miércoles, 4 de septiembre de 2013

México: ARTICULOS SOBRE LA LUCHA DEL MAGISTERIO./Un maestro de Oaxaca habla de la lucha del magisterio..Por Carolina S. Romero/ Magisterio y reforma educativa: las plazas y la plaza Luis Hernández Navarro/ 73 en contra.. Pedro Miguel






Un maestro de Oaxaca habla de la lucha del magisterio

 Por Carolina S. Romero

 

Por Carolina S. Romero
El pasado 19 de abril llegaron decenas de miles de profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Distrito Federal desde  Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.
¿A qué vinieron? Para quienes quieran escuchar, su propósito está claro: La defensa de sus derechos laborales y de la propia educación pública.
Desde que establecieron su plantón en el Zócalo, sus marchas y protestas han llegado a cercar la Cámara de Diputados y el Senado, bloquear el camino al aeropuerto de la Ciudad de México , hacer visitas de cortesía a Televisa y TV Azteca, acordonar la Secretaría de Educación Pública (SEP), hacer una megamarcha a Los Pinos,  participar en la marcha multitudinaria contra la reforma energética, y a pesar del extremo hostigamiento policial, encapsulamientos y violencia armada de los granaderos del Distrito Federal, marchar a San Lázaro el 1 de septiembre.
Ese  día el presidente Enrique Peña Nieto debería haber dado su mensaje a la nación pero no vio conveniente aparecer en público. Ese día el Congreso de la Unión consumó un fraude educativo contra el pueblo de México. Ese día, después de haber recibido luz verde de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  miles de granaderos reprimieron las grandes marchas de los maestros y de gente solidaria, llevando a cabo detenciones arbitrarias contra tres comunicadores de los medios libres y alrededor de veinte activistas más. Y ahora las medidas para acabar con la disidencia se aplican en los tribunales del Distrito Federal con la extorsión a las y los detenidos a través de la imposición de altísimas fianzas y sometimiento a onerosos procesos judiciales para echar abajo los casos fabricados contra ellos.
Desde su llegada a la capital, los maestros y maestras han aguantado lluvias, granizadas, noches sin sueño y amenazas de “un atencazo” en su campamento. Han enfrentado calumnias por parte de los políticos que imponen la reforma educativa  y una virulenta campaña en los medios masivos para desprestigiar su jornada de actividades y mentir en su contra.  Los acusan de vándalos, de flojos, de privilegiados, de ignorantes, de violentos, de alborotadores.
¿Y por qué esta embestida tan grande en su contra? Es que el magisterio está poniendo en tela de juicio una estrategia que no sólo significa el fin de su trabajo como educadores, sino un golpe mortal contra la educación de las futuras generaciones de México ––una estrategia diseñada  por  la clase empresarial internacional en  la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), mejor conocida como “el club de los ricos”. Una estrategia promovida por sus acólitos nacionales y pactada por sus servidores en la clase política de México.  Una estrategia que ha resultado en cierres masivos de escuelas en Chicago, Filadelfia y otras ciudades de Estados Unidos y  que ha puesto la educación bajo el control de grandes corporaciones con el desarrollo de las escuelas “charter” (de contrato) y escuelas “voucher” (de becarios) en ese país.
Entrevista
La siguiente entrevista se realizó con Marcus Arellanes, un compañero de la Sección 22 de Oaxaca el 2 de septiembre afuera de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde cientos de maestros y  maestras de base se unieron con otros cien activistas exigiendo libertad para las personas detenidas el 1 de septiembre.
––Estamos aquí afuera de la PGJ-DF platicando con un compañero de la Sección 22.
––Sí, soy Marcus Arellanes de la gloriosa Sección 22 del estado de Oaxaca. Estamos aquí para echar atrás la llamada reforma  educativa,  que en realidad no tiene nada que ver con mejorar la educación en el país. Es una reforma administrativa y laboral y su propósito es desmembrar el sindicato de maestros a través de procesos de estandarización y control. Pretenden evaluar pero no con el impacto de mejorar.
––Ustedes han sido muy satanizados en los medios comerciales. Entre otras cosas, los acusan de oponerse a la evaluación.
––Nosotros no nos oponemos a la evaluación, ni nos oponemos a la profesionalización. Al contrario. Hemos presentado un programa para la transformación de la educación para el estado de Oaxaca. Creemos que la evaluación es un proceso constante y permanente que debe ser aplicada a los docentes, a los alumnos y a las escuelas pero no sin respetar su contexto y su realidad. En esto no estamos de acuerdo.
