Desde 1999 hasta 2009, la tasa de feminicidios creció en El Salvador un 194%. De los 1.488 feminicidios cometidos en Ciudad de Juárez (México) en los últimos 25 años, el 60% se han cometido del año 2008 hasta la fecha. En Guatemala 2 mujeres son asesinadas cada día, habiendo sido en muchos de los casos previamente agredidas sexualmente y mutiladas.
Tan solo el 1% de los asesinatos a mujeres en estos 3 países tiene condena.
La abogada mexicana Karla Michel Salas, la investigadora salvadoreña Silvia Juárez y la guatemalteca Mercedes Hernández apuntan como principal culpable de que esto suceda al Estado por no poner remedio para prevenir y castigar estas muertes.
Hojas de la Marcha silenciosa de la Asociación de Mujeres de Guatemala (Pablo Pascual)
En 1996 Marcela Lagarde, antropóloga feminista Mexicana,
señala que los crímenes contra mujeres que se estaban produciendo en
Ciudad Juárez (México) eran feminicidios. Fue la primera vez que se
utilizó este término en América Latina y sentaría un precedente para el
resto de países de la región.
No es hasta 1993 cuando en Ciudad Juárez la sociedad civil
comienza a contabilizar y denunciar que hay un gran número de mujeres y
niñas desaparecidas, muchas de las cuales se hallarán muertas, violadas
y/o mutiladas, sin que el Estado hiciera nada para investigar y
castigar estos delitos.
A partir de entonces, las madres de las víctimas se
empiezan a organizar para exigir justicia, y ante la negativa de ser
escuchadas por la autoridad en México, alzaron la voz a nivel
internacional. Eso hizo posible que los ojos del mundo se fijasen en
Ciudad Juárez. A partir de esta experiencia en otras partes del mundo,
sobre todo en América Latina, se empezarán a registrar los feminicidios,
concepto que designa un homicidio violento de una mujer, por el simple
hecho de ser mujer.
En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) imparte la primera y única sentencia emitida por
este Tribunal sobre feminicidio. Sentó un precedente en
términos jurídicos, porque señala la implicación que tienen que tener
los Estados a la hora de la prevención, la investigación y la sanción de
la violencia contra las mujeres. “No existe una convención
internacional que establezca cuáles son las obligaciones de los Estados
para la prevención y la sanción de la violencia contra las mujeres, por
lo que esta sentencia refleja este consenso, al menos discursivo, de que
la violencia tiene que ser condenada”, argumenta la mexicana Karla
Michel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos,
experta en litigio estratégico y abogada del caso conocido como ‘Campo
Algodonero’.
El Parlamento Europeo en el año 2010 emitió una resolución
donde reconoce la sentencia de la Corte Interamericana e invita a los
países de América Latina, e incluso europeos, a que utilicen esta
resolución como una guía de buenas prácticas para la erradicación de la
violencia contra las mujeres.
“La sentencia en sí misa representa un logro histórico:
sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados y decirle tú
eres culpable por la muerte de estas mujeres. Pudiste haberlo evitado
porque tú debiste haberlo prevenido, investigado y sancionado, es un
avance y una satisfacción para las familias de las víctimas” (…) “A
partir de esta sentencia en México logramos tipificar el feminicidio.
México es un Estado Federal, somos 32 entidades federativas, eso
significa que cada entidad tiene su propio Código Penal. Desde la
sentencia hasta la fecha, hay 30 entidades federativas que han
reconocido en su propio Código Penal el feminicidio. Además se han
elaborado varios protocolos para investigar este delito; hemos insistido
en la elaboración de políticas públicas y que se destinen recursos para
atender las causas estructurales que originan este tipo de crímenes. En
eso hemos avanzado, aunque evidentemente no vamos a terminar hasta que
ninguna mujer muera. Eso es lo que buscamos”, asegura Karla Michel
Salas.
Este logro se debe al trabajo de asociaciones civiles como ‘Nuestras Hijas de Regreso a Casa’ formada
en el año 2001 y presidida por Norma Esther Andrade cuya hija fue
secuestrada, torturada y asesinada. A esta asociación se fueron sumando
otras madres que como ella habían perdido a sus hijas de forma terrible y
exigían justicia.
‘Nuestras Hijas de Regreso a Casa’ se ha diluido de Ciudad
Juárez en la actualidad, no por cumplir el objetivo marcado como
asociación, sino porque hay un número elevado de amenazas sobre sus
integrantes. En el 2011 Norma Andrade recibió 5 disparos a las afueras de su casa, a los que milagrosamente sobrevivió.
Se trasladó a Distrito Federal (México) donde sufrió otro atentado, lo
que la llevó a mantenerse en paradero desconocido. En el caso de
Marisela Ortíz, cofundadora de la organización, se encuentra tramitando
su asilo político a EEUU por las amenazas y hostigamientos que viene
sufriendo. Desde 2008 los integrantes de la asociación tienen medidas
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Trabajar
en la defensa de los derechos humanos en México no ha sido fácil, aunque
en Ciudad Juárez se ha complicado aún más”, comenta Karla Michel Salas
al respecto.
