La izquierda argentina sostiene que la soberanía jurídica no se regala, las deudas ilegítimas no se pagan y es posible cobrar un impuesto especial a las grandes fortunas (que contrajeron la deuda mediante sus representantes).
Al capital financiero internacional no le conviene el cese de pagos argentino. The New York Times criticó el 20 de junio a la Suprema Corte por poner en riesgo las posibilidades internacionales de otras renegociaciones de deuda y por fomentar la usura y la especulación financiera, y los gobiernos de México, Francia y hasta de Estados Unidos respaldaron a los abogados argentinos. Pero una cosa es el interés general del capitalismo y otra el interés particular de un grupo de capitalistas, respaldados por un juez afín al Tea Party. Además, el capital financiero internacional quiere sentar un ejemplo a escala mundial y demostrar que el camino de desendeudamiento seguido hasta ahora por Argentina es peligroso y costoso. Por eso, aunque a fines de año caducan los RUFO o sea, el derecho de otros acreedores a pedir el pago en condiciones iguales al más favorecido, quieren obligar a Argentina a pagar este 30 de junio, en el mejor de los casos, más de la mitad de sus reservas o, en el peor, una suma superior a 100 mil millones de dólares, cuando dichas reservas ascienden sólo a 38 mil millones de dólares, sus exportaciones caen en valor y el crecimiento económico se reduce fuertemente.
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/22/opinion/015a1pol
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