El gobierno a través de este proceso quiere estandarizar todo en su política de alineación, de control y sometimiento. Ellos han aprovechado las instancias y el poder de la estructura del estado para aprobar las leyes de una manera represora como lo hemos visto el día de ayer, el razón por la cual estamos aquí por la represión sufrida por los compañeros que participaron en apoyo a la CNTE. Ellos tienen el control del estado ¿no? La policía, las leyes de su lado. Y las utilizan para someter, para controlar a la gente. Y nosotros no estamos de acuerdo.
Sabemos que el día de ayer ellos aprovecharon el espacio y la coyuntura para marcar una línea de autoritarismo que ellos pretenden imponer. Pero nosotros vamos a enfrentar a este gobierno nefasto que trata de imponer estas condiciones que vienen  de organismos internacionales y que vienen para privatizar, controlar y hacerse menos responsable de la educación y dárselo al sector privado ¿no?
––¿Nos puedes explicar la manera en que la reforma promueve la privatización?
––Ellos establecen a través de las modificaciones al Artículo 73 algo que llaman la “participación social” mientras el Estado se desvincula a la escuela y hace caso omiso a las peticiones y las necesidades. La reforma da la libre participación y la libre voluntad a los padres a buscar quién financie la escuela. Ahí están alzando las manos las organizaciones privadas. Estamos hablando de BIMBO, Coca Cola, todas las organizaciones trasnacionales que podrán apropiarse de nuestras escuelas y que podrán entrar completamente apoyadas por la ley que ellos acaban de aprobar para tomar control absoluto de la educación y para que la gente tenga que depender de ellos. Lógico. Van a incidir en los programas. Van a incidir en la forma de llevar a cabo la educación en las escuelas. Y eso es grave. Ellos exigen el control absoluto de las empresas dentro de las instituciones. Este aspecto de participación social da apertura a las empresas privadas. No puede ser posible ¿no?
Entonces es toda una lucha que tenemos que estar haciendo en nuestras aulas, en nuestras comunidades, para que esto se revierta. Es algo muy grave. A largo plazo puede pasar como en Chile donde ya casi no hay escuelas públicas. Que la mayoría de las escuelas son privadas. Un joven tiene que estudiar y tiene que venderse a un banco incluso durante más de treinta años después de trabajar para pagar la deuda que contrajo para estudiar en la universidad. Y eso consideramos que no puede ser cierto. Con Felipe Calderón ya empezó esa política a nivel universitaria. Ya se le está dando apertura para que un joven venda su vida a un banco a través de un fideicomiso. Muy muy engañoso. Entonces hay que detener todo esto por el bien de toda la población ¿no?
––¿Cómo sería la privatización de la educación en un estado como Oaxaca?
––Nuestro estado es una diversidad cultural y lingüística enorme. Esto es lo valioso. Esto es lo grande de nuestro estado. Pero tiene una riqueza enorme también. Natural. Mineral. El objetivo también es a través del control y sometimiento de las personas en su modelo educativo, apropiarse de los recursos naturales, porque es engañoso, pues. La reforma energética promueve que incluso las empresas que vienen de fuera se apropien del espacio territorial. Y al apropiarse del espacio territorial que la ley secundaria va a permitir, ellos podrán estar en libertad de proponer quién va a mandar, de proponer gobernadores. Imagínate. Un gobernador de la empresa Silver de Canadá controlando todo el espacio geográfico de una región ¿no? Con esta reforma energética esto también se pretende.
Todo el proceso privatizador tiene su orientación. El control y el sometimiento. Oaxaca tiene una enorme pobreza también. Pobreza material. Porque su riqueza espiritual es enorme. Y debido a su geografía, debido a las condiciones en las que encontramos, existe una enorme corrupción porque hay que decirlo, el estado ha sido víctima de funcionarios y gobernadores corruptos durante mucho tiempo. Somos estado petrolero y no tenemos recursos ¿no? Eso es algo ilógico.
Estamos en una comunidad de San Carlos Yautepec y tenemos dos años pidiendo un aula. Las comunidades que están alrededor de la nuestra tienen que improvisar sus aulas. No tenemos computadora. Hay unas que no tienen luz siquiera. Pero aún así, sin estos materiales y en estas condiciones adversas, los maestros de la Sección 22 hacen su trabajo utilizando el ingenio y la creatividad.
