San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Mientras se profundiza la política neoliberal -que provoca
desintegración del tejido social-, en Chiapas y en el resto de México
sigue la organización de los pueblos y “una búsqueda de reconstituirse
como tales y de revalorar su cultura e identidad, con base en la defensa
del territorio”, afirma Magdalena Gómez, abogada y especialista en
derechos de los pueblos indígenas.
En entrevista con Desinformémonos
durante el Foro Internacional de Derechos Humanos, “De la Memoria a la
Esperanza”, dentro del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Gómez subraya que las políticas
promovidas por el Estado mexicano representan una contradicción en la
que “se prioriza el capital transnacional por encima de toda
consideración nacional”, y de los derechos políticos y culturales de las
comunidades indígenas.
Francisca Gutiérrez, originaria de
Chicomuselo, Chiapas, apunta que una de las principales amenazas que se
cierne contra su territorio son las políticas extractivistas, que además
de destruir la tierra hacen que los gobiernos acusen a las comunidades
indígenas de desestabilizadoras y de frenar el mejoramiento del país,
como si los indígenas “les quitáramos a la gente el derecho al
progreso”.
Gutiérrez, integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la vida Samuel Ruiz García, afirma
que las empresas mineras y los gobiernos ignoran un derecho fundamental
de los pueblos, que es la consulta previa. “La consulta nunca se dio en
este municipio. Son 16 concesiones mineras que se han dado, pero nunca
han consultado a los propietarios de la tierra. Nada más llegan las
empresas mineras y dicen que ya tienen el permiso,” explica Gutiérrez.
José Castellanos, de Teopisca, acusa que
al gobierno no le interesa reconocerlos como pueblos originarios, ya
que tendría que hacer lo mismo con su derecho a la tenencia de las
tierras. “Han querido meter personas de otros lados, de otros pueblos y
de otras culturas, que pueden provocar problemas con nosotros”, informa.
La división dentro de las
organizaciones sociales, testificaron los asistentes al foro, muchas
veces se da por la misma intervención del gobierno con sus programas
institucionales. Manuel Pérez, procedente de la zona baja de Tila,
aventura que el gobierno crea los programas de apoyo y mete partidos
políticos a las comunidades con ese fin y para controlar los
territorios, pero “la única resistencia que queda es seguirse
organizando y trabajar unidos, aunque cada vez es más difícil”.
En los 25 años de trabajo del
Frayba, una gran porción de su labor ha consistido en la documentación y
denuncia de esta manipulación estatal. Esta estrategia contrainsurgente
–nacida ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en 1994- sirve no sólo para “contener” la resistencia
indígena, sino para aprovecharse del conflicto para controlar su
territorio y los recursos naturales que se encuentran en él.
La abogada Gómez llama este proceso
“vaciamiento de los pueblos”. Se trata, especifica, de una “migración
forzada, no voluntaria, impulsada por el despojo y la violencia”, y que
impone a los pueblos el gran reto de mantener su organización.
En el foro, los entrevistados
establecieron que una de las exigencias que le hacen al gobierno es que
les den reconocimiento político, cultural e histórico; libertad de
organización política; la posibilidad de las mujeres a tener una tierra
porque luchar; el derecho a decidir sobre el uso de su territorio, en el
caso de las mineras, y la consulta previa. Castellanos concluye: “los
campesinos e indígenas debemos trabajar la tierra, cuidarla y
organizarnos para defenderla”.
vía:
http://desinformemonos.org
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[1] http://www.vimeo.com/89803729: http://www.vimeo.com/89803729
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