¿Cuál es la verdadera situación del racismo en las diversas regiones del país? ¿Cuál es la responsabilidad que los medios de comunicación masiva y centralista tienen con sus contenidos y con los personajes que tienen tribuna en esos medios? ¿Existen otros intereses detrás de esas prácticas racistas? Me preguntaba después de leer el perverso artículo escrito por Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú de la Universidad San Martin de Porras, que en una publicación reciente en la revista Velaverde y Semana Económica señala haber corroborado en Puno el “racismo de doble vía” [1]; a su entender el que se manifiesta a través del odio que los cobrizos tienen a los mestizos, criollos y blancos. Este racismo solapado, constituye un nuevo ejemplo de las múltiples manifestaciones que encontramos en nuestra cotidianidad. Recordemos las declaraciones racistas de la actriz Claudia Dammert, cuando en medio de la campaña a favor del “No” a la revocatoria hizo el ridículo, tildando de “horrorosos” a los “nuevos ricos” [2] que provienen de barrios populares y de otras regiones que no pertenezcan a su imaginario, pues estas dos calificaciones se repiten en el artículo de Santillana, solo que trasladado a la Región de Puno; pero otras tantas expresiones se pueden observar en las redes sociales, debates vergonzosos entre “pitucos” y “no pitucos”, “cholos” y no tan “cholos” [3].
Estos argumentos propio de una sociedad racista, suele ser utilizado para justificar y solapar un racismo histórico, vigente y manifiesto. Adquirido en esencia, desde la colonización de nuestro territorio, en contra de las poblaciones originarias, después indígenas y campesinas, más tarde migrantes urbanos y que a estas alturas se ha convertido en un monstruo de mil cabezas que se manifiesta de distintas formas y que ninguna institución estatal se atreve a abordar de forma seria. Es el racismo de doble vía, pues es una manera de distraer el debate de fondo, buscando entrar en un bucle que finalmente neutraliza e invisibiliza la situación real del racismo peruano, polariza a la sociedad y legitima la dominación social de una elite económica/política emparentada con estos discursos y que los medios de comunicación masiva promueven. El racismo peruano a instancias de encontrar “marcas” que nos representen, sin mucha campaña publicitaria es ya una “marca registrada” y su capital sigue siendo la misma.
En el caso del artículo en mención, el autor se limita tan solo a apuntar el motivo de su viaje a Puno, para con un viejo truco a través del “dice una persona” mostrar sus verdaderas intenciones. A continuación, con una insidiosa narración, da voz a una cantidad de agravios racistas que se hacen a la población y a instituciones de esa región. El autor ni se molesta en marcar distancia, más bien da rienda suelta para probar el odio que los cobrizos tiene para con los mestizos, criollos y blancos. Las impresiones de su supuesto informante sin duda son las impresiones del mismo Miguel Santillana, es decir que a Dammert, a los “pitucos”, a los “no pitucos”, a los “cholos” y “no tan cholos” les preocupa el racismo que puedan sufrir de los cobrizos, “nuevos ricos” u “horrorosos” invisibilizando la situación de fondo. Pero esta suerte de relato no es producto de la torpeza, ni de un racismo inconsciente anquilosado en lo profundo de nuestra sociedad, tras esos discursos se esconden otros intereses que perfectamente se lee entre líneas, más aun si los discriminados poseen derechos, no solo individuales como todo ciudadano, sino derechos colectivos reconocidos por nuestra Constitución y el derecho internacional.
¿Pero por qué es importante dar cuenta de todo esto? Además de denunciar estos agravios racistas, es importante también identificar a los responsables directos y a los medios de comunicación que canalizan y distribuyen estos mensajes. El caso de Miguel Santillana ayuda a visibilizar mejor aún la actual situación, este fue el mismo que alego contra la comunidad campesina San Juan de Kañaris, contradiciendo la misma Historia, sosteniendo que los Kañaris no son un pueblo indígena y que por tanto no tienen derecho a la consulta previa. Es el mismo que aparece en muchos medios de comunicación como experto anti-indígena y defensor a ultranza del extractivismo minero realizado por las grandes corporaciones, sosteniendo que “no hay pueblos indígenas ni en la costa ni en la sierra peruana”. A través de este caso podemos deducir la simbiosis de un discurso racista que alega el odio de los cobrizos a los mestizos, criollos y blancos, con el argumento excluyente que pretende sustraer el derecho a la consulta previa en los pueblos indígenas andinos y de la costa peruana.