––¿Cómo se puede aplicar un examen estandarizado en esta situación?
––No se puede. No se puede. No es lo mismo un muchacho en Monterrey que tiene todos los recursos a su alcance de internet y de todo, a un joven que está en la Sierra Norte o la Sierra Sur en condiciones de marginación sin empleo con bajos recursos y con problemas de alimentación y sin escuela todavía.
No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo que nuestros alumnos no tienen los recursos necesarios para recibir la educación que se merecen. Por la tanto nosotros después de más de 33 años de lucha hemos seguido este proceso de movilización, negociación, movilización para arrancarle al estado los recursos que necesitamos para nuestras escuelas. Es la forma que estamos trabajando.
––Dicen que la reforma ya está y que ahora no se puede hacer nada. ¿Será cierto?
––El día de la toma del aeropuerto  quedó demostrado el poder de la CNTE. El poder de la Seccion 22. De convocatoria. Y de pronunciamiento. Nosotros como parte de esa Coordinadora decimos que independientemente de lo que ha pasado acá a nivel federal, esta reforma no pasará en el estado de Oaxaca. ¿Por qué no pasará? Porque estamos seguros de la fuerza que somos como magisterio. Estamos seguros de la capacidad de organización y de pronunciamiento que tenemos y de la convocatoria a la gente. ¿Y cómo lo sacaremos? Con trabajo. Porque no le tememos al trabajo. Y no le tememos a la distancia ni a las clemencias del tiempo. Nuestra postura es clara y firme. Vamos a defender lo que creemos y los principios bajo los cuales se han sustentado la Constitución y las luchas sociales. No permitiremos dar un paso atrás. La fuerza de la CNTE es muy grande y vamos a conquistar.
––¿Qué va a pasar este miércoles? Hablan de movilizaciones en 22 estados.
––Así es. Cuando a alguien le duele algo y el dolor es muy fuerte, reacciona. No puede quedarse con la piedra en el zapato. Afortunadamente la gente consciente, la gente preocupada por la sociedad, por la gente, por todos, está despertando. Nos hemos visto acá en las semanas que hemos estado en el Distrito Federal el apoyo de los colectivos, de los compañeros, de las organizaciones sociales, de todos. Y el país está despertando. Está despertando la nueva consciencia de exigir lo que consideramos derecho de nosotros. Y vamos a salir a las calles y afortunadamente, las secciones de los demás estados, en fracciones o de manera masiva están despertando. Y el miércoles va a ser un llamado, va a ser un pronunciamiento enérgico de con quién se está metiendo el gobierno. Que no estamos jugando y que nuestra decisión es firme en este sentido. Y que sepa también él que cada día seremos más.

Vía:
http://subversiones.org/archivos/12504

Magisterio y reforma educativa: las plazas y la plaza
Luis Hernández Navarro
Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza, advirtió el 10 de septiembre de 2012 Claudio X. González, secretario de Educación sin cartera, al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Su recomendación sintetiza el objetivo central de la ley del servicio profesional (LSPD) recientemente aprobada: quitarle a los maestros sus plazas.
La nueva norma pretende cambiar el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado en dirigentes sindicales corruptos estilo Esther Esther Gordillo a otro sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral y el fin de la bilateralidad. Donde antes había corporativismo gremial, ahora habrá una combinación de fuerzas del mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos.
Esta modificación no busca prescindir de los liderazgos sindicales corruptos. Menos aún, permitir la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pretende que los líderes gremiales tengan menos poder, sean más serviles a la autoridad y que los maestros le teman a ésta.
El nuevo modelo de control tiene como objetivo facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación y el despido de los maestros; reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; limitar su autonomía en el proceso de enseñanza; imponerle responsabilidades desmedidas; desalentar su organización y resistencia; acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas chárter o de concertación (instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público).
La nueva legislación hace retroceder más de 50 años la rueda de los derechos laborales en el país. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la LSPD, los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Sin el menor respeto al artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de cinco décadas de luchas.
A esta operación de despojo de sus derechos se le ha disfrazado de acción en su defensa. Las relaciones de trabajo del magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Y qué dispone la ley?: derogar los derechos adquiridos que se le oponen.
