Que las empresas de la comunicación hagan política no es ninguna novedad. Que los grandes consorcios mediáticos de América Latina se articulen para perturbar el rumbo de gobiernos populares, tampoco. Pero que admitan que “están haciendo política” al hacer pública una campaña abiertamente conspirativa aporta un dato novedoso al –cada vez más protagónico- rol que vienen jugando los medios en los procesos políticos de la región.
En el marco de la nueva arremetida desestabilizadora de la oposición política y mediática contra la Revolución Bolivariana que lleva más de un mes, las tres principales asociaciones de diarios del continente lanzaron la campaña “Todos somos Venezuela, sin libertad de prensa no hay democracia”. La iniciativa, a la que ya se sumaron unos 80 medios de la región, contempla que cada periódico publica diariamente, bajo ese lema, una página con información elaborada por medios opositores venezolanos.
La operación fue idea de Gerardo Araújo, gerente del diario El Universal de Cartagena, e impulsada por la Asociación de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios), que agrupa a 53 periódicos colombianos, el Grupo Diarios de América (GDA), compuesto por 11 medios del continente y el grupo Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL), que nuclea a 18 grupos editoriales de 11 países. Vienen participando activamente grandes diarios como La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Tiempo y El Espectador de Colombia, La Prensa de Nicaragua, El Heraldo de Honduras y La Prensa de Panamá, entre otros.
Hasta ahí, nada del otro mundo. Lo inédito de esta movida es su sinceramiento público. En una entrevista con la revista colombiana Semana, se le preguntó a Nora Sanín, directora de Andiarios y punta de lanza de la campaña, si no teme que se los acuse de injerencia y de hacer política en nombre del periodismo. Su respuesta eludió cualquier eufemismo: “En un sentido amplio de la palabra, nosotros estamos haciendo política. Y está bien que la hagamos, pues nuestra causa es defender un derecho universal: la libertad de expresión”. Andiarios, además, contempla enviar desde Colombia una donación de 52 toneladas de papel para las empresas venezolanas.
En un documento público, estos grupos mediáticos señalan: “Los cada vez más frecuentes ataques del gobierno de Venezuela contra periodistas y medios de comunicación tienen en jaque la libertad de prensa (…) La iniciativa busca mostrar al gobierno que la prensa del mundo entero se mantendrá firme en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a recibir información”.
En una editorial, El Tiempo de Colombia destaca esta “importante cruzada” frente al “acoso que sufren los periódicos venezolanos, que son el último bastión de la libertad de expresión que persiste en ese país”.
Por estos pagos, en la nota titulada “Iniciativa para la defensa de la libertad de prensa en Venezuela”, Clarín reseña la coordinación de “los diarios independientes del continente” y asegura que “la razón es la restricción a la posibilidad de compra de papel para los medios críticos del régimen de Nicolás Maduro”.
Sin embargo, los pretextos que esgrimen estas grandes corporaciones de la prensa regional se derrumban ante el real panorama mediático en la Venezuela bolivariana, donde, a pesar del surgimiento de nuevos medios públicos y la proliferación de medios comunitarios, más del 86% del espectro radioeléctrico continúa administrado por empresas privadas, cuya enorme mayoría se opone abiertamente al gobierno. Además, desde que irrumpió el proceso liderado por Hugo Chávez a fines de 1998, los medios privados casi se triplicaron: las emisoras radiales pasaron de 331 a 499, las publicaciones impresas de poco más de 100 a 334 y los canales de televisión de 36 a 67.
Consultado sobre esta campaña regional, Nicolás Maduro respondió: “Que saquen una, que saquen mil, que saquen un millón de páginas: la Revolución Bolivariana continuará su rumbo”.
Gerardo Szalkowicz
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