Prensa Libre
Es innegable que los pueblos maya y xinka han sido los más afectados por la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas, los agronegocios (palma africana, caña de azúcar), mega-carreteras como la Franja Transversal del Norte, la minería de cementos, entre otros. Y son comunidades mayoritariamente mayas las que han afrontado violentos desalojos, intimidaciones, secuestros de líderes, violaciones sexuales contra mujeres, asesinato de niños, entre otras viles acciones a causa de empresas impostoras que han sido encubiertas con el manto de la impunidad por las instituciones estatales.
Un ejemplo reciente ocurrió el pasado 23 de agosto cuando un presunto guardia de seguridad de la Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., llegó al domicilio del líder maya q´eqchi´ David Chen de la comunidad Monte Olivo. Al no encontrarlo se enfureció e intimidó al padre y hermano del líder. Luego disparó contra los inocentes e indefensos niños q´eqchi´ Isaac Güitz y David Estuardo Pacay de 13 y 11 años de edad respectivamente; por la gravedad de las heridas fallecieron los días 26 y 27 de agosto.
La hidroeléctrica Santa Rita, S.A., es propiedad de la empresa Inver Energy, socia de la estadounidense Duke Energy, a quien en 2008, de manera arbitraria, el Ministerio de Energía y Minas le autorizó la licencia de construcción sobre el río Dolores ubicado en la microrregión Balbatzul del municipio de Cobán, Alta Verapaz. Autorización que se hizo sin consultar ni informar a los pueblos maya q´eqchi´, poqomchi´, achi y ladino —unas 200 mil familias— que dependen de las aguas de este río para su subsistencia diaria y recreación. Sin mencionar la importancia vital de este río para el mantenimiento del ecosistema.
Como han acostumbrado las empresas extractivas, en el 2009 la empresa Inver Energy contrató a la ONG Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Ceder) para repartir tinacos, láminas y ofrecer algunos empleos con el propósito expreso de comprar voluntades. Estas acciones han provocado divisionismo y conflicto entre líderes, familias y comunidades.
A principios del 2012 las comunidades solicitaron al gobierno de Otto Pérez la cancelación de toda clase de licencias sin obtener respuesta favorable. En febrero, la empresa Inver Energy suspendió sus operaciones después de una manifestación pacífica que realizaron las comunidades afectadas por el proyecto.
El presidente Otto Pérez en vez de atender y respetar las demandas de estos pueblos, con el autoritarismo de siempre, ordenó la instalación de un destacamento militar en la comunidad Monte Olivo el 22 de marzo de 2012 para así garantizar la seguridad de los capitales oligarcas nacional y transnacional a costa de reprimir a la ciudadanía. Como ha sucedido en Barillas, San Juan Sacatepéquez, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, San Rafael Las Flores, Santa María Xalapan, Nueva Santa Rosa, Casillas, Mataquescuintla, Totonicapán y San Miguel Ixtahuacán.
Sin duda, la violación sistemática de los derechos fundamentales de los pueblos maya y xinka, así como el despojo abusivo y violento de sus tierras y territorios constituyen políticas colonialistas de exterminio racial.
Fuente original: http://www.prensalibre.com/opinion/Neoexterminio_0_986901317.html
Vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173450
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