Uruguay. Buena parte del
territorio uruguayo recibió en los primeros 40 días del año, en
promedio, el equivalente a lo que debería llover en cuatro meses, unos
400 milímetros contra una precipitación anual en torno a los mil 200.
Los resultados inmediatos y emergentes
de esta problemática fueron suficientemente publicitados: evacuaciones
en las periferias de algunas ciudades, destrucción de infraestructuras
viales, anegamiento de cultivos y proliferación de enfermedades en los
mismos, por ejemplo. Otros, menos evidentes en su inmediatez y efecto,
se avecinan. Conocerlos ayuda a visibilizar la fragilidad de sectores de
la ruralidad uruguaya, agudizada por la consolidación de un modelo de
producción y una dinámica territorial que supedita la salud humana, los
ecosistemas, el rol protector del Estado y la producción de alimentos al
lucro empresarial. Y lo que resulta aún peor: es visualizado desde
sectores de izquierda como sinónimo de “desarrollo”.
De bendición a calamidad
Lo que comenzó siendo, para los
productores del principal rubro exportador nacional, la soja
transgénica, una “bendición” –en palabras del propio titular de la
Asociación Rural del Uruguay- se tornó un grave problema. Las
extraordinarias y copiosas precipitaciones impidieron por varias semanas
el acceso a las aplicaciones terrestres de agrotóxicos –insecticidas y
herbicidas- a la mayoría de las chacras, ubicadas como mancha creciente
prácticamente en todo el territorio nacional.
El resultado plausible es que, en la
medida que las lluvias abran un paréntesis en los próximos días, se
incrementarán las aplicaciones aéreas y terrestres a través de las
pulverizadoras conocidas como “mosquitos”, con concentraciones de
productos muy superiores a las utilizadas normalmente, debido a la
“demora” y la posibilidad que las precipitaciones previstas para la
segunda mitad de febrero “laven” los biocidas empleados.
En el departamento de Canelones, donde
la presencia de la soja transgénica es cada vez más notoria y cercana a
las decenas de centros urbanos –el departamento cuenta con 29
municipios, por ejemplo-, y cuyo territorio se encuentra protegido de
aplicaciones aéreas debido a una ordenanza municipal (lograda a partir
de la denuncia de vecinos productores familiares de la zona de Cuchilla
de Rocha, en las proximidades de Sauce, en 2010), varias empresas
agrícolas solicitaron a la comuna una “autorización especial” para
aplicarlas con avionetas. Según fuentes de la Intendencia Municipal de
Canelones (IMC), el gobierno departamental aún no ha tomado definición
al respecto, aunque algunos de los involucrados consideran que las
empresas que se arriesgaron a cultivar el transgénico en tierras
mayoritariamente arrendadas del departamento con mayor población rural
del país, lo hicieron a sabiendas de la prohibición.
En enero de 2010, un inicio de año
también lluvioso y por encima de lo normal (el registro del Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, a través del su servicio
GRAS, indica entre 75 y 150 milímetros acumulados en ese mes), Jorge
Mérola, productor ganadero familiar en la zona de Villa del Carmen,
sobre ruta 14 en el departamento de Durazno y su esposa, recibieron
fuertes dosis de agrotóxicos a partir de fumigaciones aéreas en los
campos de soja linderos al suyo. Así lo relata en propio productor en un
trabajo audiovisual producido por Redes-Amigos de la Tierra Uruguay
(“Efectos colaterales”, 2011). Como consecuencia de ello, su esposa
contrajo lupus. En esa misma zona, este año, solo en enero se acumularon
el doble de precipitaciones (siempre según INIA/GRAS). Este mero
ejemplo, proyectado, esboza un panorama complejo para las poblaciones
rurales que hoy viven literalmente a la vera de la soja en todo el
territorio.
La proliferación de aplicaciones aéreas,
sumado al incremento de las concentraciones de los productos aplicados,
junto a la saturación de los suelos que aumenta el escurrimiento de los
agrotóxicos hacia las corrientes de agua, prefiguran un serio panorama a
mediano plazo para la salud pública, para lo cual el sistema sanitario
ha demostrado no estar preparado ni alerta. Y, por extensión, habrá un
deterioro en las condiciones de las cuencas hídricas que surten las
redes de agua potable.
Las lluvias iniciadas en el traspaso de
año desbordaron los cauces normales de las corrientes de agua, con lo
cual la superficie total de espejos de agua sometidos a la incidencia
directa de los agrotóxicos aumenta. Y esto sin hablar de la necesidad
creciente de agrotóxicos para intentar “salvar” algo de la muy menguada
producción de productos hortifrutícolas una vez que se normalice el
clima y las familias productoras tengan claridad de la magnitud del
desastre.
