El gobierno colombiano da tratamiento
militar a una movilización social y ataca a los pueblos indígenas como
si fueran actores armados, denuncian las organizaciones convocantes de
la Minga Social, Indígena y Popular. Las movilizaciones, iniciadas el 14
de octubre, fueron respondidas con “ráfagas indiscriminadas de armas de
largo alcance, gases tóxicos y otro tipo de armas, con prohibición de
uso en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, informó la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La
Minga “se desarrolla en cumplimiento de lo mandatado por las
organizaciones de 44 expresiones que hacen presencia en 28 departamentos
del país, quienes representan las cuatro quintas partes del Movimiento
Indígena Colombiano”, afirmó la ONIC en un balance público. Para el 19
de octubre, la organización reportó 15
mil indígenas movilizados en Córdoba, mil en la Gobernación del Cesar, 4
mil en Antioquia, mil 100 en el Huila, 3 mil 500 en el Tolima, 4 mil en
el Valle del Cauca, mil en la Guajira, 600 en Nariño y 500 en Sucre. Las
movilizaciones incluyen reuniones de pueblos, encuentros culturales,
discusiones, bloqueos carreteros parciales y marchas pacíficas. Éstas
últimas fueron atacadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Las demandas centrales de la Minga en
esencia son contra el libre comercio y los megaproyectos de las
transnacionales, y se corresponden con las del mismo evento de 2004.
Esta vez -aunque con modificaciones repentinas- se resumen en territorio
y tierras, consulta previa en agenda minero-energética, ejercicio de
autonomía y gobierno propio, Tratado de Libre Comercio y política
agraria, y derechos humanos, conflicto armado y paz.
“El accionar desmedido, desproporcionado
y violento de la fuerza pública el día de hoy se suma a los
sistemáticos incumplimientos del Estado colombiano en contra de los
pueblos indígenas”, señaló el Tejido de Comunicación de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), organización a quien le
bloquearon las listas de correo electrónico. Los indígenas denunciaron
el 18 de octubre que en tan sólo 20 minutos de ataques de los
escuadrones antiguerrilla contra las columnas de marchantes, se
produjeron 14 heridos. Para la tarde del mismo día, los heridos se
elevaron a 39.
Los convocantes anunciaron que la Minga
seguirá, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza, siembra de minas
antipersona, amenazas a líderes, uso de armas de largo alcance y gases
tóxicos, retención injustificada de mil indígenas y disparos del
ejército contra los manifestantes inermes y la guardia indígena. Se teme
una masacre, pues el grupo paramilitar Los Rastrojos lanzó el 19 de
octubre una amenaza contra la Minga y los comunicadores populares. Las
fuerzas policiacas y militares utilizan también artefactos explosivos y
machetes en sus ataques, denuncian desde la Minga, y le amputaron la
mano a un indígena. “El salvajismo de la acción de la fuerza pública no
tiene precedentes. Mientras esto es así, hay un casi absoluto hermetismo
en los medios de comunicación comerciales. No existe para ellos la
movilización indígena ni sus causas”, denunció el médico y acompañante
de los pueblos Manuel Rozental.
El ministro del Interior, Aurelio
Irigorri, declaró que revisará las peticiones de los indígenas, pero
advirtió que de ninguna manera considerarán la desmilitarización de los
territorios. El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), Eduardo Camayo, en entrevista a través del informativo Kueta
Susuksa de Radio Pa´yumat, comentó que el domingo 20 de
octubre, ¨la comisión de la Minga Indígena y Popular se reúne con
delegados del gobierno nacional en la María Piendamó para negociar los
cinco puntos de agenda”. Dijo que hasta el momento no han tocado los
temas estructurales y que están en el debate de lo jurídico. “Apenas
vamos en el primer punto de la agenda. Cuando tomamos una decisión la
informamos a las comunidades movilizadas y hasta el momento eso ha sido
bien recibido”, puntualizó.
