En la actualidad la
represión y criminalización a la lucha por la defensa de los derechos
individuales y colectivos es responsabilidad de empresas privadas y
otros actores, señalaron participantes de Foro público donde se analizó
las políticas de criminalización implementadas por el gobierno, empresas
privadas, entidades de justicia y otros actores que defienden intereses
de las minorías.
Isabel
Turuy representante de las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez
compartió que las comunidades kaqchiqueles llevan siete años de
resistencia en contra de la empresa cementera, ya que el megaproyecto se
impuso sin la debida consulta a las comunidades, a la fecha dirigentes
han sido asesinados, encarcelados, sentenciados, mujeres violadas
sexualmente, esto por la lucha en defensa la madre tierra, nacimientos
de agua, bosques y medio ambiente, señaló
“En el año 2006
trabajadores de la empresa chapearon los cultivos cortaron los cercos de
las comunidades así se inicia los abusos de parte de la empresa de
cementos”…”…Los derechos a la propiedad comunal han sido violentados
porque también se ha impuesto una carretera privada que va directamente a
la cementera, se dice que es anillo regional pero desde un inicio se
sabía de la carretera de 14.5 kilómetros y 40 metros de ancho”. “Donde
quiere pasar la carretera han nacimientos de agua”, Dijo Turuy, al
relatar la lucha fuerte que han llevado las comunidades sanjuaneras.
Asimismo Turuy señaló
la parcialidad del actual presidente de la república Otto Pérez Molina
al favorecer los intereses de la familia Novella, también el actuar del
alcalde municipal Fernando Bracamonte, y de los entes que imparten
justicia.
Después de siete años
en defender sus territorios a la fecha existen más de ochenta personas
con procesos penales, cinco encarcelados entre ellos Abelardo Curup
sentenciado a cincuenta años de prisión, además dijo que las mujeres no
están libres de señalamientos falsos mencionó que en la actualidad hay
lideresas que se dedican a vender en el mercado señaladas de varios
delitos. “El arma que utilizamos los campesinos y campesinas en las
comunidades es el machete y el azadón para trabajar la tierra” indicó
Turuy, quien agregó que en la actualidad existen diez órdenes de captura
por ejecutarse en contra de lideres y lideresas kaqchiqueles.
Por su parte Carlos
Bezares abogado defensor en Derechos Humanos se refirió a la situación
en Santa Cruz Barillas, donde la población se ha opuesto a los trabajos
de la Hidroeléctrica Hidro Santa Cruz Bezares resaltó la impunidad y
la parcialidad de quienes imparten justicia al defender los intereses de
Hidro Santa Cruz estos intereses a favor de la empresa han sido
evidentes, al implementar Estado de sitio y endurecer la política de
persecución a líderes y lideresas, así como querer encubrir la verdadera
lucha de los campesinos y campesinas en defensa de su territorio,
refirió también que las campañas mediáticas implementadas de que existe
narcotráfico en el lugar es para deslegitimar la lucha organizada de los
pueblos.
El abogado defensor
en derechos humanos dijo que las empresas de capital nacional y
transnacional están implementando la política de estructurar redes de
abogados pertenecientes a las mismas empresas por ello los casos quedan
levemente documentados y eso hace a que no se documente las violaciones
que de forma constante cometen las empresas hacia las comunidades.
Agregó que la política implementada en contra de quienes defienden la
tierra, territorio y los bienes naturales es “El enemigo es el
indígena, pobre y campesino, que primero lo atrapan y después le
preguntan si él hizo tal o cual acción”.
Daniel Pascual del
Comité de Unidad Campesina -CUC- dijo que según datos de la Unidad de
Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos en
Guatemala UDEFEGUA- en el año 2011 se registraron
409 ataques a defensoras y defensores de derechos humanos de los cuales
el 60% están vinculados a comunidades líderes comunitarios y afiliados
al -CUC-, incrementándose éstos en el año 2012 a ataques a la
institución, dirigentes nacionales, regionales, líderes comunitarios
afiliados a la organización.
Últimos ataques de los cuales ha sido víctima la organización líderes y líderesas nacionales y regionales.
Abril 2011 el
gobierno de Guatemala en ese entonces dirigido por Álvaro Colom publicó
dos campos pagados señalando al CUC de levantar una campaña en contra
del ejecutivo ante los desalojos que la fuerza pública realizó n el
Valle del Polochic.
Posterior a los
campos pagados a la fecha varios supuestos periodistas y columnistas
con vínculos con empresas extractivas, exmilitares o al gobierno se han
dedicado a escribir en diferentes medios de comunicación cantidad de
artículos en contra del -CUC- con declaraciones falsas señalando a la
dirigencia de “delincuentes”, “terroristas”.
Desde mayo del 2012
ante la solidaridad brindada por el -CUC- a la población de Santa Cruz
Barrillas Huehuetenango donde la población dice no a los trabajos de la
Hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Se ha desarrollado una serie de
acciones para neutralizar y criminalizar la actividad que realiza el
-CUC-, actividades basadas en normativa legal nacional e internacional.
En enero de 2013
después que el coordinador del -CUC- acompañado por otros integrantes
de la organización se dirigiera a la comunidad San Antonio Las trojes I
en San Juan Sacatepéquez, después de que pobladores solicitaran su
presencia. El vehículo donde se transportaban fue inmovilizado por un
grupo de hombres simpatizantes de la empresa de cementos quienes estaban
armados con machetes y quienes intimidaban a quienes se dirigían en el
vehículo. Esta denuncia fue interpuesta a la fiscalía del Ministerio
Público.
Después de lo
ocurrido en contra de los integrantes del -CUC- en San Juan Sacatepéquez
el alcalde del municipio Fernando Bracamonte inicio una campaña de
difamación en diferentes medios de comunicación a través de campos
pagados.
En esa misma línea el
Ministro de Gobernación Mauricio López se ha pronunciado en diversas
ocasiones a medios de comunicación y ha señalado al CUC y a su
dirigencia de ser una organización “radical”.
Ricardo Méndez Ruiz
de la “Fundación contra el terrorismo” hijo del ministro de gobernación
en tiempos de Efraín Ríos Montt a presentado acusaciones judiciales
falsas en contra de Daniel Pascual coordinador del -CUC-, además dicha
fundación que dirige Méndez Ruiz ha publicado diversos panfletos en uno
de los principales periódicos con el fin de estigmatizar al -CUC-.
En las conclusiones
del Informe del Comité de Unidad Campesina -CUC- “Acerca de los ataques a
su dirigencia y bases como estratégica del gobierno y de empresas
mineras hidroeléctricas y de monocultivos para destruirlo”, señala que
Existe una campaña de ataques orquestada en la que participan
funcionarios de gobierno como el (Ministro de Gobernación) la prensa que
está al servicio de empresas extractivas y de monocultivos en contra
del -CUC- y de su dirigencia acusándolos falsamente.
Asimismo se detalla
en la conclusiones que los ataques mediáticos y directos podrían
pretender la creación del ambiente propicio para atentar en contra de la
vida de la dirigencia nacional y bases del -CUC-, pretendiendo la
destrucción de la organización.
Del año 2000 al 2013 se registran 41 integrantes del -CUC- asesinados entre los que figuran niños, mujeres y hombres.
Vía:http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1882-la-protesta-social-sigue-siendo-reprimida-y-criminalizada-en-guatemala
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