Los problemas que la ley tiene son muchos. Por principio de cuentas, las autoridades educativas encargadas de evaluar la calidad de los maestros carecen de la calidad para hacerlo. Esas autoridades no son especialistas educativos ni pedagogos ni maestros. Son, en la mayoría de los casos, funcionarios ligados a la burocracia federal que administra la Secretaría de Educación Pública y a los gobernadores en los estados. Ellos no son evaluados; rinden cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la educación mejore? Evidentemente no.
La nueva ley pone sobre los hombros de los maestros de banquillo obligaciones desmedidas en la enseñanza que no son, en realidad, competencia suya. Los define como el profesional responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Con ello, los hace responsables de las deficiencias educativas y los sujeta a ser evaluados en áreas en las que no se desempeñan, con la amenaza de ser sancionados.
La nueva normatividad manipula tres conceptos centrales del derecho para precarizar las condiciones de estabilidad en el empleo, una conquista legal que implica asegurar y proteger la permanencia y continuidad del vínculo laboral. Estos conceptos son: permanencia en el servicio, inamovilidad y causales de despido.
Si en su acepción original permanencia quiere decir continuidad no interrumpida de las relaciones laborales, la LSPD amplía el significado del término hasta desvirtuarlo, estableciendo que se trata, tan sólo, del tiempo que el docente dura en su empleo.
Este engaño lingüístico implica la práctica desaparición de la inamovilidad laboral, es decir, que un maestro va a poder ser despedido por razones distintas a las que la ley burocrática establece como causa justificada. De manera tramposa, la nueva norma garantiza la permanencia definitiva en el servicio público siempre y cuando el maestro se sujete a los procesos de evaluación y a programas de capacitación. Reconoce un nombramiento definitivo pero permanentemente condicionado.
Adicionalmente, amplía los motivos para despedir a los maestros, y crea causas genéricas para justificarlo, contrarias a las establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Establece un procedimiento autoritario que permite la separación del docente sin derecho a audiencia previa.
El principio de bilateralidad, esto es, de la negociación conjunta de las condiciones de trabajo entre la autoridad, los maestros y su organización gremial, se desvanece. Ahora es la autoridad la que, de manera unilateral, fija las reglas del juego, sin que los maestros y su sindicato puedan defenderse.
A contracorriente de la tendencia mundial a la descentralización administrativa y de la federalización educativa en nuestro país, la LSPD nos regresa al centralismo más retrógrado. La nueva legislación autoriza al Ejecutivo a pasar por encima de la soberanía de los estados para imponer lineamientos en el terreno de la enseñanza.
A pesar de que fue votada en nombre de la calidad de la educación, la nueva norma tendrá graves repercusiones en ella. Inevitablemente la deteriorará. Para mejorar el sistema educativo se requiere, entre otras medidas, de profesionalizar al magisterio. Y esto se logra dándole certidumbre, seguridad en el empleo, no reduciendo su estabilidad laboral, facilitando el despido y evaluándolo punitivamente.
El gobierno de Enrique Peña Nieto y los empresarios tienen su ley. A cambio van a perder la tranquilidad. Al aprobarla burlándose de los profesores abrieron una caja de Pandora. Es cierto, despojaron a los maestros de sus plazas, pero no podrán ganar la plaza.
Twitter: @lhan55

Vía:
 http://www.jornada.unam.mx/2013/09/03/opinion/019a1pol

73 en contra
Pedro Miguel

En la sesión de la Camara de Diputados del domingo primero de septiembre el orden de la noche era aprobar, a como diera lugar y con la menor agitación posible (ya suficiente hay en el país como para permitir que se refleje en San Lázaro), la Ley General del Servicio Profesional Docente, pista de aterrizaje de la contrarreforma laboral disfrazada de educativa impuesta por el peñato entre diciembre del año pasado y febrero del presente. De los casi 500 presentes, uno se abstuvo y sólo 73 votaron en contra.
La ley de marras no sólo es impresentable porque haya sido gestada mediante la traición a la palabra empeñada, el desconocimiento de los afectados y los acuerdos cupulares a espaldas de la sociedad, sino también por razones de fondo: la reforma de la que forma parte es un paso hacia la privatización de la enseñanza, y ha sido una salida del grupo gobernante para hacer pagar al magisterio por la catástrofe en que se encuentra el sistema educativo del país, y que ha sido causada por esa misma clase política.
