Asambleas, discusiones, 70 días sin respuestas, agosto, setiembre, octubre, salgamos a las calles, los papás y las mamás nos apoyan, el estudiantado también, aumento salarial, el gobierno quiere desgastarnos, busquemos el apoyo de los petroleros, 1500 docentes aguantando, pidamos también mejoras edilicias, la policía parece que nos va a reprimir, no, al final no porque los trabajadores de los yacimientos nos apoyaron, parece que el gobierno provincial va a convocar a una reunión, ¿vos decís?, ya van casi tres meses en estado de asamblea, sí, mañana firmamos el acuerdo.
Ni el viento inconmensurable de Comodoro Rivadavia, la ciudad más populosa de Chubut, pudo disipar la sucesión de imágenes que cruzaron por la cabeza de Carlos Magno. El secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) pudo respirar tranquilo cuando el gobierno de Martín Buzzi se comprometió a firmar el acuerdo que reconocía las reivindicaciones gremiales y educativas sostenidas durante casi 80 días.
No había margen. El gobierno provincial dio lugar al reclamo de aumento salarial y la devolución de los descuentos por los días de paro. Pero los trabajadores, además, subrayaron otros dos puntos que consideraban claves. Las autoridades chubutenses debían comprometerse a no iniciar medidas judiciales ni administrativas a los trabajadores que desde agosto se mantenían en estado de asamblea permanente.
Lo consiguieron. El acuerdo se firmó el 6 de noviembre.
Pero en diciembre llegó la sorpresa. Tres gremialistas fueron notificados de un llamado a declaración indagatoria. Las denuncias, se enteraron entonces, habían comenzado en octubre, y ellos ya estaban procesados.
Docentes piqueteros
Carlos Magno, 41 años, fue uno de los nominados. Los otros fueron el secretario gremial de ATECH Sur, Eduardo Humeres, y el delegado Daniel Murphy. ¿Por qué? La jueza federal Eva Parcio apeló a la figura de entorpecimiento de servicios públicos para dictar el procesamiento, basada en el artículo 194 del Código Penal. La norma, básicamente, establece que será “reprimido con prisión de tres a dos años el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.En síntesis, la jueza los acusó por cortar las rutas chubutenses.
La eclosión
Si bien el conflicto docente que derivó en los procesamientos de los tres gremialistas tuvo como punto de partida el 22 de agosto de 2013, las batallas venían con anterioridad. Los planteos de apertura de paritarias y los pedidos de las asambleas de reunión con las autoridades chubutenses encontraban la resistencia de la conducción provincial del sindicato. “Tomamos la decisión de hacer de la nuestra una regional importante, porque es la mayor concentración de trabajadores de la educación en zona urbana de Chubut”, explica Magno a lavaca.Así comenzaron una serie de protestas en los colegios que luego se trasladaron a las calles y derivaron en paros. “Estábamos planteando quejas por el alto costo de vida que no es reconocido en Comodoro, más los problemas de infraestructuras en las escuelas a los que nadie les prestaba atención”, apunta.
Fue en una reunión con el cuerpo de delegados cuando llegó la noticia que hizo eclosión. “A nivel provincial le negaron el ascenso a un grupo de supervisores que aceptaban las asambleas escolares como una práctica democrática. Les armaron un presumario”, contextualiza Eduardo Humeres, 63 años, otro de los procesados. Los delegados no dudaron: declararon las escuelas en estado de asamblea permanente.
Quién manda en la ciudad
Las huelgas se hicieron en los propios lugares de trabajo. “Fuimos a las escuelas, cumplimos el horario y a los padres se les pidió que no enviaran a sus hijos hasta que el Gobierno no respondiera los problemas que estábamos planteando”, sostiene Magno. El conflicto fue gradual: primero el paro fue por 24 horas, luego por 48, luego se extendió indefinidamente. La protesta tuvo tal magnitud que hubo escuelas tomadas por los propios padres de los alumnos. “El Gobierno respondió con cartas documentos y amenazas de sanciones y sumarios”, dice.Las manifestaciones comenzaron a sucederse en las calles con marchas, pintadas, panfleteadas y viajes a la capital provincial. El reclamo trascendió: comenzaron a cuestionar el presupuesto chubutense. “Decían que no había para salarios ni infraestructura, pero la conclusión siempre era la misma: mientras los generadores de la riqueza son los trabajadores, los que se la llevan son las empresas petroleras que tienen muy bajas cargas impositivas en cuanto a regalías”, destaca el secretario general de Atech Sur.
Magno introduce un nuevo cuerpo a la discusión: las petroleras. Comodoro Rivadavia es una ciudad con un fuerte contraste social y económico a partir de la actividad extractiva. Un ejemplo son los sueldos docentes: 3500 pesos era el básico de los trabajadores al comienzo del conflicto. “No se puede entender cómo una ciudad con tantas falencias es productora de tanta plata”, dice Magno. “Los primeros que sufrimos eso somos nosotros, que vivimos supeditados a los altos costos que genera la actividad petrolera”.