En 25 años se han asesinado en México 36 mil 600 mujeres.
En Ciudad Juárez (una localidad) fueron asesinadas 1.488 mujeres en el
mismo período de tiempo, llevándose a cabo el 60% de estos homicidios en
los últimos 5 años.
“Del 30% de los feminicidios que se comenten en México, el
Estado tiene identificados a los responsables. La impunidad entonces
tendría que ser del 70%. Sin embargo, el nivel de impunidad en los feminicidios de acuerdo a las investigaciones realizadas es del 99%.
Es decir, las autoridades, aún sabiendo quién fue el responsable, ni
así investigan. Por tanto estamos hablando de una situación estructural
de violencia y de impunidad muy grave”, apunta Karla Michel Salas.
Karla
Michel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos,
experta en litigio estratégico y abogada del caso conocido como ‘Campo
Algodonero’ (RMH)
Desde el año 2007 al 2008 se inicia en Ciudad Juárez una
guerra que enfrenta al cártel de Sinaloa (hasta hace poco liderado por
el Chapo Guzman) contra el cártel de Juárez. “El Estado Mexicano decidió
implementar como estrategia de seguridad mayor intervención policial y
mandar más armas a una ciudad que prácticamente vivía armada. Como
resultado se dieron más de 1.000 mujeres asesinadas en los últimos 6
años”. Para Salas, no es el narcotráfico el origen de los feminicidios,
ya que estos crímenes están motivados por la desigualdad y por una abuso
de poder que históricamente han ejercido los hombres contra las
mujeres, pero el crimen organizado es un elemento que ha generado el
incremento de los mismos. “De los 1.488 feminicidios en Ciudad de Juárez
cometidos en los últimos 25 años, el 60% se han cometido del año 2008
hasta la fecha”.
Ciudad Juárez fue la ventana al feminicidio para América
Latina, sin embargo, los datos que arroja El Salvador son muchísimo más
elevados: en un país cuya población es alrededor de 6 millones de
personas, han sido asesinadas 5.015 mujeres en 15 años.
“En toda la región latinoamericana hay un problema
subyacente: economías que han empobrecido a nuestra ciudadanía;
economías que son ciegas e invisibles a las necesidades de las mujeres y
de las juventudes. Se suelen hacer análisis simplistas que concluyen
que como América Latina es pobre, es por eso por lo que pasan estas
cosas. Eso no es cierto. América Latina en las dos últimas décadas logró
aumentar indicadores importantes de desarrollo como el acceso a la
educación, a la salud y la reducción de la pobreza extrema. Pero no es
un tema solo de pobreza, es un tema de igualdad, de sociedades
equitativas. La región más desigual en el mundo es América Latina y eso
tiene que ver con un impacto de hegemonías que ven a América Latina como
el patio trasero de los desechos”, quien lo cuenta es Silvia Juárez,
directora del programa Hacia una vida libre de violencia para las
mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA)
Silvia
Juarez, Directora del programa Hacia una vida libre de violencia para
las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (RMH)
En El Salvador desde 1999, año en el que se empiezan a
contabilizar los feminicidios, hasta 2009 la tasa creció un 194%. Menos
del 1% de los casos de violencia feminicida contra las mujeres tienen
condena.
Si los cárteles en México ha profundizado la problemática,
en El Salvador lo ha hecho las pandillas y maras. Según Juárez, las
mujeres son asesinadas como parte de un ritual de iniciación de los
pandilleros y forman parte de estas estructuras de forma obligada.
El tema de las armas ilegales que circulan por el país, es
otro de los factores que han favorecido el incremento de los
feminicidios. En El Salvador hay al menos 2.2 millones de armas
circulando de forma ilegal. “Hay causa directa entre sociedades armadas y
la pérdida de la vida de las mujeres. Hay un 272% de posibilidades de que una mujer pierda la vida cuando hay un arma en casa”.
La seguridad privada es un negocio en este país
centroamericano, tal y como cuenta Juárez: “Al menos existen 300
empresas de seguridad en El Salvador que llegan a ocupar hasta 18 mil
efectivos civiles armados, libres de entrenamiento y sin controles
estatales frente al uso de armas, controladas en su mayoría por
militares retirados tras el conflicto armado y que ejercen una violencia
directa contra las mujeres. Empresas privadas dedicadas al cuidado del
patrimonio, protectoras de personalidades importantes, narcotraficantes…
“. Según Juárez, el Estado tiene desarrollado una unidad presupuestaria
a partir de los bienes que cuida: hurto y robo de vehículos, lavado de
dinero, secuestros, etc. “Las unidades que cuidan del patrimonio cuentan
hasta con el 60% de los recursos, pero apenas se destina un 12% del
presupuesto estatal contra la violencia hacia las mujeres. Es una manera
que tiene el Estado de decir: mis intereses están aquí, lo demás no me
importa”.