Por lo demás, lo que ocurrió durante la sesión del domingo por la noche en San Lázaro arroja mucha luz sobre el desencuentro entre la sociedad y las instituciones que tendrían que representarla: resulta que una gesta social que ha cimbrado y polarizado al país no logra generar más de 15 por ciento de respaldo en el Legislativo (aunque habrá que ver lo que ocurra en el Senado); que el formidable blindaje policial y militar en torno a San Lázaro es para conjurar una amenaza marginal y fantasmagórica; en suma, que el magisterio disidente existe mucho menos de lo que podría indicar su capacidad orgranizativa y de movilización y el respaldo social del que se ha hecho merecedor.
O será que la conformación y alineación de esta legislatura ha dejado de representar a la sociedad y es reflejo, más bien, de la inyección de dinero realizada por el régimen en la elección pasada –la que permitió poner a Peña Nieto en Los Pinos– y de los posteriores esfuerzos de cooptación de la pluralidad política y social en un viejo remedo del monolitismo priísta que se llama Pacto por México. El engendro aplastó los mandatos populares recibidos por los integrantes de la acual legislatura y los remplazó por la línea presidencial.
Uno supone que en un entorno de normalidad democrática los políticos cuidan su carrera procurando no traicionar a sus electores. En la clase política del México actual las cosas pueden ser al revés: para ser exitoso es necesario pasar por encima de la palabra empeñada ante los votantes, atropellar la dignidad propia y someterse a los dictados del poder. Sólo así se explica el descarado pragmatismo de Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo, quienes trataron de persuadir a los opositores a la reforma con una amenaza cortesana: no vayas a perjudicar tu carrera.
Tal vez el poder oligárquico crea que ha resuelto, con el auxilio de sus servidores en San Lázaro, el conflicto magisterial cuando, en realidad, no ha hecho más que complicarlo y profundizarlo. Adicionalmente, ha dado otra vuelta de tuerca al debilitamiento del Legislativo como factor de gestión y mediación. Con eso lo único seguro es que la colisión entre el Ejecutivo y sus víctimas será más intensa e irremediable y que el país tendrá que pasar por nuevos episodios de confrontación.
Estamos entrando, además, en la disputa por las disposiciones constitucionales y legales que regulan el estatuto de la industria petrolera y ya nos queda claro el alineamiento real de las fuerzas en el Congreso: más de tres centenares de dedos fieles al poder contra unas decenas de diputados que optaron por ser leales a sus votantes. Al Legislativo no le queda mucha capacidad para amortiguar el choque que se viene.
En lo inmediato, a pesar de los votos comprados, de la seducción que ejerce el poder, de la reducción de las oposiciones a la condición de partidos paraestatales, por medio del Pacto por México, 73 legisladores votaron en contra de la agresión al magisterio, y no es poca cosa, aunque, desde luego, es claro desde ya que la defensa del petróleo no va a librarse en las cámaras, sino en las calles.
Claro que también se puede tirar a la basura la dignidad y la razón y esforzarse por construir una sociedad que represente en forma fiel a la Cámara de Diputados y un país en el que sea verdad la sarta de mentiras pronunciadas hace unas horas por Peña Nieto a manera de informe.
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México. Con el anuncio de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente el 1 de septiembre, la última de las que reglamenta a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, “entramos a un conflicto de dimensiones incalculadas”, afirma Luis Hernández Navarro, periodista y especialista en el movimiento magisterial. “Es una traición”, afirma un profesor de la sección sindical 22, perteneciente a Oaxaca.
La Ley del Servicio Profesional Docente complementa a las ya aprobadas Ley General de Educación y la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y establece que después de tres evaluaciones en que no se llegue a un cierto nivel de calidad, los profesores ya contratados serán reubicados de área de trabajo o se les enviará a retiro; mientras que los aspirantes a una plaza nueva serán examinados año con año, y podrán ser despedidos de no aprobar el examen.
Los profesores disidentes, que desde el 19 de agosto mantienen un plantón permanente en el Zócalo capitalino, afirman que la anunciada aprobación de la ley no significa que su lucha contra la reforma termine. “Comienza una nueva etapa”, afirma un docente de la sección 22, de los Valles Centrales de Oaxaca. “Viene la desobediencia civil”, precisa. Una profesora de Michoacán señala que “si viene la medición de fuerzas con el gobierno, la Coordinadora se presentará de manera contundente”.
