Actuación
policial el 25 de septiembre de 2012 en los aledaños del Congreso de
los Diputados, Madrid. © Fotoenmovimiento bajo licencia cc by-nc-nd 2.0
vía flickr
Madrid.- Ha pasado un año desde la convocatoria “Rodea el Congreso”, celebrada en Madrid el 25 de septiembre de 2012, y a pesar del anuncio del Ministerio del Interior de que iba a realizar una investigación, especialmente de lo ocurrido en la estación de Cercanías de Atocha, todavía no se han hecho públicos los resultados ni los métodos empleados para llevar a cabo esta investigación.
Después de una serie de enfrentamientos entre algunos manifestantes y los agentes antidisturbios en los aledaños del Congreso de los Diputados, algunas unidades policiales entraron en la estación de cercanías de Atocha, presuntamente persiguiendo a algunos manifestantes. Las imágenes disponibles de este suceso muestran cómo los agentes entran disparando lo que podrían ser salvas u otro tipo de material antidisturbios, golpean de manera indiscriminada a las personas que allí se encuentran, y disparan sus escopetas desde un andén a otro, poniendo en grave riesgo a los viajeros durante la intervención policial que llevaron a cabo en las vías, incluso cuando los trenes estaban en movimiento.
Como resultado de los enfrentamientos producidos aquella tarde-noche entre manifestantes y agentes de policía, decenas de personas, incluidos agentes, resultaron heridas.
Amnistía Internacional solicitó una investigación rápida, eficaz e imparcial a través de un organismo independiente del uso desproporcionado de la fuerza, especialmente durante la actuación policial en el interior de la estación de Atocha y esta no se ha producido. La organización se ha dirigido en tres ocasiones al Ministerio del Interior, la última el pasado mes de mayo.
Un año después sólo se tiene conocimiento de la investigación interna, pero se desconocen sus resultados y la metodología empleada para realizarla.
Por otra parte, Amnistía Internacional muestra sus dudas sobre la imparcialidad de esta investigación, ya que antes de llevarse a cabo, las autoridades aseguraron públicamente que la intervención de los agentes había sido la correcta. La organización lamenta la falta de transparencia por parte de las autoridades para esclarecer hechos tan graves como los ocurridos el 25 de septiembre.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, ha vuelto hoy a pedir al gobierno español “que haga públicos los resultados de su investigación sobre los abusos cometidos durante la convocatoria Rodea el Congreso y recuerda a las autoridades que tienen el deber de proteger el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y expresarse en libertad”.
Las víctimas de los abusos policiales, desamparadas
En España, las denuncias por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía a menudo ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables. En los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias se archivan al no poderse identificar a los agentes implicados, algo que incumple la propia normativa policial que obliga a los agentes a ir identificados. Esta situación genera un clima de impunidad frente a los abusos.
La organización reconoce que las fuerzas de orden público son la principal institución del Estado responsable del mantenimiento del orden público y del Estado de Derecho. Pero, igualmente, las normas internacionales para proteger los derechos humanos, incluido el derecho a a la vida y a la integridad física, señalan claramente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de sus funciones.
Madrid.- Ha pasado un año desde la convocatoria “Rodea el Congreso”, celebrada en Madrid el 25 de septiembre de 2012, y a pesar del anuncio del Ministerio del Interior de que iba a realizar una investigación, especialmente de lo ocurrido en la estación de Cercanías de Atocha, todavía no se han hecho públicos los resultados ni los métodos empleados para llevar a cabo esta investigación.
Después de una serie de enfrentamientos entre algunos manifestantes y los agentes antidisturbios en los aledaños del Congreso de los Diputados, algunas unidades policiales entraron en la estación de cercanías de Atocha, presuntamente persiguiendo a algunos manifestantes. Las imágenes disponibles de este suceso muestran cómo los agentes entran disparando lo que podrían ser salvas u otro tipo de material antidisturbios, golpean de manera indiscriminada a las personas que allí se encuentran, y disparan sus escopetas desde un andén a otro, poniendo en grave riesgo a los viajeros durante la intervención policial que llevaron a cabo en las vías, incluso cuando los trenes estaban en movimiento.
Como resultado de los enfrentamientos producidos aquella tarde-noche entre manifestantes y agentes de policía, decenas de personas, incluidos agentes, resultaron heridas.
Amnistía Internacional solicitó una investigación rápida, eficaz e imparcial a través de un organismo independiente del uso desproporcionado de la fuerza, especialmente durante la actuación policial en el interior de la estación de Atocha y esta no se ha producido. La organización se ha dirigido en tres ocasiones al Ministerio del Interior, la última el pasado mes de mayo.
Un año después sólo se tiene conocimiento de la investigación interna, pero se desconocen sus resultados y la metodología empleada para realizarla.
Por otra parte, Amnistía Internacional muestra sus dudas sobre la imparcialidad de esta investigación, ya que antes de llevarse a cabo, las autoridades aseguraron públicamente que la intervención de los agentes había sido la correcta. La organización lamenta la falta de transparencia por parte de las autoridades para esclarecer hechos tan graves como los ocurridos el 25 de septiembre.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, ha vuelto hoy a pedir al gobierno español “que haga públicos los resultados de su investigación sobre los abusos cometidos durante la convocatoria Rodea el Congreso y recuerda a las autoridades que tienen el deber de proteger el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y expresarse en libertad”.
Las víctimas de los abusos policiales, desamparadas
En España, las denuncias por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía a menudo ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables. En los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias se archivan al no poderse identificar a los agentes implicados, algo que incumple la propia normativa policial que obliga a los agentes a ir identificados. Esta situación genera un clima de impunidad frente a los abusos.
La organización reconoce que las fuerzas de orden público son la principal institución del Estado responsable del mantenimiento del orden público y del Estado de Derecho. Pero, igualmente, las normas internacionales para proteger los derechos humanos, incluido el derecho a a la vida y a la integridad física, señalan claramente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de sus funciones.
Vía:
http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2013/09/25/espanaimpunidad-y-falta-de-investigacion-imparcial-un-ano-despues-de-los-abusos-policiales-en-atocha/
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