Solidaridad petrolera
Las asambleas resolvieron salir a la ruta. “Hubo 1500 compañeros distribuidos en distintos puntos”, recuerda Humeres. Sin embargo, la decisión tenía un objetivo claro: conseguir la solidaridad de los trabajadores petroleros con la lucha docente. “Fuimos a las entradas de los yacimientos. Eso fue lo que denominaron cortes de ruta”, dice Magno. “Y los trabajadores dijeron que no iban a pasar hasta que nos den respuesta. Ese fue el mayor éxito”.Magno destaca que una de las actas policiales de esas jornadas describe que las fuerzas de seguridad iban a desalojar con personal de infantería. “Pero fue desactivado. Los trabajadores petroleros dijeron que querían pasar, que los traían para pasarnos por encima, y cuando llegaron al corte, se bajaron de las camionetas y se plegaron en solidaridad. Fue una de las fechas más conmovedoras. Fue muy fuerte que se sumen a la lucha docente”, reseña el sindicalista.
El acuerdo con el Gobierno, finalmente, fue firmado el 6 de noviembre con el entonces Ministro de Educación, Guillermo Firmenich (que había reemplazado al renunciante Luis Zaffaroni, famoso por haberse escapado por los techos de una escuela de Comodoro Rivadavia tras negarse a discutir los reclamos gremiales, de los padres y del estudiantado). El acuerdo tenía una serie de puntos que debían cumplirse: aumento salarial, la devolución de las sumas quitadas por los días de paro y el compromiso de mantener indemne a los manifestantes tanto de la justicia provincial como de la federal.
El final es conocido.
El espionaje: quién manda en la justicia
Las denuncias fueron promovidas por las empresas petroleras subcontratistas de Pan American Energy y British Petroleum, que denunciaron el entorpecimiento de la producción. Los trabajadores, que realizaron un listado, también mencionan a Tecpetrol (Grupo Techint) y Clear (Grupo Indalo), entre otras. Hay tres causas abiertas por el mismo delito (entorpecimiento del espacio público) en tres períodos distintos de los casi 80 días que duró la huelga, que involucran a los tres trabajadores mencionados y a padres de alumnos.Los sindicalistas, representados por la abogada Silvia de los Santos, denunciaron espionaje. “Cuando comienza a aparecer la policía provincial en las huelgas, los trabajadores presentaron un habeas corpus preventivo porque no sabíamos cuál era la orden judicial. Pero lo rechazan diciendo que la policía estaba en actividad preventiva, cuando en realidad ya se habían iniciado las acciones penales”, explica la abogada Santos.
Es decir, las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en las manifestaciones cuando ya había causas abiertas a espaldas de los gremialistas. “La actividad de la policía, entonces, no era preventiva, sino represiva, porque estaban en el marco de una actuación penal, tenían instrucciones precisas y la actividad que estaban haciendo era de supuesta recolección de pruebas”, dice Santos. “Eso es ilegal porque no estaban notificados de que habían sido imputados y, además, porque no había defensa”.
¿Por qué hablan de espionaje? “Lo basamos en el hecho de que nunca hubo defensa pública y siempre estuvieron identificadas las personas que teóricamente pudieron haber cometido un ilícito”, sostiene la abogada. “Cuando el delito se comete en flagrancia, inmediatamente se inicia el proceso. Si Magno estaba identificado desde el primer día, tendría que haber sido llevado ante la jueza para indagatoria. Ese es el procedimiento previsto. ¿Qué pasó? No iba a ser socialmente bien vista, por eso esperó más de dos meses”.
Esta fue una de las irregularidades sobre las que la defensa montó el pedido de nulidad de la primera causa. La otra tiene que ver con la forma de llevar adelante la instrucción por parte de la jueza Eva de Parcio que, además, desacreditó la actividad profesional de la abogada. Los requerimientos fueron rebotados en primera instancia, la defensa apeló y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia separó a la jueza y dejó sin efecto los procesamientos y las indagatorias. “Sólo queda la prueba incorporada”, dice Santos.
Por esa razón, la Cámara convocó para mediados de julio una audiencia pública en la que expondrán las partes y los trabajadores. La jueza también fue apartada de la segunda causa, aunque el tercer proceso (iniciado este año) todavía la tiene como principal magistrada, aunque aún hay pendiente un pedido de recusación de la defensa.
El legado
Los trabajadores destacan la importancia de la lucha docente del año pasado, que generó una conciencia colectiva que se constituyó en el principal motor del reclamo. “Aún quedaron conformados como grupos los alumnos organizados, a pesar de que hay un trabajo de desmovilización para que los chicos no conformen centros de estudiantes”, describe Humeres. “Ellos hicieron vigilias en las distintas escuelas, y los medios locales, que tienen una incidencia muy directa de la parte política por la pauta que reciben, desdibujaron la situación. Decían que ponían candados e impedían el ingreso”.Magno resalta la importancia de que la herramienta gremial esté en manos de los trabajadores. “La lucha generó en la provincia una lectura de que, con una organización adecuada y con una real democracia a la hora de tomar decisiones, se puede llevar adelante la lucha para conseguir reivindicaciones para todo el conjunto de la educación pública”, sostiene. “Generó un grado de unidad que hacía muchos años no veíamos, y eso es un paso que, creemos, va a seguir trayendo frutos”.
Vía:
http://www.lavaca.org/notas/comodoro-espionaje-y-criminalizacion-con-la-firma-de-las-petroleras/
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