Los promotores de la reforma educativa “tienen la fuerza parlamentaria” para aprobarla, apunta Hernández Navarro, autor del libro No habrá recreo. Contra-reforma constitucional y desobediencia magisterial. Hernández Navarro precisa que la reforma como tal no establece que haya que dictar una ley de servicio profesional docente, pero “lo hacen ahora para que Enrique Peña Nieto lo pueda presentar como un gran triunfo, y para dar una imagen de que en este país no se puede desafiar a la autoridad, y que pase lo que pase, seguirán adelante”.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llamó a una jornada nacional de movilización, a la que anunciaron su adhesión mentores de 22 estados de la República, ante la noticia de que los legisladores llamaron a aprobar la ley de noche.
El mensaje que los legisladores darán con esta aprobación, considera Hernández Navarro, director de Opinión de La Jornada, “es que ni oyen ni ven a la población; que se pueden sentarse con quien tenga la suficiente fuerza para obligarlos, pero que no están dispuesto a aceptar razones”. El segundo mensaje, complementa, es que avanzarán en su política de reformas “pase lo que pase y cueste lo que cueste”.
La CNTE realizó una marcha el 1 de septiembre, junto con organizaciones sociales, por el centro del Distrito Federal. Al término de la movilización en rechazo a la aprobación de la reforma, decenas de jóvenes que acompañaron a los millares de profesores fueron aprehendidos y golpeados, entre ellos integrantes de los medios independientes que documentaban las detenciones, como Regeneración Radio, Multimedios Cronopios y SubVersiones. “Lo hicieron de la misma forma que el 1 de diciembre”, afirma Aldabi Olvera, del colectivo #Másde 131.
La reforma, aprobada en la noche
La dirigencia de la CNTE estableció mesas de negociación con legisladores para presentar sus propuestas sobre las leyes reglamentarias; el ejecutivo se negó a enviar a los funcionarios responsables y los diputados decidieron aprobar la ley se Servicio Profesional en la noche del 1 de septiembre, aunque las negociaciones continuaban. “Es una tomada de pelo”, resume la maestra michoacana. “Y una traición”, agrega su colega, “porque el mismo Estado llama a un intercambio de puntos de vista que finalmente no toma en cuenta”. Un profesor michoacano afirma que no le sorprende la maniobra de los diputados, pues “el Estado Mexicano puede hacer lo que quiera con este país, y la sociedad esta adormilada”.
Un alumno de las normales rurales de Michoacán recuerda que ellos y los profesores han presentado propuestas alternas cada que hay el intento de hacer reformas, “pues somos nosotros los que estamos dentro del campo, y trabajamos en condiciones donde no nos permiten aplicar esas reformas”. La maestra entrevistada recuerda que en diez estados, la Coordinadora realizó congresos de educación para presentar alternativas, y “tenemos resolutivos pero parece que los legisladores, al igual que el presidente, no saben leer”.
Con la aprobación de las leyes secundarias, “el sector educativo pasa a formar parte de los mecanismos empresariales e internacionales”, precisa el joven normalista michoacano. “Es una reforma administrativa, no educativa, que representa intereses que ni siquiera vienen del gobierno, y por la cual cualquier persona, sin la formación adecuada, podrá entrar al sistema educativo”.
Otro aspecto que denuncian los profesores de la Coordinadora es que la reforma acarreará una mayor corrupción en el sistema de evaluación, pues ya con el sistema actual se venden los exámenes antes de que salgan. “Además, abroga la función de las escuelas Normales, diseñadas para crear profesores acreditados, quienes ya pasaron por cuatro años de exámenes y por un examen de titulación”, papel que ahora tomará un instituto externo, denuncia Cortés.
Carlos Cortés, profesor de educación básica en el Distrito Federal, señala que también se quitará autonomía al docente en el aula y su formación será de acuerdo a lineamientos lejanos a ella. “No vemos tampoco un objetivo pedagógico; en las evaluaciones Enlace nunca se dice por qué el alumno no aprende y no se favorece el mejoramiento”, agrega. La reforma empata con el modelo de educación por competencias, señala el docente, que “es para el trabajo, no para la vida, y desecha las miles de experiencias e iniciativas de educación popular”.