Esto nos lleva a tratar de responder a la segunda pregunta que da inicio a esta columna, no es casualidad que estos discursos tengan tribuna, son esas opiniones públicas transmitidas a señal abierta por donde se expande una alienación radical, a costa muchas veces de discriminar y despreciar elementos constitutivos de nuestra propia personalidad e identidad cultural. Esa responsabilidad de los medios de comunicación lo podemos observar donde quiera que nos asomemos. Sanciones recientes como al personaje “Negro Mama”, de “El especial del humor” de Frecuencia Latina, con la suma de S/.74 mil soles (20 UIT ) deben de ser el comienzo de futuras acciones que el Estado tiene que asumir, puesto que son esas prácticas racistas las que refuerzan la actual situación.
El Estado pues, tiene la obligación de adoptar una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas, a promover el entendimiento entre las distintas etnias que componen nuestro país y revisar las políticas gubernamentales nacionales, regionales y locales; puesto que no solo existe una protección en la Constitución Política a través del artículo 2° inciso 2; incluso hay un figura delictiva tipificada en el artículo 323 del código penal que sanciona la discriminación racial hasta con 3 años de pena privativa de libertad y si el delito es cometido por un funcionario público hasta 4 años.
Por otra parte, existe una serie de tratados internacionales y jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana. Es el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y siendo más puntual la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que cuenta con un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) con la finalidad de examinar los progresos realizados por los Estados en la aplicación de sus disposiciones, estableciéndose por ello la obligación de presentar informes periódicos sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas encaminadas a ello, es más el 2009 se presentó un informe sobre el cumplimiento de Convenio, haciendo quince recomendaciones específicas una de ellas es que “El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial en los medios de comunicación, tanto en los canales públicos como privados como en la prensa, así como en las actitudes de la vida cotidiana.” [4]
En ese marco, actualmente existe el proyecto de Ley Nº 756/2011-CR el cual busca modificar el tipo penal existente agregando los artículos 323-A y 323-B, que contienen formas agravadas del delito de discriminación específicamente si estos se hacen por cualquier medio de comunicación, con lo que se buscaría darles mayor responsabilidad en sus contenidos, pero sabemos que la normativización no es suficiente, más aun en este caso. Por otro lado, hay pequeños pasos que podrían marcar el inicio de un mayor involucramiento del Estado, es el caso de la campaña “Alerta contra el racismo” impulsado desde el Ministerio de Cultura, indicar también que la Defensoría del Pueblo ha publicado el Informe Nº 008- 2013 –DP/ADHPD sobre “La Lucha contra la Discriminación: Avances y desafíos” [5] donde se realiza un análisis detallado para un mejor diagnóstico, sin embargo estas iniciativas son hechas de manera tímida puesto que se sigue creyendo son temas secundarios.
Finalmente debemos ser conscientes que abordar la cuestión del racismo peruano es tarea dificilísima y esto significa reconocer e identificar que también existe un resentimiento del históricamente discriminado, que muchas veces no lo manifiesta, puesto que en nuestra sociedad esta conducta se ha ido “normalizando”, incluso por parte de las propias personas agraviadas, nadie quiere sentirse discriminado. A diez años del aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, debemos recordar que poseemos ese instrumento como una suerte de caleidoscopio donde desde distintos ángulos podemos observar las causas y consecuencias de la discriminación y reconocer que somos una sociedad sumamente dañada por este flagelo. Hacer un balance de lo que estamos perdiendo por seguir arrastrando estas prácticas, no solo en lo económico, sino sobre todo en lo cultural, político y social, seguro nos ayudaría a construir una sociedad donde las futuras generaciones de peruanos y peruanas se vean por fin, libres de esta tara social.
Notas
Luis Hallazi, es abogado, asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid; Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.
[1] El racismo es de doble vía, En Semana Económica del 20-08-2013: http://
[2] Claudia Dammert es acusada de racista por declaraciones sobre "los nuevos ricos", En El Comercio del http://elcomercio.pe/
[3] Racismo en red, lo dicho y lo escrito, La República del 11-12-2012: http://www.
[4] Leer aquí las Observaciones de la CERD para el Perú: http://www.justiciaviva.
[5] Leer aquí el Informe 008-2013-DP/ADHPD http://www.
Vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173381
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