El
sistema de salud chileno podría catalogarse como un sistema de
aseguramiento mixto regulado, integrado por fondos y prestadores de
salud públicos y privados. A modo de contexto es preciso indicar que la
dictadura militar inspirada en las ideas liberales desde el punto de
vista económico, otorga relevancia a la iniciativa privada restando
importancia y espacio al Estado. Es en este marco que en 1981 se crean
las Isapres.
El sector público (Sistema Nacional de Servicios de Salud) está compuesto por la Red de Servicios de Salud que se distribuyen a través de todo el territorio nacional, los que suman 28 entidades; la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Superintendencia de Salud.
Los beneficiarios de Fonasa (cotizantes y
sus cargas) tienes acceso a dos modalidades de atención: Modalidad
Atención Institucional (MAI) que se otorga a través de los prestadores
públicos y Modalidad Libre Elección (MLE) a la que se accede
preferentemente por prestadores privados previa cancelación de un
copago. También las municipalidades contribuyen con la Atención Primaria
de Salud, la que se financia principalmente por un aporte vía
inscripción per cápita previamente validada por Fonasa.
Por su parte, el sector privado está
constituido por las Instituciones de Salud Previsional (Isapre) y una
gran cantidad de prestadores privados institucionales y particulares.
Solo acceden a este tipo de atención las personas con mayor capacidad de
pago.
Además existen otras modalidades tales como Mutuales y FFAA.
El financiamiento del sistema para el
seguro público se construye a partir de los aportes fiscales, las
cotizaciones obligatorias por ley (que corresponden al 7% de los
ingresos del trabajador) y copagos; en tanto que en el sector privado
son las cotizaciones obligatorias (también de 7%) de los usuarios que
eligen mediante un contrato un plan de salud, lo que implica muchas
veces el pago adicional de cotizaciones voluntarias.
Los denominados gastos de bolsillo, se
han ido incrementando paulatinamente tanto para los beneficiarios del
sector público como el privado. Se destinan a cubrir gastos por concepto
de compra de medicamentos, pago de exámenes y copago a las prestaciones
en salud como hospitalizaciones y consultas médicas.
Se trata de un sistema mixto en que cohabitan los seguros públicos y privados.
Quienes cotizan en Fonasa contribuyen
solidariamente al Fondo. Este seguro establece una categorización que
consiste en que a mayores ingresos del cotizante, éste tendrá menor
cobertura financiera; por ello no es extraño que los trabajadores de
mayores ingresos se sienten inducidos a adscribirse a una Isapre. En
este caso se trata de un plan acordado con la entidad privada en que la
prima estará determinada por los riegos. Estamos hablando, por tanto, de
una cuenta individual.
En palabras de C. Sapelli:
“Estamos frente a dos subsistemas que operan con sistemas de precios
distintos: uno fija la tarifa de la prima por riesgos y otro en función
de los ingresos. La consecuencia de ello es que en el primero estarán
los más ricos y menos siniestrosos y en el segundo se concentrarán los
más pobres y los mayores riesgos”.
De este modo el 83% de las personas
mayores de 70 años (con mayor carga de enfermedad y económicamente
pasivas) se atienden en el sistema público, mientras que menos del 6% de
ellas se encuentran adscritas a los seguros privados.
Como resultado de este sistema y según datos del Minsal (2010)
el sector privado recauda 65% de las cotizaciones en salud para atender
al 23% de la población, a diferencia de lo que ocurre con el sector
público donde éste se queda con un modesto 35% de las cotizaciones para
atender las demandas del 62% de las personas.
Para favorecer accesos y calidad en
salud, en el mundo, los sistemas solidarios con subsidios cruzados
pagados vía impuestos generales han demostrado ser los mejores; en ellos
las personas que presentan mayores problemas de salud son beneficiadas
por quienes son de bajo riesgo; lo mismo ocurre con las personas que
aportan mayores ingresos respecto de las que contribuyen más
moderadamente.
De acuerdo a la mirada comparativa en el marco internacional, Chile obtuvo el lugar número 168 de 191 países en lo referido al logro de la equidad de la contribución financiera según la OMS en 2006. (World Health Organization. The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance. Ginebra: WHO, 2000).
No sorprende que Chile figure entre los
países más desiguales; especialmente si constatamos que del gasto total
en salud, el 35% proviene de las cotizaciones, el 25% se origina como
Aporte Fiscal; mientras que por concepto Gastos de Bolsillo el
porcentaje corresponde a un escandaloso 40% (C. CID 2011).
Mientras la salud pública se ha visto
cada vez más soportada por el gasto de las familias, en 2012 el Estado
transfirió a las clínicas privadas 1.036 millones de dólares, lo que
asciende prácticamente al total invertido en salud pública durante tres
años (de 2009 a 2011) [Salud un Derecho, 2012]. Por su parte
durante el año 2011, el sistema de Isapres consiguió ganancias por
$68.008 millones (un incremento de un 31,6% respecto de 2010); en 2012
fue de $80.436 millones, es decir un 3,7% más que en el año anterior
(Superintendencia de Salud).
En cuanto a indicadores de salud, al compararnos con la OCDE
la esperanza de vida al nacer es de casi 78 años, siendo de 80 años el
promedio de la OCDE. “El nivel de partículas atmosféricas PM10
—partículas contaminantes del aire lo suficientemente pequeñas como para
penetrar en los pulmones y dañarlos— es de 53 microgramos por metro
cúbico, considerablemente más alto que el promedio de la OCDE de 21
microgramos por metro cúbico”. Respecto a la calidad del agua, el 77 %
de las personas dicen estar satisfechas con la calidad de la misma,
cifra menor que el promedio de la OCDE el que corresponde al 84% (Ver reporte).
Es evidente que se hace urgente generar
cambios sustanciales para fortalecer la salud pública (reforma
tributaria que permita asegurar el financiamiento y la atención según
necesidades) y limitar el lucro privado (eliminación de tablas de riegos
diferenciales), porque cuando las ganancias provienen de la vulneración
al derecho a la salud (el que por cierto no está consagrado en nuestra
constitución), perfectamente podemos concluir que estamos frente a uno
de los modelos más despiadados del orbe.
Por Leyla Astorga Cárdenas
Candidata a Core, Marga Marga
Vía:
http://www.elciudadano.cl/2013/09/17/82695/el-derecho-a-la-desigualdad-en-salud-chile/
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