Anteriormente hemos abordado el imperio de las grandes
multinacionales que controlan los flujos económicos y a través de ellos
las demás instancias de la sociedad mundial. La constitución perversa de
este imperio surgió por la falta de una gobernanza global que se hace
cada día más urgente. Hay problemas
globales como los de la paz, la alimentación, el agua, los cambios
climáticos, las migraciones de los pueblos y otros que, por ser
globales, exigen soluciones globales. Pero el egoísmo y el
individualismo de las grandes potencias está impidiendo esta gobernanza.
Una gobernanza global supone que cada país renuncie un poco a su
soberanía para crear un espacio colectivo y plural donde las soluciones a
los problemas globales puedan ser globalmente abordadas. Pero ninguna
potencia quiere renunciar ni a una pizca de su poderío, aunque se
agraven los problemas, especialmente los ligados a los límites físicos
de la Tierra, con capacidad de afectar negativamente a todos a través de
eventos extremos.
Digamos de paso que existe una ceguera lamentable en la mayoría de
los economistas. En sus debates –tomemos como ejemplo el conocido
programa semanal de Globonews Pinel–la economía ocupa un lugar
privilegiado. En lo que he podido constatar no oí a ningún participante
incluir en sus análisis los límites de sostenibilidad del sistema-vida y
del sistema-Tierra que ponen en jaque la reproducción del capital.
Prolongan el tedioso discurso económico del viejo paradigma como si la
Tierra fuese un baúl de recursos ilimitados y la economía se midiese por
el PIB y fuese un subcapítulo de la matemática y de la estadística.
Falta pensamiento. No se dan cuenta de que si no abandonamos la obsesión
del crecimiento material ilimitado y en su lugar no buscamos la
equidad-igualdad social, solo empeoraremos la situación ya mala.
Queremos abordar un complemento del imperio perverso de las grandes
corporaciones multinacionales que se revela todavía más desvergonzado.
Se trata de la búsqueda de un Acuerdo Multilateral de Inversiones. Casi
todo se discute a puerta cerrada. Pero en la medida en que es detectado,
se retrae, para volver luego con otros nombres. La intención es crear
un acuerdo de libre comercio entre los estados y las grandes
corporaciones. Los términos de esta cuestión fueron ampliamente
presentados por Lori Wallach directora del Public Citizen’s Global Trade
Watch en Le Monde Diplomatique Brasil de noviembre de 2013.
Tales corporaciones buscan saciar su apetito de acumulación en áreas
relativamente poco atendidas por los países pobres: infraestructura
sanitaria, seguro de salud, escuelas profesionales, recursos naturales,
equipamientos públicos, cultura, derechos de autor y patentes. Los
contratos se aprovechan de la fragilidad de los Estados e imponen
condiciones leoninas. Las corporaciones, por ser transnacionales, no se
sienten sometidas a las normas nacionales con respecto a la salud, a la
protección ambiental ni a la legislación fiscal. Cuando estiman que por
causa de tales normas el lucro futuro esperado no ha sido alcanzado,
pueden mediante procesos judiciales exigir un resarcimiento del Estado
(del pueblo) que puede llegar a miles de millones de dólares o de euros.
Estas corporaciones consideran la Tierra como de nadie, a semejanza
del viejo colonialismo, y consiguen que los tribunales les concedan el
derecho de adquirir tierras, manantiales de aguas, lagos y otros bienes y
servicios de la naturaleza. Ellas, comenta Wallach, «no tienen ninguna
obligación hacia los países y pueden disparar procesos cuando y donde
les convenga» (p.5). Ejemplo típico y ridículo es el caso del
suministrador sueco de energía Fattenfall que exige miles de millones de
euros a Alemania por su «giro energético» al haber prometido abandonar
la energía nuclear y castigar más severamente a las centrales de carbón.
El tema de la polución, de la disminución del calentamiento global y de
la preservación de la biodiversidad del planeta son letra muerta para
esos depredadores, en nombre del lucro.
La sinvergonzonería comercial llega a tales niveles que los países
firmantes de ese tipo de tratado «se verían obligados no sólo a someter
sus servicios públicos a la lógica del mercado sino también a renunciar a
cualquier intervención sobre los prestadores de servicios extranjeros
que codician sus mercados» (p.6). El Estado tendría una parcela mínima
de maniobra en cuestión de energía, salud, educación, agua y transporte,
exactamente los temas más reclamados en las protestas de junio de 2013
por miles de manifestantes en Brasil.
Estos tratados estaban siendo negociados con Estados Unidos y Canadá,
con el ALCA en América Latina y especialmente entre la Comunidad
Europea y Estados Unidos.
¿Qué revelan estas estrategias? Una economía que se ha autonomizado
de tal manera que solamente cuenta ella, anula la soberanía de los
países, se apropia de la Tierra como un todo y transforma en un inmenso
emporio la mesa de negocios. Todo se vuelve mercancía: las personas, sus
órganos, la naturaleza, la cultura, el entretenimiento y hasta la
religión y el cielo. Nunca se toma en cuenta la posible reacción masiva
de la sociedad civil que puede, enfurecida y con justicia, rebelarse y
echar todo a perder. Menos mal que, avergonzados, pero todavía
obstinados, los proyectos se están escondiendo detrás de las puertas
cerradas.
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Fuente: Servicios Koinomia: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=612
vía:
http://servindi.org/actualidad/99109
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