Para Juárez las mujeres mueren de otras maneras, no
necesariamente violentas, cuyas causas pertenecen a lo que se entiende
como violencia feminicida.”En El Salvador está prohibida la educación
sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Cuando esto sucede las mujeres tienen un sin fin de riesgos para perder
la vida o llevar una vida con muchas limitaciones. Una mujer que no
puede acceder a una salud reproductiva y que es forzada a tener
embarazos, seguramente no va a tener su propio proyecto de vida. El
Estado quiere que las mujeres, como madres, asuman una agenda del
cuidado sobre sus hombros, sin que él asuma ninguna responsabilidad. Eso
es violencia feminicida” (…) “Cuando se reduce o se tienen nulos
presupuestos para la prevención y la atención de las enfermedades que
son causas directas de muerte en mujeres como el cáncer uterino y de
mama, porque la Iglesia y los Estados fundamentalistas lo impiden, eso
es violencia feminicida”.
Mercedes
Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala junto a
Karla Michel Salas y Silvia Juárez durante la mesa redonda ‘Femenicidio
en Mesoamérica: crimen organizado, respuesta estatal e impunidad’
Tanto Silvia Juárez como Karla Michel Salas consideran que
si bien es cierto que hay un agresor directo que priva de la vida a las
mujeres, también hay un agresor estructural que nunca asume la
responsabilidad y al que pocos señalan como culpable de esas muertes: el
Estado. Y consideran que el nexo común más destacado que une los
feminicidios cometidos en México y El Salvador es la impunidad.También
lo cree así Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) e investigadora de feminicidios y violencia sexual en conflictos armados.
En Guatemala, la tendencia de los feminicidios en
los últimos 15 años es al alza, aunque se mantiene una constante de
aproximadamente 700 casos registrados en los últimos 6 años.
Hernández considera que no existe una razón única para esta escalada de
feminicidios. “Aunque las diferentes manifestaciones de la violencia
feminicida tienen como denominador común la desigualdad estructural de
poder entre hombres y mujeres, el resultado final es la convergencia de
múltiples factores que apuntan al incumplimiento del Estado como garante
de la protección de sus habitantes. En la debilidad crónica de los
Estados del triángulo norte de Centroamérica se refleja su incapacidad
para detener y contener la violencia legítima, permitiendo y tolerando
así que las mujeres permanezcan en el fuego cruzado de los diferentes
grupos armados que se disputan actualmente el territorio y la soberanía
de nuestro país. Los cuerpos de las mujeres se convierten en el campo de
batalla de las nuevas modalidades de conflicto armado, de la misma
forma en que lo fueron durante el conflicto armado que duró casi 40 años
en Guatemala y en el cual más de 100 mil mujeres fueron víctimas de
violencia sexual”.
Hernández considera que el crimen
organizado es una de las señas de identidad de los Estados debilitados
que permiten y fomentan las altas tasas de feminicidio. Sin embargo, la
relación entre ambas realidades sociales es uno de los capítulos menos
explorados y teorizados a pesar de constituirse como una de las mayores
preocupaciones de la población latinoamericana. “La posición
geoestratégica de Guatemala, por donde transita el 80% de la droga de
producción andina rumbo a EEUU, favorece el crecimiento de la economía
criminal producida por las mafias que convierten a miles de mujeres y de
niñas en la mercancía de las redes de trata, en cobradoras de los
impuestos de guerra, en transportistas de droga, de armas y de dinero
lavado, así como en propiedad sexual de los diferentes grupos armados y
en niñas soldado generalmente destinadas a la extorsión y al sicariato”.
“Guatemala se enfrenta a un feminicidio de Estado”,
así de categórica se muestra Mercedes Hernández, para quien solo con la
connivencia y la complicidad del Estado se puede alcanzar una tasa de
feminicidios como la que existe en este país centroamericano. Otra razón
destacada por Hernández es el olvido de la comunidad internacional. Por
ello, considera necesario que determinado tipo de feminicidios se
conviertan en crímenes de Derecho Internacional. “En esta tipología el
bien jurídico protegido no es la vida en lo individual, sino la
humanidad en su conjunto”, afirma.
Tanto en Guatemala como en otros países de
Latinaomérica ha sido esencial la visibilización de la problemática.
Para ello, según Hernández, la marcada presencia social de las mujeres
organizadas y del movimiento feminista ha sido el elemento clave. “Ni un
sólo avance ha sido una concesión. Cada paso hacia adelante ha sido
antecedido de duras batallas, materiales y simbólicas, contra un orden
social que se niega a cuestionar los privilegios masculinos que
sustentan el orden de desigualdad imperante”.
66.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo, según el informe ‘Femenicide: A global problem’,
publicado en 2012. De los 12 países con la tasa más alta de
feminicidios, 5 son de América Latina (El Salvador, Guatemala, Honduras,
Colombia y Bolivia), que superan los 6 asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes de sexo femenino.
vía:
http://periodismohumano.com/mujer/morir-por-ser-mujer.html
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