Los padres de las alumnas deben estar preocupados pues se avizora que la educación tendrá un costo, advierte el profesor Cortés. “La reforma al artículo 73 establece que las escuelas deben resolver su gestión, o sea que si hace falta material, ellas deben ver cómo financiarlo”. El docente prevé que el previsible cobro de cuotas abonará al abandono escolar, pues los padres con varios hijos verán multiplicado el desembolso que deben hacer. Lo más grave, advierte, es que los niños serán adiestrados solamente para el trabajo, “pero como obreros que aceptarán cualquier tipo de condiciones”, profetiza.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma –y el que tiene que ver con la Ley de Servicio Profesional- se refiere a que se impondrá flexibilidad laboral. Mientras los funcionarios aseguran que no se afectará a los docentes, Cortés señala que sus estatus laboral será definido por un examen que no considera las condiciones en las que trabajan los docentes, “por ejemplo, la evaluación sobre nuevas tecnologías a las escuelas donde ni siquiera hay luz.  No toma en cuenta la situación social de alumnos, familias y maestros”.
La educación lo que necesita es una evaluación hecha por padres y alumnos, no por  el mercado, que mide en vez de evaluar”, sentencia el profesor Cortés.
 “Una reforma educativa no se puede implantar por madruguete y se enfrentará con rechazo generalizado en las aulas”, advierte el profesor michoacano.
Un docente que labora en Apatzingán informa que los legisladores les ofrecieron “ponerle parches” a la propuesta de ley, pero lo que la Coordinadora quiere “es abrogar las reformas”.

Inconformidad con las movilizaciones
Ante las recurrentes quejas por las movilizaciones que realizan los profesores, los sindicalistas denuncian la existencia de una campaña de odio, que data ya de varios años, sostienen el profesor Carlos Cortés, de la sección 9 de la Coordinadora. “Buscaron dar la imagen de profesores flojos, conflictivos y sin vinculación con los alumnos. Es como en la Alemania nazi, que enciendes el radio o vas en el coche escuchando la campaña, que crea una polarización donde no  la existe”, señala el profesor.
La campaña busca poner a los padres de familia contra los profesores, “diciendo que somos unos privilegiados, pero vivimos igual que ellos en Neza, en Chalco, en La Raza”, precisa Cortés, mientras en su escuela se prepara una asamblea para explicar a los padres de familia por qué se realizó un paro de labores.
Coincide Hernández Navarro, quien precisa que la campaña es impulsada “por la derecha empresarial, las televisoras y organismos como Mexicanos Primero, que dirige Claudio X. González -hasta hace muy poco tiempo, presidente de la Fundación Televisa- y de la que ha participado TV Azteca”. La campaña “busca responsabilizar a los maestros de la situación de la educación y confrontar sus intereses con los de los niños”, señala Hernández Navarro, quien pone como ejemplo “el panfleto fílmico De Panzazo, y el hecho de que el equipo de futbol Monarcas, que pertenece a (al empresario televisivo) Ricardo Salinas Pliego, haya saltado a la cancha con un uniforme donde aparece una tarjeta roja con un letrero que decía ‘A los malos maestros’”.  El analista señala que la campaña se radicalizó y tendrá consecuencias a largo plazo, como el daño moral causado a los profesores y sus familias.
Escenarios, los peores
El docente de Apatzingán afirma que para lograr la abrogación de las reformas, “vamos a empezar jornadas de brigadeo con las demás secciones que están por levantarse para sumar fuerzas. En nuestro estado, por ejemplo, estamos en condiciones de desobedecer a la ley. A la mejor hoy nos replegamos, pero regresaremos con una fuerza más amplia”.
El profesor michoacano afirma que darán la batalla informando a padres y alumnos sobre la reforma, “pero cuando ellos se enteren tal vez sea demasiado tarde”.  Un profesor de Oaxaca señala que las movilizaciones están extendiéndose a otros estados.
“Habrá en los próximos días una radicalización de la lucha y su extensión a nivel nacional, que querrá ser oscurecida por la tentación de detener a los dirigentes. Entramos de lleno a un conflicto de consecuencias incalculadas”, considera Hernández Navarro. “Se vivirá una situación de enorme inestabilidad y volatilidad política en los estados donde los maestros, por la vía de los hechos, no permitirán que la reforma avance, como no permitieron que lo hiciera la prueba Enlace”.
Para el especialista en el magisterio, lo mejor que puede pasar es que “la convocatoria de la Coordinadora logre sumar a todos aquellos que hoy ven los toros desde la barrera, y que su movilización logre vincularse con la lucha en contra de la privatización de los energéticos y contra el IVA”.
 http://desinformemonos.org
 http://desinformemonos.org/2013/09/desobediencia-a-la-reforma-educativa-anuncian-maestros/


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