Con la advertencia de que sus
movilizaciones no deben ser utilizadas “por algunos únicamente para
alcanzar los resultados que pretenden de antemano en mesas de
negociación con el mal gobierno”, la organización de cabildos señaló que
seguirán en sus acciones no sólo contra el modelo económico del
extractivismo “y el mal llamado libre comercio”, contra el terror y la
guerra “que nos mata y nos desplaza” y contra la legislación del
despojo, “sino que vamos a seguir construyendo nuestra sociedad-otra y
vamos a seguir ejerciendo desde abajo nuestro control territorial,
frente a todo actor y flagelo que desarmonice nuestro territorio”.
La primera Minga, una movilización de
amplio alcance, se desarrolló de 2004 a 2008 y se basó en cinco puntos.
“Levantarnos en Minga es simultáneamente rechazar a quienes han
pretendido mandar, vengan de donde vengan”, declaró el Tejido de
Comunicación. En 2009, el académicos y activista Manuel Rozental explicó
que “La Minga es una práctica ancestral de los pueblos indígenas de los
Andes, que se nombra de otras maneras entre otros pueblos y procesos
en el resto del continente y del mundo. Es el trabajo colectivo para
lograr un propósito común. Las Mingas no tienen dueños”.
Escenario de guerra
“La Policía, Ejército, ESMAD
(antimotines) y efectivos policiales vestidos de civil, están rodeando a
la gente, disparan indiscriminadamente, entrando a los campamentos
ubicados a cuatro kilómetros de la carretera Panamericana, donde se
resguardan mujeres, niños y niñas”, denunció la ONIC, mientras los
servicios sanitarios no tienen acceso a los heridos.
“Escuadrones antiguerrilla se ubican en
las montañas disparando en contra de la Minga. La Policía, Ejército,
ESMAD y efectivos policiales vestidos de civil, están rodeando a la
gente, disparan indiscriminadamente, entrando a los campamentos ubicados
a cuatro kilómetros de la carretera Panamericana, donde se resguardan
mujeres, niños y niñas”, relató la organización indígena.
El consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias, dijo a Telesur
que “las represiones se intensificaron desde primera hora de este
viernes a pesar del compromiso del ministro del Interior, Aurelio
Iragorri, de retirar a la Policía y el Ejército de los puntos de
concentración de los indígenas”.
“Dentro de las acciones legitimas de las
comunidades indígenas en defensa de la vida y del territorio, la
autonomía, y los derechos humanos; se retuvo a un miembro del ESMAT, de
nombre Jorge Luis Feria Salgado, oriundo de la ciudad de Cali-Valle, al
cual se ha respetado la su integridad física, y en el momento se
encuentra custodiado por la autoridad tradicional y la guardia indígena,
hasta que hayan las condiciones para la entrega a los organismos
defensores de derecho humanos”, destacó la ACIN.
Las autoridades tradicionales indígenas
solicitaron la intervención de defensores de derechos humanos nacionales
e internacionales para frenar el uso de la fuerza del Estado contra los
manifestantes. Telesur informa que los manifestantes continuarán
en forma indefinida la Minga nacional, hasta que el presidente Juan
Manuel Santos reciba a sus representantes para debatir con ellos el
pliego de peticiones, que consta de 95 páginas, y asuma el compromiso de
solucionarlos.
Los wayuu mantienen parcialmente tomada
una vía férrea en protesta por la represión a la Minga. Estos comuneros
–ubicados en el departamento de La Guajira- están afectados por la
minería, y exigen el cese del extractivismo y la salida de las empresas
multinacionales. Los campesinos también amenazaron con reiniciar su paro
agrario, debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el
gobierno.
A la Minga se agrega la posibilidad de
que el paro agrario se retome de forma inminente, pues los campesinos
organizados en las Dignidades Agrarias, que protagonizaron el reciente
paro, se levantaron el 19 de octubre de las mesas de diálogo con el
gobierno,cansados de las tácticas de dilación y los incumplimientos del
gobierno.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/10/tratamiento-de-guerra-a-la-minga-colombiana/
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