Antes de instalarse virtualmente el
escenario para el cual el propio presidente José Mujica empleó el
término “calamidad”, el efecto de los agrotóxicos en el deterioro de las
cuencas hídricas se reflejó en el fenómeno que se conoce como
“eutrofización”, la proliferación extrema de algas a partir de
nutrientes anormalmente altos. Este proceso, ligado directamente con el
uso de fertilizantes agrícolas sintéticos para el monocultivo extensivo
en las cuencas, tornó las aguas de varios ríos importantes del país en
fuentes de cianobacterias, lo que deriva en la muerte de ganado vacuno y
ovino.
Río Negro, Canelón Chico y Santa Lucía,
además de los embalses de Baygorria y Rincón del Bonete, fueron algunos
de los casos de cuencas en las que se denunció recientemente la muerte
de animales de particulares e incluso de la Facultad de Agronomía de la
UdelaR, en Paysandú.
La intensificación en la aplicación de
venenos en las próximas semanas precederá, además, al inicio del año
electivo público del país, previsto para el 10 de marzo. Ello, sumado al
incumplimiento general de las distancias de retiro de los cultivos
respecto a los edificios escolares, autoriza a pensar que los casos de
fumigaciones sobre escuelas se sumarán como en los últimos años, de lo
cual el archivo de información pública reciente ofrece varios ejemplos.
El eslabón más débil
Otra componente de los efectos de las
lluvias tiene que ver con la endeble estructura de la producción
familiar de alimentos básicos del país -aun cuando la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) declaró 2014
su Año Internacional.
Las producciones “a campo” –esto es, sin
invernaderos- sufrieron daños, en algunos casos totales –hortalizas de
hoja, de rápida recuperación sin embargo- o muy severos, como es el caso
del tomate de mesa y morrón del sur del país sin protección, cuyo
faltante se supliría con lo producido en el litoral norte (Salto),
aunque recién a mediados de mayo y con un esperable aumento en su
precio. Las hortalizas de conservación como zapallos, calabacines y
cebollas tendrán una vida útil mucho más reducida y la fuente oficial
del Mercado Modelo ya recomienda la importación.
Ya el 4 de febrero se liberó la
importación de papa por parte de la Comisión Asesora del Mercado
Interno, además de que se habilitó la importación de diez partidas de
tomate de primera calidad. En general, el precio de importación se
equipara con el precio mayor al momento del ingreso; nunca es inferior.
En otras palabras: el ingreso de mercadería importada no reduce los
precios, apenas si frena su escalada e históricamente es fuente de
jugosos negocios para unas pocas empresas intermediarias.
La vendimia, sobre todo para el sector
productor de materia prima, será muy difícil. El producido que los
viticultores comercializaron colectivamente el año pasado no ha sido
cobrado enteramente, la próxima cosecha no tiene precio de referencia y
ya debería haberse iniciado, tempranamente, para evitar daños mayores
por efecto del fulminante ataque de botrytis que deja prácticamente solo
el escobajo en la planta.
Los efectos de esa situación son
tremendos para el eslabón más débil de la cadena viti-vinícola, y no
menores para el conjunto de la producción hortifrutícola. La crisis, a
solo un año del granizo que devastó buena parte del sur del país, tiene
un claro y previsible efecto: la desaparición de unidades productivas y
la concentración de producción y mercado mayorista intermediado. Y,
claro, el aumento de la inflación impulsada por la canasta
hortifrutícola, con pérdida de capacidad de compra del salario y de
soberanía alimentaria.
Aunque desde 2008 existen mecanismos de
emergencia legales, como la declaración de Catástrofe Climática
–nacional o regional-, la situación que desnudaron estas lluvias merece
un debate con miras más elevadas, aunque claramente sin dejar de atender
lo urgente.
El escenario político del país, en la
antesala de las elecciones nacionales y departamentales donde el arco de
fuerzas progresistas se propone renovar la conducción del Estado
nacional y varios departamentos clave, merece un debate en profundidad y
con abundancia de datos y ejemplos de esta transformación territorial y
social que impulsa el modelo productivo.
También, proyectar el impacto de estos
cambios a la hora de sopesar proyectos como la minería de gran porte, la
construcción de al menos dos nuevas represas en el centro del país o la
aprobación de una nueva fábrica de procesamiento de celulosa en Cerro
Largo, por ejemplo. Retomar, en última instancia, una discusión sin el
velo falaz que equipara el agronegocio sojero-forestal o la
hortifruticultura de exportación al desarrollo rural, como en el siglo
XX el latifundio ganadero adquiría valor de “civilización”, en el
territorio pastoril y vacío.
Para la izquierda, organizaciones y
espacios de reflexión populares es, además de una necesidad inaplazable,
la oportunidad de retomar la iniciativa en materia de debate y
construcción crítica de la agenda de desarrollo rural y ambiental que la
“lógica de la gestión” dejó en manos de la derecha, constituyendo quizá
el peor error estratégico en los diez años de experiencia de gobierno.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/03/las-lluvias-arrasan-con-el-mito-del-desarrollo-en-el-campo-uruguayo/
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